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Monday 19 Feb 2024 | Actualizado a 15:25 PM

El TSJ admite recurso de casación de Áñez sobre su sentencia en el caso Golpe de Estado II

Con el Auto Supremo 1681/2023-RA, del 31 de octubre de este año, al que accedió La Razón, TSJ declaró “admisibles” dos motivos de tres de Jeanine Áñez contra el juicio ordinario al que su sometida por su proclamación el 12 de noviembre de 2019.

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez

Por Rubén Atahuichi

/ 2 de noviembre de 2023 / 15:10

A través de un auto supremo, la sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de casación sobre la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Golpe de Estado II.

Sentenciada a 10 años de prisión el 11 de junio de 2022, por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, la exmandataria acudió al TSJ para revisión de su condena.

Con el Auto Supremo 1681/2023-RA, del 31 de octubre de este año, al que accedió La Razón, TSJ declaró “admisibles” dos motivos de tres de Áñez contra el juicio ordinario al que fue sometida por su proclamación el 12 de noviembre de 2019.

Entonces, siendo senadora de minoría, la legisladora se proclamó en sendos actos en la Asamblea Legislativa titular de la Cámara de Senadores, primero, y presidenta del Estado, después. En ambos casos, lo hizo sin quorum reglamentario ni asistencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Entonces, alegó “vacío de poder”, ante la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, además de los presidentes de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y de Senadores, Adriana Salvatierra. Morales y García se habían asilado luego en México.

Luego de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica Boliviana (UCB) que sugirieron la sucesión de Áñez, ésta invocó la Declaración Constitucional 0003/2001, del 31 de julio de 2001. Dicho documento blindaba la sucesión presidencial del entonces vicepresidente Jorge Quiroga ante la renuncia del presidente Hugo Banzer.

Jeanine Áñez

El 12 de noviembre de 2019, el TCP también recordó esa declaración en su comunicado sobre la situación del gobierno. “(…) Frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de resolución congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República”, parafraseaba el texto.

La Sala Penal del TJS consideró como primer motivo de la recurrente su reclamo sobre la omisión como prueba del “valor de vinculante o no del ‘comunicado’ emitido por el TCP”, Además, su argumento “de la existencia de un boicot por parte de varios asambleístas del MAS para impedir la instalación de sesiones en la Asamblea Legislativa”.

Dice también que el tribunal de alzada tampoco consideró “el ‘impedimento definitivo’ en cuanto la salida del país de los en ese momento Presidente y Vicepresidente del Estado”.

“Sobre las renuncias de los asambleístas Salvatierra y Borda, el tribunal de alzada no bridó (sic) criterio sobre el hecho, que el país se encontraba en un clima de convulsión social que impedía el funcionamiento de la Asamblea Legislativa; asimismo, no se tuvo presente las reuniones auspiciadas por la Conferencia Episcopal Boliviana”, añade.

Recurso

Finalmente, completa: “Añade que el fallo impugnado, pretende estar fundamentado al asumir que la renuncia a la ‘directiva’ de un asambleísta implica renuncia a su ‘mandato’, llegando a tal conclusión sin brindar razones sobre la diferencia de los sentidos en ambos términos, ello con relación a los reglamentos camerales”.

También recurrieron a casación, sin éxito, los sentenciados Williams Carlos Kaliman Romero, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Claros Orellana y Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, además del Ministerio de Gobierno y, de forma extemporánea, la Procuraduría General del Estado.

El TSJ declaró admisible el recurso de casación presentado por Flavio Gustavo Arce San Martín.

Firmaron el auto supremo Olvis Egüez Oliva, presidente de Sala Penal; Edwin Aguayo Arando, magistrado de Sala Penal, y Rommel Palacios Guereca, secretario de Sala Penal.

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Un tribunal advierte que suspensión de plazos procesales puede perjudicar a 944 litigantes

El presidente del TDJ de Cochabamba, Winder Velasco, explicó que el número de causas responde a toda la gestión de 2023 y parte de enero de 2024.

El magistrado Winder Velasco

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 19 de febrero de 2024 / 14:10

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, Winder Velasco, advirtió que una eventual suspensión de plazos procesales puede perjudicar al menos a 944 litigantes de esa región.

“Cochabamba envía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 944 causas; esas sentencias, con recursos de casación, podrían perjudicar al mundo litigante”, dijo el magistrado en una corta conferencia de prensa en la que prefirió “no entrar en más detalle”.

La cantidad de causas que anunció Velasco detalla los casos enviados por su despacho al TSJ en 2023 y parte de enero de este año.

La declaración de Velasco se refiere al Proyecto de Ley 073, que está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. La propuesta plantea la suspensión de plazos procesales mientras dura la preselección, elección y posesión de magistrados y consejeros.

