Periodistas cuestionan a sus colegas por difundir información para defenestrar al Censo
El periodista Yapura considera que muchos periodistas cumplieron el rol de políticos al pretender afectar al Censo con la sugerencia de evitar dar datos personales.
Diego Montaño, Claudia Benavente y Grover Yapura en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Renan Crespo.
Los periodistas Diego Montaño y Grover Yapura lamentaron que algunos de sus colegas, como Carlos Valverde y Amalia Pando, hayan difundido cierta información con intención de que la población se resista a ciertas preguntas de la boleta censal o no participe del Censo de Población y Vivienda.
La jornada censal se llevó adelante el 23 de marzo. Días antes, algunos periodistas dijeron que nunca antes se pidió el nombre completo del encuestado y que Bolivia es el único país que pide ese dato. Al contrario, promovieron la idea de no facilitar nombres y apellidos a los censistas.
Sin embargo, esa información fue desmentida por otros medios de comunicación e incluso por el expresidente y opositor Jorge Quiroga (2001-2002), quien mostró las boletas censales pasadas, donde, evidentemente, se pedía el nombre completo del ciudadano.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Yapura afirmó que muchos periodistas cumplieron el rol de políticos al pretender afectar al Censo con la sugerencia de evitar dar datos personales a requerimiento de los censistas voluntarios.
Consideró que los liderazgos cruceños se dejaron llevar por sus intereses y «generaron dudas en la población». Afirmó que la ciudad de El Alto “va a dar sorpresas” con los resultados del Censo.
Asimismo, aseveró que La Paz va a crecer “un poco” en población, El Alto “mucho” y Santa Cruz tendrá algunos “efectos políticos” por la falta de promoción de la dirigencia cruceña.
Por su parte, su colega Montaño afirmó que la agencia ANF se encargó de «desmentir» a Valverde y Pando. Indicó que de, por lo menos, 19 países, 13 exigen el nombre completo del ciudadano encuestado.
Cuestionó a cierto periodismo que quiso afectar al empadronamiento e indicó que llama la atención que antes del Censo se haya promovido el respeto a los censistas, cuando, en su criterio, debería ser conducta normal.
Dirigente Yáñez ratifica que el bloqueo de Ponchos Rojos no tiene vínculo con el evismo
“No sabemos cómo se están organizando ellos. Lamentamos que se las medidas se unan para los ojos de muchos. Pero, son líneas completamente separadas”, aclaró Glenda Yáñez.
La dirigente sindical Glenda Yáñez ratificó que la facción de la Federación de Campesinos Túpac Katari, que impulsa el bloqueo de carreteras en La Paz, no tiene vínculo con el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Al ser consultada en La Razón Radio sobre alguna alianza con la facción evista por la coincidencia del bloqueo de caminos y la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, descartó una posible conexión.
Una facción de los Túpac Katari determinó la instalación de puntos de bloqueo de carreteras, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.
Simultáneamente, la facción evista empezó la mañana de este martes su anunciada marcha de protesta rumbo a la ciudad de La Paz. La medida en contra del gobierno de Arce comenzó desde Caracollo (Oruro) con la participación de delegaciones de distintos sectores del evismo.
“No sabemos cómo se están organizando ellos. Lamentamos que se las medidas se unan para los ojos de muchos. Pero, son líneas completamente separadas”, aclaró Yáñez.
Incluso, el líder de la protesta David Mamani aseguró, en La Razón, que no es afín a ninguna facción del MAS y que el bloqueo se debe a la corrupción en el Gobierno. Además, aseguró que sus bases están luchando debido al alza de precios de la canasta familiar, la escasez de dólares y la falta de combustibles.
La ‘Marcha para salvar Bolivia’ prevé llegar esta jornada a Panduro y avanzar 30 km por día
Desde la madrugada de este martes, comenzaron a llegar representantes de sectores de la facción evista al municipio de Caracollo, punto de concentración desde donde partirá la “Marcha para salvar Bolivia”.
Evo Morales y Andrónico Rodríguez lideran la marcha que partió de Caracollo, Oruro hasta La Paz.
El exprocurador del Estado Wilfredo Chávez informó, este martes, que la denominada “Marcha para salvar Bolivia” impulsada por el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegará a Panduro esta jornada y prevé avanzar 30 kilómetros por día.
Desde la madrugada de este martes, comenzaron a llegar representantes de sectores de la facción evista al municipio de Caracollo (Oruro), punto de concentración desde donde partió la marcha. Prevén llegar, el 23 de septiembre hasta la ciudad de La Paz, sede de gobierno, a 180 kilómetros de distancia.
La medida es liderada por el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, quien hace un par de días admitió que presionarán al Gobierno en defensa de la sigla del MAS y su candidatura. Los manifestantes también solicitarán garantías a la provisión de dólares y carburantes en el país.
En entrevista con La Razón Radio, Chávez afirmó que la marcha es una respuesta a los “actos de corrupción y poca transparencia” en instituciones del Estado y la no respuesta al pliego petitorio de 18 puntos presentado por el evismo.
“Hoy llegamos a Panduro. Mañana avanzamos otros 30 kilómetros. Estamos avanzando poco porque la gente se cansa”, afirmó.
Las organizaciones sociales afines a Morales presentaron un pliego de 18 puntos, entre ellos, la situación económica, como la demanda del dólar y de los combustibles, además del reconocimiento del congreso de Lauca Ñ, que le habilitaría la candidatura a Morales para las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto de 2025.
Aunque el expresidente y sus allegados insistieron en que se trata de una movilización para reclamar por la situación económica del país, en una primera instancia habían mencionado que era una protesta en defensa del MAS y de su eventual candidatura.
Inclusión, democratización interna y mayor participación se plantea Novillo en la APLP
Se impuso una brecha entre los profesionales en información que ha provocado que los calificados como “paraestatales” queden relegados de las actividades de la institución y sin protección en términos de libertad de prensa.
El presidente de la APLP, Raúl Novillo. Foto: Oswaldo Aguirre.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ha estado polarizada, en los últimos años, por las diferencias ideológicas y posiciones políticas de miembros del rubro. La dicotomía se centró entre periodistas considerados “independientes” y “paraestatales”.
De ese modo, se impuso una brecha entre los profesionales de la información que ha permitido que unos queden relegados de las actividades de la institución y sin protección en términos de libertad de prensa.
Los periodistas José Luis Exeni, Claudia Benavente y Raúl Novillo hicieron un análisis del rol de la Asociación, sus falencias y sus nuevos retos, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
En una única fórmula, Novillo fue elegido el 27 de agosto con 83 votos de 92 socios de la APLP que asistieron al acto eleccionario, de una masa de cerca del millar de periodistas.
Es sucesor de Raúl Peñaranda. En su primer discurso, se comprometió a defender, promover y respaldar la labor de los periodistas, así como a luchar por la dignificación y el respeto de sus derechos.
Novillo anunció que trabajará por un periodismo firme y sin doblegarse.
Ante la salida de Peñaranda y cambio de directiva, Exeni decidió acercarse a la institución, de la cual es socio, más no miembro activo por la polarización y exclusión que percibe por parte de un grupo encabezado por aquel.
En una columna en La Razón, La APLP ante el espejo, planteó a la organización los siguientes cuatro retos: participación, inclusión, legitimidad y deliberación interna.
Sobre la participación e inclusión, Exeni sugirió que la nueva directiva debe eliminar la brecha entre “independientes” y “paraestatales”, así reactivar la institución y promover una participación plural y diversa.
“Como miembro no activo, estoy dispuesto a ponerme al día”, indicó respecto de su participación pendiente.
Recordó que, en los últimos 15 años, los directorios han asumido una posición dividida y cuestionó a Novillo sobre un posible plan de integración. Necesito “que yo me sienta incluido y que no vea a un territorio de un grupo que excluye”.
