La Procuraduría General del Estado informó este sábado que los vocales del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto serán sometidos a procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura por la Resolución 245/2023 en el que declinó su competencia para juzgar a Jeanine Áñez por la vía ordinaria en el caso Senkata.
“El recurso de apelación fue admitido, determinando la validez de las apelaciones y revocando la decisión anterior. Esto anula la Resolución 245/2013 del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto y ordena la remisión de los expedientes al Consejo de la Magistratura para el inicio de las acciones legales disciplinarias correspondientes”, señala parte del comunicado institucional de la Procuraduría.
El 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto se declaró “incompetente” para procesar y juzgar por la vía ordinaria a Áñez, al considerar que fue reconocida como presidenta por todos los órganos del Estado y le correspondería el juicio de responsabilidades.
El viernes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el recurso de apelación por el caso Senkata que se le sigue a Áñez y otras 17 exautoridades, revocó y anuló la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que se declaró incompetente para conocer la causa.
El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunciaba a la presidencia en medio de una crisis expresada en denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Así, dos días después, Áñez tomaba el poder.
Pero, según la Fiscalía, la senadora opositora se proclamó presidenta del Senado y, luego, mandataria del Estado sin el respectivo quórum en la Asamblea Legislativa y vulnerando el reglamento de la Cámara de Senadores. Por ello, fue juzgada y sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.
El 14 de noviembre de ese año, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para “restablecer el orden”. Una jornada más tarde, 10 personas murieron por impacto de bala en Sacaba (Cochabamba), y el 19 de noviembre, otras 10 fallecieron en las mismas circunstancias en Senkata (El Alto).
La Procuraduría señaló que la instancia jerárquica corrigió el “fallo ilegal y arbitrario” que emitió el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto. Agregó que esta revocatoria es un homenaje “de los mártires, heridos, presos y torturados en las masacres de Senkata y Huayllani”. “Es un imperativo un juicio ordinario que sea ágil y haga justicia”.
Un informe del Observatorio Defensorial Judicial Fiscal (ODJF) revela que el 70% de los adolescentes recluidos en los centros de orientación, a cargo de las gobernaciones, es a consecuencia de la comisión de delitos contra la integridad sexual.
Según el Observatorio, del total de adolescentes (727) que se encuentran en los Centros de Reintegración Social, se logró revisar 334 (46%) archivos personales. En ellos se identificó la prevalencia de delitos sexuales con el 70%.
El 37% (124) está recluido por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; por violación con agravante el 23% (76) y por abuso sexual el 10% (35). “Los tres delitos constituyen con mayor prevalencia dentro esta población”, se lee en el documento.
Estos datos también fueron corroborados por los responsables del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) Cochabamba, el Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) La Paz y el director de Cenvicruz de Santa Cruz.
Pedro Becerra, director de los centros de reintegración social Cenvicruz varones y mujeres, ubicado en distintos lugares, informó a La Razón que, de los 179 adolescentes y jóvenes recluidos ― 169 hombres y 10 mujeres―. “el delito que más se está dando es el tema de abuso sexual”.
Similar afirmación mencionó la directora de Sedepos Cochabamba, Mariela Arze. Dijo que, de los 125 adolescentes ingresados en el Centro de Reintegración Social Cometa, “un 80% de los casos son de agresión sexual”.
En tanto, la directora Beatriz Churata, del Sedeges La Paz, informó que en los Centros de Integración Social (varones y mujeres) se tiene una población de 110 jóvenes, donde “hay más (casos) por violación y abuso sexual”.
En relación a otros los delitos, según el ODJF, dentro de los 334 archivos personales, por asesinato se tiene un porcentaje del 8% (27), robo agravado 6% (21) y delitos de fabricación, tráfico o transporte de sustancias controladas 6% (19).
El reporte de la ODJF indicó además que existe un 10% (32) en la categoría “otros” que agrupa delitos de menor grado, en los cuales están los delitos contra la salud pública, asociación delictuosa, feminicidio, homicidio, hurto, infanticidio, parricidio, proxenetismo y otros.