Los comicios, previstos en 230 días a partir del martes, según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales; elegirán a 23 magistrados, titulares y suplentes, de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres consejeros, también titulares y suplentes, del Consejo de la Magistratura.

Si bien la convocatoria para la preselección de postulantes y los plazos para los comicios están en marcha, aún está pendiente la decisión sobre la vigencia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Plazos procesales

Tomando en cuenta que su mandato constitucional es de seis años, su gestión terminó el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Declaración Constitucional 049/2023 determinó ampliar su mandato hasta que sus sucesores sean posesionados en el cargo.

La disyuntiva en la Cámara Baja radica en el análisis y aprobación de siete proyectos de ley para créditos por un monto mayor a $us 850 millones y los proyectos 073 y 075 sobre la prórroga.

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición exigen que primero se resuelva la prórroga antes que los créditos. Al contrario, los legisladores arcistas reclaman el cumplimiento de un acuerdo bicameral y tripartidario firmado el 2 de febrero. El segundo punto de ese documento dicta que la situación de los magistrados será abordada previa aprobación del Proyecto Ley 144, ahora Ley 1549; y de al menos cuatro de los siete créditos.

Al respecto, no se conoce de la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados; aunque el presidente de ese órgano camaral anunció que el acto se realizará en esta semana.

También puede leer: Convocatoria de judiciales: Asamblea validará una lista de hasta 192 postulantes

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El ministro Iván Lima se pregunta si Evo Morales ‘se animará a un nuevo 21F’

Lima afirmó que “no se puede entender el problema de la interpretación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado sin contexto político e histórico”.

El ministro de Justicia, Iván Lima.

/ 19 de febrero de 2024 / 11:24

El ministro de Justicia, Iván Lima se preguntó si el expresidente del Estado y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, “se animará” a someterse a un nuevo referéndum sobre su postulación a la Presidencia, similar al del 21 de febrero de 2016, más conocido como 21F.

“Buscar eliminar la SC 1010/2023-S4 mediante el bloqueo de las carreteras y las leyes tiene nuevamente a Evo y su afán de mentirse, se animará a un nuevo 21F?? (sic)”, escribió la autoridad en su cuenta de X.

De esa manera, Lima cuestionó a Morales y su anunciada postulación a las elecciones presidenciales de 2025, pese a que el 29 de diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió Sentencia Constitucional 1010/2023. El documento elimina la figura de repostulación presidencial indefinida y declara, además, que no es un derecho humano.

Evo Morales

Morales, presidente entre 2006 y 2019, se sometió en 2016 a la consulta que planteaba la modificación del artículo 168 de la CPE, que limita a una primera y única repostulación de los mandatarios. El 51,3% de los bolivianos dijo No, frente a un 48,7% del Sí.

“No se puede entender el problema de la interpretación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado sin contexto político e histórico”, sentenció Lima.

El domingo, Morales volvió a criticar a los magistrados y consejeros electos en 2017 cuyo mandato constitucional terminó el 31 de diciembre de 2023; dijo que “la misión de los autoprorrogados, como sea, es inhabilitar a Evo como candidato”.

“Legal y constitucionalmente, no pueden inhabilitarme” para las elecciones de 2025, dijo en su programa dominical de radio Kawsachun Coca.

Morales tiene especial diferendo político con Lima, a quien acusó de ser parte de un supuesto “plan negro” en su contra. Ese plan, según el exmandatario, tiene el fin de eliminar “física y políticamente” al líder del MAS.

Sobre eso, el expresidente no presentó ninguna denuncia, menos pruebas, ante el Ministerio Público.

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Gobierno informa que solo cinco de 63 municipios afectados se declararon en desastre

Juan Carlos Calvimontes indicó que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Beni fueron los departamentos más afectados por las lluvias, aunque “en diferente magnitud”.

Foto referencial

/ 19 de febrero de 2024 / 10:39

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que 63 municipios fueron gravemente afectados por las lluvias e inundaciones; del total, tan solo cinco se declararon en desastre municipal y dos en emergencia municipal.

En entrevista con La Razón Radio, lamentó que la burocracia de los gobiernos municipales impida que se sigan los procesos administrativos para pasar de una declaratoria de emergencia a una declaratoria de desastre.

“(Las declaratorias) permiten que los otros niveles del Estado puedan intervenir de forma más directa”, explicó.

Informó que su despacho cuantificó hasta la fecha 194 comunidades afectadas, 5.262 familias damnificadas, 6.247 familias afectadas, 171 viviendas afectadas, 446 viviendas completamente destruidas y 33 personas fallecidas, en todo el país.

