Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

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Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

La Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.

La norma responde a la serie de amparos constitucionales que, de manera recurrente, suspendieron el proceso desde abril de 2023. El último fue interpuesto por Margarita Medrano, postulante inhabilitada, que dejó en pausa el proceso de calificación méritos.

La resolución camaral se aprobó el miércoles en sesión ordinaria 107.

La calificación de méritos de los postulantes está paralizada desde el martes 16 de abril debido a la resolución de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, a instancias de Medrano.

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Amparos

Desde entonces, las comisiones revisoras entraron en un cuarto intermedio indefinido hasta que este viernes se resuelva el amparo en una audiencia. En ese periodo, se fue conociendo que otros postulantes habían presentado más recursos para detener el proceso.

Los amparos responden al derecho legítimo de los postulantes a presentar este recurso en caso de considerar que se ha vulnerado sus derechos y que el proceso es arbitrario.

Cuando se conoció la paralización del proceso, tanto oficialistas como opositores denunciaron la existencia de una “mano negra” que pretende inviabilizar las judiciales.

Entonces, con el fin de continuar con el proceso, senadores de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron la propuesta que se aprobó el miércoles.

Comisiones

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural celebraron este hecho y anunciaron medidas legales en contra de los jueces que acepten los amparos.

“Hemos tomado la decisión de presentar cuestiones penales contra los vocales y los jueces que están cometiendo el tema de prevaricato y también resoluciones contrarias a la Constitución”, informó en conferencia de prensa Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Además, según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el plazo de preselección de postulantes de 180 días calendario vence en 10 días. Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo.

Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.

Tras conocerse el repentino deceso de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con una orden de aprehensión en su contra, el presidente Luis Arce lamentó su muerte y pidió que el caso no sea utilizado con “fines políticos”.

“Quiero expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de Juan Carlos Montenegro. Envío mi más sentido pésame a la familia y seres queridos en estos momentos. Asimismo, hago un llamado para que no se instrumentalice el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos”, expresó el miércoles en su cuenta de X.

Montenegro

Montenegro falleció repentinamente el miércoles, en La Paz. Estaba apuntado como uno de los responsables de las deficiencias e irregularidades que una auditoría encontró en la empresa estatal. De acuerdo a la misma, el daño económico se estima en Bs 425 millones.

Es que, el complejo industrial de piscinas de evaporación de litio jamás dio los resultados esperados. Los materiales resultaron ineficientes y, supuestamente, el complejo fue encontrado ‘en cimientos’.

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El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra 12 de los exfuncionarios implicados, Montenegro incluido.

El exgerente, al enterarse de su posible aprehensión, dejó una carta en la que afirma que se pretende manchar su trayectoria académica y profesional. “No me prestaré a ser vejado y humillado, por la justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor”, se lee en la misiva.

Reacciones

Debido a este hecho, rápidamente los miembros de oposición y ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) responsabilizaron al Gobierno por la muerte de Montenegro.

“El fracaso de la industrialización del litio por parte del Gobierno Nacional no solo genera la detención ilegal y abusiva de honestos profesionales, sino la muerte de hermanos que podían seguir aportando al crecimiento de nuestra amada Bolivia”, cuestionó Evo Morales, líder del MAS.

En su carta, Montenegro también criticó la gestión del Gobierno con el recurso del litio. Afirmó que pretende ocultar planes que no lograron viabilizarse.

“Es momento de respeto y solidaridad ante el dolor de la familia”, insistió por su parte Arce.

En tanto, la defensa de Montenegro informó que, luego de tres horas de la autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue un infarto de miocardio.

Sin embargo, la abogada aseguró que existe la posibilidad de que se haya provocado el infarto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores fustigó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, al cual calificó como un acto de intromisión en la política interna, además de distorsionar la realidad boliviana.

Bolivia “expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna. El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana”, reza el comunicado emitido el miércoles por la Cancillería.

Informe

El martes se conoció el informe, que afirma que en Bolivia se vulneran los derechos. Señala casos de presunta tortura para obtener información y la impunidad de algunos delitos.

De igual manera, el informe advierte de una falta de independencia del Órgano Judicial y las detenciones arbitrarias.

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“El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”, critica al respecto la nota de la Cancillería.

Tras el informe, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, detenidos en La Paz, afirmaron que los resultados son prueba de la ilegalidad de sus detenciones. Pidieron que se acuda a instancias internacionales.

Compromiso

De acuerdo con la nota de la Cancillería, el informe omite “los avances significativos en materia de derechos humanos que ha realizado el Gobierno”.

“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estado”, insiste el mensaje.

El informe de Estados Unidos fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales. Las mismas investigaron la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de 2023.

En ocasión del Día Internacional del Libro, el martes, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, afirmó que los bolivianos no gustan de la lectura, sino que, en su criterio, prefieren ver novelas y comprar cajas de cerveza.

“Nosotros varias novelas miramos, no leemos. No nos compramos libros, nos compramos algunas cajitas de cerveza”, dijo el vicepresidente.

De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), los bolivianos, en promedio, no leen ni siquiera dos libros al año.

En contraparte, el país es uno de los líderes en la región en lo que corresponde al consumo de bebidas alcohólicas.

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“¿Cuántos libros leen al mes, jóvenes? Ninguno”, cuestionó Choquehuanca y comparó el nivel de lectura con países del primer mundo como Francia.

Choquehuanca pidió a la población leer El libro del mar, al que considera de lectura obligatoria para todos los bolivianos.

Dicho libro fue publicado en 2014, durante la gestión del expresidente Evo Morales, sobre la esperanza de una reivindicación marítima. El texto expone y detalla cómo fue la pérdida del Litoral y las razones por las que se debe recuperarlo.

El presidente Luis Arce también se refirió a la conmemoración de la fecha. Afirmó que se trabajará para que los libros sean “accesibles” a toda la población.

Durante toda la semana se realizarán diferentes ferias en las que se expondrán libros nacionales e internacionales, con la presencia de sus respectivos autores, además de otros eventos.

En 1995, la Unesco declaró el 23 de abril como Día Internacional del Libro, debido a que alrededor de esa fecha murieron grandes personajes de la literatura como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.