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Sunday 14 Apr 2024 | Actualizado a 18:49 PM

Luego de casi tres años en prisión, exministros Coímbra y Guzmán dejan San Pedro

Los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán salieron libres del penal de San Pedro, luego de su aprehensión el 12 de marzo de 2019.

Los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 28 de febrero de 2024 / 11:42

Luego de someterse a un juicio abreviado y recibir una sentencia de dos años, los exministros de la gestión de Jeanine Áñez fueron liberados luego de casi tres años de estar en prisión. Se trata de Álvaro Coímbra, que dirigió el Ministerio de Justicia, y de Rodrigo Guzmán, que estuvo al mando de la cartera de Energías.

La información fue confirmada por el director departamental de Régimen Penitenciario, Daniel Callisaya. Dijo a la red Unitel que ambas exautoridades dejaron el penal de San Pedro la noche del martes.

Los excolaboradores del gobierno transitorio fueron detenidos el 12 de marzo de 2021 por el caso Golpe de Estado I, un día antes de la aprehensión de Áñez, investigados por el mismo caso, aunque está foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”.

El 5 de diciembre del año pasado, los exministros fueron sentenciados a dos años de cárcel; eso, por el caso que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, en 2019.

En el mismo caso, cuatro exjefes militares también aceptaron su culpa y se sometieron a un proceso abreviado a cambio de sentencias menores. Los uniformados sancionados son: el excomandante del Ejército general Pastor Mendieta; el excomandante de la Armada almirante Palmiro Jarjury; el excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros y el exjefe del Estado Mayor almirante Flavio Arce San Martín.

Añez, es investigada por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración; cumple con detención en el penal de mujeres de Miraflores, en La Paz. Aunque también cumple con una condena de 10 años luego de haber sido hallada culpable en el caso Golpe de Estado II, por su proclamación irregular como presidenta en 2019.

Mientras, Camacho guarda detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha.

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Prada atribuye a Morales una disputa del poder a través de la electoralización del MAS

María Nela Prada dijo que el discurso de la “inhabilitación” de Evo Morales “es otra mentira” y que quienes asesoran al exmandatario lo están confundiendo.

El presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Foto: Archivo

/ 14 de abril de 2024 / 18:39

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lanzó duras críticas al expresidente y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y dijo que en ese partido no existe una pugna de poder, sino electoral por parte del líder cocalero.

Defendió al presidente Luis Arce, quien aún no emitió alguna posición respecto de su candidatura o no a las elecciones presidenciales de 2025.

“Hay personas que han empezado a decir que es una lucha de poder entre masistas. Nuestro Presidente no ha estado en disputa de poder; él ha pedido que no se electoralice el país”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.

Luego de renunciar a sus funciones, el 10 de noviembre de 2019, Morales se asiló primero en México y luego en Argentina. Volvió al país una vez que Arce se instaló en la Cas Grande del Pueblo.

Evo Morales

En criterio de Prada, Morales “llegó de Argentina con la idea de trabajar su candidatura (a 2025); no por trabajar para el pueblo, sino en buscar cómo volvía al poder”.

Así, la autoridad abordó la anunciada candidatura de Morales a los próximos comicios presidenciales.

Prada consideró que Morales busca “hacer ver” que hay crisis social, política y económica en el país y que en ese afán genera escollos, principalmente, en la Asamblea Legislativa, donde su bancada “bloquea” la aprobación de créditos destinados a obras en varias regiones del país.

“Obstaculiza la economía únicamente con fines políticos y electorales; por ambiciones de poder, por volver a ser candidato a costa de la estabilidad política económica y social que le ha costado a nuestro pueblo”, fustigó.

Calificó de “perversa” la “intención de destruir la economía del pueblo” y su “doble discurso”.

“Hay una angurria de poder, hay una intención de buscar posicionar el tema de una candidatura”, criticó.

Candidatura

Criticó también el discurso que maneja Morales y su entorno respecto de una supuesta “inhabilitación” por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la Sentencia Constitucional 1010/2023.

Se trata de un fallo del TCP que abordó un recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones judiciales. Fue presentada por el entonces postulante Miguel Balcázar el 27 de marzo de 2023.

En la parte final del texto, la sentencia abunda con consideraciones jurídicas y teóricas sobre la reelección.

“Es otra de las mentiras del expresidente”, complementó la ministra Prada.

Esa interpretación también generó reacciones por parte del evismo y las organizaciones que respaldan al líder cocalero. Incluso, las dirigencias anunciaron “convulsionar al país” si Morales queda inhabilitado como candidato.

