El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, planteó el ingreso de la tecnología en instituciones públicas y la consolidación de la “ciudadanía digital” para evitar “el papel”, las filas y la burocracia.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que la ciudadanía digital es el mecanismo para dejar de lado las filas. Propuso un plan de interoperatividad para atender trámites con el fin de que se hagan menos filas y el proceso se realice en menos tiempo.
“Mientras tengamos el procedimiento del papel, seguirán existiendo fotocopias, copias legalizadas, documentos originales, sellos, firmas y duplicados”, cuestionó.
Sin embargo, lamentó que existe un sector de la población que se rehúsa a usar la tecnología porque no confía en las transacciones bancarias a través de un dispositivo, en la firma digital u otras herramientas.
“Hay mucha resistencia”, dijo.
A su vez, aseguró que los administrativos también se resisten a la tecnologización de trámites porque les permite “cobrar coimas” a los ciudadanos que buscan viabilizar algún procedimiento en instituciones públicas.
“No quieren cambiar un sistema ya caduco porque les conviene seguir manejando el sistema artesanal porque ahí está la coima”, explicó.
Lamentó que la burocracia está presente en las terminales de buses, en las instituciones para sacar el título profesional, en la Caja Nacional de Salud (CNS) y en Derechos Reales. “Es una vergüenza y una lástima”.
Afirmó que el Gobierno y la población en general debe concientizarse y seguir insistiendo para que las instituciones ingresen a la era digital. “Simplificar los trámites es parte de la tecnología”.
“La ciudadanía digital es el mecanismo para dejar de lado las filas”, insistió.
Según Silva, el 82% de la población considera que en Bolivia es difícil hacer un trámite. “Es un reto de país”, admitió.
Las estructuras normativas que regulan la administración pública en Bolivia provienen de los años 90, por lo que, es evidente la urgencia de replantear la gestión pública y priorizar los resultados.
La crisis política, la pandemia y la pospandemia evidenciaron la necesidad de una reforma profunda, donde los servidores públicos respondan a las demandas sociales.
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