El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, informó este jueves que los empresarios privados están tropezando con varios problemas para la libre importación y comercialización de combustibles. La principal traba es la falta de dólares para pagar por los carburantes.

Asimismo, se quejó de que el permiso que otorga el Gobierno a los privados es válido solo por un año, lo que hace “poco atractivo” el negocio.

“Es un problema para la importación de combustible poder acceder a los dólares, es imposible sin dólares. Y otro problema es el permiso que solo alcanza a un año; y eso no es atractivo por la enorme inversión que se tiene que realizar”, explicó.

Camacho dijo que varios de los afiliados a la CNI manifestaron su preocupación por las dificultades que están teniendo para acceder a la importación de carburantes; como autorizó el Gobierno.

“Vamos a conversar para reducir algunos procesos, mejores las condiciones; y con seguridad este negocio será atractivo para el sector privado”, complementó.

El mes pasado, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSCZ), Oscar Justiniano, también se quejó porque, pese a todas las medidas que adopta el Gobierno; para regularizar el abastecimiento de combustible, todavía existen trabas “burocráticas” para realizar la comercialización de combustibles importados.

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Combustibles

Asimismo, aseguró que los requisitos desincentivan a los productores a realizar la importación, que tampoco tienen dólares para pagar.

El fin de semana, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, dijo que dos empresas privadas iniciaron con la entrega de los documentos requeridos; para la importación y comercialización de combustibles. Otras seis hicieron consultas.

Respecto a los reclamos de la falta de divisas para la importación, Gallardo indicó que estos sectores son exportadores, por lo que deberían contar con los recursos para estas operaciones.

El Gobierno nacional aprobó el mes pasado los decretos 5218 y 5271 para habilitar la importación y comercialización de privados; un pedido de sectores empresariales, agropecuarios e industriales.

Para la importación y comercialización de combustibles, el Gobierno estableció el precio referencial que regirá en adelante y que será de $us 1,20 para la gasolina RON 85-94, $us 1,25 para la gasolina mayor a RON 94 y $us 1,24 para diésel.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este miércoles la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y convocó nuevamente a los sectores que observan la propuesta a sumarse a la elaboración de la reglamentación.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Les hemos ofrecido que la reglamentación pueda ser en conjunto con el sector pues ellos conocen muy bien”, indicó la autoridad.

El martes en Santa Cruz, Montenegro explicó a los productores que la disposición no está dirigida a ellos. Sin embargo, ese sector, además de empresarios e industriales objetan la propuesta y exigen su eliminación.

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Disposición

Montenegro argumenta que la disposición es para hacer frente al contrabando, al agio y la especulación. Señaló que se apunta, principalmente, a los intermediarios que serían los que más se benefician.

“¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo y carne salen de las fronteras?”, afirmó.

Asimismo, Montenegro aseguró que “se requiere una normativa con rango de ley” y subrayó que “este pedido no es para estigmatizar a los productores”.

El proyecto de ley, actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

Este miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima y solicitan la eliminación total de ese texto.

El secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, informó que, en esa instancia analizan propuestas para optimizar el sistema de subvención de combustible.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos. Huanca, de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló la necesidad de clasificar a los beneficiarios por sectores.

“Existen vehículos con altas cilindradas y deberán asumir el costo total de los combustibles; mientras que los sectores estratégicos; como la agricultura, tendrán prioridad para beneficiarse”, explicó.

Asimismo, destacó que está coordinando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para poner en marcha un sistema tecnológico; que permita identificar a los beneficiarios y garantizar el suministro continuo para los productores.

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Combustible

El legislador subrayó la importancia de elaborar un proyecto de ley consensuado con los sectores afectados.

Respecto a las filas en las estaciones de servicio que persisten en algunas regiones del país, dijo que se convocará a autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que expliquen las acciones que están asumiendo y el plan para agilizar el normal suministro de carburantes.

En noviembre, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que la subvención de combustibles le representa al Estado un gasto de aproximadamente $us 56 millones semanalmente.

La subvención de combustible en Bolivia es una política que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos. Sin embargo, según autoridades de Gobierno, debido a que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel se trae del mercado exterior, los costos son mucho más elevados.

En Bolivia, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) arrestó a cuatro personas que, durante la madrugada de este miércoles, descargaban 1.000 bolsas arroberas de arroz de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en un domicilio particular de la zona de Villa Victoria, en La Paz.

Los vecinos del sector dieron la voz de alerta. “En esta casa han repartido arroz a altas horas de la noche a personas que no son de la zona”, denunció una mujer mediante un video mostrando la gran cantidad de bolsas de arroz en minibuses y un camión.

Los choferes no explicaron la procedencia del arroz y por qué estaban descargando en ese inmueble. “Es legalmente para entregar a nuestros afiliados”, dijo uno de los choferes en Unitel.

Minutos después llegó la Policía y arrestó a los cuatro choferes. El Ministerio Público abrió una investigación contra ellos por el delito de agio.

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Arroz

El jefe de la División Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Boris Mendoza, dijo que las bolsas son de Emapa y se investigará el origen y destino del lote.

“Sí, los productos son de Emapa. A denuncia de vecinos se realizó una intervención policial desde la EPI Munaypata a un camión y tres vehículos particulares donde había cuatro personas manipulando bolsas de arroz. Hubo un alboroto en la gente. El hecho se encuentra en investigación por el Ministerio Público”, informó a los medios de comunicación.

El funcionario indicó que se halló 1.000 bolsas en los cuatro vehículos y que los arrestados dijeron que son comerciantes y que el producto era para la venta.

 “La investigación determinará el origen y destino de estos productos. Lo que ellos manifiestan es que son comerciantes y era para la venta, eso se va determinar”, complementó.

En las últimas semanas el precio del arroz se disparó en los mercados, particularmente de La Paz y El Alto, por lo que el Gobierno determinó la venta a Bs 50,50 de bolsas arroberas en las tiendas de Emapa y en camiones que recorren diferentes zonas. La demanda por este producto provoca filas y reclamos.

En un comunicado conjunto, las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras descartaron participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Las cámaras manifiestan este miércoles “su firme y categórico rechazo” a esa disposición que “dispone la confiscación y decomiso de producto a las empresas”.

“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país; anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada disposición”, dice la nota.

Asimismo, le piden al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa no aprobar esa normativa; que “vulnera los derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización”.

Alertan que, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, “ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras; en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”.

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Cámaras

Además, las cámaras advierten que la aplicación de esa disposición generará un entorno propenso a la arbitrariedad; y a la extorsión de funcionarios públicos e incentivará la informalidad. Advierten que también podría generar efectos negativos como el desabastecimiento de productos alimenticios.

El documento está firmado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y la de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industria; la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del resto de los departamentos.

El Gobierno defiende la disposición y asegura que todos los niveles del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió la propuesta y convocó a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación.