El exministro de Justicia Iván Lima señaló que el 2 de enero, cuando asuman funciones las autoridades que serán elegidas de manera parcial el domingo 15 para los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional plurinacional (TPC), se tendrá dos categorías de magistrados.

Indicó que en esa categoría estarán los magistrados electos por el voto popular y los magistrados que ya no “estarán en situación de prórroga ni de autoprórroga”, sino de “magistrados de periodo indefinido”.

“No se sabe cuándo van a ser reemplazados, puesto que el año (legislativo) que iniciamos es difícil que tengamos dos tercios en la Asamblea para seleccionar candidatos y no hay condiciones electorales para que se pueda dar una elección nacional de renovación del presidente y vicepresidente en agosto del 2025 y simultáneamente o antes de esta elección, elegir a los magistrados”, advirtió en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Elecciones

En criterio de Lima, es “previsible” que tampoco en 2026 se tenga las mejores condiciones para la elección del resto de los magistrados, debido a que en marzo de ese año se debe elegir a gobernadores y alcaldes.

Señaló que existe una “situación compleja” para los siete magistrados ―cinco de Constitucional y dos del Supremo― que “podrían” prolongar sus funciones hasta más allá de 2026.

“Esto no es una situación normal, puesto que los han elegido por seis años, ya van siete años y es previsible que puedan llegar a cumplir nueve años”.

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El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Participación

También se elegirán a los magistrados del TCP en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Lima calificó esta elección de “inusual y anormal”, debido a que la “Constitución señala que la renovación de las altas cortes de los tribunales es total”.

“Esta interpretación de elecciones parciales que ha hecho el Tribunal Constitucional no es la situación normal”, señaló.

Dijo que los departamentos Beni y Pando “no van a tener ninguna renovación” y que continuarán en el cargo tanto los magistrados del TSJ como del TCP. “Estamos hablando en Pando de Iván Espada (TCP) y Ricardo Torres (TSJ) y en el Beni de Carlos Alberto Egüez (TSJ) y Gonzalo Hurtado (TCP)”.

La exautoridad apuntó a la Asamblea Legislativa de generar este “problema” al haber realizado una mala convocatoria, gestar leyes inconstitucionales y la aplicación de esas normas “que están plagadas por críticas de la población”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, informó este domingo que dentro del proceso de adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur), el país trabaja en dos niveles para alcanzar la “nomenclatura” de adhesión a este bloque hasta 2028.

El viernes, Bolivia participó, en Uruguay, de la 65 Cumbre del Mercosur como miembro pleno, en un paso histórico en su relación con el bloque regional fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dentro del primer nivel, la Canciller dijo que se participa de todas las comisiones técnicas, económicas y jurídicas, referente al proceso de adhesión al Mercosur, debido a que se tiene un plazo hasta 2028 para “cumplir la nomenclatura de adhesión”.

Destacó que este trabajo no solo es de la Cancillería, sino también de la estructura del Gobierno, quienes participan en los diferentes comités y subsubcomisiones de trabajo con los respetivos ministerios del área ―de Economía y de Justicia―. 

Sossa indicó que en el otro nivel se trabaja con la ciudadanía, el sector empresarial, las micro y pequeñas empresas (Mypes) y productores.

 “No va a ser una adhesión plena en el Mercosur si realmente no hay el involucramiento de los actores principales. ¿Quiénes son los actores principales? El sector económico, el sector social, o sea, toda esta población que tiene movilidad en estos diferentes países”.

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La autoridad añadió que se constituyó una unidad del Mercosur para cumplir con los plazos de adhesión, debido a que si no se cumple como país miembro, “vamos a tener dificultades”.

“Sí requiere de esa agenda muy activa para que realmente podamos lograr de estos espacios que no podemos desconocer que es el tema el tema comercial y económico”.

Plazo

Sosa resaltó también que el Mercosur es una oportunidad para acceder al fondo de apoyo para los pequeños productores, a la infraestructura y logística comercial y de apoyo a una mayor integración.

“Nosotros tenemos que cumplir, tenemos que revisar toda la nomenclatura para que realmente el 2028 Bolivia haya cumplido con todos los estándares de lo que es un proceso de adición al Mercosur”.

En agosto de esta gestión, entró en vigencia el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur como miembro pleno del bloque. A partir de esa fecha el país debe cumplir obligaciones y tiene cuatro años para adecuarse a las normativas que define el Tratado de Asunción, el Protocolo Modificatorio de Olivos y el protocolo Constitutivo del Mercado Común del Sur.