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El congreso arcista del MAS prevé asistencia de 6.000 delegados y 107 ‘confederaciones’

Observada su convocatoria, no se conoce si el MAS evista logró subsanar cuatro observaciones que la Secretaría de Cámara del TSE hizo a su llamado a congreso.

Encuentro de las organizaciones sociales en el cabildo de la Ceja de El Alto.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 14 de abril de 2024 / 13:57

El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) Vidal Gómez calculó en menos 6.000 delegados de organizaciones sociales y 107 confederaciones la asistencia al congreso convocado por el Pacto de Unidad, en El Alto.

Asistirán “más de 50.000 militantes, 6.000 congresistas acreditados de 107 confederaciones. (Son) 107 confederaciones que serán parte (del encuentro; entre gremiales, mineros, transportistas, la COB. Marcará la reestructuración de nuestro instrumento político”, dijo este domingo en una entrevista con Bolivia Tv.

El encuentro convocado por el Pacto de Unidad está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo y tiene el respaldo de las tres organizaciones sociales “madres” del Movimiento Al Socialismo (MAS): Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSIOB) y Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.

Gómez aclaró que se buscó el consenso con el jefe nacional del MAS, Evo Morales, pero no recibieron respuesta de aceptación o rechazo para consensuar el congreso. Reiteró la invitación al líder cocalero para que forme parte del evento.

Congreso

Si por un lado hay la convocatoria de las organizaciones que respaldan la gestión del presidente Luis Arce, existe el llamado de la dirección nacional del MAS para un congreso el 10 de junio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari.

Dicho congreso, que llegó hasta la Cámara de Secretaría del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió cuatro observaciones por parte de esa oficina.

Entre las observaciones a la convocatoria está precisamente el consenso con esas organizaciones sociales. Además, observa que la convocatoria solo está firmada por ocho de los 14 miembros de la dirección nacional.

Es oficina dictó que las observaciones a la convocatoria evista sean subsanadas en un plazo de dos días. Cumplido el tiempo el viernes, aún no se conoce y si se hicieron las enmiendas.

El TSE aún no definió cuál de las dos convocatorias “vale”. En los hechos, el llamado del evismo no cuenta con el aval de las tres organizaciones fundadoras del MAS. Del otro lado, la convocatoria del Pacto de Unidad no tiene el visto bueno de la directiva electa en 2017.

Morales criticó duramente que exista una convocatoria que no es la suya y dijo que está propiciada por “dirigentes truchos” y que “no representan a nadie”.

“No vamos a entrar a las mentiras de la directiva nacional del MAS. Se puede hablar mucho, pero invitamos a que Evo compruebe una de sus calumnias hacia las organizaciones sociales. Nos divide a las organizaciones para poder darle legitimidad a su convocatoria, que ese un fracaso”, complementó Gómez.

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Morales sobre el caso Hotel Las Américas: ‘Que me metan a la cárcel, no me voy a escapar’

Evo Morales apunta al Gobierno del presidente Luis Arce de buscar detenerlo y así, en su criterio, evitar su postulación a las elecciones presidenciales de 2025.

El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales. Foto: Archivo

/ 14 de abril de 2024 / 09:39

“Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, desafió este domingo el expresidente Evo Morales sobre el proceso penal abierto contra los responsables de la intervención al hotel Las Américas en 2009.

Además, en su programa dominical de radio Kawsachun Coca, el exmandatario añadió: “Que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Si me tienen que llevar a la cárcel, que me lleven por defender la integridad del territorio nacional”.

Morales apuntó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de pretender detenerlo, aunque ese discurso lo maneja desde hace tiempo. “Quieren detener y proscribir a Evo para que no sea candidato (a las elecciones presidenciales de 2025)”, dijo en varios actos públicos.

Evo Morales

El sábado, Mario Tadic y Előd Tóásó, sobrevivientes del grupo abatido en un operativo policial en el hotel Las Américas en 2009, informaron, a través de sus redes sociales, del proceso que abrió el Estado.

“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)”, dice la primera parte de su publicación en su cuenta de X.

Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años; la sanción fue dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.

Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

Proceso

En la acción policial de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas, en la capital cruceña, y abatió al croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, a quienes acusó de alzamiento armado.

Morales explicó que cuando ese hecho ocurrió, él se encontraba en Venezuela y que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fungía como presidente en ejercicio.

