Tras varias horas de diálogo entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y autoridades del Gobierno, no se logró llegar a un acuerdo sobre la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos acopiados.

“Le hemos vuelto a transmitir al ministro la posición que es de rechazo a la disposición y creemos que la misma debe ser derogada. Hemos traído la voz de otras cámaras pares”, informó en conferencia de prensa Pablo Camacho, presidente de la CNI.

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Disposición

De acuerdo con Camacho, la convocatoria se realizó a último minuto, lo que impidió la llegada de los representes del sector agroindustrial cruceño.

Por parte del Gobierno participaron César Siles, ministro de Justicia; Néstor Huanca, titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras.

“Nos han hecho una propuesta que la hemos recibido, pero ya la posición es clara del empresariado nacional y de todas las cámaras”, explicó Camacho.

La propuesta del Gobierno, como lo adelantó el Comité de Seguridad Alimentaria, se trataba de explicar en la disposición que los alcances de la norma no afectarán al sector productivo, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes se dedican a este rubro.

La criticada disposición establece que: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Gobierno

Por ello, el Gobierno insiste al empresariado, productores e industriales, que la medida no afectará a quienes operen en el marco de la ley, sino a quienes se dediquen al agio, al contrabando y a la especulación.

No obstante, Camacho reiteró que se trata de una norma extorsiva y que se puede utilizar de manera arbitraria por parte de las autoridades estatales.

El problema del sector radica con los conflictos y acusaciones que se generan desde la gestión pasada, cuando el presidente Luis Arce y varios ministros acusaron a los productores de ser los responsables del alza de precios de alimentos de la canasta familiar.

Rechazo

El presidente de la CNI dijo que expuso la postura de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro) y las cámaras de transporte.

Además de estas instituciones, los gremiales, prestatarios, comerciantes y actores políticos de oposición también se sumaron al rechazo a la disposición, debido a que consideran que afectará al sector productivo y a la economía nacional.

Pese a todo, Camacho destacó el diálogo con los ministros de Estado y adelantó que se dejó la puerta abierta para tratar otros temas. “Ha quedado abierta la posibilidad de mayores reuniones”, afirmó, pero aclaró que la postura será la misma.

El Gobierno señaló que mientras no se realce la reglamentación correspondiente en coordinación con todos los sectores, los controles no pueden realizarse, por lo que la disposición se mantiene ‘en pausa’.

La agresión verbal sufrida por una mujer y su hijo pequeño mientras recolectaban tunas en un espacio público de la meseta de Achumani, al sur de La Paz, reavivó el debate sobre la discriminación y el racismo en Bolivia.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, instó a la sociedad a reflexionar y promover una campaña constante para erradicar estas actitudes. 

“Lo ocurrido en Achumani debe ser un llamado de atención para impulsar una lucha real y permanente contra el racismo y la discriminación. Estos actos lamentables demuestran que todavía existen personas soberbias y abusivas hacia quienes tienen rasgos indígenas o enfrentan dificultades económicas”, afirmó Silva en entrevista con Bolivia Tv. 

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Racismo

El caso salió a la luz el miércoles, cuando se viralizó en redes sociales un video que muestra a dos hombres increpando a la mujer y acusándola de robar tunas. Uno de ellos recriminó que enseñara esa conducta a su hijo, lo que generó indignación en la población. 

Silva enfatizó que más allá de la solidaridad puntual con la víctima, es necesario abordar el problema de fondo.

“No se trata solo de recolectar ayuda para la señora, sino de reconocer que esta situación refleja una actitud discriminatoria que sigue presente en algunos sectores de nuestra sociedad. Debemos trabajar en una campaña permanente contra el racismo, que tanto daño nos hace como bolivianos”, remarcó. 

Frente a este hecho, el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación activó las acciones legales correspondientes contra los responsables.

Asimismo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación para esclarecer el caso y sancionar a los agresores, a la cual se sumó la Defensoría de la Niñez como parte, luego de identificar a la mujer y al menor de edad, a quien proporcionará apoyo psicológico.

La agresión también fue condenada por diversas autoridades y organizaciones, que reiteraron la importancia de construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

Silva insistió en que este episodio pone evidencia la urgencia de reforzar la educación en valores y la conciencia social para prevenir y erradicar conductas discriminatorias.

Luego de que el Viceministerio de Defensa Civil sugiriera que existe la posibilidad de que un terremoto golpee al país, el Observatorio San Calixto, encargado del seguimiento de la actividad tectónica, sugirió que se debe “adquirir una cultura sísmica” para hacer frente a esos eventos.

