El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) designó el jueves 16 como su presidente a Rogelio Mayta por el periodo 2025, en remplazo de magistrado Íñigo Salvador Crespo.

“El magistrado presidente Rogelio Mayta, de acuerdo a la normativa, representará al Tribunal, dirigirá las actividades judiciales y administrativas de la corte andina y presidiera tanto las sesiones del TJCA como las audiencias que se realicen durante su periodo”, se lee en parte del comunicado institucional.

Añade que bajo la presidencia de Mayta, el TJCA continuará ejecutando sus funciones al servicio de la integración andina, el derecho comunitario y los intereses de los ciudadanos andinos.

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El excanciller fue posesionado el 15 de noviembre de 2023 como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deben tener residencia permanente en la sede de sus funciones que, en este caso, es Quito, Ecuador.

La TJCN es presidido rotativamente por un magistrado por un período de un año. Dicha función es ejercida según el orden que acuerden entre ellos o por sorteo.

Su función es la de interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, controlar la legalidad de los actos y omisiones de los órganos comunitarios, y dirimir las controversias sobre cumplimiento de obligaciones de los países andinos.

La Fiscalía General del Estado presentó la ampliación de la imputación contra 23 militares procesados por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, esto en relación a los hechos registrados el 26 de junio cuando tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.

Mirtha Mejía, directora de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, informó que existe los indicios correspondientes de todas estas personas que fueron participes “en la ejecución del golpe fallido”. 

“Son 23 personas, todas militares de rango superior, entre los cuales están el comandante general del Ejército (Juan José Zúñiga), comandante general de la Armada Boliviana (Juan Arnez), entre otros. Se está desarrollando las investigaciones correspondientes bajo la dirección funcional de una comisión de fiscales”, señaló.

En diciembre del año pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que esa cartera de Estado solicitó investigar a los militares detenidos por la asonada militar por otros tipos penales que cometieron en la toma de la plaza Murillo.

Dijo que la ampliación de la investigación es para que “el día de mañana algunas personas no puedan alegar que estaban cumpliendo alguna instrucción”.

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Mencionó entonces que los militares investigados “sabían” que estaban generando un “golpe de Estado” dentro el país, por lo que se espera que máximo hasta febrero se esté presentando o tramitando la acusación formal y posterior a ello el juicio oral.

El 26 de junio, un grupo de militares, encabezado por entonces comandante del Ejército; general José Zúñiga, tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.

Entonces, los militares intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Quemado, golpeando la puerta con una tanqueta. Zúñiga anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.

El jefe militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce en el ingreso al Palacio Quemado, pero la situación no pasó a mayores. Al final, Zúñiga huyó de la plaza y fue aprehendido, no sin antes implicar al mandatario. Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba.

Por este hecho, al menos 35 personas entre civiles y militares son investigados y 27 ya cuentan con una imputación formal por la Fiscalía.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo este lunes que la expresidenta Jeanine Áñez, Marco Pumari, su persona y los cientos de bolivianos perseguidos y encarcelados quedarán en libertad cuando se recupere la democracia con el voto y “jamás con el perdón” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Indicó que no van esperar ni pretender amnistía de los “verdugos de la democracia”, porque no solo son tres, sino cientos de presos políticos.

Las declaraciones del gobernador detenido surgen luego que el exministro de Justicia Iván Lima sugirió al Gobierno dar el indulto y amnistía “si uno quiere reconciliarse y quiere un (gran) pacto (social)”.

“Lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento donde se busca paz, donde se busca establecer reconciliación y todo lo que ha dicho el presidente (Luis Arce)”, dijo el exministro.

Al respecto, Camacho aseveró que Lima es un personaje que “hoy no tiene ni respeto intelectual ni vigencia alguna” y que su propuesta, “además de ir en contra de la dignidad del pueblo”, no se merece tomar con seriedad.

