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Monday 26 Feb 2024 | Actualizado a 01:22 AM

Juez fija para este martes el juicio abreviado para dos exministros por el caso Golpe I

El anuncio fue hecho por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien señaló que en el acto procesal la autoridad judicial definirá la sentencia condenatoria contra los acusados.

Los exministros Guzmán y Coímbra, detenidos. Foto: ABI

/ 3 de diciembre de 2023 / 19:58

Este martes 5 se realizará el juicio abreviado de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I.

El anuncio fue hecho por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien señaló que en el acto procesal la autoridad judicial definirá la sentencia condenatoria contra los acusados.

“Ante el juez cautelar hemos solicitado que se pueda considerar una solicitud de procedimiento abreviado. Se ha solicitado en favor de los dos señores (…). El juez ha señalado para el día martes (el juicio abreviado)”, remarcó Alave.

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Coímbra y Guzmán fueron parte del gabinete de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, en las carteras de Justicia y de Energías, respectivamente.

Derrocamiento

El caso Golpe de Estado I indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Áñez se encuentra en la cárcel de Miraflores de La Paz. Fue sentenciada, en primera instancia, a 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II. La Fiscalía la acusó de haber tomado el poder sin el quórum de la Asamblea y vulnerando el reglamento de debates del Senado.

Camacho es el principal sindicado del caso Golpe I. El ahora gobernador fue aprehendido en diciembre del año pasado en Santa Cruz. Se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz.

“Admitimos la comisión del delito de encubrimiento (art. 171) en relación al delito de asociación delictuosa (art. 132), tipificado en el Código Penal, renunciado al juicio oral público y contradictorio”, dice la parte sustancial del memorial presentado por los exministros a la Fiscalía.

El fiscal Alave remarcó que “estamos solicitando una sentencia condenatoria en base a los tipos penales que se van a discutir en la audiencia. En audiencia se va a determinar los años de sentencia”.

Con Coímbra y Guzmán son seis los acusados que se declararon culpables. Hace tres semanas, bajo esa condición, cuatro exjefes militares fueron sentenciados: el excomandante del Ejército general Pastor Mendieta; el excomandante de la Armada almirante Palmiro Jarjury; el excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros y el exjefe del Estado Mayor almirante Flavio Arce San Martín.

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Mercado indica que hay 35 proyectos de ley ‘bloqueados’ en la Cámara de Diputados

El jueves y viernes se llevó a cabo una sesión bochornosa en la Cámara Baja, con agresiones verbales y físicas.

El hemiciclo de la Cámara de Diputados.

/ 25 de febrero de 2024 / 13:34

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Jerges Mercado, del bloque arcista, indicó este domingo que hay 35 proyectos de ley “bloqueados” en esa instancia, debido a los desencuentros con el ala evista del oficialismo, y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Señaló que la no aprobación de estos documentos se debe a la posición de evistas y opositores de debatir primeramente las leyes 073 y 075 contra la prórroga de magistrados y consejeros judiciales, a lo que calificó como un “pretexto para perjudicar la gestión del presidente Luis Arce”. “No les importa sacrificar a todo el país”, dijo.

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El jueves y viernes se llevó a cabo una sesión bochornosa en la Cámara Baja, con agresiones verbales y físicas. Fue una muestra más de la pulseta entre el bloque arcista (que exige debatir primeramente siete créditos externos demandados por el Gobierno); y el ala evista, que con CC y Creemos pretenden dar prioridad a las leyes antiprórroga.

Al final, se aprobó simplemente un crédito externo y se suspendió la sesión hasta el martes, sin horario. Para Mercado, hay una clara “intencionalidad” de perjudicar a la gestión gubernamental; ya que se busca que “800 millones de dólares en créditos no ingresen a la economía nacional”.

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Robo de ganado deja pérdidas por $us 15,9 millones en cinco años

La Fegasacruz señala que ‘existen poblaciones rurales con organizaciones criminales conformadas por redes o clanes familiares especialistas’ en esta actividad delictiva

Las reses de ganaderos grandes, medianos y pequeños están en la mira de los abigeatistas, sobre todo en Santa Cruz y Beni.

/ 25 de febrero de 2024 / 06:58

Tuvieron que pasar casi 12 años para una sentencia. Dos ladrones fueron condenados a la cárcel en Santa Cruz, por el robo de 1.520 cabezas de ganado a tres estancias de la localidad de Pailón, causando un daño estimado de Bs 11 millones a los productores.

