La Justicia amplía por 120 días más la detención preventiva de Camacho por el caso 36 días de paro
El paro de 36 días paralizó parcialmente el departamento de Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 en demanda de la realización del Censo en esta gestión.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en audiencia al cese a sus medidas cautelares.
Imagen: RRSS
La Justicia amplió este viernes por 120 días más la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso del paro de 36 días, proceso iniciado por las jornadas de movilización entre octubre y noviembre de 2022 para la realización del Censo de Población y Vivienda.
El juez Elmer Laura, en audiencia virtual, apoyó su resolución en la complejidad del caso expuesta en la petición de la detención realizada por el Ministerio Público.
“Se debe individualizar a cada sujeto investigado, por otro lado, se señala que hay varios testigos y estos deben ser identificados y sujetos a la investigación y eso hace a la complejidad”, argumentó el juez, según la Red Unitel.
El paro de 36 días paralizó parcialmente el departamento de Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022, en medio una serie de perjuicios derivados por los bloqueos impulsado por el Comité Interinstitucional, en demanda de la realización del Censo en esta gestión.
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Se caracterizó por la quema de las sedes de la Central Obrera Regional y la Federación de Campesinos, violencia en las rotondas, control de “peajes” y otras medidas extremas.
La denuncia fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en la capital cruceña.
El dirigente denunció en ese entonces, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y a Reiniero Vargas, ante la Fiscalía Departamental de La Paz por los hechos de violencia y el paro en Santa Cruz.
En octubre de 2023, la Fiscalía imputó a los líderes del denominado paro de 36 días por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra la libertad de trabajo, racismo, discriminación, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.