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“Somos presos políticos por defender la democracia, lo que corresponde es anulación de procesos y en ningún caso hemos pedido ni amnistía ni perdón del masismo. Los bolivianos sabemos que el gobierno de Luis Arce ha pasado todos los límites democráticos y, prácticamente, es una dictadura que ha inventado procesos y secuestrado autoridades”, afirmó.

Agregó que no van a caer en “debates falsos” y en propuestas de “gente sin moral”. Dijo que Lima “era Ministro de Justicia cuando se hicieron esos montajes jurídicos y se apresó y secuestró a las autoridades que hoy somos presos políticos”.

La propuesta de Lima fue criticada por legisladores evistas, quienes indicaron que con este planteamiento muestran su alianza y el sabotaje para no sancionar el golpe de 2019.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Luis Adolfo Flores (evista), indicó que no puede haber reconciliación, amnistía o perdón sobre la base “de sangre derramada de decenas de bolivianos”.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia, buscan fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones y promover el fortalecimiento del Órgano Judicial en Bolivia.

Durante la reunión, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, junto con los magistrados, expresó su agradecimiento a la visita de Hevia y destacó la importancia de este acercamiento.

La representante diplomática subrayó el simbolismo de este encuentro en un momento histórico para Bolivia y señaló que “es un mejor momento para mejorar la relación entre la embajada y el TSJ, más aún cuando celebramos el Bicentenario de Bolivia”.

Hevia también resaltó que este año marca 175 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bolivia y reafirmó los valores democráticos que comparten ambas naciones.

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“Bolivia necesita una justicia transparente y oportuna, y nos honra contribuir a este objetivo”, añadió.

En un gesto de reconocimiento, la diplomática destacó que “nunca me sentí tan bien recibida” e indicó que “es un honor ser recibidos de esta manera”.

La diplomática felicitó a los nuevos magistrados “por su nueva gestión a la cabeza de la justicia”.

Los magistrados del TSJ coincidieron en la necesidad de reafirmar los lazos de cooperación con Estados Unidos y otros actores internacionales, subrayando su compromiso con la construcción de un órgano judicial más fuerte e institucionalizado, en beneficio de todos los bolivianos.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este lunes que el presidente Luis Arce, en su momento, se comunicó con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y respondió a la convocatoria del encuentro nacional.

Además, dijo que el mandatario participará del encuentro que se va a realizar para garantizar que se realicen las elecciones generales 2025, previstas para agosto. 

“Yo escuchaba por ahí, decían, el Presidente no ha respondido a una convocatoria, para nada, yo tengo que decirles que el Presidente se ha comunicado con el Presidente del TSE en su momento (y) va a participar de la convocatoria que también se va a realizar para garantizar las elecciones generales en el mes de agosto”, dijo.

En el informe de rendición de cuentas del TSE, Hassenteufel exhortó el 3 de enero al presidente Arce convocar a la “brevedad posible” a un “gran encuentro nacional” para garantizar la realización de las elecciones generales.

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“Formulamos una respetuosa exhortación al presidente del Estado para que a la brevedad convoque a un gran encuentro nacional con presencia de todas las fuerzas políticas, líderes nacionales, presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, de las cámaras de senadores y diputados, encuentro en el que se aborden algunos temas relacionados con la próxima elección”, dijo entonces.

El titular del TSE añadió que en ese encuentro se debe “garantizar que todos respeten las decisiones que asuma el Órgano Electoral en los temas estrictamente electorales”, además de “asumir el compromiso formal de que se respetará a plenitud el principio de preclusión”.

Alcón reiteró que existe un compromiso del mandatario de participar de la reunión e indicó que este proceso de las elecciones generales tiene que llevarse adelante.

El jueves, el TSE y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmaron un acuerdo de colaboración para dar certidumbre del proceso electoral previsto para agosto.

El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, indicó el jueves que “a la ciudadanía en general queremos darle la certidumbre necesaria, y obviamente al sistema político en general, que las elecciones generales de 2025 se llevarán con normalidad”.