El Gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este viernes que esa región en la que hay más persecución política y que es la “más golpeada por el masismo”.

“Santa Cruz es el departamento más golpeado por el masismo (…). Por ser Santa Cruz un departamento que siempre ha luchado por la democracia y la libertad, es donde hay más persecución política”, publicó en su cuenta de X.

Acusado en el caso Golpe de Estado I, Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha. Ese caso investiga los hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz y trasladado a La Paz, Camacho está privado de libertad desde el 30 de ese mes. Desde entonces, denunció un supuesto “secuestro” por parte de las autoridades policiales y del Gobierno.

En reiteradas ocasiones, la autoridad departamental cruceña y su abogado defensor, Martín Camacho, denunciaron la presunta vulneración de sus derechos, principalmente por su estado de salud.

Luis Fernado Camacho

“Los organismos internacionales lo muestran en diferentes informes. Se están vulnerando los derechos humanos y se está atropellando la Constitución (Política del Estado)”, agregó el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz.

También calificó de “mala” la gestión económica de la administración del presidente Luis Arce y consideró que eso “afecta la productividad de nuestro modelo de desarrollo”. Basó su crítica en una alerta de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) sobre la “crisis más severa” del sector productor de soya en los últimos 30 años.

Camacho enfrenta al menos cinco procesos penales por diferentes motivos. A fuerza, llevó adelante su gestión con base a cartas y normas dictadas desde su reclusión en Chonchocoro. Así lo hizo hasta que el 29 de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 1021/2023. Dispone que el vicegobernador de cruceña, Mario Aguilera, asuma de manera “inmediata” el mando de la gobernación cruceña, en suplencia legal del gobernador encarcelado.

La disposición se cumplió el 26 de enero de este año, cuando Aguilera fue posesionado como gobernador suplente de ese departamento.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó este jueves que desconoce quién emitió la orden para el violento operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, denominado caso Terrorismo.

“No conozco quién habrá dado la orden, pero, indudablemente, Bolivia estaba en estado de separación”, dijo a los periodistas en La Paz.

Este caso involucra la desarticulación de un grupo armado “con fines separatistas”. La intervención policial ocurrió durante el gobierno de Evo Morales. El fin era desarticular un grupo armado liderado por el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, fallecido en esa acción junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, que sobrevivieron a la acción policial. Luego, aprehendidos, los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que, además, pretendía un magnicidio.

Jhonny Aguilera

Estos dos últimos comunicaron el 13 de abril que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo del hotel Las Américas.

Aguilera explicó que no participó en el operativo, sino que llego al día siguiente con el excomandante de la Policía Víctor Hugo Escobar Guzmán.

“En aquel momento tenía el grado de mayor y era responsable de la Unidad de Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado (…). Yo llego con el excomandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar Guzmán al hotel al día siguiente, a las 14.00, y encontramos los cuerpos sin vida, armamento de guerra, granadas, manuales de insurgencia, armado de explosivos”, contó.

El ahora viceministro insistió en que colaborará con la investigación del caso y remarcó que ya asistió a al menos 15 convocatorias del juez que llevaba el caso en Santa Cruz.

“Vamos a someternos al amparo de la ley, hay que recordar que ese operativo tenía la intención de (realizar) actividades separatistas del país. Ha habido actividades vinculadas al magnicidio”, resaltó.

Un delincuente robó Bs 1 millón a una mujer encargada de una casa de cambios en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El hecho ocurrió entre las 10.30 y 11.30 de este jueves en la calle Velasco de la capital cruceña.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo la víctima llega hasta la puerta del negocio. Al alistarse para abrir la puerta, deja una mochila de color azul en el suelo.

En eso, se ve a un sujeto, que porta un casco de motociclista, cruzar la calle; se acerca y recoge la mochila del suelo y apunta a la mujer con un arma de fuego. Sin mayor forcejeo, el delincuente abandona el lugar.

Según información de testigos, la mujer comenzó a gritar que fue víctima de robo, mientras un cómplice esperaba al delincuente en una motocicleta y huyeron del lugar.

Las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos también captaron el momento del delito.

La denuncia se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (FELCC) de esa capital y la víctima hizo su declaración.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

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