En la misma línea, Benavente, que no es socia de la APLP, reconoció que, por la polarización del país en general, es natural y “sano” que se conformen miradas y posiciones diferentes.
“Deja de ser sano cuando comienza la polarización. Se han dividido y separado las aguas. No sé cómo se puede volver, cicatrizar y acercar a las personas cuando hubo periodistas que abrieron estos ríos de tinta”, sentenció.
Cuestionó el discurso que se ha impulsado sobre la división entre profesionales “independientes” y “masistas”. En su criterio, esa lógica ha provocado diferencias, distancias y hasta sentimientos encontrados.
Recordó que cuando el exprocurador general del Estado Héctor Arce interpuso una demanda en su contra y del periodista Ricardo Aguilar, la entonces presidenta de la APLP, Lupe Cajías, afirmó que se trataba de una una “cortina de humo”.
El mismo Peñaranda consideró entonces que el juicio se trataba de una “tramoya”.
“Es difícil creer en una asociación, que cuando nos iniciaron un proceso, la presidenta dice que fue tramoya”, lamentó la directora de La Razón.
El 13 de abril de 2014, Aguilar publicó un artículo sobre la hipótesis que el gobierno de Bolivia presentó días después ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, sobre el reclamo a Chile por la salida al mar.
El 22 de abril de ese mismo año, la Procuraduría presentó una demanda ante el Ministerio Público contra Aguilar, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos, y Benavente, por presunta complicidad, tras la publicación del reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales”.
También, recordó que Peñaranda escribió su libro “Control remoto”, en el que afirmó, sin pruebas, que La Razón era un medio paraestatal y que contaba con más del 80% de publicidad del Estado.
Benavente aclaró que el diario nunca recibió más del 20% de publicidad estatal.
En el periodo 2015-2020 fue la empresa privada la que sostuvo los ingresos publicitarios de la casa periodística. La publicidad del Estado central osciló entre el 7% y 18%. A saber: 2015, 13%; 2016, 18%; 2017, 15%; 2018, 18%; 2019, 18%, y en 2020, 7%.
En cuanto a la democratización interna, Exeni afirmó que los comicios del pasado 27 de agosto deben ser los últimos con fórmula única. Comparó esa práctica con las elecciones primarias de los partidos para sus binomios presidenciales. “El nuevo directorio, pues, debiera lograr que, dentro de dos años, la APLP tenga elecciones competitivas”, dice su columna.
Novillo admitió que el sistema de elecciones es un tema pendiente por resolver y develó que ya había sugerido que haya más candidatos. “A veces es la apatía de los colegas que no quieren participar. Los invito a que participen, ese debe ser el espíritu”, justificó.
“Fui el crítico más grande y he tratado de animar a colegas a que tengan otras fórmulas”, dijo.
A su vez, admitió que le advirtió al propio Peñaranda sobre “problemas serios y falencias tremendas”, como el no registro de su inmueble en Derechos Reales y un déficit de más de Bs 1 millón.
Novillo indicó que los nuevos retos son incluir a periodistas que estaban alejados de la institución y promover su participación. Además, dijo que uno de los principales objetivos es juntar a las nuevas y antiguas generaciones para generar una mezcla de experiencias.
Procuraduría se sumará al juicio contra Morales por incumplir una norma antiprotestas
“La Resolución 040/2024 ha sido emitida con relación a la propuesta de proteger los derechos de la vida, la salud y la libre circulación. Ellos deben cumplir con lo que dice la norma vigente”, aclaró el procurador César Siles.
El procurador César Siles, en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco.
El procurador general del Estado, César Siles, anunció que su despacho se sumará al proceso penal contra el expresidente Evo Morales por incumplimiento de la Resolución Constitucional 040/2024, que le impide impulsar y ejecutar manifestaciones.
El exdiputado Amilcar Barral acudió al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para intentar frenar el bloqueo de carreteras, que fue anunciado por un sector de campesinos, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca.
