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Saturday 13 Apr 2024 | Actualizado a 00:26 AM

Sentenciado en EEUU, reaparece Murillo y descalifica su acusación por las masacres

El exministro Arturo Murillo publicó un video con el audio que se atribuye a Evo Morales, en el que supuestamente éste ordena cercar ciudades para evitar el ingreso de alimentos, en 2019.

Arturo Murillo, junto a Luis Fernando López, cuando anunciaba cárcel para masistas.

/ 28 de octubre de 2023 / 18:05

Sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, el exministro de Gobierno Arturo Murillo reapareció en sus redes sociales y descalificó la acusación en su contra por las masacres de 2019.

“Quien ordenó cometer genocidio fue @evoespueblo. La expresidenta @JeanineAnez salvó a Bolivia de una guerra civil”, escribió este sábado en su cuenta de X.

El exministro publicó un video con el audio que se atribuye a Morales, en el que supuestamente éste ordena cercar ciudades para evitar el ingreso de alimentos, en 2019.

El lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó de la acusación formal a Áñez, Murillo y a los exministros de Defensa Luis Fernando López y de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata en 2019. Otras 14 personas fueron imputadas formalmente por el delito de genocidio.

Pena

“Se solicitará una pena máxima sancionatoria de 30 años de privación de libertad”, argumentó el fiscal general en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.

Murillo cuestionó la determinación de la Fiscalía General del Estado, de la que escribió que “no podrá volcar la historia”.

El 14 de noviembre de 2019, dos días después de tomar el poder, Áñez y sus ministros promulgaron el Decreto Supremo 4078 con el fin de repeler las manifestaciones sociales contra el nuevo gobierno. La norma eximía de responsabilidades penales a los militares.

Al día siguiente, en operativo conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana interceptaron la marcha de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en el puente, Huayllani, Sacaba. La represión terminó con una decena de fallecidos, según certificó luego el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Masacres

Entonces, Murillo había dicho que los movilizados se dispararon entre sí. “Los militares dispararon, con armas de fuego, desde el puente, y también desde la carretera. Es posible también que algunos policías hayan disparado”, concluyó el GIEI en su informe presentado el 17 de agosto al presidente Luis Arce.

Puede leer: Arturo Murillo es condenado a 70 meses de prisión en EEUU y la sentencia es inapelable

Cuatro días después, el 19, otra represión militar terminó con la vida de otras 10 personas en Senkata, en El Alto. Entonces, López afirmó que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.

La CIDH y el GIEI establecieron que ambos hechos luctuosos resultaron una masacre. El GIEI concluyó también que en el caso de la masacre de Sacaba hubo ejecuciones extrajudiciales.

Sentenciado

Murillo guarda prisión bajo sentencia judicial en una cárcel de Florida, Estados Unidos. El 20 de octubre de 2022 se declaró culpable bajo un acuerdo judicial que redujo su pena de al menos 20 años.

Fue investigado por ingresar en territorio estadounidense dinero sin declarar. En Bolivia es acusado por la compra con sobreprecio de material antidisturbios por un valor de $us 5,6 millones. Según las pesquisas, en esa compra se detectó un sobreprecio de $us 2,3 millones.

De ese total, Murillo recibió al menos $us 532.000 en pagos por concepto de soborno de Bravo Tactical Solutions (BTS), la empresa intermediaria que adquirió el material de la empresa brasileña Condor.

El caso fue descubierto a través de transferencias bancarias sospechosas entre bancos bolivianos y estadounidenses. Se presume que López, posiblemente radicado en Brasil, también está implicado en el caso.

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En el 110 aniversario de las relaciones bilaterales, Bolivia y Japón resaltan la madurez alcanzada

La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko indicó que con la elaboración del logotipo que simboliza los 110 años de relaciones diplomáticas y 125 años de la llegada de los primeros migrantes japoneses a Bolivia espera que“se fortalezca y profundice” aún más las relaciones entre ambos países. 

La canciller Celinda Sosa junto al embajador de Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi.

Por Boris Góngora

/ 12 de abril de 2024 / 19:33

Bolivia y Japón destacaron la madurez alcanzada en las relaciones bilaterales entre ambos países en el marco del respeto, entendimiento, complementariedad y reciprocidad, al cumplir los 110 aniversario de las relaciones diplomáticas.

“La cooperación se ha desarrollado en el marco del respeto, el entendimiento, la complementariedad y la reciprocidad, por este hecho conmemoramos más que un aniversario, (sino) la madurez que ha alcanzado nuestras relaciones bilaterales que se ha construido sobre los valores al respeto, la libre determinación, la no injerencia y solidaridad”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa. 