Detenidos en centros
El reporte del Observatorio también señaló que de los 727 adolescentes detenidos, el 95% (690) son varones, mientras que existe un 5% (37) mujeres.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, existen 18 centros de reintegración social, ubicados en los 9 departamentos del país.
En ellos se logró identificar que, de los 727 adolescentes ingresados en estos centros, un total de 204 (28%) se encuentran con detención preventivamente y 523 (72%) fueron sentenciados.
En cuanto a la disgregación por sexo, en el caso de los detenidos preventivos, son 195 varones y 9 mujeres. En tanto, las personas con sentencia son 495 varones y 28 mujeres.
Una de las preocupaciones es la repetición de una conducta delictiva. En el caso de Cenviruz Santa Cruz, según Becerra, existe entre 40% a 50% menores de edad que vuelven a reincidir en delitos.
“Eso es lo que estamos trabajando. Por eso es tan importante el trabajo y el apoyo de los padres. (Los menores) salen y no tienen quien los controle afuera”, dijo
Señaló que existen casos de jóvenes que dentro el centro hacen un excelente trabajo, se portan bien y hacen los cursos necesarios, pero “salen afuera y no hay quien los controle”.
“Hacemos un seguimiento durante cierto tiempo, pero es complicado hacer seguimiento afuera, entonces hay un porcentaje de reincidencia”, advirtió.
Reincidencia
En esa línea, Arze, de Sedepos Cochabamba, dijo que el programa llamado Diagrama, independiente a Cometa, atiende a adolescentes hombres y mujeres que han infringido la ley, pero que no están privados de libertad.
“En estas circunstancias vemos la reincidencia del delito y que lamentablemente los derivan a Cometa. Pero ya teniendo casos específicos de Cometa, de que salgan y vuelvan a entrar, no son muy frecuentes. Pero sí del programa Diagrama”, aclaró.
En el caso de La Paz, Churata del Sedeges informó que cuando existe una reincidencia, los jóvenes son remitidos a Qalahuma, dependiente de otra institución.
Otras de las problemáticas, con las que se enfrentan los centros es el hacinamiento, en el caso de Santa Cruz, el centro Cenvicruz tiene una capacidad de 100 adolescentes, sin embargo, en la actualidad se tiene 120 preventivos en el sector varones.
Para Arze, el hacinamiento en Cochabamba se lo percibe desde febrero, esto debido a que antes los menores preventivos entraban y salían, sin embargo, al haber un mayor número de sentencias, le está “llevando a un límite”.
“Es una población fija que se van a quedar con nosotros por lo menos cinco años”, advirtió.
Jóvenes aprenden a emprender desde su encierro
Con el objetivo de fomentar la inserción laboral y educativa de los adolescentes en conflicto con la ley penal, los responsables del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) Cochabamba, el Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) La Paz y el director de Cenvicruz de Santa Cruz afirmaron a La Razón que se implemento una serie de iniciativas para los adolescentes.
La directora de Sedepos Cochabamba, Mariela Arze, señaló que desde esta dirección se está implementando el trabajo técnico.
Indicó que en Cochabamba se realiza la fabricación de detergente, la elaboración de yogur, la gastronomía, la carpintería, electricidad y mecánica.
“Esas son las asignaciones que estamos dando en el corto tiempo que tienen durante el día los adolescentes”, dijo.
Aclaró que no se descuida la parte educativa y se realizan clases virtuales o clases técnicas a través del Servicio Estatal de Autonomías (SEA).
Pedro Becerra, director de Cenvicruz varones y mujeres, dijo que los adolescentes realizan trabajos técnicos en madera, en hilo, agricultura, piscicultura, apicultura y a través, de un convenio con el Ministerio de Educación, se les da cursos cortos.
“Hemos tocado las puertas de diferentes instituciones y dan diferentes cursos cortos, como gastronomía, el tema de gallinas ponedoras, albañilería, soldadura, electricidad, entre otros”.
Señaló que se va consiguiendo una serie de cursos para que los jóvenes “una vez que salgan, puedan tener una segunda oportunidad”.
La directora Beatriz Churata, del Sedeges La Paz, informó que se tiene firmados convenios, caso del proyecto Mundo, que realiza terapias ocupacionales con peinados, corte y confección.
“Otros están en la universidad o colegios, entonces les apoyamos con las terapias ocupacionales”,dijo Churata.
Las tres instituciones coincidieron que el trabajo con la familia debe ser importantes, con el fin que los menores no vuelvan a reincidir, por ellos, indicaron, por separado, que también se pasa algunos cursos con los familiares de los menores.
Exfuncionaria municipal se entrega a la FELCN por el caso Narcoalmendras
El abogado Ernesto Giraldes indicó que su defendida desconocía que el cargamento de almendras estaba impregnado con cocaína e indicó que la empresa está legalmente constituida.
El fiscal Julio César Porras está a cargo del caso BoA 1. Foto: RRSS
El fiscal Julio Cesar Porras informó que la exfuncionaria municipal que era buscada por la Policía en el caso Narcoalmendras se presentó en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico (FELCN), luego de lo cual fue aprehendida.
“Esta persona, exfuncionaria de la Alcaldía (de Santa Cruz), estaba con orden de aprehensión y efectivamente se ha ejecutado. Se ha presentado (ante la Policía) y se ha procedido en su aprehensión correspondiente”, dijo la autoridad.
Según Porras, la exfuncionaria llegó con su abogado, sin embargo, hizo uso a su derecho al silencio cuando la comisión de fiscales intentó hablar con ella. “No ha querido emitir ningún comentario, respetamos y vamos a seguir trabajando referente a eso”.
La mujer es la representante legal de la empresa Import – Export «Adonay» donde se encontró las sustancias controladas en la carga de almendras.
La autoridad dijo que este domingo se presentará imputación formal y el lunes se prevé la audiencia cautelar. Es investigada por el delito de tráfico, asociación delictuosa y confabulación.
El abogado Ernesto Giraldes indicó que su defendida desconocía que el cargamento de almendras estaba impregnado con cocaína e indicó que la empresa está legalmente constituida.
“Ella no declaró, no tiene nada que declarar, es una persona inocente y dentro de la investigación vamos a desvirtuar todos los hechos que están en contra de ella”.
El 24 de noviembre, la FELCN descubrió más de una tonelada de droga en el interior de almendras, durante el allanamiento de un inmueble en Santa Cruz.
Por este hecho, cuatro personas están detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
El expresidente José ‘Pepe’ Mujica, en medio de una reunión informal con el presidente Luis Arce, pidió cuidar “la unidad, a pesar de las diferencias”.
Mujica dijo que “si no logran entenderse y andar juntos” no serán los líderes que solucionen los problemas y no serán ellos los que paguen, sino “el pueblo pobre que no tiene la culpa de nada y es víctima de todo”.
Durante su viaje de Arce a la capital uruguaya para participar en la reunión del Mercosur, el expresidente uruguayo recibió al mandatario boliviano en su chacra de Rincón del Cerro, Uruguay. El presidente Arce invitó a Mujica a dar un mensaje a los bolivianos, a través de un video en su cuenta en la red social Tik Tok.
“Quiero darles, simbólicamente, un abrazo al pueblo boliviano. Es un pedazo importante del pueblo de nuestra americana sureña. En el fondo los siento mis compatriotas porque pertenecemos a una nacional gigantesca todavía no integrada”, inició su mensaje Mujica.
Dijo ser ya un anciano, pero “les pido bolivianos que cuiden la unidad a pesar de las diferencias, porque la gran lucha es como se reparten el ingreso”.
Señaló que “cualquier” gobierno “más o menos” progresista va a repartir un poco mejor para abajo, pero que los gobiernos de derecha “va a repartir mejor para arriba”.
Argumentó que los gobiernos de derecha creen en la “teoría (económica) del derrame”, en el que se debe cuidar a los que “están arriba” para que se genere trabajo y los “de abajo a la larga se beneficien”.
“Nosotros no creemos que necesitamos gobiernos que aprieten para que se reparta un poco mejor, nadie puede hacer milagros, pero sí un gobierno progresista puede repartir mejor lo que hay. Si no logran entenderse y andar juntos, no van a pagar los lideres, va a pagar el pueblo pobre que no tiene la culpa de nada y es víctima de todo”.
El exmandatario se despidió con un “gracias al pueblo boliviano”, “te doy un abrazo y cuiden la unidad entre los que sufren”.
