Tras conocerse la sentencia que ordena la suplencia temporal del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Creemos presiona al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se suspenda la aplicación del dictamen, y el MAS, para que se lo cumpla.
El fallo constitucional 1021/2023, emitido por la Sala Constitucional Cuarta el 29 de diciembre del año pasado, concedió la tutela a la acción presentada por tres asambleístas departamentales de Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo (MAS), y confirmó lo dispuesto por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, el 23 de febrero.
Ordenó que el vicegobernador Mario Aguilera asuma como Gobernador ante el impedimento de Camacho, quien se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, desde diciembre de 2022, por el caso Golpe de Estado I. La instrucción va dirigida a Aguilera y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña, Zvonko Matkovic, de Creemos.
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SENTENCIA
Ello provocó un terremoto político en la Gobernación de Santa Cruz, que rechazó la determinación, advirtió con un desacato y reivindicó la vigencia de la Ley Departamental 293, que blindó a Camacho en su cargo al establecer las causales para la suplencia temporal, entre las que no figura el encarcelamiento.
Mientras que Aguilera envió una carta a Matkovic para que se cumpla lo encomendado por el TCP, ya que lo contrario puede derivar en una responsabilidad penal. Esto le valió críticas desde la alianza de Camacho, Creemos, que le exigió respetar la Ley 293 y le aclaró que cualquier posición en contra implicaría que se alineó con la oposición, es decir, el MAS.
Ayer, la presión de Creemos se trasladó a Sucre, a la sede del Constitucional. Una comisión del Legislativo cruceño, al mando de Matkovic, presentó un recurso de complementación y enmienda de la sentencia constitucional. A tiempo de culpar al TCP de crear incertidumbre, el presidente de la ALD indicó que se apunta a que el dictamen quede suspendido en cuanto a su aplicación inmediata.
“Estamos dentro del plazo para pedir la complementación y enmienda, que tiene por ende un carácter suspensivo hasta que se nos responda. Nosotros nos estamos dirigiendo al Tribunal Constitucional, pero haciendo una mención que entendemos que su término ha sido agotado, los que deberían respondernos son una Sala legalmente posesionada y electa como dice la norma”, dijo.
O sea, Matkovic señaló que se desconoce el actual mandato de los magistrados del TCP, que fue prorrogado ante las fallidas elecciones judiciales para designar nuevas autoridades. “Tenemos un Tribunal Constitucional que no está apto para ya emitir resoluciones y emitir opiniones. Esto debería ser respondido por la próxima gestión que entre, como dice la ley. Para nosotros, este tribunal dejó de tener facultades a partir del 1 de enero de este año».
MEMORIAL
Mientras que los tres asambleístas departamentales del MAS que entablaron el recurso (Raquel Valencia, Hugo Valverde y Susana Vaca) también arribaron a la capital para exigir que el TCP garantice el cumplimiento de su decisión. Se dieron por notificados con la sentencia y presentaron un memorial para solicitar fotocopias legalizadas y el cumplimiento de ésta, ante los anuncios de desacato.
“Pedimos que se dé cumplimiento al fallo, sabemos que esto es inapelable. Con esta sentencia lo único que se logra es el respeto del Estatuto Autonómico, que señala que cuando hay ausencia del Gobernador el que debe asumir es el Vicegobernador. Estamos un año sin Gobernador”, indicó Valverde a Correo del Sur. En consonancia, Valencia remarcó que solo se espera que tras el final del receso de la ALD, Matkovic convoque a una sesión extraordinaria para analizar este tema y posesionar a Aguilera.