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Friday 12 Apr 2024 | Actualizado a 18:53 PM

Entre 2017 y 2023, el TCP aprobó cuatro decisiones polémicas en distintas circunstancias políticas

La posición del TCP no fue expresada en una declaración, ni una resolución, menos una sentencia; fue un comunicado, que, en criterio del entonces presidente del tribunal, Petronilo Flores, no es vinculante ni tiene “ninguna relevancia jurídica”.

Jeanine Añez y Eva Copa muestran la ley de prórroga de mandato, en 2020.

Por Rubén Atahuichi

/ 16 de diciembre de 2023 / 10:58

En los últimos siete años, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió cuatro decisiones y posiciones que generaron polémica debido a las circunstancias políticas. La última puso en vilo a la Asamblea Legislativa y tiende a complicarlo.

Debido a una consulta de control constitucional emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su vez fue planteada por la Cámara de Diputados ante la necesidad de reencaminar las elecciones judiciales a través de una ley, los miembros del TCP decidieron prorrogar su mandato de seis años y el de los tribunales de Justicia y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.

Además, a través de la Declaración Constitucional 049/2023, anularon el Proyecto de Ley 144, aprobada en la Cámara de Senadores y derivada a Diputados, que disponía comicios a mediados de enero de 2024 y planteaba la suspensión de los plazos procesales.

Elecciones judiciales

Y conminaron a la Asamblea Legislativa a convocar, de forma inmediata, a la preselección y selección de postulantes con dos tercios de votos.

La declaración “es un golpe judicial a la democracia”, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en la misma línea que los presidentes Carlos Mesa, Evo Morales y Eduardo Rodríguez, y los legisladores del ala evista.

De parte del arcismo, el procurador general del Estado, César Siles, afirmó que la declaración del TCP es de cumplimiento obligatorio ante la necesidad de evitar un “vacío de poder”.

A cuatro días de conocida la posición de dicho tribunal, la Asamblea Legislativa no dio señales de reacción institucional, ni por la prórroga ni por la conminatoria a reencaminar las elecciones, salvo consideraciones aisladas de algunos legisladores.

Prórroga de 2020

Una actuación similar —la prórroga— tuvo el TCP en 2020, semanas después de que renunciara el presidente Evo Morales y se proclamara en su lugar la senadora Jeanine Áñez. Entonces, el mandato del gobernante terminaba el 22 de enero, como el de los 36 senadores y 130 diputados.

Entonces, la Asamblea Legislativa había aprobado el Proyecto de la Ley 160/2019-2020 “CS”,  Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. Por las “dudas razonables” en relación a una eventual prórroga, la entonces presidenta en ejercicio del Órgano Legislativo, la senadora Eva Copa, interpuso una consulta de control de constitucionalidad al mismo TCP.

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A una semana del final de mandato, el 15 de enero, el TCP emitió la Declaración Constitucional 0001/2020, con la que dispuso la prórroga de las autoridades electas en los comicios de 2014.

Es con este documento que Áñez defiende la presunta constitucionalidad de su mandato en los bullados casos Golpe de Estado I, de hechos precedentes a la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, y Golpe de Estado II, de su proclamación, el 12 de noviembre de ese mismo año. También alega la declaración del TCP para invocar un juicio de responsabilidades en otros casos.

Proclamación

La exmandataria exhibe en sus redes sociales la fotografía de la promulgación de la ley de prórroga, en la que se la ve junto a Copa.

Áñez había llegado al poder con el alegato de “vacío de poder”, a raíz de las renuncias sucesivas de Morales, del vicepresidente Álvaro García y de los presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. El día de su proclamación, el 12 de noviembre, su colega senador Yerko Núñez, posteriormente su ministro, aguardaba con ansias un pronunciamiento del TCP, cuyo lobby había estado a cargo del exsenador y abogado Luis Vásquez Villamor, a su vez asesor del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).

La posición del TCP no fue expresada en una declaración, ni una resolución, menos una sentencia; fue un comunicado, que, en criterio del entonces presidente del tribunal, Petronilo Flores, no es vinculante ni tiene “ninguna relevancia jurídica”.

El comunicado invocaba la Declaración Constitucional 0003/2001, del 31 de julio de 2001, con la que Quiroga había blindado su sucesión ante la renuncia del presidente Hugo Banzer Suárez, con cáncer terminal.

Sucesión

Habrá sucesión ipso facto, “no requiriéndose de ley ni de resolución congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República”, parafraseaba el comunicado del TCP.

El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió la Declaración Constitucional 0084/2017 ante un recurso del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Entonces, el TCP consideró “más favorable en relación a los derechos políticos” algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a las frases serán elegidos “por una sola vez de manera continua” y “de manera continua por una sola vez” de la Constitución.

