Jorge Pérez, abogado defensor de Evo Morales, cuestionó este viernes la disposición del juez que declaró en rebeldía al exmandatario y asegura que su defendido es “inocente y perseguido político”, por lo que anunció que presentará una acción de libertad a favor de su defendido.

Asimismo, criticó el actuar del juez Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Rocabado, a quien-dijo- iniciará un proceso disciplinario.

“Vamos a presentar la acción de libertad y le he iniciado un proceso disciplinario (al juez) por sus actos discriminatorios”, dijo Pérez a los medios de comunicación.

Proceso

Este viernes, Morales se no presentó por segunda vez consecutiva al juzgado para responder por la acusación de trata de personas que lo involucra. El juez Rocabado emitió la declaratoria de rebeldía y emitió la orden de aprehensión; sin embargo, el abogado defensor asegura que el proceso está viciado; pues primero el magistrado debió resolver el incidente de recusación que presentó.

Además, Pérez afirmó que Morales fue evaluado por un médico especialista y un subespecialista; y señaló que también se hizo un análisis de laboratorio para determinar el estado de salud de Morales.

Lamentó que el juez no valorará esos informes y se dedicará a buscar en Internet la afección que figura en el documento.

“Dice que la dolencia de miocardía (bradicardia), lo que él buscó en Google, tiene que ser menor de 40 latidos por minuto. Y la certificación del especialista y subespecialista acreditan que tiene entre 40 y 46 latidos por minuto. Entonces, yo busqué en Google en ese instante; y dice que esta patología se presenta ya cuando hay debajo de 60 latidos por minutos. Es decir que importó más lo que buscó en Internet, el señor juez”, manifestó Pérez.

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Morales

Aseguró que los certificados médicos son pruebas valederas. Respecto a por qué Morales no fue evaluado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), como ordenó el juez en la primera audiencia; el abogado dijo “si no lo hacen ellos es su responsabilidad; nosotros hemos solicitado”.

Para el abogado, el caso es ilegal y el juez ya no debiera proseguir porque ya está recusado.

Criticó, también la actitud de “rechazo y odio” que muestra el juez hacia el denunciado Evo Morales.

Morales es investigado por trata de personas con agravante, por supuestamente haber mantenido una relación con una adolescente en 2015; cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.

Este viernes, el juez Nelson Rocabado declaró en rebeldía a Morales y dispuso su arraigo; la anotación de bienes y ordenó su aprehensión.

Rocabado fundamentó su decisión en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal; que estipulan la declaración de rebeldía ante la incomparecencia injustificada de un imputado.

La exvocal electoral, Dina Chuquimia, lanzó una severa advertencia al acuerdo firmado entre los presidentes de Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) durante su participación en el programa televisivo Piedra, papel y tinta.

Sus declaraciones se centraron en el riesgo que representa el reciente acuerdo entre el TSE y el TCP para la estabilidad institucional y democrática del país.

Contexto del acuerdo

El acuerdo, anunciado mediante un comunicado conjunto, busca garantizar la transparencia y seguridad de los procesos electorales. Sin embargo, para Chuquimia, la presencia de magistrados «autoprorrogados» en esta alianza genera serias dudas sobre su legitimidad. «Estamos en una situación preocupante. Los magistrados autoprorrogados han perdido legitimidad al actuar por encima de la Constitución, que deberían proteger», enfatizó.

Falta de acción legislativa

La exvocal también cuestionó el estancamiento en la Asamblea Legislativa, que no ha avanzado en una ley para cesar a los magistrados prorrogados o convocar nuevas elecciones judiciales. «A este ritmo, estos magistrados podrían permanecer hasta 2026 o 2027, lo cual es un golpe para la institucionalidad del país», sentenció.

¿Protocolo o intención política?

El encuentro entre representantes del TSE y el TCP también fue objeto de crítica.

Según Chuquimia, esta reunión no se realizó de manera espontánea, sino que respondió a una invitación formal que incluyó a magistrados recientemente electos y prorrogados. «Lo preocupante es que el comunicado resultante parece más una carta de intenciones que una garantía real de respeto al proceso electoral», afirmó.

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El TSE bajo presión

Chuquimia alertó sobre el creciente poder del TCP, al que calificó como un «suprapoder» que está debilitando la autonomía del TSE. «El órgano electoral, uno de los cuatro pilares del Estado, no debería supeditarse a las decisiones del TCP, una institución judicial», afirmó. Además, señaló que cualquier error en el calendario o reglamentos electorales podría abrir la puerta a amparos constitucionales que paralicen el proceso.

Futuro democrático

La exvocal advirtió que retrasos en el calendario electoral podrían derivar en una crisis política similar a la de 2019. «El TSE debe actuar con firmeza y claridad para evitar un escenario donde la democracia y la vida de millones de ciudadanos estén en riesgo», concluyó.

Luego de la declaratoria en rebeldía de Evo Morales por no asistir a su audiencia cautelar en el caso de trata y tráfico que lo involucra, los seguidores del expresidente del Estado determinaron reforzar la seguridad en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, para evitar su aprehensión.

Asimismo, se declaran en estado de alerta y advierten con paralizar todas las carreteras de Cochabamba y del país para defender “con sus vidas” al expresidente.

