El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que la Asamblea Legislativa es el órgano del Estado que debe asumir una postura para emitir una nueva convocatoria a las elecciones judiciales restantes o en su defecto asumir una decisión para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Le daría la palabra a la Asamblea Legislativa para que asuma una postura como órgano del Estado y asuma una decisión si va a poder emitir una nueva convocatoria (para las judiciales) o en su defecto va a asumir alguna decisión que tenga que ver con regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señaló la autoridad electoral.

Vargas aclaró que el Órgano Electoral para administrar el proceso judicial restante depende de una primera fase que es la preselección que está a cargo del Legislativo.

Responsabilidad

“Quienes tienen que responderle al país son los miembros de la Asamblea sobre el rumbo que debe tener el Tribunal Constitucional”.  

Dijo que el Órgano Electoral está abocado en llevar adelante la elección de las judiciales en los “términos y condiciones” que dispuso el TCP, respetando el estado de derecho y las sentencias constitucionales que son de cumplimento “obligatorio vinculante”.

La sentencia 0770/2024-S4 de 4 de noviembre declaró desierta la convocatoria a elecciones de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

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En tanto, para el TCP, en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El miércoles se conoció la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4 que ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre, tal como lo estableció con el fallo 0770/2024.

También, la Sala Cuarta del TCP advirtió que cualquier acción constitucional contraria a este dictamen del Constitucional.

Debate

La decisión cierra todo debate y toda posibilidad de modificar la determinación de las judiciales parciales, pese a que candidatos y pueblos indígenas presentaron acciones de cumplimiento en busca de la realización de los comicios de manera total.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi señaló en noviembre que el proceso judicial tendrá un costo de al menos Bs 183 millones y las restantes tendrán otro costo y no se tiene la claridad de cuando serán.

“(Esas) están desfasadas y en el tema económico debería pronunciarse la Contraloría General del Estado y sobre cuándo será se tendrá que preguntar a la Asamblea”, dijo el vocal entonces.

En su informe de gestión 2024, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, defendió la ampliación de funciones de los magistrados del Órgano Judicial e indicó que el “hipotético” cese de funciones de las altas autoridades judiciales hubiese provocado un daño incalculable en el sistema judicial.

“Remarcamos que un hipotético cese de funciones hubiera generado la paralización de este tribunal y con ello, una afectación directa a los bolivianos que acuden a los estrados judiciales en busca de una atención a sus conflictos”, dijo la autoridad judicial.

La Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso la prórroga de mandato de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribuna Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del TCP de “manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” del Órgano Judicial.

Cuestionamientos

La medida fue cuestionada por los actores políticos y los legisladores de oposición y el evismo quienes consideran que la Constitución no permite una “autoprórroga” de mandado. Indicaron que todos sus actos carecen de legalidad desde el 02 de enero de este año. 

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Jaimes enumeró que el cese de los magistrados “hubiese afectado” también a los Tribunales Departamentales de Justicia y juzgados de todo el país, esto debido a que no habría la posibilidad de habilitar ítems y firmar los contratos para todos y cada uno de los funcionarios del TSJ.

Además, dijo que “hubiera ocurrido” la imposibilidad de resolver recursos de casación, solicitudes de detención preventiva, los procesos de extradición, recursos extraordinarios de revisión de sentencia y en el caso de los Tribunales Departamentales de Justicia los autos de vista y la propia emisión de sentencias.

Inclusive, señaló que los juicios de responsabilidades, como la sentencia dictada en los días pasados en el caso Petrocontratos no se hubiera concretado, conforme a los intereses del Estado boliviano

“(Se) hubiese provocado efectos de daño incalculable. Lo que hicimos todos los magistrados de sala plena es asumir, entonces, una responsabilidad para preservar el derecho de las personas a una justicia pronta y oportuna”.

Prorroga

Jaimes remarcó que el mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional (TCP) viene de la Constitución y del pueblo. Mencionó que este último es quien los eligió, pese a una campaña “contraria a la realización de las elecciones judiciales”.

“El pueblo nos eligió de manera legítima y democrática. Cumplimos, entonces, con la declaración constitucional que dispuso la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial, cumplimos con las leyes”.

Agregó que las dificultades con relación a las elecciones judiciales “fueron un efecto de la labor desatendida por la propia Asamblea Legislativa”.

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Grover García, invitó este jueves al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y a la militancia afín al expresidente Evo Morales a “unificar” el partido para que no se divida el voto en las elecciones generales de 2025.

