El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

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La delegada defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, cuestionó que el Ministerio de Medio Ambiente no se interese por el cierre de diques de colas en la localidad de Cantumarca, a cuatro kilómetros de la ciudad de Potosí.

Los diques de cola son estructuras diseñadas para controlar o retener sustancias, como agua o lodo que contienen residuos químicos, producto del trabajo minero.

El sábado, la Defensoría del Pueblo, luego de una inspección en el sector, identificó pruebas positivas de presencia de plomo en la sangre de pobladores de dicha localidad. Hay niños, adultos y ancianos afectados.

En entrevista con La Razón Radio, Alarcón informó que se encontró niveles preocupantes de plomo en la sangre de 116 personas, entre ellas 23 niños. El 65% de los niños y el 85% de adultos lleva plomo en su sangre.

Informó que se identificó a una persona adulta mayor con un 21,5% de plomo en su sangre; un niño de dos años, con un 14,4% y; un niño de seis años, con 9,1% por decilitro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo permitido de plomo en la sangre es un 3,5%.

Aseguró que el Estado, a través de la cartera de Medio Ambiente, debe asumir medidas para evitar riesgos en la salud de los pobladores.

La Defensoría anunció que acudió a realizar el cumplimiento de la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto a los diques de colas de Lagunapampa I y II.

La institución acompañó como observadora a la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y la Jefatura de Medio Ambiente de la Alcaldía de Potosí.

Alarcón indicó que los diques de colas que afectan a Cantumarca y sus pobladores debieron ser encapsulados desde la gestión 2017, debido a que los residuos son peligrosos para la salud, una persona puede ingerir ploma a través del viento o del agua. “Estos diques de cola ya cumplieron con su ciclo de vida”.

“Hay una sentencia para que se pueda encapsular los diques de cola para que en épocas de vientos los residuos de plomo no afecten a la población”, añadió.

La delegada afirmó que la Asociación de Ingenios Mineros permitió los trabajos a empresas que dejaron dos diques de cola que contienen residuos contaminantes.

Asimismo, contó que los trabajos debieron comenzar en 2017; sin embargo, el TCP ratificó y amplió el plazo para encapsulamiento y estableció el resarcimiento del daño a la tierra para, posteriormente, hacer una forestación.

“Se tenía que restablecer el lugar y los avances son mínimos”, dijo.

El cierre de los diques de cola deberá realizarse hasta el 28 de junio. No obstante, Alarcón consideró que es “imposible”

“Estamos a dos meses de que se cumpla la sentencia”, lamentó.

Indicó que los que deben hacer cumplir la sentencia son la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación, la Jefatura Municipal de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente.

En caso de no cumplir la sentencia, se podría iniciar un proceso penal por incumplimiento de resoluciones judiciales contra la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí. “Lo que nosotros podríamos hacer es derivar el caso al Ministerio Público para que ellos se encarguen”, explicó Alarcón.

A su vez, anunció que desde su despacho pueden iniciar acciones constitucionales contra los responsables. Llamó a las autoridades del Ministerio de Salud para que analice soluciones y la salud de los pobladores no se vea afectada. “Salud tendría la responsabilidad de ver qué pasa con la población y hasta qué punto afecta el proceso de minería”.

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El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Carlos Bolaños, lamentó que su rubro se encuentra “en decadencia” debido al incremento salarial, el contrabando y la masiva venta de ropa usada en el país.

El martes, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico. Tras conocerse la noticia, el empresariado y emprendedores manifestaron su descontento por la medida. 

En entrevista con La Razón Radio, Bolaños calificó el incremento salarial de “golpe lapidario”, debido a que, en su criterio, las micro y pequeñas empresas están en permanente subsistencia por la falta de mercados y centros fijos de exposición para comercializar sus productos.

“La manufactura boliviana está en decadencia por el contrabando que está en un momento de bonanza”, aseguró.