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

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Concluye evaluación de méritos para el TSJ; notificarán a los aprobados y exámenes comienzan el martes

Los postulantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 130 puntos para poder avanzar en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Miembros de la Comisión Mixta de Constitución

Por Mauricio Diaz Saravia y Roberto Guzmán

/ 14 de abril de 2024 / 07:12

El senador Miguel Rejas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a La Razón que concluyó la evaluación de méritos de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este domingo se notificará a los profesionales que hayan logrado vencer esta fase y llegar al examen escrito y oral, que comienza este martes.
“A estas horas (01.58), hemos concluido la fase de evaluación de méritos al TCP y al TSJ. Hemos actuado de acuerdo a lo que nos manda la Constitución (Política del Estado) y lo que nos manda la Ley 1549 (de Elecciones Judiciales) para elegir a las nuevas altas autoridades”, dijo Rejas la madrugada de este domingo.

Esa comisión evaluó los méritos de 188 postulantes al TSJ y el jueves en la noche concluyó con el TCP, para el que llegaron 93 aspirantes habilitados.

Entretanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural definió el jueves la lista de aprobados al Consejo de la Magistratura (89) y al Tribunal Agroambiental (40).

Esta evaluación de méritos, que contempló la verificación de la formación académica, la experiencia profesional y la producción intelectual, tuvo una calificación de hasta 100 puntos.

Desde el martes, los postulantes buscarán al menos 130 puntos de los 200 asignados a esta etapa. Responderán a preguntas, cada una con un puntaje de puntos.

“El lunes tendremos sesión como comisión para definir la metodología de lo que sería el martes en la mañana”, agregó Rejas.

El cronograma manda que, el 22 de abril, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural elaboren el informe con la lista de aspirantes que vencieron la preselección, que será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debe debatir la aprobación o rechazo de dicho informe; finalmente, entre el 5 y 6 de mayo, la lista final de hasta 192 postulantes debe ser remitida el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que en un plazo de hasta 150 días organice las elecciones judiciales.

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Pensión de jubilación: Las rentas en el país oscilan entre Bs 640 y Bs 33.082

Se prevé que los ajustes beneficiarán al 69% de los jubilados.

Un trabajador jubilado recibe el pago de su renta en una ventanilla habilitada para el proceso.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 14 de abril de 2024 / 06:33

En Bolivia, las rentas de los trabajadores jubilados se pagan desde los Bs 640 hasta las Bs 33.082, según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) al que accedió La Razón.

“El monto mínimo de Pensión Solidaria de Vejez que un asegurado al Sistema Integral de Pensiones (SIP) puede recibir, con 10 años de aporte a la Seguridad Social de Largo Plazo, es de Bs 640. Asimismo, de acuerdo a datos de la APS, el monto de la pensión de vejez más alta registrada asciende a Bs 33.082”, respondió la institución a un cuestionario que envió este diario a la unidad de Comunicación del Ministerio de Economía.

De un total de 219.266 jubilados que hay en el país, el 77%, o sea 169.089 personas, recibe rentas entre Bs 640 y Bs 4.000. Mientras, el otro 23%, 50.177 personas, percibe una renta por encima de esos Bs 4.000.

Del universo de jubilados, el 69% (151.134 personas) reportaron en su trayectoria laboral un sueldo de hasta Bs 6.000, mientras que el 31% (68.132) tuvieron ingresos por encima de ese monto de dinero. Eso determinó el monto de sus rentas mensuales.

¿Cómo se define el monto de la Pensión Solidaria de Vejez? La renta tiene tres componentes que definen ello. Es la sumatoria del cálculo de aportes individuales, además del Fondo de Compensaciones, si corresponde, y la fracción solidaria.

Esos datos cobran importancia en medio de la discusión sobre el Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.

Dicha norma, impulsada por el Gobierno, busca beneficiar a jubilados “que realizaron aportes relativamente bajos, permitiendo una vejez digna en su etapa adulta mayor”, según la respuesta del Ministerio de Economía.

Además, prevé “fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario a través del incremento de los aportes solidarios de los empleadores (público/privado) y de los asegurados con ingresos elevados, superiores a los Bs 13.000”.

Un tercer objetivo de esa propuesta de norma es “preservar la salud e integridad del trabajador, así como del entorno donde desarrolla sus actividades laborales a través de un examen médico a cargo del INSO (Instituto Nacional de Salud Ocupacional), que es un Instituto especializado en salud ocupacional”.

RECLAMO.

Precisamente, la interpretación del último genera protestas en algunos sectores. La disposición adicional Única del Proyecto de Ley 035 señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, principalmente para evaluar el estado del trabajador. “Dicha evaluación no limita el derecho a la continuidad laboral en el sector público o privado”, aclaró el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa el miércoles de la anterior semana.