La canciller indicó que la amistad entre Bolivia y Japón se vio reforzada en encuentros del “más alto nivel” para estrechar relaciones con el Mecanismo de Consultas Políticas que se realizó en 2023 y el gran encuentro de cancilleres en febrero de este año, en Brasil.

Sosa recordó que la comunidad de japoneses en Bolivia fue base para que un 13 de octubre de 1914 se suscriba el primer Acuerdo Comercial entre países, el cual marcó el inicio de las relaciones diplomáticas que se fundaron sobre las “bases de la amistas y la paz”.

“Resaltar muy en alto que es un hito esta relación entre Bolivia y Japón. 110 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La migración de japoneses a Bolivia tuvo en 1899, fue un hecho definitivo que nos ha permitido acercarnos entre pueblos y nuestras culturas que hacen 125 años. Desde ese tiempo la comunidad japonesa forma parte integral de la sociedad boliviana y ha contribuido al desarrollo de nuestro país, en distintos campos”, mencionó.

Lea más: Embajada de Japón en Bolivia celebra el 110 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas

La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko indicó que con la elaboración del logotipo que simboliza los 110 años de relaciones diplomáticas y 125 años de la llegada de los primeros migrantes japoneses a Bolivia espera que“se fortalezca y profundice” aún más las relaciones entre ambos países. 

“Aprovechando la celebración de los 110 años de relaciones diplomáticas, espero que podamos dinamizar nuestro intercambio humano, ojalá con alguna vista de alto nivel, apoyados en los cimientos de nuestras buenas relaciones políticas, económicas, culturales, humanas o de cooperación al desarrollo”, dijo Kamikawa, a través de una grabación difundida en la Cancillería.

El embajador de Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi, indicó que Bolivia y Japón han construido “unas relaciones de amistad” que duran hasta estos días y el cual espera que continúe por los próximos 100 años. 

“Embajadora (Celinda) Sosa mi corazón está en completa sintonía con el suyo, por supuesto siempre habrá asuntos que debemos dialogar y otros que asumimos de manera diferente dado que somos dos naciones soberanas, pero quiero decir que estoy completamente decidido a seguir trabajando con la canciller sosa, con todos ustedes y con el pueblo de Bolivia”, destacó.

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Informe Delphi de FES-Bolivia muestra que medios informan en función de su agenda e intereses

La principal fuente de información para los encuestados de un informe Delphi del FES-Bolivia publicado en abril de este año son los medios digitales, seguidos de las redes sociales, periódicos, televisión y radio, en ese orden.

Analistas ponen en tela de juicio la credibilidad de los medios. Foto: La Razón-Archivo

/ 12 de abril de 2024 / 15:07

Un informe Delphi de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES-Bolivia) muestra que el 67,5% de sus encuestados consideró que los medios de comunicación en el país informan en función de su propia agenda e intereses.

“En general, usted diría que los medios de comunicación en Bolivia”, planteó el estudio. Informan con veracidad, informan en función a su propia agenda e intereses, manipulan la información, no sabe y otro eran las opciones.

El 13,5% dijo que “manipulan la información”. Solo el 7,1% consideró que la información es veraz y el 1,6%, no sabe. En la categoría “otros” sobre la misma pregunta representó el 10,3%.

El documento, con datos obtenidos entre el 15 de marzo al 7 de abril de este año dedicó su quinta sección una serie de preguntas referidas a los medios.

Medios de comunicación

“Hay quienes dicen que algunos medios de comunicación actúan como si fuesen actores políticos. ¿Está de acuerdo o no con esta opinión?”, plantea una de las preguntas contenidas en esa sección.

Al respecto, el 43,7% de los 131 entrevistados —entre actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos— afirmó estar “de acuerdo”, mientras que el 42,1% dijo estar “muy de acuerdo”; el 6,4% está en “desacuerdo” y el 2,4% “no sabe”.

Otra de las consultas que muestra el documento está referida a la percepción sobre si los medios “promueven enfrentamientos y conflictos en el país”. Al respecto, el 48,4% consideró que “promueven poco”, un 37,3% dijo que “promueven mucho” y el 11,1% dijo que “no promueven”.

Además, el estudio preguntó “¿por qué medios se entera principalmente de las noticias del país y del mundo?”.

Los medios digitales son la preferencia del 71,4%, frente a las redes sociales (39,7%), periódicos (23%), televisión (22,2%) y radios (11,9%). En menor cantidad, el acceso a la información a través de WhatsApp representa el 11,1%.

En la metodología de los datos, el estudio se realizó vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey. Se siguieron criterios de diversidad y pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad.

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Comisión culmina evaluación de méritos del TCP y prevé terminar el sábado la del TSJ

La siguiente semana, los postulantes que aprobaron la evaluación de méritos deberán responder, de manera escrita y oral, las preguntas de las comisiones de constitución y Justicia Plural.

