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Interpol afirma que no puede detener a López porque tiene estatus de refugiado en Paraguay

Luis Fernando López, cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa, en la gestión de Jeanine Áñez.

La Interpol de Paraguay afirmó que no puede detener a Luis Fernando López, exministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Áñez porque tiene estatus de refugiado.

Un informe filtrado a los medios señaló que “no procedió a la detención de esta persona, quien posee el estatus de refugiado en el país y no pesa sobre el mismo orden de detención emanada de autoridad judicial a la fecha”.

También indicó que sobre el exministro pesaba orden de captura con fines de extradición que fue levantada por oficio Nro. 71 el 22 de este mes por el Juez Penal de Garantías N° 9.

Un fallo del 13 de febrero de la Justicia paraguaya, decreta “la detención preventiva con fines de extradición de Luis Fernando López Julio”, quien una vez detenido debería ser puesto a disposición del Juzgado a los efectos de dar trámite al presente proceso.

Sin embargo, el 22 de febrero se conoció que la Fiscalía de ese país pidió que se paralice el trámite para su extradición, esto en razón de que la exautoridad pidió refugio y la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) debía emitir una resolución a esta solicitud.

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Mediante un exhorto, la fiscal Lourdes Samaniego hizo la solicitud ante un juzgado, ya que primero se debe esperar la definición de los trámites que inició López el 19 de julio de 2023 para ser declarado refugiado ante Conare, según El Observador.

López es requerido por la Justicia boliviana por la comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias, con tres a seis años de prisión.

Está prófugo de la Justicia boliviana e imputado en los casos Golpe de Estado I y por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. También es investigado por un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

La autoridad fugó del país en noviembre de 2020 y, según los datos recabados por las autoridades, se instaló en Brasil.

En junio de 2021, la jueza del Tribunal Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, lo declaró en rebeldía. Lo mismo ocurrió con su excolega Arturo Murillo Prijic, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero.