El senador Leonardo Loza anunció que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Alta prepara la documentación para iniciarles acciones legales a los magistrados del Órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por prorrogar su mandato.
“(Estamos) algo retrasados, en reuniones de bancada en el Senado estamos presentado la documentación para iniciarles las acciones que correspondan a estos señores (magistrados) que han decidido pisotear nuestra Constitución Política del Estado a gusto”, dijo Loza.
El martes, una comisión de legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), a la cabeza de jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por usurpación de funciones contra los magistrados prorrogados.
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El fiscal General, Juan Lanchipa, a través del trámite 033, remitió a la Fiscalía de Chuquisaca la denuncia e instruyó que la Unidad de Análisis ejerza su facultad prevista en la Ley 260 del Ministerio Público.
El jueves, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, señaló que el Ministerio Público admitió la denuncia de los legisladores de oposición, por lo que se conformó una comisión de fiscales para que prosiga con la investigación de la denuncia.
Loza destacó la admisión de la denuncia e indicó que “ojalá que la Fiscalía pueda ayudar a que cosas inconstitucionales se puedan sancionar”.
“Vemos con buenos ojos esa predisposición de la Fiscalía General del Estado, esperemos que no termine en un dicho o en un discurso, sino que esto se pueda materializar. Cualquier boliviano está en todo derecho de hacer respetar la Constitución, que está siendo pisoteado por todo lado”, manifestó el senador.
El mandato de los magistrados y consejeros del TCP, del Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental (TA) feneció el 2 de enero, pero la sentencia 0049/2023 del 12 de diciembre dispuso su prórroga de funciones, ante los fallidos comicios judiciales.
La determinación de la prórroga generó críticas y rechazo de legisladores evistas y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que advirtieron de “golpe judicial” y “prevaricato”, e incluso amenazaron con juicios de responsabilidades y procesos penales ordinarios.