La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que gestionará, en coordinación con la Cancillería, que Estados Unidos devuelva el dinero confiscado al momento de la aprehensión del exministro Arturo Murillo y Sergio Méndez, su exjefe de gabinete.
“La PGE gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, señala el comunicado de la Procuraduría.
Murillo y Méndez están involucrados en el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado calculado en $us 2,3 millones. El exministro fue sentenciado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, y su exhombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y ahora cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.
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La investigación, destapada en mayo de 2021, determinó que la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. La adjudicación fue dirigida por Murillo.
La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano y junto a ellos se condenó a otros tres estadounidenses, dueños de BTS.
Añadió que Murillo cumplirá “una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026” y Méndez, luego de cumplir su condena fue deportado de Estados Unidos y detenido apenas pisó suelo boliviano en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.
“La Procuraduría obtuvo en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida. Una primera sentencia contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo; ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado”.
También, indicó que se “coordina con las acciones de intervención y seguimiento por los delitos imputados y acusados en territorio nacional, contra ambos ciudadanos como autores mediatos, para que la justicia boliviana opere en el marco de su soberanía, sentenciando y recuperando los daños ocasionados contra los recursos del pueblo boliviano”.