A ocho días del inicio del juicio oral del gobernador Luis Fernando Camacho dentro el caso Decretazo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que aún se aguarda el informe de Inteligencia para el traslado del privado de libertad desde el penal de Chonchocoro hacia Santa Cruz. Añadió que en esta semana se tendrá la información.
“Hemos solicitado vía informe formal al director de este centro penitenciario para que informe algunos aspectos respecto a la solicitud que ha realizado. Esperemos que, en estos dos, tres días, ya tengamos la información. Vamos a hacer conocer respecto a los resultados y obviamente esos resultados se harán conocer solo por tema informativo a la autoridad competente”, dijo Limpias.
El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo, cuyo inicio es el 11 de marzo a las 13.00.
Limpias aclaró que este informe no solo se realiza en este caso, sino en todos los casos de relevancia que genere algún tipo de inseguridad tanto para el privado de libertad o para los policías que lo van a custodiar.
“Nosotros no decidimos, (solo) ponemos en conocimiento y obviamente si hay algún tipo de riesgo con cualquier privado de libertad y con el equipo de seguridad representamos con un informe a la autoridad competente. Ya verá la autoridad competente cuáles son las determinaciones que asuma de acuerdo a la información”, mencionó.
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Al ser consultado sobre si un informe policial está por encima de la resolución de un juez, Limpias dijo que “no”, pero que hay una disposición judicial que la administración penitenciaria tiene que cumplir y se esperará que “el juez disponga si ratifica, suspende o cambia su decisión. Eso va a ser una decisión y vamos a tener que cumplir”.
La autoridad cruceña cumple su detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo.
La autoridad es acusada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.
En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.
Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.
Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.
Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.