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El Senado responde con una ley que suspende plazos procesales ante las futuras acefalías de magistrados y consejeros

La sesión de la Cámara de Senadores de este lunes. Foto: Senado

De forma sorpresiva, el Senado aprobó el proyecto de “Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, que anula el mandato de magistrados y consejeros para conocer y resolver procesos desde el 2 de enero de 2024, y se suspenden los plazos procesales en todas las materias.

“Quedan suspendidos los plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias, agroambientales, en materia constitucional y administrativo disciplinarias; de conocimiento de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura; a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular” (sic), señala el primer artículo del documento.

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Plazos procesales

Asimismo, si bien los máximos tribunales estarán «paralizados», los juzgados y los Tribunales Departamentales de Justicia continuarán con su trabajo. “En cumplimiento del parágrafo II. del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado y a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el país; el Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas, incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales”, añade el parágrafo I del artículo 2.

Este proyecto es aprobado por la Cámara de Senadores seis después de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró inconstitucional a la ley que buscaba destrabar las elecciones judiciales y prorrogó el mandato de los magistrados y los consejeros hasta que se realicen los comicios, lo que generó una avalancha de críticas.