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Thursday 2 May 2024 | Actualizado a 17:06 PM

Régimen Penitenciario aguarda informe sobre traslado de Camacho a Santa Cruz

El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en audiencia al cese a sus medidas cautelares.

Por Boris Góngora

/ 4 de marzo de 2024 / 17:58

A ocho días del inicio del juicio oral del gobernador Luis Fernando Camacho dentro el caso Decretazo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que aún se aguarda el informe de Inteligencia para el traslado del privado de libertad desde el penal de Chonchocoro hacia Santa Cruz. Añadió que en esta semana se tendrá la información. 

“Hemos solicitado vía informe formal al director de este centro penitenciario para que informe algunos aspectos respecto a la solicitud que ha realizado. Esperemos que, en estos dos, tres días, ya tengamos la información. Vamos a hacer conocer respecto a los resultados y obviamente esos resultados se harán conocer solo por tema informativo a la autoridad competente”, dijo Limpias.

El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo, cuyo inicio es el 11 de marzo a las 13.00.

Limpias aclaró que este informe no solo se realiza en este caso, sino en todos los casos de relevancia que genere algún tipo de inseguridad tanto para el privado de libertad o para los policías que lo van a custodiar.

“Nosotros no decidimos, (solo) ponemos en conocimiento y obviamente si hay algún tipo de riesgo con cualquier privado de libertad y con el equipo de seguridad representamos con un informe a la autoridad competente. Ya verá la autoridad competente cuáles son las determinaciones que asuma de acuerdo a la información”, mencionó.

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Al ser consultado sobre si un informe policial está por encima de la resolución de un juez, Limpias dijo que “no”, pero que hay una disposición judicial que la administración penitenciaria tiene que cumplir y se esperará que “el juez disponga si ratifica, suspende o cambia su decisión. Eso va a ser una decisión y vamos a tener que cumplir”.

La autoridad cruceña cumple su detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo.

La autoridad es acusada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.

Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.

Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.

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A la espera de notificación sobre fallo que anula judiciales, comisión dicta cuarto intermedio hasta este jueves

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

Sesión de la Comisión Mixta de Constitución.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:20

La Comisión Mixta de Constitución determinó este martes entrar en cuarto intermedio mientras se espera la notificación de la Sala Constitucional que concedió la acción popular a la dirigente indígena Yeny Duri y anuló el proceso de preselección de las judiciales.

“Teniendo en cuenta que aún no nos remitieron ninguna resolución y también vamos a ir presentando el informe de los amparos, los 18 que nos han interpuesto más la acción popular… declaramos un cuarto intermedio”, dijo el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas.

Añadió que “inmediatamente” se los notifique, se los convocará y definirá si se envía un informe o no al Pleno de la Asamblea Legislativa.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, indicó que están esperando la notificación que anuló las judiciales para determinar acciones como comisión.

“Lo que nos queda claro que el fallo de la Sala Constitucional de Pando es ilegal e inaplicable, ninguna sala constitucional tiene competencia para declarar inaplicabilidad de una ley, menos de la Ley 1549 que ha sido sometida a control constitucional y que además está respaldada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”.

Añadió que en condición de primer órgano del Estado “exigen” que sea la Asamblea Legislativa la que dé el mandato para continuar o dejar por sentado el proceso de preselección.

La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto y anuló el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

Lea más: Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La acción popular fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando, señaló que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

La senadora Barrientos también señaló que los amparos presentados contra la Asamblea y las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural paralizaron el proceso de preselección desde hace dos semanas.

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Rodríguez Veltzé dice que por ‘incompetencia’ de Sala Constitucional es ‘inaplicable’ la anulación de las judiciales

La Sala de Pando determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

El expresidente del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en una entrevista con La Razón.

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2024 / 00:01

Luego de conocer que la Justicia anuló la preselección de postulantes para las judiciales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la “incompetencia” de la Sala Constitucional Primera de Pando hacen “improcedente e inaplicable” este fallo. 

“El objeto de la ‘acción popular’ protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección” (sic), escribió en su cuenta de X.

La tarde de este martes, la Sala de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso en la Asamblea Legislativa, decisión de los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

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La acción popular fue presentada el 18 de abril por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri. En primera instancia, la Sala dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

La vocal Salazar señaló que la Asamblea “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección”. “Se ha concedido la audiencia de acción de amparo. En ese sentido es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo Salazar.

Añadió que la Asamblea tiene que emitir “una nueva convocatoria, cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 18:47

Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

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La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La Comisión Mixta de Constitución revisa las carpetas de los postulantes.

Por Boris Góngora

/ 30 de abril de 2024 / 17:36

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

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Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

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CSUTCB reitera que realizará congreso del MAS en El Alto ‘con o sin’ el TSE

Chacalluca reiteró que “se garantiza sí o sí” el congreso, por lo que se están organizando los movimientos sociales.

Nicanor Chacalluca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Por Boris Góngora

/ 29 de abril de 2024 / 21:30

Tras observación al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Pacto de Unidad arcista por parte de la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el dirigente Nicanor Chacalluca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) reiteró que se garantiza el evento político “con o sin” el acompañamiento del Órgano Electoral.

“Como CSUTCB garantizamos el congreso que viene y está programado para el 3, 4 y 5 de mayo. Ese es el cumplimiento al magno cabildo que se ha llevado el año pasado. Vamos a hacer el cumplimiento y para eso las observaciones que hubo vamos a subsanar, no son de fondo sino de forma. Vamos a subsanar entre hoy y mañana”, dijo el dirigente.

Chacalluca reiteró que “se garantiza sí o sí” el congreso, por lo que se están organizando los movimientos sociales. “El congreso sí o sí, con o sin (el TSE) se lleva. No se va a postergar. Somos mayoría y somos más de 107 organizaciones que están presentes”.

Lea más: La Secretaría de Cámara del TSE vuelve a observar congreso del Pacto de Unidad

La Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS del Pacto de Unidad previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con las observaciones, la solicitud no fue presentada por los delegados políticos del MAS ante el TSE, en este caso, Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, ambos acreditados ante el Órgano Electoral.

También, la Secretaría de Cámara señala que no cumple con en el plazo de 15 días de anticipación a la realización de la elección de la nueva directiva. Además, no se cumplió con cinco especificaciones: el detalle de fechas de realización del congreso, los requisitos de participación según el estatuto del MAS, requisitos para la postulación de cargos a elegir, la modalidad de elección y la dirección del evento.

Otra de las observaciones tiene que ver con la convocatoria pública que, según detalla el documento, no cumplió con la anticipación de 90 días como máximo y 60 como mínimo.

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