Con esa sentencia, Morales fue habilitado como candidato en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Su postulación alimentó las protestas ese año.

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Informe Delphi de FES-Bolivia muestra que medios informan en función de su agenda e intereses

La principal fuente de información para los encuestados de un informe Delphi del FES-Bolivia publicado en abril de este año son los medios digitales, seguidos de las redes sociales, periódicos, televisión y radio, en ese orden.

Analistas ponen en tela de juicio la credibilidad de los medios. Foto: La Razón-Archivo

/ 12 de abril de 2024 / 15:07

Un informe Delphi de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES-Bolivia) muestra que el 67,5% de sus encuestados consideró que los medios de comunicación en el país informan en función de su propia agenda e intereses.

“En general, usted diría que los medios de comunicación en Bolivia”, planteó el estudio. Informan con veracidad, informan en función a su propia agenda e intereses, manipulan la información, no sabe y otro eran las opciones.

El 13,5% dijo que “manipulan la información”. Solo el 7,1% consideró que la información es veraz y el 1,6%, no sabe. En la categoría “otros” sobre la misma pregunta representó el 10,3%.

El documento, con datos obtenidos entre el 15 de marzo al 7 de abril de este año dedicó su quinta sección una serie de preguntas referidas a los medios.

Medios de comunicación

“Hay quienes dicen que algunos medios de comunicación actúan como si fuesen actores políticos. ¿Está de acuerdo o no con esta opinión?”, plantea una de las preguntas contenidas en esa sección.

Al respecto, el 43,7% de los 131 entrevistados —entre actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos— afirmó estar “de acuerdo”, mientras que el 42,1% dijo estar “muy de acuerdo”; el 6,4% está en “desacuerdo” y el 2,4% “no sabe”.

Otra de las consultas que muestra el documento está referida a la percepción sobre si los medios “promueven enfrentamientos y conflictos en el país”. Al respecto, el 48,4% consideró que “promueven poco”, un 37,3% dijo que “promueven mucho” y el 11,1% dijo que “no promueven”.

Además, el estudio preguntó “¿por qué medios se entera principalmente de las noticias del país y del mundo?”.

Los medios digitales son la preferencia del 71,4%, frente a las redes sociales (39,7%), periódicos (23%), televisión (22,2%) y radios (11,9%). En menor cantidad, el acceso a la información a través de WhatsApp representa el 11,1%.

En la metodología de los datos, el estudio se realizó vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey. Se siguieron criterios de diversidad y pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad.

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Comisión culmina evaluación de méritos del TCP y prevé terminar el sábado la del TSJ

La siguiente semana, los postulantes que aprobaron la evaluación de méritos deberán responder, de manera escrita y oral, las preguntas de las comisiones de constitución y Justicia Plural.

La Comisión Mixta de Constitución en una sesión este viernes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 12 de abril de 2024 / 14:10

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de las Asamblea Legislativa, diputado Juan José Jáuregui, confirmó que esa instancia culminó la evaluación de méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Asimismo, señaló que, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esa tarea será finalizada el sábado.

“En el caso del Tribunal Constitucional, ayer, a medianoche, hemos concluido la revisión de los casi 100 postulantes. En el caso del Tribunal Constitucional (el trabajo) ya está concluido”, dijo a los periodistas en La Paz.

“Ya hemos iniciado la labor de la evaluación de méritos de los postulantes al TSJ de los nueve departamentos. Estimamos concluir hasta mañana (sábado) al medio día o en horas de la tarde”, añadió.

Evaluación

La evaluación de méritos es la décima de las 13 etapas de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, a cargo de la Asamblea Legislativa.

Hasta esta instancia llegaron 405 aspirantes de 715 que registraron su postulación, proceso que comenzó el 17 de febrero y prevé concluir hasta el 6 de mayo con la preselección por parte de la Asamblea Legislativa.

Del total de habilitados, 89 postulan al Consejo de la Magistratura, 40 al Tribunal Agroambiental, 93 al TCP y 188 al TSJ.

Según lo previsto por Jáuregui, el domingo se conocerá la lista de postulantes aprobados a la siguiente fase de preguntas tanto escritas como orales.

Elecciones judiciales

Concluido ese proceso, el cronograma manda que, el 22 de abril, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural elaboren el informe con la lista de aspirantes que vencieron la preselección y será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debe debatir para aprobar o rechazar dicho informe; finalmente, entre el 5 y 6 de mayo, la lista final de postulantes debe ser remitida el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que en un plazo de hasta 150 días, organice las elecciones judiciales.

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INRA considera que la consolidación de tierras de Marinkovic está en statu quo

El director del INRA, Eulogio Núñez, cuestiona la notificación tardía de las sentencias que conceden la tutela de de 34.003 hectáreas de tierras a la familia de Branko Marinkovic.