El abigeato o apropiación indebida de ganado campea en el país, sobre todo en el oriente, léase Santa Cruz y Beni. Según los datos proporcionados a LA RAZÓN por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la comisión de este delito causó la pérdida de $us 15,9 millones en el último quinquenio (ver infografía).

El fallo en el caso Pailón es considerado histórico por el abogado de los afectados, Jorge Pérez, porque sienta un precedente. El hecho ocurrió en 2012, en la provincia Chiquitos, y es un común denominador sobre los implicados y el modus operandi que están inmersos en estos hechos. Destapó a una red delictiva bien hilvanada.

Durante dos años, los abigeatistas transportaban a las reses de un predio a otro, para engañar al censo de sus propietarios. Operaban bajo la complicidad de la noche. Borraban las huellas de sus fechorías usando tractores y ramas. En ese trayecto, vendían el ganado a terceras personas, a buenos precios. Parecía el crimen perfecto.

SENTENCIA

Sin embargo, los dueños se dieron cuenta de la falta de animales y sentaron la denuncia. Peregrinaron por justicia durante casi 12 años. Hasta que a comienzos de febrero de esta gestión, un tribunal sentenció a Juan Salvatierra y Darko Kanez a cinco años y cuatro meses, y tres años y dos meses de prisión, respectivamente.

En la mayoría de casos, los ladrones no pagan su delito. La Fegasacruz estima que solo el 50% de casos son denunciados. En una nota de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente, José Luis Farah, subraya que las “mafias de abigeatistas están poco tiempo en la cárcel”, que “hay muy pocos sentenciados”.

Ganaderos grandes, medianos y pequeños, sin distinción, están en la mira de estos delincuentes, advierte la Fegasacruz, en todos los departamentos, en todas las provincias, “pero con más intensidad”, apuntan a “los productores asentados en municipios cercanos a los centros masivos de consumo o que tienen vías rápidas de acceso”.

El mayor botín es el ganado de alto valor genético lechero o de carne, que requiere de importante inversión. “Existen poblaciones rurales con organizaciones criminales conformadas por redes o clanes familiares especialistas en abigeato, desde donde hacen la vigilancia o sistema de espionaje, muchas veces camuflados como cazadores, pescadores o transeúntes”, remarca la Fegasacruz.

Para Farah, según la revista Publiagro, las mafias están tan bien hilvanadas que se presentan a las audiencias judiciales con hasta tres abogados, o sea, manejan importantes recursos económicos. “Se mueven robando ganado vivo para faena y venta de la carne en friales”, y circulan por las trancas sin ningún control que los frene.

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De acuerdo con las estadísticas proveídas por la Fegasacruz, las pérdidas fueron en ascenso desde 2020 hasta 2023, con $us 2,3 millones, $us 2,9 millones, $us 3,4 millones y $us 3,8 millones, respectivamente. De 2019 a 2023, se robaron 24.660 cabezas de ganado bovino y los ganaderos afectados asciendieron a 2.466.

La Fegasacruz indica que los denunciantes deben enfrentarse también a una “red de factores negativos”, sean institucionales, organizacionales y financieros, para que se investiguen los casos, “dando la percepción de que más serán los gastos económicos y tiempo dedicado, que la posibilidad de llegar a castigar con penas de presidio efectivas” a los culpables.

Eso no es todo. Las víctimas de estos robos también son amedrentadas por los sindicados ante la Justicia, añade la Fegasacruz, “por tanto, existe un ambiente de inseguridad jurídica y, no pocas veces, corre riesgo su seguridad física”. Y existe otro problema que subraya la federación: el riesgo sanitario que provoca el abigeato.

Es que la carne faenada por estos ladrones no cuenta con un veterinario acreditado a nivel de matadero que certifique su condición sanitaria, ya que ello es realizado de forma clandestina, lo que abre las puertas a enfermedades por bacterias, parásitos o virus, léase brucelosis, triquinosis, tuberculosis bovina, hidatidosis e intoxicaciones.

El artículo 350 del Código Penal castiga el abigeato con hasta seis años de cárcel, si hay dos o más cabezas robadas de “ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino o camélido sudamericano”, si es cometido por dos o más personas y si hay animales de alto valor genético implicados, entre los puntos principales.

Uno de los casos que causó más repercusión el año pasado involucró a una res, la gran campeona de la Agropecruz 2023 de la raza girolando: Rachapau Aurea 5648 Byway Fiv. Sucedió a finales de julio, en el municipio cruceño de Okinawa, cuando el animal desapareció de su estancia junto a otras vacas.