El dirigente campesino negó que se haya invitado a Rodríguez para que sea candidato para participar de las presidenciales e indicó que serán las organizaciones sociales y la militancia que elegirán en su momento a las ternas.

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“Nosotros no invitamos para ser candidato presidencial a nadie, pero sí invitamos a Andrónico, a cualquiera, a las bases, a los militantes para que se unifiquen, para que se sumen y no estén dividiendo votos con sus intereses personales o sectoriales, ahora es el pueblo de los nueve departamentos (el que) va a elegir”, enfatizó.

El jefe del MAS convocó a la unidad e indicó que las puertas del partido están abiertas y “hoy más que nunca” se tiene que convocar a la unidad para trabajar en nuevas propuestas para aportar sobre el desarrollo del país. “Queremos decir que nuestra militancia esté tranquila. Hoy hay que conducir a la unidad”. 

Candidatura de Arce

Respecto a la participación como candidato del presidente Luis Arce, García se limitó a señalar que “el pueblo y los militantes lo saben, todo tiene su ciclo”.

Mencionó que Evo Morales tuvo su oportunidad y los que le siguen también tuvieron su oportunidad. Dijo que “ahora es (oportunidad) de nuevos líderes y nuevas generaciones”.

Sobre la electoralización del país, manifestó que existen fanáticos e interesados que están en su derecho de “proclamarse” como candidatos presidenciales, pero que el pueblo espera, de forma responsable, que se elija a las ternas.

El expresidente Evo Morales denunció este jueves que el gobierno de Luis Arce impide que sea entrevistado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura que se encuentra en una visita oficial en Bolivia.

“Denunciamos que el gobierno boliviano continúa violando sistemáticamente los derechos humanos de mi persona y de un centenar de hermanos dirigentes detenidos, incumpliendo el Artículo 14… al objetarnos arbitrariamente entrevistas con el Subcomité para la Prevención de la Tortura que se encuentra de visita oficial en Bolivia” (sic), escribió el líder cocalero desde su cuenta de X.

Añadió que estas entrevistas también fueron solicitadas tanto “al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya” como “a la Defensoría del Pueblo”.

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En noviembre, el ministro de Justicia, Cesar Siles, informó sobre la visita de los miembros de este Subcomité de la ONU, entre el 1 y el 12 de diciembre.

Durante su visita, dijo que ese organismo se reunirá con el Órgano Judicial, con el objetivo de abordar temas relacionados con la prevención de torturas y posibles tratos inhumanos.

“Viene a comprometer a los magistrados del Tribunal Supremo (de Justicia) para que hagan un recibimiento oficial al Subcomité para la Prevención Contra la Tortura de las Naciones Unidas”, dijo entonces la autoridad.

El rol de ese Subcomité es prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos que afectan a los privados de libertad, en este caso, en las cárceles de Bolivia.

Misael Nállar partió este jueves desde el aeropuerto de El Alto a Santa Cruz para cumplir su condena de 15 años en el penal de Palmasola.

El operativo de su traslado se inició desde tempranas horas de este jueves desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro hasta el Aeropuerto Internacional El Alto.

Su traslado estaba previsto para las 08.00, sin embargo, un incidente de una aeronave de TAB en una de las pistas del aeropuerto de Viru Viru provocó la suspensión temporal de las operaciones.

“En horas de la mañana él (Nállar) ha sido trasladado al recinto penitenciario de Palmasola. El ha arribado a las 11.50, posteriormente con la capsula de seguridad se lo trasladó hasta el recinto penitenciario y aguarda reclusión en el mismo”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudad, Roberto Ríos.

La autoridad indicó que el traslado de Nállar no presentó ninguna novedad, esto en razón que la Policía Boliviana tomó todas las medidas de seguridad, así como la administración penitenciaria.

Respecto a la sentencia de 15 años, dijo que es una determinación de Justicia y que como Gobierno señalaron que son “respetuosos” de las determinaciones que se toma, sin embargo, dijo que por los delitos que cometió no es una pena que vaya en función a la condena.  

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el miércoles que Nállar fue sentenciado a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de dos policías.

El condenado, según informó la autoridad, reconoció su participación y, ahora, deberá purgar su condena en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

“Nadie puede tocar a un efectivo del orden (…). Quien se atreva a tocar, herir o quitarle la vida a un miembro de la Policía Boliviana, va a tener la sanción conforme establezca el ordenamiento jurídico de nuestro país”, advirtió el ministro ante periodistas en La Paz.

El caso fue abierto luego del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), David Candia, en un confuso incidente ocurrido el 21 de junio de 2022 en Porongo, en las afueras de Santa Cruz.