Mediante un memorial de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, con fecha 10 de septiembre, Barral señaló que hay un evidente incumplimiento de la Resolución 040/2024 que, en febrero, le concedió la tutela a la acción popular que presentó en contra del expresidente Evo Morales, dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros para que no hagan bloqueos.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Siles explicó que la resolución es producto de una acción popular presentada por el exdiputado Barral en contra Morales. “Esta acción terminó con una resolución que tiene carácter vinculante y obligatorio. Todos están obligados a acatarla”.
“La Resolución 040/2024 ha sido emitida con relación a la propuesta de proteger los derechos de la vida, la salud y la libre circulación. Ellos deben cumplir con lo que dice la norma vigente”, aclaró.
El expresidente y líder de una fracción del MAS, Evo Morales, encabeza esta jornada una marcha desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz con el objetivo de encontrar soluciones a la crisis por la escasez de dólares, la defensa del MAS y su eventual candidatura con miras a las elecciones generales de 2025.
En criterio de Siles, Morales ya incumplió la resolución al llevar adelante la marcha. “La Procuraduría se constituirá en parte dentro del proceso penal contra de Evo Morales por incumplir la Resolución 040”.
Afirmó que la marcha perjudica el acceso a Oruro y viola el derecho de libre circulación de la población. Criticó la medida del exmandatario y aseguró que la marcha “de pacifica no tiene nada”.
En un comunicado, la Procuraduría sostiene que, según ese fallo constitucional, “los bloqueos de caminos vulneran derechos fundamentales de las y los bolivianos, al impedir la distribución de alimentos, ponen en serio riesgo el estado de salud de los ciudadanos y obstaculizar la libre circulación de personas, vehículos, insumos agrarios, combustible y medicamentos”.
Gobierno continuará con controles, despeje de vías y requisas en las rutas de protesta
El viceministro Roberto Ríos afirmó que el Gobierno realizará controles en los puntos de bloqueo, despeje de vías, señalización y hasta requisas a los manifestantes.
Un punto de bloqueo instalado por campesinos en el altiplano paceño. Foto: APG
En medio del bloqueo de carreteras y una marcha en la carretera Oruro-La Paz, el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, continuará haciendo controles, despeje de vías y requisas a manifestantes para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la población.
Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, los Ponchos Rojos, determinó la instalación de puntos de bloqueo de carreteras, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.
Simultáneamente, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) empezó la mañana de este martes su anunciada marcha de protesta rumbo a la ciudad de La Paz. La medida en contra del gobierno de Arce comenzó desde el municipio de Caracollo (Oruro) con la participación de delegaciones de distintos sectores del evismo.
Aunque según los representantes de cada manifestación aseguran que no tienen ningún vínculo político, se trata de una coincidencia contra el Gobierno.
En entrevista con La Razón Radio, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que el Gobierno tomará medidas y realizará controles en los puntos de bloqueo, y despeje de vías, para garantizar el paso de los vehículos, señalización y requisas a los manifestantes.
“Se ha garantizado la libre transitabilidad. No podemos permitir que se trasladen explosivos, dinamitas y armas”, indicó.
Sin embargo, admitió que no se halló elementos que pongan en riesgo la seguridad de los manifestantes y comunarios.
En las primeras horas del bloqueo de Ponchos Rojos, el Gobierno informó que fueron aprehendidas cuatro personas. Según reportes preliminares, estas personas fueron detenidas cuando intentaban bloquear una ruta troncal de La Paz.
Ríos explicó que son cuatro personas que están siendo procesadas por el delito de atentado contra la seguridad de los medios de transporte y servicios públicos. Los acusados no fueron hallados con ningún tipo de elemento peligroso, como dinamitas o armas, salvo una volqueta con una carga de tierra.
“Ya están en condición de aprehendidos, listos para presentarse ante un juez”, detalló Ríos.
El dirigente y líder de la protesta, David Mamani, denunció que cuatro campesinos fueron detenidos a la altura de Puente Vela, en La Paz, durante la instalación de un punto de bloqueo en la doble vía La Paz-Oruro.