La Comisión Mixta de Constitución en una sesión este viernes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 12 de abril de 2024 / 14:10

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de las Asamblea Legislativa, diputado Juan José Jáuregui, confirmó que esa instancia culminó la evaluación de méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Asimismo, señaló que, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esa tarea será finalizada el sábado.

“En el caso del Tribunal Constitucional, ayer, a medianoche, hemos concluido la revisión de los casi 100 postulantes. En el caso del Tribunal Constitucional (el trabajo) ya está concluido”, dijo a los periodistas en La Paz.

“Ya hemos iniciado la labor de la evaluación de méritos de los postulantes al TSJ de los nueve departamentos. Estimamos concluir hasta mañana (sábado) al medio día o en horas de la tarde”, añadió.

Evaluación

La evaluación de méritos es la décima de las 13 etapas de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, a cargo de la Asamblea Legislativa.

Hasta esta instancia llegaron 405 aspirantes de 715 que registraron su postulación, proceso que comenzó el 17 de febrero y prevé concluir hasta el 6 de mayo con la preselección por parte de la Asamblea Legislativa.

Del total de habilitados, 89 postulan al Consejo de la Magistratura, 40 al Tribunal Agroambiental, 93 al TCP y 188 al TSJ.

Según lo previsto por Jáuregui, el domingo se conocerá la lista de postulantes aprobados a la siguiente fase de preguntas tanto escritas como orales.

Elecciones judiciales

Concluido ese proceso, el cronograma manda que, el 22 de abril, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural elaboren el informe con la lista de aspirantes que vencieron la preselección y será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debe debatir para aprobar o rechazar dicho informe; finalmente, entre el 5 y 6 de mayo, la lista final de postulantes debe ser remitida el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que en un plazo de hasta 150 días, organice las elecciones judiciales.

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INRA considera que la consolidación de tierras de Marinkovic está en statu quo

El director del INRA, Eulogio Núñez, cuestiona la notificación tardía de las sentencias que conceden la tutela de de 34.003 hectáreas de tierras a la familia de Branko Marinkovic.

El director del INRA, Eulogio Núñez.

/ 12 de abril de 2024 / 14:00

La cuestionada consolidación de las tierras a favor de Branko Marinkovic está en statu quo. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, explicó que existen recursos y procedimientos judiciales pendientes.

En entrevista con La Razón Radio, el funcionario lamentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya incurrido en contradicción el emitir una sentencia sobre otra sentencia que resguarda la Constitución respecto de la propiedad limitada de tierras.

En los últimos días, se dio a conocer que el TCP falló en favor de la familia Marinkovic y le concedió en total la tutela de más de 33.000 hectáreas (ha) de tierra en dos predios: la Laguna Corazón, en la provincia Guarayos, y Tierras Bajas del Norte en la Chiquitanía, ambos en Santa Cruz.

En realidad, se trata de las sentencias 187/2023, del 28 de abril de 2023, y 1016/2023, del 28 de diciembre de 2023. La primera otorga la tutela a favor de la familia Marinkovic 12.483 hectáreas en la Laguna Corazón y la segunda, la propiedad Tierras Bajas del Norte, cuya extensión es de 21.523 hectáreas.

Núñez explicó que las dos sentencias contradictorias de una misma sala son la 187/2023 y 930-S4, de 2019. Esta última está vigente y establece, sobre el mismo caso de Marinkovic resuelto en 2019, que no se puede titular más de 5.000 hectáreas a favor de una persona.

Insistió en que la sentencia 930/2019-S4 sigue “plenamente vigente” y que cualquier norma posterior está sujeta a ella. “Estos magistrados resolvieron que el Estado no puede titular más de 5.000 hectáreas”, aclaró.

Además, Núñez cuestionó que el TCP no haya notificado las dos sentencias en su momento. Informó que, en el caso de la Sentencia 187/2023, el TCP la notificó el 2 de abril, más de un año después de la notificación.

Sin embargo, dijo que su despacho pudo plantear enmiendas, complementación y la pregunta de por qué dicha sentencia se sobrepone a la 930-S4 de 2019 en el plazo de dos días que otorgó el TCP. Ahora, ese tribunal debe responder a ese requerimiento, afirmó.

En su criterio, el INRA no puede titular la Laguna Corazón a sabiendas de que la sentencia del TCP de 2019 reivindica la Constitución respecto del límite de 5.000 hectáreas. Además, los predios se encuentran en una reserva, los expedientes corresponden a áreas fuera del predio y la laguna es de acceso ancestral de las comunidades guarayas.