Según el viceministro, en comparación a 2023, existe una disminución de declaratorias de desastre, pero esto se debe a la burocracia en los procesos administrativos. Señaló que, a estas alturas, en 2023, había 28 municipios declarados en desastre; “hoy son solo cinco”. 

En 2023, el Gobierno registró 32 municipios afectados frente a 63 en 2024, 32 viviendas afectadas frente a 171, 32 viviendas destruidas frente a 449, y cuatro personas fallecidas frente a 33.

“En la gestión anterior eran 47.100 familias afectadas y damnificadas; ahora estamos bordeando los 11.509”, precisó.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alerta roja en distintos municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. También, emitió alerta naranja en 279 municipios en los nueve departamentos del país.

Calvimontes indicó que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Beni fueron los departamentos más afectados por las lluvias, aunque “en diferente magnitud”.

Asimismo, recomendó a los gobiernos municipales y departamentales a diseñar un plan estratégico y declarar sus municipios en desastre para que el Gobierno pueda actuar directamente.

Lea también: Calvimontes denuncia que Arias maltrató y echó a voluntarios del SAR FAB de Jinchupalla

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Costas reaparece y dice que ‘Demócratas no va a tener candidato’ en comicios de 2025

“Estamos preocupados por la crisis de todo tipo: social, política y económica que tiene el país”, dijo Rubén Costas y afirmó que Demócratas busca unificar al bloque de oposición.

El jefe de Demócratas, Rubén Costas, en el aeropuerto de El Alto.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 19 de febrero de 2024 / 10:36

El presidente del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Rubén Costas, afirmó este lunes que su partido no tendrá candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

Dijo que, al contrario, busca que su organización que se convierta en un “eje conciliador” de la oposición.

“Rubén Costas ha decidido, hace meses atrás: no va a tener candidato, Demócratas, a la Presidencia de la República”, dijo el exgobernador de Santa Cruz en el aeropuerto internacional de El Alto.

Consideró la decisión “como un acto de desprendimiento y un camino que debemos seguir los políticos de hacernos en cualquier búsqueda de egos”.

Costas llegó a La Paz, según explicó, para reunirse con el Comité Ejecutivo Nacional de Demócratas, en el que se abordará aspectos sobre la coyuntura del país.

“Estamos preocupados por la crisis de todo tipo: social, política y económica que tiene el país, por eso hemos decidido este encuentro”, explicó.

Demócratas

En medio del debate por las candidaturas a los comicios de 2025, Costas afirmó que Demócratas busca “convertirse en el eje conciliador de la oposición”. Dijo, también que no busca “cuoteo, ni protagonismo”, sino la unificación de ese bloque.

“No es el momento de candidaturas, sino de la búsqueda de una alianza; una concertación que nos permita un verdadero instrumento para cambiar lo que está sucediendo en el país”, afirmó el líder de Demócratas.

En los hechos, el único actor político tradicional que confirmó su postulación a la Presidencia en los comicios de 2025 es el expresidente del Estado y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. Dijo que las organizaciones que los respaldan “lo obligaron” a presentarse.

Por su parte, el presidente Luis Arce, alejado políticamente de Morales, afirmó varias veces que es “prematuro” hablar de candidaturas y anunció que enfocará su trabajo en “hacer una buena gestión.

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La mayoría de los reos incurrió en violación, sobre todo a menores

Hay 4.594 reclusos acusados por violación a menores

Penal de Palmasola, Santa Cruz

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 19 de febrero de 2024 / 07:22

De los delitos vinculados a violación (38,4%), el que sufren niños, niñas y adolescentes es el más común de los reclusos del país. El 15,9% de los reos perpetró violación a menores. Narcotráfico y robo y robo agravado son delitos que lo secundan.

Los datos fueron reportados en un informe de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón.

Suman ese 38,4% casos de violación a menores, violación (a mujeres adultas), abuso sexual (toques impúdicos), violación agravada (con muerte) y tentativa de violación.

En cuanto a violación de menores, hay un total de 4.594 reclusos acusados bajo ese delito, es decir, el 15,93%, de un total de 28.838 presidiarios en el país.

Lea también: Luego de más de dos años, condenan a hombre que abusó de una menor en un balneario

Violación

Y en el orden correlativo, siguen otros delitos: vinculados con la Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 4.173 reos, que representan el 14,47% del total. En el caso de robo y robo agravado, las personas acusadas con ese delito alcanzaron a 3.792, el 13,15%.

El documento, a diciembre de 2023, describe una lista de 21 delitos “predominantes”, es decir, en los que más incurrieron los reclusos que cuentan con detención preventiva y sentencia en los recintos penitenciarios.

