Nacional

Saturday 25 May 2024 | Actualizado a 06:36 AM

Informe de la CIDH: división y ausencia de representatividad en el periodismo

La muerte de Sebastián Moro es una grave señal de violencia

El colectivo de periodistas que no reconoce la representación de las asociaciones

Por Rubén Atahuichi

/ 18 de marzo de 2024 / 06:50

En su informe sobre su visita in loco a Bolivia en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó división, reclamos de ausencia de representatividad, acusaciones de sesgo y estigmatización en el gremio de periodistas.

El miércoles, el organismo presentó su informe de 222 páginas sobre la visita in loco de sus comisionados a Bolivia entre 27 y 31 de marzo de 2023: Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia.

Representada por los comisionados Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido, José Luis Caballero Ochoa, Édgar Stuardo Ralón Orellana, Arif Bulkan, Andrea Pochak y Gloria Monique de Mees, la Comisión abordó buena parte del documento al trabajo de los periodistas en Bolivia.

 “Existe una división entre las personas periodistas reflejadas en acusaciones mutuas de sesgos; desacreditación y estigmatización de la labor de periodistas dentro del propio gremio; reclamos sobre ausencia de representatividad y pluralidad en órganos de prensa y periodistas, entre otros”, concluye el informe sobre la materia.

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Representatividad

Con el fin de abordar los avances y desafíos de los derechos humanos durante los últimos 17 años, la CIDH se reunió también con distintos gremios de periodistas locales y nacionales.

Entonces, representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se reunieron en la ciudad de La Paz con los comisionados, a quienes reportaron “200 casos de violaciones” a los derechos humanos y la libertad de expresión e información.

Semanas antes de la cita, la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, había sentenciado en relación a la situación política respecto del periodismo: “Estamos peor que en las dictaduras”.

En tanto, otro colectivo de periodistas también consiguió una cita con la CIDH, cuyo argumento fue que no se sentía representado por los gremios. Esas organizaciones “nos dividen a quienes trabajamos en medios de comunicación entre ‘independientes’, que son los buenos, los que merecen trabajar y dicen la verdad; y el resto, que nos dicen ‘paraestatales’”, denunció entonces Freddy Morales, corresponsal de TeleSur.

Al final de su estadía en un informe preliminar, la Comisión adelantó que, “durante la visita, se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa; al mismo tiempo, se recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”.

División

En criterio del organismo, esa situación de división, desacreditación o estigmatización en el gremio “dificulta el diálogo sobre la sostenibilidad del periodismo, la autoevaluación crítica dentro del gremio y la adopción de medidas de autorregulación”.

Sin embargo, saludó “el rol” del Consejo Nacional de Ética Periodística (CNÉP) y su Tribunal de Ética, y el Tribunal de la ANP.

Respecto de la posición de los medios de información, la CIDH considera que “las líneas editoriales de los medios de comunicación, en su pluralidad, contribuyen a la dimensión colectiva de la libertad de expresión”.

Sin embargo, afirma que “los medios de comunicación pueden defender sus líneas editoriales sin que ello implique el desconocimiento de hechos verificables, contrastados y contextualizados”.

“Durante la visita, la CIDH recibió información sobre los retos que existen para que la ciudadanía cuente con una oferta informativa balanceada, plural e integral de los eventos, especialmente en contextos de escalada de la conflictividad social”, describe.

Cita “dos marcos temporales” que plantearon riesgos para el ejercicio periodístico en el país: “El período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 (el llamado ‘paro cívico’ en Santa Cruz) y el período del 22 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023 (movilizaciones tras la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz)”.

Sobre el primer marco, el informe señala que “la Comisión conoció de la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, del periodista Sebastián Moro, cuyo cuerpo fue encontrado con politraumatismos tras hechos de violencia en noviembre de 2019”.

Corresponsal

Moro, periodista argentino, trabajaba entonces en Prensa Rural, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y era corresponsal del periódico Página/12.

“Un golpe en marcha”, había escrito el periodista en su reporte del 9 de noviembre al diario argentino, un día antes de la renuncia de Evo Morales.

Su familia denunció entonces que Sebastián murió el 16 de noviembre de ese año en una clínica en Sopocachi, en La Paz, “siete días después de haber aparecido en su cama ‘semiinconsciente, con marcas de golpes y una silla tirada en el piso’”.

Según se presume, se trata de un caso de represalia política.

A los días del llegar el 10 de noviembre al poder Jeanine Áñez, tras la renuncia del presidente  Morales, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga advirtió: “Aquellos periodistas o seudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros, están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”.

Dato

Según la CIDH, “las denuncias reflejan un elevado número de ataques por parte de agentes y grupos de particulares organizados que, por medio de amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y verbales —incluyendo insultos racistas— que obstaculizan la labor periodística y generan efectos de miedo y autocensura”.