El director del INRA, Eulogio Núñez.

/ 12 de abril de 2024 / 14:00

La cuestionada consolidación de las tierras a favor de Branko Marinkovic está en statu quo. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, explicó que existen recursos y procedimientos judiciales pendientes.

En entrevista con La Razón Radio, el funcionario lamentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya incurrido en contradicción el emitir una sentencia sobre otra sentencia que resguarda la Constitución respecto de la propiedad limitada de tierras.

En los últimos días, se dio a conocer que el TCP falló en favor de la familia Marinkovic y le concedió en total la tutela de más de 33.000 hectáreas (ha) de tierra en dos predios: la Laguna Corazón, en la provincia Guarayos, y Tierras Bajas del Norte en la Chiquitanía, ambos en Santa Cruz.

En realidad, se trata de las sentencias 187/2023, del 28 de abril de 2023, y 1016/2023, del 28 de diciembre de 2023. La primera otorga la tutela a favor de la familia Marinkovic 12.483 hectáreas en la Laguna Corazón y la segunda, la propiedad Tierras Bajas del Norte, cuya extensión es de 21.523 hectáreas.

Núñez explicó que las dos sentencias contradictorias de una misma sala son la 187/2023 y 930-S4, de 2019. Esta última está vigente y establece, sobre el mismo caso de Marinkovic resuelto en 2019, que no se puede titular más de 5.000 hectáreas a favor de una persona.

Insistió en que la sentencia 930/2019-S4 sigue “plenamente vigente” y que cualquier norma posterior está sujeta a ella. “Estos magistrados resolvieron que el Estado no puede titular más de 5.000 hectáreas”, aclaró.

Además, Núñez cuestionó que el TCP no haya notificado las dos sentencias en su momento. Informó que, en el caso de la Sentencia 187/2023, el TCP la notificó el 2 de abril, más de un año después de la notificación.

Sin embargo, dijo que su despacho pudo plantear enmiendas, complementación y la pregunta de por qué dicha sentencia se sobrepone a la 930-S4 de 2019 en el plazo de dos días que otorgó el TCP. Ahora, ese tribunal debe responder a ese requerimiento, afirmó.

En su criterio, el INRA no puede titular la Laguna Corazón a sabiendas de que la sentencia del TCP de 2019 reivindica la Constitución respecto del límite de 5.000 hectáreas. Además, los predios se encuentran en una reserva, los expedientes corresponden a áreas fuera del predio y la laguna es de acceso ancestral de las comunidades guarayas.

Sobre la Sentencia 1016/2023, Núñez afirmó que nunca el TCP la notificó. Contó que funcionarios del INRA, que habitualmente hacen seguimiento a las disposiciones de ese tribunal, vieron que el fallo fue subido a la página web del TCP el 5 de abril reciente, casi cuatro meses después de la sentencia.

Se trata de un caso de “posesión legal”. Si bien el TCP anula varios actuales, pide al Tribunal Agroambiental emitir otra sentencia. Confiamos en que, como pasó antes, ese tribunal otorgue razón al Estado, dijo.

Sumados los dos predios, Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, la extensión a favor de los Marinkovic alcanza a 34.003 hectáreas, precisó Núñez.

¿Por qué nos notificaron ese año? ¿Qué es lo que está pasando?, cuestionó, no obstante, el director del INRA.

Informó que tampoco fueron notificados, en ambos casos, el Viceministerio de Tierras, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Procuraduría General del Estado.

En su criterio, las sentencias son inaplicables debido a que vulneran el artículo 398 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que además la Laguna Corazón está dentro de una reserva forestal.

Dicho artículo “prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder 5.000 hectáreas”.

“El INRA no puede reconocer esa sentencia”, aseguró Núñez.

 “Al parecer (los magistrados) no redactaron esta sentencia, pareciera que hubiera sido elaborado en un bufete de abogados de la familia Marinkovic”, dijo respecto de la Sentencia 187/2023. 

“Desde mi punto de vista, está en una total irracionalidad”, explicó.

Asimismo, ratificó que no su oficina aplicará la sentencia y, por el contrario, consultará al TCP a qué sentencia deben responder y dar cumplimiento. 

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, mientras Marinkovic ocupaba el cargo de ministro, la familia obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que les otorgaba la propiedad.

Meses después, ya durante el gobierno de Luis Arce, a través del viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, se inició un proceso para anular esa resolución y revertir las tierras al Estado. La familia Marinkovic apeló al Tribunal Agroambiental, que ratificó la resolución que los despojaba de la propiedad.

Sin embargo, en 2023, el TCP volvió a conceder a la familia las tierras, en respuesta de un amparo presentado por los Marinkovic.

