La audiencia por el caso del paro de 36 días en el departamento de Santa Cruz fue suspendida, porque, según la red DTV, el gobernador electo Luis Fernando Camacho no fue notificado.
Martín Camacho, el abogado defensor del líder político, dijo el martes que sí fueron notificados para el acto judicial; sin embargo, al ser una “audiencia presencial”, “debe ser reprogramada y posteriormente ordenarse el traslado” de Camacho hasta esa capital.
Otra de las polémicas que envuelve ese proceso es la radicatoria; pues la investigación se abrió a instancias del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022; pero los hechos que se indagan ocurrieron en Santa Cruz.
Martín Camacho
El dirigente alteño denunció a Camacho; al expresidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo; al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y al vicerrector Reiniero Vargas, ante la Fiscalía Departamental de La Paz por la violencia y el paro de 2022.
“Una autoridad jurisdiccional en el departamento de Santa Cruz se ha declarado competente para conocer y sustanciar el proceso por la investigación del proceso por el paro de los 36 días; esto ante una inhibitoria que hubiese presentado Vicente Cuéllar”, dijo Martín Camacho a DTV.
El jurista explicó que “esa declaratoria de competencia hace viable que el expediente (del caso) que radica en La Paz pueda ser trasladado hasta Santa cruz, como corresponde”.
Paro de 36 días
El paro de 36 días frenó parcialmente el departamento de Santa Cruz entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022; aparte de violencia y muertes, hubo una serie de perjuicios derivados por los bloqueos impulsado por el Comité Interinstitucional; en demanda de la realización del Censo en esta gestión.
En octubre de 2023, la Fiscalía imputó a los líderes de la protesta por la supuesta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra la libertad de trabajo; además, de racismo, discriminación, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.