Sobre la Sentencia 1016/2023, Núñez afirmó que nunca el TCP la notificó. Contó que funcionarios del INRA, que habitualmente hacen seguimiento a las disposiciones de ese tribunal, vieron que el fallo fue subido a la página web del TCP el 5 de abril reciente, casi cuatro meses después de la sentencia.

Se trata de un caso de “posesión legal”. Si bien el TCP anula varios actuales, pide al Tribunal Agroambiental emitir otra sentencia. Confiamos en que, como pasó antes, ese tribunal otorgue razón al Estado, dijo.

Sumados los dos predios, Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, la extensión a favor de los Marinkovic alcanza a 34.003 hectáreas, precisó Núñez.

¿Por qué nos notificaron ese año? ¿Qué es lo que está pasando?, cuestionó, no obstante, el director del INRA.

Informó que tampoco fueron notificados, en ambos casos, el Viceministerio de Tierras, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Procuraduría General del Estado.

En su criterio, las sentencias son inaplicables debido a que vulneran el artículo 398 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que además la Laguna Corazón está dentro de una reserva forestal.

Dicho artículo “prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder 5.000 hectáreas”.

“El INRA no puede reconocer esa sentencia”, aseguró Núñez.

 “Al parecer (los magistrados) no redactaron esta sentencia, pareciera que hubiera sido elaborado en un bufete de abogados de la familia Marinkovic”, dijo respecto de la Sentencia 187/2023. 

“Desde mi punto de vista, está en una total irracionalidad”, explicó.

Asimismo, ratificó que no su oficina aplicará la sentencia y, por el contrario, consultará al TCP a qué sentencia deben responder y dar cumplimiento. 

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, mientras Marinkovic ocupaba el cargo de ministro, la familia obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que les otorgaba la propiedad.

Meses después, ya durante el gobierno de Luis Arce, a través del viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, se inició un proceso para anular esa resolución y revertir las tierras al Estado. La familia Marinkovic apeló al Tribunal Agroambiental, que ratificó la resolución que los despojaba de la propiedad.

Sin embargo, en 2023, el TCP volvió a conceder a la familia las tierras, en respuesta de un amparo presentado por los Marinkovic.

Lea también: Torrez afirma que la sentencia ‘funesta’ de ‘autoprorrogados’ del TCP beneficia a Marinkovic

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Siles dice que Murillo puede ser extraditado en febrero de 2026, al terminar su condena en EEUU

El procurador del Estado, César Siles, confirmó que se tramita la repatriación de $us 2 millones que fueron confiscados a implicados en el caso Gases lacrimógenos.

Arturo Murillo, cuando, junto a Luis Fernando López, advirtió con detener a Evo Morales en 2020.

/ 12 de abril de 2024 / 12:11

El procurador general del Estado, César Siles, explicó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo puede ser extraditado al país luego de cumplir su condena de 70 meses, en febrero de 2026.

Sin embargo, aclaró que está vigente una solicitud de extradición al acusado en el caso Gases lacrimógenos desde enero de 2022.

“La extradición (de Murillo) está en trámite y vamos a hacer el seguimiento hasta que (las autoridades estadounidenses) nos concedan la extradición. La normativa norteamericana involucra que, una vez cumplida su condena, (el exministro) tenga que pasar a Migración y tenga que ser deportado”, dijo en una conferencia de prensa en Santa Cruz.

Murillo, culpable y condenado por un caso de soborno lavado de dinero en Estados Unidos, recientemente fue sentenciado en ese país en un segundo juicio, ahora civil, que le obliga a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones.

A instancias de Bolivia, la sanción esta vinculada al sobreprecio, de $us 2,3 millones, en la compra de gases lacrimógenos en 2019; entonces era ministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez.

Arturo Murillo

“Lo que pretendemos es que las personas responsables de graves hechos de corrupción, primero, rindan cuentas de sus actos; después, recuperar los daños económicos al Estado”, remarcó Siles.

Además, afirmó que, aparte de los procesos y su condena en Estados Unidos, Murillo tiene otros casos que debe enfrentar cuando llegue al país.

Por otra parte, Siles confirmó que está en trámite la solicitud de $us 2 millones que fueron confiscados a los otros involucrados en ese caso.

Se trata del exjefe de gabinete de Murillo Sergio Méndez, además de Philip Lichtenfeld, y Bryan y Luis Berkman, todos con sentencia.

Además de esa lista, el exministro de Defensa Luis Fernando López Julio, que se encuentra en calidad de refugiado en Paraguay, está investigado.

En el caso de Méndez, luego de cumplir su condena en Estados Unidos, fue deportado a Bolivia el 3 de abril y desde el 4; está detenido preventivamente en el penal de San Pedro, en La Paz.

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