“Según el Mapa Probabilístico de Amenaza Sísmica para Bolivia (2019) existen regiones con una amenaza sísmica moderada a alta. Esta realidad no nos limita para cumplir las normativas vigentes y adquirir una cultura sísmica para estar preparados ante cualquier eventualidad”, informó el centro sismológico a través de un comunicado.

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Observatorio

Asimismo, el observatorio informó que, a nivel mundial, no existe un método científico para predecir terremotos, por lo que son eventos que se caracterizan por su impredecibilidad.

La institución explicó que su labor se centra en registrar y reportar la actividad sísmica diaria, lo cual es distinto a prever eventos de gran magnitud.

Para determinar la recurrencia de terremotos, se requieren estudios profundos en zonas sísmicas, que incluyen análisis de registros históricos e instalación de sismómetros especializados. Además, estos requieren de una mayor inversión, pues los costos para adquirir estos instrumentos son elevados.

Sin embargo, el ingeniero de operaciones del observatorio, Walter Arce, aclaró que, aunque la población perciba un aumento en los sismos, los registros indican que la actividad sísmica se mantiene dentro de rangos normales.

En 2024, el centro sismosiológico identificó más de 1.600 movimientos tectónicos de diferentes magnitudes, principalmente en Potosí.

Por ello, ante el aumento en la actividad sísmica, el Gobierno insiste en la importancia de un «seguro» para atender cualquier tipo de desastre climático natural.

La Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de La Paz inició acciones legales tras identificar a la mujer y su hijo que fueron víctimas de una agresión verbal en la Meseta de Achumani, mientras recolectaban tunas. El caso, ampliamente difundido en redes sociales, ha causado profunda indignación en la población paceña. 

El director de la Defensoría, Brayan Tintaya, informó que la madre se comunicó con la institución mientras se encontraba en una feria.

“Esta mañana hemos sostenido una conversación con la señora. Nos pidió que le devolvamos la llamada en una hora y estamos intentando contactarla nuevamente”, explicó en declaraciones a la Agencia Municipal de Noticias (AMUN). 

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Defensoría

El miércoles, dos hombres, uno identificado como médico, agredieron verbalmente a la mujer y a su hijo, quien lloraba desconsoladamente durante el altercado.

Tintaya expresó su preocupación por las posibles secuelas psicológicas que este hecho podría generar en el menor. “El niño se quedará con un trauma porque es un escenario psicológico que necesita un abordaje más profundo”, advirtió. 

Ante la gravedad del caso, la Defensoría activó una investigación de oficio y desplazó a un equipo al lugar de los hechos para recabar información y brindar apoyo a las víctimas.

“Es algo sumamente indignante para la población paceña, especialmente en un contexto donde luchamos por erradicar la violencia”, remarcó Tintaya. 

Aunque el video que circula fue editado y no muestra el contexto completo, las imágenes y el audio son claros en evidenciar violencia verbal y psicológica contra la mujer y su hijo.

“Se ha configurado violencia verbal que se convierte en violencia psicológica contra la señora y el menor”, agregó la autoridad. 

Tintaya hizo un llamado a la sociedad para reflexionar sobre estos actos y trabajar de manera conjunta en la erradicación de la violencia en todas sus formas.

“No podemos tolerar actitudes que profundizan la división social y el odio. La violencia debe ser rechazada y condenada”, señaló. 

La Defensoría continuará con el seguimiento del caso y brindará el acompañamiento psicológico necesario a la familia afectada. 

Luego de que el Comité de Seguridad Alimentaria adelantara reuniones con representantes del sector privado para debatir sobre la polémica y rechazada disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), este jueves se inicia el primer encuentro entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y viceministros de Estado.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, se reunirá con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, y el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez.

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Disposición

La demanda de los industriales es eliminar la disposición adicional séptima, la cual permite el decomiso y la confiscación de productos y mercancías que se acopien con el objetivo de incrementar su precio.

El Gobierno explicó que la medida busca luchar con los delitos de agio y especulación que afectaron a la economía nacional a lo largo de 2024.

Sin embargo, desde la CNI alertaron que esta medida genera preocupación e inseguridad jurídica en el sector productor, debido a que las autoridades estatales podrían intervenir con libertad en la propiedad privada y afectar la producción.

A los industriales se sumaron los productores agropecuarios, los empresarios privados, gremiales, comerciantes y transportistas. Inclusive, tras un ampliado multisectorial, se otorgó un plazo hasta fines de enero para que el Gobierno elimine la disposición.

No obstante, las autoridades gubernamentales señalaron en que la medida es necesaria para proteger la economía del país e incluso las actividades de los sectores privados, asegurándoles mayor seguridad jurídica.

Por ello, en estas reuniones el Gobierno pretende explicar los alcances y aclarar ‘el objeto’ de la norma.