Los procesos judiciales contra la gestión transitoria de Jeanine Áñez retomaron la atención pública la anterior semana, por los casos de las exministras Roxana Lizárraga y Eidy Roca. Así, surge una interrogante: ¿cuántos casos afrontan la expresidenta y su gabinete?

Lizárraga, titular de Comunicación en el polémico mandato de la exsenadora opositora (del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020), fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, por 182 movimientos bancarios irregulares por Bs 247.072 cuando cumplía sus funciones. 

Jeanine Áñez

Está prófuga de la Justicia e instaló su residencia en Estados Unidos. Su abogado, Franklin Amaru, anunció una apelación, mientras que Lizárraga denunció “persecución política”. Pero eso no es todo, ya que afronta otra investigación por la internación ilegal de material antidisturbios de Ecuador, que se encuentra en la fase del juicio oral.

Una revisión de periódicos y de páginas electrónicas de medios muestra que Áñez y 18 de los 34 ministros de su gestión cargan sobre los hombros al menos 37 procesos judiciales (ver cuadro): unos con sentencia, otros listos para juicio oral, unos con imputación o acusación fiscal, otros en medio de pesquisas y algunos simplemente en la congeladora, sin avances.

Por el caso Golpe de Estado II, la expresidenta cumple una condena de 10 años en el penal de Miraflores en La Paz, por su proclamación ilegal en 2019. Y se ventilan otros cuatro casos en su contra: por las masacres de Sacaba y Senkata, el derrocamiento de Evo Morales (Golpe de Estado I), un nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), y la venta ilícita de Jet-Fuel. 

Sus ministros

Entre los 37 procesos judiciales hay cuatro con sentencia. Dos se refieren a los procesos descritos contra Áñez y Lizárraga. Otra tiene que ver con el caso Golpe de Estado I, ya que si bien resta instalar el juicio oral contra los principales acusados —entre ellos la exmandataria y el gobernador encarcelado cruceño Luis Fernando Camacho—, se emitieron condenas mediante procesos abreviados.

Así sucedió con Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, extitulares de Justicia y de Energía, respectivamente, quienes admitieron en un juicio corto la comisión del delito de encubrimiento, con relación al delito de asociación delictuosa, y fueron sentenciados a dos años de prisión. Similar decisión asumieron cuatro exjefes militares que eran parte del caso.

Urea

El cuarto excolaborador de la era Áñez con condena es Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, quien está prófugo. En noviembre del año pasado fue sentenciado junto a Herland Soliz, extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a ocho años de cárcel por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Pero, ¿cuál exautoridad tiene más casos abiertos? Áñez arrastra cinco, al igual que el alcalde paceño Iván Arias (extitular de Obras Públicas); Luis Fernando López (Defensa) tiene cuatro; Guzmán, la misma cifra; y con tres cada uno figuran Zamora, Álvaro Coímbra (Justicia) y Yerko Núñez, quien dirigió los ministerios de la Presidencia y de Obras Públicas (revisar más datos en el cuadro).

Y quien ocupa el primer sitial es el brazo derecho de Áñez durante su mandato, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, con al menos 10 procesos, quien cumple una condena en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente precisamente de uno de los casos indagados en el país: la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones.

Procesos

Según un listado del Ministerio de Gobierno, los otros nueve “procesos sustanciados” contra el exlegislador de Unidad Demócrata (UD) tienen que ver con las masacres de Sacaba y Senkata; el material antidisturbios internado irregularmente de Ecuador; la extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo; o el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en 2020.

Además, se lo indaga por legitimación de ganancias ilícitas; la desaparición de horcones de droga; contratos lesivos al Estado en cuanto a aeronavegabilidad y dotación de catering a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); y por “bloquear” la libertad de un reo en la penitenciaría de Palmasola, en Santa Cruz.

Aparte, la pesquisa por las masacres de Sacaba y Senkata, del 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, es la que implica a más exautoridades: Áñez, Murillo, López y Zamora; la Fiscalía pedirá en el juicio oral 30 años de prisión. Le sigue el caso Golpe de Estado I, que involucra a Áñez, López, Coímbra y Guzmán, aunque estos dos últimos ya tienen condena.  

Acusados

Otros procesos “compartidos” son por el material traído ilícitamente de Ecuador (Murillo, López y Lizárraga); las ganancias ilícitas por el sobreprecio en la compra de gases (Murillo y López); otro caso similar que implica a Coímbra y Guzmán; la venta ilegal de Jet-Fuel (Áñez y Arias); un caso de discriminación y otro por el Tren Metropolitano (Arias y Núñez); y uno de conducta antieconómica, contra Núñez y Óscar Ortiz, exministro de Economía y de Desarrollo Productivo.

Eidy Roca, extitular de Salud, es acusada de la adquisición irregular de respiradores chinos durante la pandemia, junto a otras siete personas, por un daño de $us 10 millones. Esta semana, su salud deteriorada volvió a la palestra pública, por una enfermedad incurable, y se apunta a apartarla del proceso listo para juicio.