“Existe persecución. No vamos a permitir que quieran atrapar, querer detener y enviar a Estados Unidos (a Evo Morales). Al contrario, queremos declarar al Gobierno y al ministro de Gobierno, no se equivoquen; tocan al hermano Evo, tocan al pueblo. Vamos a reforzar más la seguridad”, dijo Isidro Auca, secretario general Federación Única Centrales Unidas del Trópico, en radio Kawsachun Coca.

Aseguró que están firmes para “defender al hermano Evo, así sea con nuestras vidas”.

Asimismo, cuestionó a la Fiscalía de Tarija por actuar sin “ética” y remarcó que los evistas no tienen “miedo” al Gobierno; que busca “eliminar a Evo Morales de los comicios generales de 2025”.

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Evo Morales

El dirigente indicó que están en estado de alerta contra el Gobierno y ante cualquier llamado las organizaciones sociales responderán y paralizarán las carreteras hacia Cochabamba y si es necesario de todo el país.

“Estamos atentos a todo lo que pueda pasar. Todas las organizaciones sociales vamos a paralizar los caminos a Cochabamba y por qué no de todo el país, todos estamos alertas con el pueblo”, complementó.

Este viernes, el juez Nelson Rocabado, del juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija, declaró en rebeldía a Morales y dispuso su arraigo; la anotación de bienes y ordenó su aprehensión.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público lo imputó en octubre de 2024 por el presunto delito de trata agravada de personas.

Tras la declaratoria de rebeldía del expresidente Evo Morales, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este viernes que el juicio contra el líder cocalero se “va a suspender hasta que él aparezca” e indicó que se espera la orden de aprehensión de la Justicia para dar su cumplimiento.

“Ya está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca. Entonces esa sería, en este momento la situación jurídica del señor Juan Evo Morales”, dijo la autoridad. 

El juez Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5 de Tarija, Nelson Rocabado, dispuso la búsqueda y orden de aprehensión contra Morales, tras declararle en rebeldía, luego que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares.

Además, dispuso el arraigo nacional, la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público lo imputó en octubre de 2024 por el presunto delito de trata agravada de personas.

Gutiérrez reiteró que solicitarán que el juez, a través de Secretaría, les remita “lo antes posible” la orden de aprehensión y se pueda entrar a otra etapa en este caso.  

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“Ya tenemos mandamiento de aprehensión emitido por el juez, ya no por el Ministerio Público. El que teníamos como Ministerio Público queda sin efecto, tomando en cuenta que ya hemos entrado a otra etapa”, señaló.

Sobre la audiencia cautelar, la fiscal indicó que la defensa de Morales presentó una recusación contra el juez, pero que esta fue desestimada.

Además, indicó que, en la valoración médica, ante el incumplimiento y la revisión en conjunto de otras documentaciones que presentaron los abogados defensores y otros certificados médicos, conforme establece el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, «no son impedimentos jurídicos valederos».

“Haciendo una valoración de todos estos aspectos y otros también que han sido discutidos dentro de esta audiencia, es que el juez ha terminado por no aceptar porque no han cumplido lo que establece el artículo 88”, indico.

Dijo que esa no sería una causal de impedimento para que Morales no se haya presentado, por lo que el juez determinó la declaratoria de rebeldía, el arraigo a nivel nacional y la anotación preventiva de sus bienes.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó sobre la construcción de complejos penitenciarios en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Esta iniciativa busca mitigar el hacinamiento en las cárceles del país, brindar condiciones dignas a los reclusos y fortalecer la reinserción social.

“Ya es una decisión de ver la infraestructura de Palmasola, en Santa Cruz, por ejemplo, del penal de San Pedro, en La Paz, con los penales más hacinados y con infraestructura ya tan precaria en el tiempo. Lo mismo que en Cochabamba, estamos viendo de tener los complejos penitenciarios” dijo en La Razón Radio.

Hacinamiento

Según datos de Régimen Penitenciario, la población carcelaria creció un 33.1% entre 2022 y 2024, pasando de 19.300 a 30.659 reclusos. Según datos oficiales, el 62.7% de los internos está en detención preventiva, mientras que solo el 37.3% tiene sentencia condenatoria.

Los departamentos con mayor número de privados de libertad son: Santa Cruz: 11.241 (6.673 en detención preventiva); La Paz: 6.196 (4.286 en detención preventiva); Cochabamba: 4.472 (3.475 en detención preventiva).

Limpias reconoció que la infraestructura actual no es suficiente y que las condiciones de habitabilidad son precarias en muchas cárceles.

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Plan de complejos penitenciarios

El director explicó que los complejos penitenciarios son espacios diseñados para agrupar a todos los privados de libertad, hombres y mujeres, “completamente separados”. Sin embargo, más allá de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, se busca que cuenten con los recursos necesarios para fomentar la reinserción social. Esto se logrará a través de “pilares” como la educación, el trabajo, la cultura, el deporte y la salud, “que el mundo reconoce como pilares de la reinserción social”.

Según Limpias, el proyecto contempla la construcción de grandes complejos penitenciarios, sobre todo en el eje troncal del país donde se registra un mayor hacinamiento.

Santa Cruz: Se disponen de 35 hectáreas en Palmasola; La Paz: En Chonchocoro, con 236 hectáreas disponibles, se desarrollará un complejo que usará entre 40 y 50 hectáreas; Cochabamba: En el municipio de Arani, con 16.5 hectáreas.

También destacó avances en seguridad con la implementación de cámaras de videovigilancia, sensores de movimiento y escáneres corporales para detectar armas y sustancias prohibidas.