Indicó que su sector cuenta con 75.000 a 80.000 emprendimientos aproximadamente que generan, por lo menos, tres empleos directos y cinco indirectos cada uno. “Somos el 83% del aparato productor generador de empleo”, afirmó.

Lamentó que, tras el incremento salarial, se van a “engrosar” las filas de los desempleados. Reclamó que hay una variedad de factores en contra de las pequeñas empresas, como el alza de precios de la materia prima y, ahora, el incremento de la mano de obra.

Contó desde la pandemia el rubro está en permanente estado de emergencia y que, desde 2020, sus ganancias han mermado en un 70%. “Un negocio de subsistencia es un negocio que no rinde”.

“Ahora con este incremento todo se viene abajo. Estamos de mal en peor”, cuestionó.

Por otro lado, aseguró que el contrabando es otro fenómeno que los ha afectado de manera directa. Admitió que, aunque que existen controles de la Aduana Nacional en las fronteras, de 30 camiones con contrabando, las autoridades solo logran incautar uno o dos vehículos.

“Imagínense cuál es el porcentaje”, reclamó.

Afirmó que el trasfondo del problema es la masiva venta de ropa usada que ingresa al país en fardos y son distribuidos en todos los departamentos. “Hay almacenes enormes con ropa de contrabando”.

Dijo que, por ejemplo, en Potosí, hay dos mercados donde se comercializan puros productos de contrabando. Denunció que la Alcaldía les da los espacios de venta para, posteriormente, ser legalizados. Se trata del mercado de Villa Santiago, Cantumarca y Uyuni.

“La ropa usada es otro problema que nos está matando”, sentenció.

Asimismo, hizo referencia a la Feria 16 de Julio ubicada en la ciudad de El Alto, donde los comerciantes exponen productos y ropa de contrabando o de segunda mano; pese a que las leyes del país prohíben la venta de dichos productos.

“En la Feria 16 de Julio son galpones y galpones de ropa usada”, añadió.

Lamentó que no haya coordinación entre el Gobierno, gobiernos departamentales y gobiernos municipales para controlar este fenómeno. Pidió a la población adquirir productos hechos en Bolivia con el fin de evitar el contrabando y coadyuvar con la manufactura nacional.

Los mercados del país están copados de productos de contrabando, desde alimentos, golosinas, artefactos tecnológicos y ropa.

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El exembajador de Argentina en Bolivia Ariel Basteiro advirtió que habrá más movilizaciones en Argentina en rechazo de las medidas económicas promovidas por el presidente Javier Milei, como el recorte de presupuesto a universidades públicas.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, anunció que el 1 de mayo se llevará adelante una movilización por parte de los trabajadores. El 9 de mayo de desarrollará un paro general de 24 horas, propiciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo del capítulo de reforma laboral incluido en la Ley de Base.

Será el segundo paro general; el primero se llevó adelante el 24 de enero contra el ajuste económico impulsado por el mandatario de ultraderecha.

Argentina atraviesa por una de sus crisis económicas más profundas y alcanzó una inflación de más del 200%. Por ello, Milei, con cuatro meses en el poder, tomó diversas medidas económicas, entre ellas recorte de presupuestos, suspensión de obras públicas, suspensión de publicidad oficial y otras.

El lunes, Milei celebró como una “hazaña histórica” el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008 y advirtió a la población que no espere una salida de la recesión “de la mano del gasto público”.

No obstante, Basteiro lamentó que el superávit “es una mentira”, que resulta cierta en los papeles o en los datos de Excel. Cuestionó que se alcanzó la cifra porque redujeron las jubilaciones en un 40%, se redujo gastos en el sistema de salud y no se ha depositado el presupuesto a las universidades. 

“Cuando uno reduce los gastos públicos, obviamente se dará un superávit”, añadió.

Cuestionó que desde que Milei asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, no se entregó ninguna obra pública. “Están ahorrando con la necesidad de la gente y suministros. Así cualquiera logra el superávit”.

Consideró que el futuro de su país será de continua lucha de las organizaciones sociales ante el gobierno de Milei que —en su criterio— no logró enamorar ni conquistar al país en sus primeros 100 días de administración.