A los pocos días, se descubrió que fue faenada. El golpe económico a su propietario fue muy duro, por la inversión para este ejemplar de alto valor genético subastado en $us 10.000. “Si lo dividimos por días del año, nos roban 15 cabezas por día”, denunció su dueño, Klaus Frerking. Un ejemplo del impacto del abigeato en el país.

La audiencia de sentencia sobre el caso de robo de 1.520 cabezas de ganado, el 7 de febrero.
La audiencia de sentencia sobre el caso de robo de 1.520 cabezas de ganado, el 7 de febrero.

Se busca ampliar la sanción hasta 12 años de cárcel

En septiembre de 2018, se apuntaba a poner zancadillas al delito de abigeato o robo de ganado en el país. Se promulgaba una ley que creaba el Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato y se modificaba el artículo 350 del Código Penal para el endurecimiento de las sanciones contra quienes se dedican a esta actividad ilícita.

A poco más de cinco años, los abigeatistas aún hacen de las suyas en las estancias ganaderas, sobre todo las asentadas en Santa Cruz y Beni, generando cuantiosas pérdidas a los productores. Según datos proveídos a LA RAZÓN por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), en el último quinquenio el daño económico asciende a $us 15,9 millones.

Ahora, los ganaderos han puesto en duda la efectividad del Consejo y también señalan que la pena de prisión debe ser ampliada. Por ejemplo, el Código Penal establece que quienes incurren en este delito recibirán entre seis meses y un año de cárcel si roban una “cabeza de ganado porcino, caprino u ovino”, junto a otras conductas.

GANADO

La sanción sube a entre dos y cuatro años de prisión si el robo implica a “una cabeza de ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino o camélido sudamericano”. Y trepa a entre cuatro y seis años de privación de libertad por “dos o más cabezas de ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino o camélido sudamericano”.

Además, el hecho debe ser cometido por dos o más personas; “se trate de animales de alto valor genético; la persona autora mantenga una relación de dependencia laboral con la víctima; el hecho se cometa en ocasión de un desastre natural, convulsión popular o aprovechándose de un accidente, o de un infortunio particular, o que el bien se halle fuera de control del dueño; o se utilicen armas de fuego o se ejerza violencia sobre las personas”.

La Fegasacruz remarca que la “baja penalidad provoca en la mayor parte de los casos que el abigeatista salga libre”. Ante esto, se presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, para que la reclusión de los abigeatistas se amplíe a entre ocho y 12 años. El documento se encuentra en la Cámara de Diputados, en fase de revisión, y se solicitó datos complementarios, como estadísticas del delito, y que se subsanen algunas observaciones sobre la pena y el tipo penal.

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Si Camacho retorna a Santa Cruz para su juicio oral, ¿puede volver a ser Gobernador titular?

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional determinó que Aguilera asuma de forma interina el cargo de Camacho, quien está imposibilitado de llevar a cabo sus funciones por su detención preventiva.

Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera. Foto: RRSS

/ 10 de febrero de 2024 / 13:38

El debate y la polémica están abiertos. La Justicia pidió que el gobernador convicto Luis Fernando Camacho afronte en Santa Cruz su juicio oral por el caso Decretazo, desde el martes 11 de marzo a las 13.00. Ya hay voces que señalan que si se aplica esta decisión, retomará automáticamente sus funciones que fueron asumidas de manera interina por Mario Aguilera.

La investigación se refiere a la promulgación del decreto departamental 373, en marzo de 2022. Entonces, Camacho se ausentó a Brasil y, de acuerdo con el documento, delegaba sus tareas al secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro; y no así al entonces vicegobernador Aguilera, tal como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

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No solamente eso. Tras los cuestionamientos a la norma supuestamente firmada por Camacho, se la eliminó de la Gaceta Departamental Oficial. El Gobernador se encuentra en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, desde diciembre de 2022, en el marco de las indagaciones por el caso Golpe de Estado I, sobre el derrocamiento al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Camacho y su juicio oral

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional determinó que Aguilera asuma de forma interina el cargo de Camacho, quien está imposibilitado de llevar a cabo sus funciones por su detención preventiva. En enero, pese a la resistencia de la Asamblea Legislativa Departamental y los seguidores del exlíder cívico, el Vicegobernador juró al cargo.

“Estando en el territorio (cruceño) y de manera inmediata, el gobernador Luis Fernando Camacho asume de nuevo las funciones de Gobernador electo y el Vicegobernador también sigue con sus funciones”, indicó el abogado defensor de la autoridad departamental encerrada en Chonchocoro, Martín Camacho, tras anunciar la notificación en el caso Decretazo.