Los sectores en conflicto, que impulsaron movilizaciones durante la semana, consideran que dicha disposición en la norma implica una “jubilación obligatoria”.

Ante eso, el viceministro Apaza salió al frente a explicar cuál es el motivo del cuestionado examen médico e instó a los movilizados a “no tenerle miedo” al examen médico.

“Los dirigentes del sector salud no deberían tenerle miedo a un examen médico, que simplemente va a evaluar sus facultades, y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo, lo va a seguir relaalizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, indicó.

Reiteró que el Proyecto de Ley 035 modifica la Ley de Pensiones y que fue enviado hace nueve meses a la Asamblea Legislativa para la discusión de su contenido.

Sin embargo, Apaza se abrió a la posibilidad a debatir los cambios a la Ley de Pensiones con el sector salud y el magisterio, que se oponen al proyecto de ley.

puede leer: Jubilación: El Gobierno afirma que examen médico no será limitante para seguir trabajando

“El diálogo, la socialización, el debate de todo proyecto tiene que estar abierto. Nosotros, como proyectistas vamos a asistir a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Somos respetuosos de sus atribuciones y competencias”, dijo el funcionario a los periodistas el miércoles.

Apaza afirmó que, como impulsor del proyecto de ley, acudió a varias mesas de trabajo en la Cámara de Diputados y que, incluso, se realizaron al menos 33 eventos de socialización con varios actores.

“Nosotros tenemos todos los argumentos técnicos y legales. Se ha hecho un estudio matemático actuarial que respalda plenamente la sostenibilidad del fondo solidario y que va a mejorar la vida de todos los jubilados”, complementó el viceministro Apaza.

“Algunos dirigentes tienen intereses políticos. Algunos de ellos ya se están viendo como candidatos (electorales) y por eso llaman a la movilización; cuando éste es un proyecto de ley que está en tratamiento en la Asamblea. En todo caso, cualquier medida de presión debiera ir a esa instancia. Son diputados y senadores que van a recibir los comentarios, apoyo u observaciones”, reclamó.

El proyecto está radicado en una comisión de Diputados.

Conozca en qué consiste el Proyecto de Ley 035

El Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, busca ampliar la fracción solidaria de la Pensión Solidaria de Vejez.

El beneficio de eso radica en el incremento de la renta mensual del 69% de jubilados con el Sistema Integral de Pensiones (SIP) en hasta Bs 1.000, según corresponda a la cantidad de aportes y años trabajado de cada beneficiario.

Por ejemplo, un jubilado cuya renta es de Bs 1.200 recibirá 1.346; quienes perciben Bs 2.500, alcanzarán a Bs 2.844 y otro beneficiario que recibía Bs 3.300, llegará a percibir Bs 3.900.

“El proyecto de ley también favorecerá a los futuros jubilados del SIP que se beneficiarán de un incremento en la Pensión Solidaria de Vejez, previo cumplimiento de requisitos, la cual además es vitalicia y cuenta con seguro médico para el titular y su grupo familiar”, indicó Economía.

Los recursos están previstos en un estudio matemático actuarial que, según la información de la APS, “está garantizado hasta 2048”.

Esos recursos devienen del aporte solidario a la vejez, que se incrementará según a la escala salarial de los trabajadores activos con ingreso igual o superiores a Bs 13.000. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de Bs 15.000, hará un aporte de Bs 3; de Bs 17.000, será Bs 6; mientras que de Bs 20.000 será de Bs 11, y, finalmente, de los salarios iguales o mayores a 25.000, el aporte será de Bs 18.

La edad de jubilación se mantendrá en 58 años para varones y mujeres, con la reducción de un año por cada hijo nacido vivo en mujeres.

Una persona de la tecera edad.
Una persona de la tecera edad. Foto La Razón

Jubilados activos se movilizan contra la ley

Hay 17.800 jubilados activos laboralmente. El 62% pertenece a los sectores que propiciaron las movilizaciones en contra del Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) a un cuestionario de La Razón.

El principal motivo de su rechazo es a la disposición adicional única del proyecto de ley, que señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

Eso fue interpretado por los sectores en conflicto como una “jubilación forzosa”. Ante eso, el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que la Asamblea Legislativa convocó a los delegados del sector médico a una reunión mañana, con el fin de discutir el contenido.

Ahora, se espera la respuesta de las dirigencias ante la invitación del oficialismo.

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