Esas acciones siguen el “mismo modelo de acción utilizado por las fuerzas de seguridad durante la crisis político electoral de 2019”.

Así, la CIDH registra el caso del periodista Mario Alberto Rocabado Román, de Unitel, “quien habría sufrido graves agresiones físicas y apedreado al intentar cubrir un enfrentamiento entre favorables y opositores al paro cívico de 2022”.

También recuerda que “el 30 de diciembre de 2022, el vehículo del periodista Harol Salvatierra fue incendiado mientras intentaba realizar su labor en las movilizaciones en contra de la detención del gobernador departamental de Santa Cruz”.

“Las amenazas contra los medios han motivado la suspensión de sus labores, como el caso de la Bolivia TV, que suspendió sus emisiones en Santa Cruz por 15 días en enero de 2023 por las constantes amenazas recibidas contra sus periodistas”, dice.

En criterio de la CIDH, “conforme información recibida, persistiría la impunidad y la falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”.

Considera que el Estado “tiene la obligación” de prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de crímenes contra periodistas.

Acceso a la información y pauta estatal

De visita a Bolivia en marzo de 2023, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron la ausencia de normas para el acceso a la información y garantías para la asignación de publicidad oficial de forma equitativa.

“La Corte IDH ordenó al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos”, recuerda el informe.

Considera que Bolivia “no cuenta con información sobre la existencia de marcos legislativos que reglamenten el derecho de acceso a la información”.

Sobre la distribución de pauta estatal, “persisten las denuncias sobre el otorgamiento de publicidad sin criterios preestablecidos y objetivos mediante procesos que no garantizan mecanismos de contratación abiertos y no discriminatorio” y “ello se agrava por la ausencia de mecanismos que permitan el control externo de asignación publicitaria”.

Medios

Según las denuncias, “el monto de publicidad asignado por el Estado sería mayoritariamente destinado a medios de comunicación que el gobierno consideraría afines a sus pautas ideológicas”.

Sin embargo, “a criterio del Estado, las cifras y datos referentes a la publicidad oficial son transparentes de forma activa, por medio de su publicación en plataformas en línea del Gobierno”.

El informe de la CIDH también registra denuncias de demandas judiciales contra medios. “Específicamente, los periódicos Los Tiempos y El Diario han denunciado públicamente lo que denominan ‘asfixia económica’, como resultado de demandas judiciales empresariales —en el caso de Los Tiempos— y expedientes tributarios— en el caso de El Diario— que obstaculizan sus actividades”.

Sin embargo, dice que el Gobierno aclaró que en el primer caso “la controversia es relativa a la división y regulación societaria” y sobre El Diario, “las eventuales diligencias en materia tributaria atienden a un fin legítimo de investigar, apurar y recabar eventuales impuestos no pagos”.

(18/03/2024)

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Otro frente de conflicto: El dilema ahora es continuar o no con la preselección

Iván Lima apunta a Miguel Rejas y Roberto Padilla como responsables.

Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución

Por Daniel Zenteno y Rubén Atahuichi

/ 25 de mayo de 2024 / 01:53

Liberada la preselección de postulantes para las elecciones judiciales a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el arcismo y el evismo se encuentran enfrentados ahora en el dilema de continuar o no con el proceso suspendido.

Quien puso reparos sobre la situación fue el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Padilla, quien adelantó que el Órgano Legislativo perdió competencia sobre el proceso debido al vencimiento —en su criterio— de los plazos.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita, nosotros, ya no tenemos competencia”, afirmó ayer el legislador a radio Global de Sucre.

Preselección

“Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, justificó.

Hasta ayer, 24 horas después de la decisión del TCP sobre la continuidad del proceso, ninguna de las comisiones había convocado a una sesión sobre el caso.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, demandó la atención de Padilla y de Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución. “Ambos son los presidentes de las comisiones y deben liderar este proceso que, a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

Los responsabilizó del futuro del proceso electoral. “Si Rejas y Padilla hacen su trabajo, vamos a tener elecciones judiciales; si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos —perdón, a sus ahijados— a las candidaturas, claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”, espetó.

Elecciones judiciales

Lima se refirió a unos audios que la red DTV difundió a finales de marzo. “Van a ir a visitarte, por fa, ¿ya? Ya ahí hablamos y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo, ¿ya? Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina todo y con confianza Miguel porfa ¿ya?”, se escucha decir a una mujer, supuestamente en conversación con el senador Rejas.

En la entrevista de ayer, el senador expuso otro argumento y criticó la decisión del TCP. “El TCP fácilmente dice que continuemos, pero también nos dice el problema de las postulantes mujeres indígenas (…), nuevamente nos van a paralizar, nos van a decir ‘están haciendo ilegal’; ya no confiamos”, arguyó Rejas.