Mientras que Efraín Suárez, integrante del equipo jurídico de Camacho y exasesor de su gestión como Gobernador, ratificó esto a Unitel. “Una vez el Gobernador pise suelo cruceño reasume las funciones de Gobernador del departamento, acatando la sentencia constitucional 1021/2023-S4. Esto debería realizarse de manera directa, sin necesidad de ningún trámite”.

Ahora queda la notificación con esta decisión a la Dirección General de Régimen Penitenciario y si ésta es atendida.

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La prórroga traba el debate en la Cámara de Diputados

El bloque evista del MAS y la oposición exigen discutir primero la prórroga de magistrados; el ala arcista, los créditos para el Estado.

La sesión de la Cámara de Diputados que fue dirigida por su presidente Israel Huaytari.

Por Miguel Gómez

/ 9 de febrero de 2024 / 01:24

Una nueva pugna en la Asamblea Legislativa. La sesión convocada por la Cámara de Diputados quedó en cuarto intermedio por el tira y afloja sobre si se debe debatir primero la prórroga de los magistrados y los consejeros o los créditos para el Estado. 

A las 16.00 de ayer comenzó la convocatoria del presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari (MAS), y se prolongó hasta las 22.00, pero no se pudo aplicar la agenda establecida debido a que los legisladores se enfrascaron en el debate sobre si debe darse prioridad a la discusión a los proyectos de ley de créditos o los que dictan la cesación de las funciones los magistrados y los consejeros prorrogados.

Ante ello, se determinó la suspensión de la sesión. “Se comunica a las diputadas y diputados que la 48 sesión ordinaria fijada para el día de hoy jueves 8 de febrero de 2024, queda suspendida en acuerdo por las jefaturas nacionales de bancada. La nueva convocatoria a sesión plenaria será emitida la siguiente semana, conforme a reglamento con 24 horas de anticipación” (sic), dicta el comunicado emitido por la cámara.

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Ante la aprobación del proyecto de Ley 144 para las elecciones judiciales, tras un acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, y su promulgación, quedaba pendiente la discusión legislativa de otros puntos, como los créditos en beneficio del Estado y la prórroga de los magistrados.

La oposición y el bloque evista del MAS exigen que se discuta primeramente los proyectos de ley 073 y 075, que dictan la cesación de las funciones de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, cuyo mandato acabó el 31 de diciembre de 2023, pero fue extendido por el Constitucional ante las fallidas elecciones judiciales. Sin embargo, el sector evista del oficialismo plantea que se debata primero los créditos.

El 2 de febrero, con el fin de encontrar una salida a la crisis judicial, el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, propició un diálogo entre las tres fuerzas políticas.

Para entonces, una comisión de seis legisladores presentó su informe respecto de los acuerdos sobre el proyecto de Ley 144. En el primer punto del acuerdo, disponía la aprobación del proyecto de ley el 5 de febrero en la Diputados. Al día siguiente, su sanción en Senadores.

Si bien en tediosos debates, la norma fue sancionada y en la tarde del martes el presidente Luis Arce la promulgó como Ley 1549.

El segundo punto del acuerdo genera confusión y divergencias ahora. Plantea el “tratamiento” de los proyectos de ley 073 (sobre la suspensión de plazos procesales) y 075 (sobre al cese de funciones de magistrados y consejeros prorrogados) en la sesión siguiente a la “aprobación” del proyecto de ley 144 y de al menos cuatro créditos.

Agenda

Textualmente, el punto 2 del acuerdo señala: “Respecto de los proyectos de Ley Nro. 073/22-23 y 075/22-23, los mismos serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley Nro. 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley indicados en el punto 3”.

El punto 3 del acuerdo especifica el tratamiento y aprobación, en Diputados y Senadores, “entre el 5 y 9 de febrero”, de los siguientes proyectos de ley de créditos: 145/ 23-24, 268/22-23, 156/23-24, 079/23-24, 189/23-24, 254/23-24 y 255/23-24.

En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el jefe de bancada de Diputados del MAS, Jerges Mercado, develó que en el diálogo el 2 de febrero, la oposición quiso “imponer” el orden de la consideración de los proyectos. Dijo que incluso los borradores del acuerdos fuero mandados “al Chapare”, en alusión a Evo Morales, y a Carlos Mesa, líder de CC.