El martes, una multitudinaria marcha copó las calles de Argentina para repudiar los recortes de fondos a la universidad pública, en lo que constituye la mayor manifestación hasta el momento contra la política de ajustes del gobierno argentino.

Los economistas Alberto Bonadona y Lourdes Montero coincidieron en que la industria del litio no será el único sector que podrá solventar los gastos del Estado. Por ello, apuestan por la diversificación de ingresos desde distintos sectores.

Ambos especialistas abordaron la situación económica que atraviesa el país en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

“Nos hemos ilusionado en un producto que no tiene las mismas características de los hidrocarburos. Nos puede decepcionar”, dijo Montero.

Lamentó que hubo un “espíritu nacionalista” en la iniciativa de explotar esa materia prima, pero que fue más un “discurso” de larga data. Incluso, recordó que hubo contratos fracasados vinculados al litio desde la administración del otrora presidente Jaime Paz Zamora.

Apoyada en un estudio de Oxfam, Montero afirmó que su despacho hizo un análisis que develó que el litio no tendrá muchos efectos en la generación de empleos, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit fiscal.

En coincidencia, Bonadona recordó que no hubo certificación de las reservas de litio y advirtió que los resultados se verán en el futuro, en un lapso aproximado de dos años. «Parece que tenemos más magnesio que litio», observó.

«Si nosotros ponemos mucha ilusión (en el litio), vamos a tener que esperar sentados», afirmó el economista.

A raíz de ello, ambos recomendaron la diversificación de la economía y las exportaciones en distintos sectores, como la agroindustria. “Bolivia debe pensar en la apertura a toda la potencialidad agrícola”, sugirió Bonadona.

Paralelamente, Montero recomendó la construcción de una “canasta de soluciones” y trabajar en distintos espacios. “No habrá el gran boom que nos volverán a poner en el mismo lugar”, como los carburantes, dijo respecto del litio.

“El litio es interesante y es importante, pero primero debemos llegar a muchos acuerdos para decir si puede beneficiarnos”, insistió.

Bonadona afirmó que la población debe analizar nuevas formas de exportación para responder necesidades internas. “Los que están asumiendo toda la situación es la gente y sin respuesta positiva”.

Recordó, con base a la experiencia de Bolivia, que las empresas extrajeras no han generado ni recursos, ni empleos en el país. “El problema es más grande de lo que se piensa en Bolivia por la precariedad y pobreza de su economía”.

Las dudas sobre los resultados del litio surgieron tras una denuncia de presunta corrupción en la planta de litio de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con una afectación económica de más de Bs 425 millones.

Situación económica

Respecto a la situación económica del país, Montero consideró que la población percibe un escenario de incertidumbre permanente. «La gente no quiere hablar de crisis (…). Está leyendo una recesión silenciosa, lenta y de incertidumbre”.

“Cuando les hablas de la economía, están temerosos”, lamentó.

Por su parte, Bonadona indicó que los únicos que hablan de crisis son los economistas. En su criterio, el fenómeno comenzó en 2015, desde la reduccion de producción de hidrocarburos. El especialista no ve alternativas ni en el litio ni el hierro del Mutún, menos en la planta de urea que, actualmente, está paralizada.

También, señaló que otra preocupación de la población es la escasez de dólares para realizar exportaciones. “La gente que ha comprado dólares empieza a sacarlos y se está acomodando a una situación crítica”.

“No veo esa alternativa optimista”, lamentó.

Ante ese panorama, Montero aseguró que la gente opta por el “emprendedurismo” y cree que con su esfuerzo laboral podrá combatir la crisis. Llamó a la clase política a dar señales de cómo se encontrará una salida al escenario de incertidumbre.

“No estamos discutiendo sobre la gestión de la economía y qué vamos a hacer con el litio”, reclamó.

El país atraviesa por una difícil situación económica, debido a escasez de dólares, reducción de exportaciones y caída de los hidrocarburos.

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