El procurador general del Estado, César Siles, informó que su oficina logró 11 sentencias en procesos internos desde que asumió el cargo, el pasado 6 de septiembre, y que solo en dos de ellos el Estado recuperó más de Bs 765 millones.
De las 11 sentencias, cinco se lograron en la Dirección General de Evaluación Intervención (DGEI), una en La Paz, dos en Chuquisaca y tres en Santa Cruz.
Citó el proceso entre las empresas cementeras Fancesa y Soboce, por “competencia desleal”, en la que el Estado recuperó Bs 744.315.432 y también la reparación de daños por el caso Misiles chinos, en el que se recuperaron Bs 20.880.00.
Solo en esos dos casos con sentencia a favor del Estado, resaltó el funcionario. “Se han recuperado Bs 765.195.432”, dijo en conferencia de prensa.
Entre otros datos, Siles detalló que la Procuraduría intervino en 529 procesos internos. Sobre ellos, brindó el siguiente detalle: 86 procesos en la DGEI, mientras que en las direcciones departamentales (DDD) hay 96 en La Paz, 43 en Cochabamba, 112 en Santa Cruz, 24 en Potosí, 26 en Beni, 15 en Pando, 41 en Chuquisaca, 51 en Tarija y 35 en Oruro.
De ese total, 341 son procesos penales, 83 civiles, 50 coactivos fiscales, 31 procesos contencioso-administrativo, cuatro constitucionales, 12 contencioso-tributario, tres laborales y cinco juicios de responsabilidades.
“La intervención es un mecanismo que la le faculta a la Procuraduría para ser parte de los procesos judiciales, por diferentes criterios: Cuantía, relevancia social y otros”, explicó Siles.
La Procuraduría, encargada de la defensa legal del Estado, aplica tres criterios de pertinencia para su participación en los procesos: inversiones, medio ambiente y derechos humanos.
Con ese criterio, las subprocuradurías recomendaron “priorizar” 346 procesos de los 529 con intervención de la oficina de defensa estatal; es decir que 181 procesos pasarían a la categoría de “supervisión y seguimiento”, sin embargo, “la Procuraduría no se va a desentender”.
“Queremos priorizar la supervisión sobre la intervención, queremos convertir a las unidades jurídicas en unidades de defensa legal del Estado” apuntó Siles.
“En esta gestión de la Procuraduría, queremos equilibrar esta distribución de causas, pero también son importantes los procesos civiles, contenciosos y coactivos fiscales, porque ahí se está discutiendo la posible recuperación de recursos para el Estado”, complementó el procurador general.
Además, Siles informó que existen 31 personas denunciadas y procesadas por los incendios provocados en los departamentos de La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. De ellas, “hay 14 personas detenidas, dos con medidas sustitutivas y 15 que se defienden en libertad”.
En aplicación del criterio de pertinencia por parte de la Procuraduría, “esos procesos van a entrar como casos de intervención”.
“La Madre Tierra no tiene un abogado que pueda defender su voz y es obligación de la Procuraduría de defenderla”, complementó.