Desde sus redes sociales, el presidente Arce señaló que tuvo un día “inolvidable, lleno de emoción y gratitud al tener el privilegio de visitar a nuestro querido hermano Pepe Mujica en su hogar, un lugar que irradia la esencia misma de la humildad y la sabiduría”.
Añadió que en cada palabra “apreciamos” su visión del mundo y les recuerda que la “verdadera grandeza no está en el poder, sino en el compromiso con el bienestar de los demás”.
El TSE inhabilita a cuatro candidatos al TSJ por Cochabamba, Santa Cruz y Oruro
“En todos los procesos, conforme la evidencia presentada por las partes demandantes y considerando los descargos presentados por los demandados, se resuelve declarar probada la causal de inhabilitación".
Mediante las resoluciones 086, 087 y 098, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso la inhabilitación de cuatro candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.
La inhabilitación se debe a que los candidatos se encontraban ejerciendo funciones en los correspondientes departamentos como jueces de materia y no renunciaron al cargo, al menos tres meses antes del día de la elección, de acuerdo con la normativa.
Los candidatos apartados de este proceso son Mercedes Huanca y Dany Knaudt por el departamento de Cochabamba; Juan Coronado, por Santa Cruz y Mónica Camacho por Oruro.
Demanda
En el caso de Cochabamba, la demanda fue presentada el 26 de septiembre por la senadora Andrea Barrientos contra la candidata Huanca y el candidato Knaudt.
En Santa Cruz, el ciudadano Ronald Justiniano presentó la demanda el 9 de octubre y posteriormente el 25 de octubre, contra el candidato Coronado.
En tanto, en Oruro, el 25 de septiembre Marco Dorado presentó una demanda de inhabilitación contra la candidata Camacho.
“En todas las demandas el argumento por el cual se solicitó la inhabilitación de los candidatos se debe al incumplimiento del artículo 238, numeral 3) de la Constitución Política del Estado y del artículo 35, parágrafo II del Reglamento para la Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2024”, señala el TSE.
Añade que este incumplimiento hace referencia a que no podrán acceder a cargos púbicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad: “quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes del día de la elección”.
Inhabilitación
“En todos los procesos, conforme la evidencia presentada por las partes demandantes y considerando los descargos presentados por los demandados, se resuelve declarar probada la causal de inhabilitación dado que los candidatos, al momento de las respectivas demandas, se encontraban ejerciendo funciones en los correspondientes departamentos como jueces de materia”, mencionó el Órgano Electoral.
Santa Cruz: TCP falla a favor de familia Crapuzzi sobre predios del mercado Mutualista
En noviembre de 2023, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó que los terrenos donde se asentaba el mercado Mutualista eran de propiedad privada, sentencia que pasó a revisión del TCP.
La Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, desconoce el derecho propietario del municipio de Santa Cruz sobre los predios del mercado Mutualista y ordena que se extienda el plano de uso de suelo y certificado catastra en favor de Miguel Crapuzzi.
“Que el Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, proceda en el plazo máximo de cinco días hábiles administrativos a emitir el plano de uso de suelo y el certificado catastral del bien inmueble del accionante, registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0057483”, señala parte del fallo constitucional.
En la argumentación del fallo, señala que “si bien es evidente que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra registra algunas compras; sin embargo, no se evidencian antecedentes dominiales que se sobrepongan al derecho del accionante, quien demostró su derecho propietario, el cual se encuentra registrado desde 1969”.
Además, dispone dejar sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal 417, de 1 de diciembre de 2016, y todos los actos emergentes de la misma; así como el Testimonio 583/2019 de 30 de julio, otorgado por la Notaría de Gobierno del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia.
“Se ordena la cancelación del registro en DD.RR. de la matrícula computarizada 7.01.1.06.0179703 a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”.
En noviembre de 2023, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó que los terrenos donde se asentaba el mercado Mutualista eran de propiedad privada, sentencia que pasó a revisión del TCP.
El TCP también dispone la ejecución del fallo por la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de investigación contra cualquier persona o servidor público que obstaculice el cumplimiento del presente fallo constitucional.