El delito de violación es el siguiente en la lista; hay 2.386 reclusos vinculados con ese ilícito, es decir, el 8,27% de la población penitenciaria. El abuso sexual privó a 2.591 personas, el 8,98%. Mientras que la violencia familiar dejó sin libertad a 1.957, que significa el 6,79 de las personas sin libertad en el país.

Otras de las causas de los más de 28.800 reclusos son asesinato, violación agravada, asistencia familiar, homicidio, feminicidio, estupro e infanticidio, entre otras.

El reporte de Penitenciarías clasifica un segundo grupo de delitos como “de menor frecuencia”, en los que incurrieron 2.183 encarcelados, el 7,57% del total.

Datos

En esa lista están tentativa de violación, tentativa de robo, tentativa de asesinato, lesiones graves y leves, y abandono de mujeres, y otros, de una lista de 132 delitos.

El departamento de Santa Cruz tiene entre rejas a 1.875 personas vinculadas con el delito de violación de menores, le siguen La Paz, con 818 y Cochabamba, con 518. Tarija, Beni, Potosí, Oruro y Pando reportan menor cantidad de casos, y en ese orden.

En el caso de los delitos vinculados con al Ley 1008, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de acusados; son 1.127 varones y mujeres que fueron privados de libertad por su vinculación con ese ilícito. Son 758 en Cochabamba y 682 en La Paz.

Claramente, el eje troncal del país no solamente tiene en sus recintos carcelarios a la mayor cantidad de reclusos (20.610), sino que también tiene a los acusados de los delitos más cometidos.

Los reclusos vinculados con esos tres delitos alcanzan el 43,6% del total de personas que actualmente están en las 46 cárceles, 20 urbanas y 26 provinciales, que existen en el país.

Reclusos

Del total de recluidos en las cárceles de Bolivia, un total de 18.080 personas cumple detención preventiva por los procesos que enfrenta mientras dura la investigación de sus casos. El otro grupo es el de 10.758 personas que cuentan con condenas determinadas por los jueces.

Como se puede ver, la detención preventiva es la principal causa del hacinamiento de 174% en los centros carcelarios del país.

Según los datos brindados a este medio, las 46 cárceles del país tienen una capacidad para albergar a 10.521 personas, pero el total de reclusos es 28.838.

Distribuidos en los centros penitenciarios de todo el país, hay 26.759 varones, o sea un 92,79%, frente a 1.917 mujeres, que representan el 6,65%; incluso hay datos de miembros del colectivo LGBTI; son 162 que están recluidos en las cárceles del país, suman un 0,56%.

En el caso del hacinamiento, Santa Cruz concentra el 37,1% de la población encarcelada; La Paz 20,2%; Cochabamba 14,2%; Tarija 6,2%; Beni 4,7%; Oruro 6,2%; Potosí 5%; Chuquisaca 4,14% y Pando con el 2,4%. Este último es el departamento con menos hacinamiento, pues la capacidad de sus recintos carcelarios alcanza a 600 personas, aunque en ellas habitan, según el informe de Penitenciarías, 692 reos.

Si bien existe una evidente sobrepoblación en las cárceles, el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, impulsa las denominadas jornadas de descongestionamiento judicial.

Previa programación, esa medida permitió la liberación de reclusos cuyos plazos procesales ya se cumplieron o de aquellos que están por cumplir dicho periodo de sanción.

Gobierno

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, adelantó a La Razón que el Gobierno prevé —aunque no explicó cuándo— la construcción de nuevos recintos penitenciarios en algunas regiones del país.

Sin embargo, dijo que en algunos centros se hicieron ampliaciones de la infraestructura, aunque el fin de esa tarea es evitar los índices de violencia en las cárceles.

Limpias destacó que Bolivia es uno de los países con menor índice de violencia en las cárceles y atribuyó eso a las constantes pesquisas que realizan las direcciones de cada centro penitenciario, en las que se decomisan objetos que están prohibidos para los reclusos, como celulares, bebidas alcohólicas e, incluso, armas punzocortantes.

Si bien la seguridad dentro de los centros penitenciarios del país es un factor importante para la Dirección de Régimen Penitenciario, el reporte muestra que existen solo 1.541 efectivos policiales destinados para esa tarea.

El departamento que cuenta con más personal policial en cárceles es La Paz, que tiene 391 policías; le siguen Santa Cruz con 261, Cochabamba con 285; Tarija, Potosí y Oruro con 110 cada uno; Pando 99, Beni 88 y Chuquisaca 87.

No son habituales los motines de reclusos, pero San Pedro de La Paz y El Abra y San Sebastián de Cochabamba lo sufrieron más.

(19/02/2024)

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