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Mesa: CC no viabilizará créditos ni judiciales si no se aprueba que los ‘prorrogados se vayan a su casa’

El jefe de la alianza opositora, Carlos Mesa, apuntó al gobierno de Luis Arce de romper el acuerdo firmado el 2 de febrero por la comisión bicameral.

La conferencia de Carlos Mesa, jefe de CC. Foto: Roberto Guzmán

/ 7 de febrero de 2024 / 17:43

Comunidad Ciudadana (CC) rechazó este miércoles el orden del día para la sesión del jueves en la Cámara de Diputados y amenazó que no viabilizará créditos ni la convocatoria a las judiciales si no se aprueba primero que los magistrados “prorrogados se vayan a su casa”.

El jefe de la alianza opositora, Carlos Mesa, apuntó al gobierno de Luis Arce de romper el acuerdo firmado el 2 de febrero por la comisión bicameral conformada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), CC y Creemos, para reencaminar el proceso de los comicios.

En conferencia de prensa, el expresidente remarcó que el pacto tenía tres objetivos. Primero, perfeccionar y aprobar una ley que destrabe el proceso de las judiciales; segundo, que “los prorrogados se vayan a su casa por son usurpadores de las funciones que están ocupando”.

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Y tercero, que interesaba sobre todo al Gobierno, la aprobación de créditos que, en su criterio, son de interés para el país. “El acuerdo es integral, no es que se cumple una parte sí y otra no”, señaló Mesa, acompañado de diputados y senadores de su bancada en la Asamblea.

Prorrogados

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS), hizo un cambio en el orden del día de la sesión ordinaria del jueves, a las 15.00, en el cual incluyó el debate de las leyes 073 y 075, que tienen que ver con la prórroga de mandato de los magistrados.

Sin embargo, figuran en los últimos dos puntos de la agenda, ya que antes se discutirán siete proyectos de ley que tienen que ver con créditos para programas y proyectos. Ello provocó una airada objeción de la oposición, ya que pide dar preponderancia a las normas 073 y 075.

Mesa indicó que el acuerdo del 2 de febrero tiene cuatro puntos. Uno, la aprobación de la Ley 144 para las judiciales, que fue promulgada el martes por el presidente Arce, en un acto en la Casa Grande del Pueblo, y solo resta una resolución legislativa para la convocatoria al proceso.

“El segundo punto, es importante decirlo, establecía la aprobación de las leyes 073 y 075, para que los prorrogados se vayan a su casa, lo que debe debatirse por tiempo y materia, es decir que no se puede tratar ninguna otra ley hasta tanto no sean aprobadas estas dos leyes”.

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Por ello, el exmandatario subrayó que hay “una ruptura del acuerdo que se firmó”. “La convocatoria que acaba de conocerse mediante el presidente Huaytari establece un orden de aprobación de leyes económicas, de crédito, por encima y por delante de las leyes 073 y 075”.

Acuerdo del 2 de febrero

El documento del 2 de febrero, firmado por representantes de las tres fuerzas políticas con presencia en el Legislativo, establece, primero, la sanción de la Ley 144 para reencaminar las judiciales, la que hoy fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado con el número 1549.

Sobre las leyes 073 y 075, se habla de su tratamiento y no su aprobación. “Serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley 144, y de al menos 4 Proyectos de Ley indicados en el punto 3” (sic), reza el acuerdo.

En el punto 3, se indica que entre el 5 y el 9 de este mes, en las sesiones de las cámaras de Diputados y de Senadores “se tratarán y aprobarán conforme a los informes de la respectiva comisión, siete proyectos de ley de financiamiento sobre la agenda económica del Gobierno.

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Mesa adelantó que CC no acepta el orden del día. “No se va a aprobar ningún tipo de créditos si no se altera el orden del día, y todavía tiene la oportunidad el señor Huaytari de cambiar esa convocatoria, de lo contrario se está rompiendo el compromiso de buena fe del gobierno del presidente Arce”.

Imperativo de CC

Dijo que es un imperativo que los magistrados y los consejeros prorrogados, cuyo mandato acabó el 31 de diciembre de 2023, “se vayan a su casa”. Y sentenció: “No daremos pie ni en la viabilización de la ley de elecciones judiciales, ni en la viabilización de los créditos si no se establece con claridad que los autoprorrogados se vayan a casa”.

“Esta es una forma de decirle al Gobierno basta ya de trampas, que el orden de los factores no altera el producto; en este caso el orden de los factores sí altera el producto”, señaló, en respuesta al presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, quien este miércoles en La Razón Radio indicó que no importa el orden en que se aprueben los proyectos.

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