Y hay prófugos, como López (Paraguay); Zamora (¿Paraguay o Argentina?); Núñez (paradero desconocido); Lizárraga (EEUU) y María Elba Pinckert, extitular de Medio Ambiente (¿Brasil?); mientras que la excanciller Karen Longaric y el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano se autoexiliaron en Alemania y Estados Unidos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó las cuatro preguntas del referéndum que el presidente Luis Arce le remitió para su análisis. Ahora, el Gobierno realiza los ajustes y anunció que enviará la nueva propuesta directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En su discurso del 6 de agosto, en Sucre, en los 199 años de la independencia del país, el mandatario anunció una consulta sobre tres temas clave: la subvención a la gasolina especial y el diésel, la reelección presidencial continua y discontinua, y los escaños parlamentarios.

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El miércoles pasado, el Gobierno envió su planteamiento al TSE, que se pronunció el viernes y remitió su informe técnico a la Presidencia, con una conclusión: en conjunto, las preguntas no cumplen con los criterios de precisión, claridad e imparcialidad, incluso una fue descartada.

¿Cuáles fueron las observaciones específicas a cada una de las interrogantes?

PRIMERA PREGUNTA. Reelección presidencial

¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?

OBSERVACIÓN: “Solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referendo constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 11 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado”.

SEGUNDA PREGUNTA. Subvención a la gasolina especial

¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

OBSERVACIÓN: “No cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.

TERCERA PREGUNTA. Subvención al diésel

¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

OBSERVACIÓN: “No cumple los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios”.

CUARTA PREGUNTA. Escaños parlamentarios

¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 Numeral I de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?

OBSERVACIÓN: “Como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea  Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo II,  de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral”.

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Con la ley promulgada por el presidente Luis Arce, el Gobierno instó a la Asamblea a aprobar por dos tercios la convocatoria para seleccionar y designar al sucesor del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato acaba el 23 de octubre.

“Una vez que el Presidente… ha promulgado la Ley 1579, que regula el proceso de selección y designación del Fiscal General, urge que se convoque a sesión de la Asamblea Legislativa para que se apruebe la Convocatoria por dos tercios” (sic), escribió en X el ministro Iván Lima.

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Señaló que así se encuentra establecido en el artículo 19 de la norma que le da al Legislativo 45 días para encaminar el proceso desde la convocatoria. La autoridad gubernamental demandó que “sigamos fortaleciendo la institucionalidad del país y la democracia”.

El viernes, Arce promulgó la norma sancionada por el Senado. “Informamos al pueblo boliviano que… recibimos la Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, y la promulgamos sin demoras para que se prosiga con los procesos”, anunció en X.

Añadió que la normativa establece los plazos para llevar a cabo las 13 etapas de selección de los postulantes, y también contempla el periodo para convocar a sesión de la Asamblea en la que se designará al próximo fiscal general.

La emergencia por el fuego declina en el país. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este domingo que tras haberse sofocado 35 incendios forestales, solo queda uno activo en el departamento de Santa Cruz.

El epicentro de la alerta fue el oriente. Sin embargo, en esta semana las buenas noticias comenzaron a llegar con las lluvias; ya que gracias a este fenómeno los incendios se redujeron el jueves de nueve a dos.

Para entonces, el comandante del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, coronel Edwin Sejas, indicó que 128 efectivos luchaban contra el fuego en los municipios de San Matías, en suelo cruceño, y Magdalena (Beni).

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Ahora, hasta este domingo, según Novillo, solamente queda activo el incendio forestal en la localidad de San Matías; donde el trabajo de las Fuerzas Armadas y otras entidades continúa sin pausa para poder contener las llamas.

En la evaluación, la autoridad gubernamental remarcó que hasta el momento se apagaron 35 incendios forestales y se movilizaron 1.934 bomberos y 66 unidades militares; aparte de la organización de 81 operativos terrestres, aéreos y fluviales.

“Se han utilizado dos carros bomberos y tres equipos de drones, cuatro helicópteros y se han realizado 312 descargas de agua en las zonas de incendios”, puntualizó Novillo en una entrevista con Bolivia Tv, insistiendo en que esto no implica bajar los brazos en esta lucha.

Mediante un comunicado, el Gobierno de Bolivia expresó su solidaridad y condolencias con Brasil por la tragedia aérea que acabó con 61 fallecidos en el sureste de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, “en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, hace llegar su solidaridad y expresa sus condolencias al Gobierno de la hermana República Federativa de Brasil y a las familias de las víctimas del accidente aéreo ocurrido este viernes en el estado de Sao Paulo”.

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Lo mismo hizo mediante su cuenta de redes sociales la canciller Celinda Sosa. “En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, hago llegar mis sentidas condolencias al Gobierno de Brasil y a los familiares de las personas fallecidas en el accidente de la aerolínea Voepass. La pérdida de vidas humanas es devastadora y nuestras oraciones están con todos los afectados”.

Según la agencia AFP, “los 61 ocupantes de un avión que se estrelló en el sureste de Brasil murieron, informaron las autoridades, que investigan las posibles causas de su impresionante caída en picado sobre una zona residencial”.

“Voepass, la aerolínea que operaba el vuelo, informó que los ‘57 pasajeros y 4 tripulantes’ que iban a bordo del aparato fallecieron. La alcaldía de Vinhedo, localidad del interior del estado de Sao Paulo donde cayó el avión, así como el gobierno estatal, confirmaron que no hubo sobrevivientes”, señala la publicación.