“Mientras existan estos magistrados autoprorrogados el proceso de preselección sigue corriendo riesgo”, cuestionó el senador.

Plazos

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, otorga 80 días calendario Asamblea Legislativa para el trabajo de preselección de postulantes, en todas sus fases, y 150 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones judiciales.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural comenzaron su trabajo el 16 de febrero con la convocatoria a postulantes y el 19, con el registro.

El proceso debía terminar el 5 de mayo, pero dos recursos lo impidieron: el 16 de abril, una sala constitucional de Santa Cruz falló a favor de Margarita Medrano y el 30 de abril, otra sala constitucional, esta vez de Pando, dejó en fojas cero el proceso y declaró inaplicable la Ley 1549 a instancias de Jeny Dury. Precisamente, el TCP anuló esta última decisión.

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Tras fallo del TCP, el proceso de preselección para las judiciales en la Asamblea sigue incierto

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución

Por Boris Góngora

/ 24 de mayo de 2024 / 23:04

El proceso de preselección para las judiciales continúa incierto en la Asamblea Legislativa pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre de continuar con las elecciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó este viernes que tras el fallo del TCP aún no se conoce la fecha de convocatoria por parte de las comisiones mixtas para retomar el proceso de preselección.

“Es de conocimiento que ambos presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución (Roberto Padilla y Miguel Rejas) obedecen al radicalismo y penosamente, según datos de sus colegas senadores, recién se va a convocar a sesión a la comisión mixta la siguiente semana”, dijo el legislador.

La Sala Segunda del TCP revocó el jueves el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

Lea más: Ministro Lima dice que las judiciales están en manos de los presidentes de comisiones mixtas

Jáuregui cuestionó que ambos legisladores esperen que pase “el Gran Poder, las efemérides departamentales de Chuquisaca y seguramente cumplir los festejos por el Día de la Madre” para convocar a las respectivas comisiones de la Asamblea.

El legislador señaló que existen varios elementos que se deben analizar, lo cual amerita de una urgente reinstalación de las sesiones de las comisiones mixtas.

En tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita nosotros ya no tenemos competencia. Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, señaló Padilla a radio Global Sucre.

Desde la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que la resolución del TCP tiene un fin político y la decisión les es “indiferente” porque no reconocen a los magistrados del Constitucional, debido a que están “usurpando funciones”.

Sin embargo, señaló que está claro que se debe hacer un ajuste de los plazos y esa será la tarea de las comisiones mixtas con un informe previo de cuál es el tiempo “exacto” que garantice la conclusión de la etapa.

Además, indicó que se está consiente que el país necesidad de nuevas autoridades judiciales y si en el escenario del debate y las consideraciones se tiene que dejar de lado las elecciones primarias, “por supuesto se dejará de lado en la Asamblea y se priorizará las judiciales”.

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Gobierno vuelve a descartar el traslado de Camacho a Santa Cruz para el inicio de su juicio oral

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. C

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en audiencia al cese a sus medidas cautelares.

Por Boris Góngora

/ 24 de mayo de 2024 / 19:31

El Gobierno volvió a descartar el traslado del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo, esto en razón a que no existen las condiciones de seguridad.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reiteró que no se generaron “las condiciones” para realizar el traslado, así como un pronunciamiento serio de parte de la administración de la justicia sobre ese tema.

“Hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho para una audiencia en la capital cruceña no se autorizará el mismo”, señaló Limpias, según Unitel.

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. Camacho debe declarar en el proceso del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Limpias reiteró que cuando hubo la salida de algún privado de libertad por un tema delicado, se tuvo agresiones físicas no solo a él sino a sus custodios, por lo que espera que el Órgano Judicial y los jueces que están a cargo de ese tribunal les digan “no hay riesgos. Nosotros garantizamos” el traslado de Camacho.

Lea más: Tras denuncia de Human Rights sobre Camacho, Limpias señala que declaraciones no son ‘serias’

“Nosotros estamos viendo como Policía Boliviana, porque hay un informe del Comando Departamental y hay un informe de (la administración de la cárcel de) Palmasola. No nos responden qué es lo que va a pasar respecto al traslado de este privado de libertad. Es fácil decir desde un asiento que se traslade a una persona, sin responder el fondo de un informe técnico”.

En esa línea, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que hay informes que se han emitido tanto de Inteligencia de la Policía Bolivia como por la administración penitenciaria respecto a la “conflictividad social” que se pueda generar sobre el traslado de Camacho a Santa Cruz.