Lea también: Torrez afirma que la sentencia ‘funesta’ de ‘autoprorrogados’ del TCP beneficia a Marinkovic

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Siles dice que Murillo puede ser extraditado en febrero de 2026, al terminar su condena en EEUU

El procurador del Estado, César Siles, confirmó que se tramita la repatriación de $us 2 millones que fueron confiscados a implicados en el caso Gases lacrimógenos.

Arturo Murillo, cuando, junto a Luis Fernando López, advirtió con detener a Evo Morales en 2020.

/ 12 de abril de 2024 / 12:11

El procurador general del Estado, César Siles, explicó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo puede ser extraditado al país luego de cumplir su condena de 70 meses, en febrero de 2026.

Sin embargo, aclaró que está vigente una solicitud de extradición al acusado en el caso Gases lacrimógenos desde enero de 2022.

“La extradición (de Murillo) está en trámite y vamos a hacer el seguimiento hasta que (las autoridades estadounidenses) nos concedan la extradición. La normativa norteamericana involucra que, una vez cumplida su condena, (el exministro) tenga que pasar a Migración y tenga que ser deportado”, dijo en una conferencia de prensa en Santa Cruz.

Murillo, culpable y condenado por un caso de soborno lavado de dinero en Estados Unidos, recientemente fue sentenciado en ese país en un segundo juicio, ahora civil, que le obliga a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones.

A instancias de Bolivia, la sanción esta vinculada al sobreprecio, de $us 2,3 millones, en la compra de gases lacrimógenos en 2019; entonces era ministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez.

Arturo Murillo

“Lo que pretendemos es que las personas responsables de graves hechos de corrupción, primero, rindan cuentas de sus actos; después, recuperar los daños económicos al Estado”, remarcó Siles.

Además, afirmó que, aparte de los procesos y su condena en Estados Unidos, Murillo tiene otros casos que debe enfrentar cuando llegue al país.

Por otra parte, Siles confirmó que está en trámite la solicitud de $us 2 millones que fueron confiscados a los otros involucrados en ese caso.

Se trata del exjefe de gabinete de Murillo Sergio Méndez, además de Philip Lichtenfeld, y Bryan y Luis Berkman, todos con sentencia.

Además de esa lista, el exministro de Defensa Luis Fernando López Julio, que se encuentra en calidad de refugiado en Paraguay, está investigado.

En el caso de Méndez, luego de cumplir su condena en Estados Unidos, fue deportado a Bolivia el 3 de abril y desde el 4; está detenido preventivamente en el penal de San Pedro, en La Paz.

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Arce demanda trabajo a los legisladores en vez de ir a ‘pasear o a los partidos de fútbol’

El Presidente hizo alusión al viaje del senador Leonardo Loza a España, donde se fue a ver un partido de la Champions League.

El presidente Luis Arce entregó varias obras en Tarija. Foto: LuchoXBolivia

/ 11 de abril de 2024 / 23:26

En alusión el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), ala evista, Leonardo Loza, el presidente Luis Arce demandó este jueves a los legisladores a “trabajar de una vez por todas” en la aprobación de leyes en vez de irse de viaje o a presenciar partidos de fútbol internacional.

“En lugar de pasearse, de irse a los partidos de fútbol internacionales, hay necesidad del pueblo boliviano que no espera un partido de fútbol internacional, aquí necesitamos que esos asambleístas, en la Cámara de Senadores, trabajen de una vez por todas”, dijo.

El senador Loza aprovechó una visita oficial a España, a invitación de una fundación cultural, para ir el martes por la noche al estadio Santiago Bernabéu y presenciar el primer partido de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y Manchester City.

En un acto de entrega de obras en Tarija, el Presidente recordó que en el Senado está “bloqueada” la aprobación de créditos por $us 800 millones.

Lea más: Arce fustiga el ‘boicot’, por ‘intereses personales’, a la aprobación de créditos en el Senado

Arce en Tarija

Dijo que es “una restricción enorme que no nos deja avanzar a la velocidad que quisiéramos”; y que se trata de un “boicot” de algunos legisladores.

“Tenemos más de 900 millones de dólares bloqueados ahí (en Legislativo), esperando la aprobación. Más de 800 millones en la Cámara de Senadores. No les da la gana de aprobar esos proyectos; que no son para el bolsillo del presidente ni de nuestros ministros, es para hacer obras como las que estamos haciendo”, afirmó.

Asimismo, Arce aseguró que, pese a todo, el Gobierno sigue trabajando y cumpliendo con el pueblo, “para nosotros cuentan los hechos, no las palabras ni cualquier acción política”.

Este jueves, en Tarija, el Presidente entregó 1.153 títulos agrarios, que consolidan el derecho propietario sobre la tierra, y demandó trabajar los predios para garantizar la producción y la soberanía alimentaria.

Además, entregó un paquete de 14 obras con una inversión superior a los Bs 54 millones.

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