El activista de derechos humanos David Inca dijo que un eventual juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, por el caso Senkata, puede quedar en la impunidad por la falta de dos tercios en la Asamblea Legislativa.
“Si no se logra los dos tercios (para la aprobación del juicio de responsabilidades), Áñez queda libre y totalmente en la impunidad. Ahí, (quienes buscan su encarcelamiento), recién van a gritar: ‘justicia, justicia’ y se van a rasgar las vestiduras”, dijo este viernes en entrevista con La Razón Radio.
Inca adelantó que, de ser así, “solo se confirmaría el interés político en las mascares de Sacaba y Senkata”, que, en su criterio, es una bandera de los actores políticos.
“Pasa por una posición político-partidaria, primero tiene que haber un juicio político, que lo hacen diputados y senadores”, añadió.
El además representante de las víctimas de la masacre de Senkata basó su declaración en las “riñas “políticas que persisten no solo entre oficialismo y oposición, sino entre arcistas y evistas.
Inca adelantó que en caso de que fracase el juicio de responsabilidades contra Áñez, “tocará las puertas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “se haga justicia”.
“Si no se logra los dos tercios, nos tiene que dar una resolución firmada para que, con eso, nosotros vayamos a la CIDH”, remarcó.
Además, señaló que las autoridades “tienen un interés político” por las masacres de Sacaba y Senkata. “Objetivamente no hay nada”, porque “cuando hemos querido reunirnos, no nos han hecho caso. Nos quieren usar políticamente”, reclamó.
Juicio contra Áñez
Dos tribunales ya se declararon “incompetentes” para juzgar a Áñez en un proceso por la vía ordinaria. “Con eso, la derecha está ganado políticamente”, consideró.
Las masacres de Sacaba y Senkata ocurrieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente. En esas jornadas de violencia 20 personas, la mayoría a bala, perdieron la vida y más de 400 resultaron heridas.
Entonces, la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron blindados por el Decreto Supremo 4078, posteriormente abrogado, que eximía a los uniformados por el posible uso excesivo de la fuerza en las protestas posteriores a la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de 2019.
La dimisión surgió en medio de una fuerte crisis social y política; escaló hasta un motín policial y la sugerencia militar para que el jefe del MAS deje el poder.
Dos días después, el 12 de noviembre, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, la titularidad de la Cámara Alta. Luego, asumió la Presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa Esas sesiones no contaron con quorum reglamentario ni la presencia de legisladores del MAS, que ostentaba la mayoría parlamentaria.