“Como ustedes conocen, en el momento de su aprehensión, se han atacado a instituciones, se ha quemado el Ministerio Público, se han tomado aeropuertos internacionales y se ha puesto en riesgo toda la paz social en el municipio de Santa Cruz, por lo cual estos antecedentes justamente han sido valorados por los informes correspondientes, así como también otras posibles situaciones que se pueden generar por un posible traslado de Fernando Camacho”, dijo Ríos.

También reiteró sobre la recomendación que se hizo a los vocales de Sala Penal de Santa Cruz para que se pueda utilizar otros medios electrónicos disponibles, esto en razón a que existen audiencias que se llevaron de manera virtual y existen las condiciones para que puedan desarrollarse de esta manera en el recinto penitenciario de Chonchocoro, como en otros casos.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

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Tras denuncia de Human Rights sobre Camacho, Limpias señala que declaraciones no son ‘serias’

Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Foto: APG.

Por Boris Góngora

/ 24 de mayo de 2024 / 18:07

Luego que el representante de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, señalara que existe “vulneración a los derechos humanos” del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que esas versiones emitidas “no son serias”, debido a que “nunca se requirió una solicitud” de informes.

“Toda la información de los privados de libertad hemos puesto a disposición de estas instancias (como la CIDH). Nunca me ha llegado otro requerimiento de algún tipo de información de esas otras instancias (como HRF) que sacan sus informes viendo los medios de comunicación, no son serios. Lo serio es cuando vienen acá, nos piden informes y nosotros mostramos todo lo que corresponde y ven como están los privados de libertad, ahí podemos referir un informe más serio y reflejado a la realidad”, dijo el titular de la administración penitenciaria. 

El-Hage visitó el jueves a Camacho en la cárcel de Chonchocoro y tras su salida del centro penitenciario indicó que existe “vulneración a los derechos humanos” de la autoridad cruceña en el tiempo que está encarcelado.

“Hemos verificado in situ que el gobernador Luis Fernando Camacho padece desde hace 17 meses tratos crueles, inhumanos y degradantes que son violatorios del derecho internacional”, afirmó El-Hage a la Red Uno.

Lea más: Camacho deberá declarar como denunciado en el caso Firmas el próximo miércoles

Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

“Hemos informado no solo a nivel de la opinión pública, sino a nivel internacional, también a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hemos podido dar nuestro informe. Es más, es que la CIDH se ha hecho presente en el penal de Chonchocoro y se ha entrevistado por cerca de una hora con el privado de libertad y ha emitido un informe al respecto al trabajo que hace la administración penitenciaria”, señaló. 

Añadió que las opiniones de instancias que ven cómo es la realidad y cómo se está desarrollando el trabajo de la administración penitenciaria les “tiene tranquilos”, esto en razón que se “está respetando (los derechos) no solamente del privado de libertad de Luis Fernando Camacho, sino en todos los casos”. El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

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Alcón califica de ‘falso discurso’ el pedido de Morales sobre un congreso de unidad

Gabriela Alcón fustigó que Evo Morales no haya respondido a las invitaciones que le hicieron llegar los miembros del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Foto: Archivo

/ 24 de mayo de 2024 / 17:11

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, calificó de “doble discurso” la propuesta del expresidente Evo Morales respecto de un congreso de unidad. El planteamiento del exmandatario se repitió luego de conocerse el rechazo de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al congreso arcista del Movimiento al Socialismo (MAS).

“¿Un congreso de unidad? Yo considero que eso es un falso discurso, porque hablamos de un congreso de unidad y nunca ha habido una respuesta”, dijo a los periodistas en La Paz.

De esa manera, la autoridad se refirió a las invitaciones que cursaron las organizaciones sociales “matrices” del MAS, para que el líder de ese partido participe en el cónclave de El Alto, a principios de este mes.

Lea más: Luego de la decisión del TSE, Evo ahora urge un congreso de unidad con ‘legalidad y legitimidad’

“Después que el Tribunal Supremo Electoral rechazó la reunión oficialista en El Alto por incumplir requisitos y procedimientos legales, es más necesario realizar con urgencia un Congreso de unidad con la debida legalidad y legitimidad”, planteó Morales el jueves.

El llamado de Morales también responde a la “tarjeta amarilla” que ya fue dictada contra el MAS, por no cumplir con la renovación de su directiva, que permanece vigente desde 2017.

Una eventual segunda llamada de atención “grave” expone a ese partido a la pérdida de su personería jurídica.

Debido a eso, y ante la existencia de otra convocatoria para congreso en julio de este año, organizaciones sociales de ambas facciones advirtieron la “urgencia” de realizar un solo congreso.

Pero, por su lado, dirigentes arcistas anunciaron que defenderán el congreso que eligió a Grover García como jefe del MAS “legítimo”.

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