A nueve días del plazo para la preselección, suman los recursos y los fallos a favor de inhabilitados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó que ya suman ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales y la Justicia otorgó tutela en cuatro casos.

“Todos los amparos que nos han presentado hasta el día de hoy han sido tutelados y le han dado la tutela a estos postulantes que han presentado sus amparos. Entonces, no hay duda que vocales y jueces del Órgano Judicial estén teniendo toda la línea y la dirección para poder darle la tutela a estos señores”, dijo el legislador oficialista.

Indicó que su comisión y la Comisión Mixta de Justicia Plural ya fueron notificadas con estos recursos y tendrán que reconsiderar estas inhabilitaciones, o sea “volver a evaluar” a estos postulantes. “Los vocales han atropellado las decisiones de lo que serían las atribuciones de las comisiones mixtas”.

Rejas añadió que “no hay ninguna manera de presentar algún documento” y, por ello, se procederá a la reconsideración de la documentación de estos abogados, para ver “si cumplen o no” con los requisitos para la preselección con miras a las judiciales.

El proceso de preselección fue paralizado el martes 16, tras dos amparos constitucionales. El primero fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo, por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

La Sala cruceña ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva en audiencia el recurso. La audiencia estaba programada para el lunes 22, pero fue reprogramada para mañana, esto porque se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS), rechazó el fallo de la Sala paceña que se les da un plazo de 72 horas para que se emita una nueva resolución para reconsiderar la inhabilitación de Capusiri.

“En este momento un amparo constitucional de Santa Cruz ha paralizado el tema de preselección, entonces va a ser imposible dar complimiento a este plazo de 72 horas. En este caso, los jueces están totalmente parcializados y además han empezado a valorar los requisitos específicos que nosotros hemos trabajado de manera transparente en las comisiones”.

Denunció que estas decisiones son “injustas”, debido a que los vocales “están yendo más allá de la Ley (1549)”, que destrabó el proceso para las judiciales con más de dos tercios de votos en la Asamblea.

El martes, las comisiones mixtas a cargo de la preselección determinaron asumir acciones legales contra los jueces y los vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución y paralizaron la preselección de postulantes.

Ahora, los plazos vuelven a poner en vilo a los comicios, ya que el domingo 5 de mayo la Asamblea debe remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de los postulantes preseleccionados rumbo a las elecciones judiciales, tal como establece la Ley 1549.

 Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo. Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado,

La norma establece de hasta 80 días para el trabajo de preselección de postulantes para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo. Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

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La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

El sector industrial de manera unánime reeligió a Pablo Camacho García como presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para el período 2024-2025. También Gonzalo Morales continuará en el mando de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).

Camacho resaltó los logros alcanzados durante su mandato anterior, subrayando la importancia de la colaboración y unidad entre el sector industrial y la coordinación efectiva con el Estado.

“En estos dos años de gestión, hemos cumplido con nuestro compromiso de impulsar el desarrollo industrial, defendiendo los intereses de la Cámara Nacional de Industria mediante la unidad, la institucionalidad y el fomento de un diálogo constructivo con el Gobierno. En el futuro, redoblaremos nuestros esfuerzos para ampliar los espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales”, afirmó Camacho.

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Añadió “reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo cada cámara departamental para asegurar su contribución efectiva al crecimiento del sector industrial. Es fundamental mantener una colaboración activa con el Gobierno en la definición y aplicación de políticas clave, como la nueva Ley de Inversiones y el Código Tributario, entre otros temas cruciales”.

En tanto, el titular de la Cadinpaz expresó su gratitud por presidir nuevamente esta cámara departamental que, en su criterio, es crucial para mantener la unidad como gremio empresarial ante los desafíos que se enfrentan, incluyendo crisis económicas y políticas.

“Estoy convencido de que, como industriales, podremos superar estas dificultades. Confío plenamente en la fortaleza de nuestras industrias para seguir avanzando», afirmó.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural determinaron este martes asumir acciones legales contra los jueces y vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y paralizaron el proceso de la preselección para las elecciones judiciales. 

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que tras la reunión sostenida entre ambas comisiones se determinó activar acciones penales contra las autoridades judiciales que de “manera maliciosa y mal intencionada” suspendieron y paralizaron el proceso de preselección.

“No vamos a decir quiénes, pero (son) personas que han estado en contra de manera maliciosa y quieren que este trabajo quede ahí y culmine este proceso. (Esas) autoridades que serán denunciadas penalmente”, dijo el legislador.

El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales presentados por dos postulantes inhabilitados. El primer amparo fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo fue presentado por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

Ante estas acciones judiciales, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva la misma. La audiencia que estaba programada para lunes 22 fue reprogramada para el viernes 26. Esto en razón que se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

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El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, antes del ingreso a reunión de ambas comisiones, señaló que estás acciones serán contra las autoridades judiciales que se “atribuyen a sacar resoluciones contrarias a la Constitución y también usurparon funciones”.

“Queremos presentar una acción legal por prevaricato para que los jueces respeten de manera disciplinada nuestra Constitución. Lo que queremos es que no nos quiten esa atribución de habilitar a los postulantes”, señaló Padilla.

El senador también informó que a las comisiones mixtas llegaron siete procesos judiciales, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

Ayer la Sala Constitucional de Pando también dispuso la “paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen… (en las comisiones mixtas) hasta que se resuelva la presente acción”.

La demanda judicial fue interpuesta a través de una acción popular contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa y los senadores y diputados de las comisiones mixtas que se encargar del proceso de preselección para las judiciales.

Tras el acuerdo del incremento del salario de 5,85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este martes con consecuencias “muy graves para la estabilidad de las empresas”, en especial para las pequeñas y medianas.

“Esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país, y agravará la situación de los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”, señala la CEPB en un comunicado de prensa.

El sector también indicó que “siempre” se cumplió con la ley y esta no será la excepción, empero, alertó que para muchas unidades productivas será muy difícil cumplir con un aumento que además de ser elevado, tiene la carga de retroactividad.

Cerca del mediodía de este martes, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial para este año. De la negociación no participó el sector empresarial, que pidió un incremento salarial de 2,11% igual a la inflación alcanzada en 2023.

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Desde el sector, reprocharon la intransigencia de la COB para atender las razones y advirtieron que no solo se tendrá efectos negativos sobre las empresas, sino que se “profundizará” la precarización del empleo.

La Confederación también expresó su alarma y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), al considerar estos porcentajes por encima del índice de inflación del año 2023 y “que no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024”.

Añadió que “lamentamos una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas”.

Además, demandaron que la responsabilidad por el impacto negativo de este incremento sea asumida por “quienes tomaron la decisión “y no “se pretenda trasladarla a quienes no participamos en este proceso”.

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) también se rechazó el incremento salarial al cual se lo consideró de “agresivo con base en fundamentos políticos y no económicos”.

“Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles o y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales”, señaló la Cainco.

Añadió que el incremento salarial es “anecdótico” si cada día son menos las fuentes de empleo, si se sigue desalentando y acorralando al que apuesta por la fuerza laboral y si sigue “haciendo política alejada de la realidad”.