El procurador general del Estado, César Siles, informó que están en marcha las gestiones diplomáticas de la Cancillería de Bolivia ante el gobierno de Estados Unidos para la repatriación de $us 2 millones que fueron confiscados a acusados en el caso Gases lacrimógenos.
El funcionario aclaró que dichos recursos no estaban en poder del exministro Carlos Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez, que ya cuentan con sentencia en ese caso en aquel país.
Una investigación del periodista Junior Arias, destapada en mayo de 2021, determinó que la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Arturo Murillo
Murillo y sus cómplices se repartieron el saldo, cuyo dinero fue ingresado sin justificación en Estados Unidos.
Siles explicó que el trámite para recuperar ese dinero tiene dos fases: la primera es un trámite judicial, que ya cuenta con el visto bueno de las autoridades judiciales estadounidenses para su devolución, y la segunda, la gestión diplomática cuya tarea realiza la Cancillería.
“Esos $us 2 millones no son ni de Méndez ni de Murillo, sino de otros acusados, a quienes se ha confiscado cuentas (bancarias) que tenían. Murillo y Méndez no tienen cuentas en Estados Unidos”, explicó Siles a los periodistas en La Paz.
Vinculado al caso, Murillo fue sentenciado a 70 meses de prisión el 4 de enero de 2023. Eso, luego de que la Corte de Distrito de los Estados Unidos lo hallara culpable de delitos de soborno y lavado de dinero.
Caso gases
Los otros implicados en este caso son Méndez, Philip Lichtenfeld, y Bryan y Luis Berkman, todos con sentencia.
Además de ellos, el exministro de Defensa Luis Fernando López Julio, también de la gestión de Áñez; aunque se encuentra en calidad de refugiado en Paraguay.
Ante el caso de sobreprecio, Bolivia recurrió, vía juicio civil, a la Justicia de Estados Unidos con el fin de recuperar esos fondos.
El 9 de abril, la juez Lisa Walsh sentenció que el exministro de la gestión de Jeanine Áñez indemnice al Estado boliviano con un total de $us 6,2 millones, luego de ser declarado culpable de varios delitos.
Pero, además, la sentencia implica que el demandado cubra los gastos legales que hizo el Estado en ese proceso.
En el caso de Murillo y Méndez, según dijo Siles, “tienen varios procesos en el país”, por lo que se hizo la notación preventiva de su patrimonio real y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Extradición
“Es una defensa integral; no solo involucra la recuperación de dinero para el país”, agregó.
Consultado por la extradición de Murillo desde Estados Unidos a Bolivia, el funcionario recordó que existe una solicitud para ello desde enero de 2022.
“Esperemos que estos meses, con la nueva sentencia que ha salido (en contra de Murillo), podamos tener novedades y respuesta a la solicitud de extradición”, complementó.
Méndez fue deportado por Estados Unidos el 3 de abril. Desde el día siguiente se encuentra detenido de forma preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.