El Ministerio de Gobierno solicitó ampliar las investigaciones por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes contra los militares procesados por los hechos registrados el 26 de junio cuando tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.

“El Ministerio de Gobierno ha presentado un memorial hace un par de días solicitando la ampliación para investigar a los militares que se encuentran detenidos por otros tipos penales que hubiesen cometido, como resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. El día de mañana algunas personas no puedan alegar que estaban cumpliendo alguna instrucción”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Acusación

El titular de esa cartera de Estado enfatizó que los militares investigados “sabían” que estaban generando un “golpe de Estado” dentro el país, por lo que se espera que máximo hasta febrero se esté presentando o tramitando la acusación formal y posterior a ello el juicio oral.

El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza del entonces comandante del Ejército; general José Zúñiga, tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.

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Entonces, los militares intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Quemado, golpeando la puerta con una tanqueta. Zúñiga anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.

El jefe militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce en el ingreso al Palacio Quemado, pero la situación no pasó a mayores. Al final, Zúñiga huyó de la plaza y fue aprehendido, no sin antes implicar al mandatario.

Investigados

Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba. Por este hecho, al menos 35 personas entre civiles y militares son investigados y 27 ya cuentan con una imputación formal por la Fiscalía.

Del Castillo reiteró que se continuará con las investigaciones, debido a que se cuenta con “mucha” información y “una orden que va contraria a la Constitución y a la ley”. 

“Ha habido militares que han dado la instrucción de disparar, felizmente algunos no han hecho caso y tenemos toda la información que, una vez termine su informe (la Fiscalía) de todos los teléfonos celulares, también se los vamos a dar a conocer”, indicó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que ya concluyó con Estados Unidos el trámite para la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, y lo que resta es la coordinación diplomática para que llegue un avión y pueda llevárselo.

“La extradición del señor Dávila es un hecho irreversible (y) se va a dar. Ya estamos haciendo las coordinaciones correspondientes vía diplomática y una vez tengamos la fecha exacta de la extradición se la vamos a dar a conocer”, dijo el titular de la cartera de Gobierno.

Envío de avión

Reiteró que se está a la espera de la disponibilidad de Estados Unidos para que pueda enviar un avión hacia Bolivia para llevarse al exjefe antinarcóticos, que es requerido por la justicia de ese país.

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El 27 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición de “manera inmediata” de Dávila en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estado Unidos y Bolivia.

El presidente del TSJ, Marco Jaimes, explicó que el exjefe policial se enfrenta a una condena de 20 años a cadena perpetua por uno de los dos delitos por el que se le acusa en ese país.

Dávila es acusado por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

Notificación

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos limpias, descartó el viernes movimientos inusuales en el penal del San Pedro de La Paz sobre el traslado Dávila; e indicó que aún no se notificó a la administración penitenciaria sobre su traslado. 

“Son especulaciones, no hay ningún tipo de traslado. No hemos sido notificados todavía oficialmente con ningún tipo de orden de traslado con fines de extradición”, dijo Limpias.

Tras el mitin registrado el viernes en el Centro de Orientan Femenina de Obrajes, en La Paz, Manuel Loza, encargado de la personería jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, informó que 10 privadas de libertad fueron trasladas a otros penales del país.

Loza indicó que son las únicas personas que salieron y fueron trasladas a otro recinto carcelario con el fin de precautelar la seguridad de las demás detenidas.

El viernes, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que las privadas de libertad del penal de Obrajes se amotinaron en reclamo al traslado de una interna a otra cárcel del país.

En el reclamo, según la Policía, las reclusas causaron destrozos y quemaron algunos colchones, por lo que los uniformados tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

“Como derechos humanos hemos hablado con las personas correspondientes, se han quejado de estas personas que han atentado contra la seguridad de sus propias vidas y las de sus hijos, al querer obligarlas a manifestarse y hacer los reclamos correspondientes por parte de estas 10 internas”, dijo el representante de DDHH.

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Añadió que el reclamo del viernes fue porque la dirección penitenciaria les “quitó horas” para la “comida y otras cosas dependientes de ellas”.  

“Hice la entrevista personalmente y me han contado que han sido víctimas de estas personas, entonces la Policía ha actuado en resguardo a la seguridad de las mujeres embarazadas, de las personas adultas mayores”.

Sobre una presunta gasificación en el penal de Obrajes, Loza indicó que, tras la verificación, se constató que no hubo ninguna manipulación de agentes químicos en el recinto penitenciario. Por el contrario, dijo que los dormitorios están sin ventanas, sin vidrios porque las reclusas lo destrozaron.

El Centro de Orientación Femenina de Obrajes alberga a más de 500 reclusas.