Mario Tadic y Előd Tóásó, sobrevivientes del grupo abatido en la intervención del hotel Las Américas en 2009, informaron que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo.
“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)”, se lee en la primera parte del comunicado publicado por Tóásó en sus redes sociales.
Además, precisa que el proceso se investigará por “el caso de violaciones de derechos humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas; tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.
Tadic y Tóásó pidieron a la población colaborar con las pesquisas de la Fiscalía con la presentación de pruebas “ya publicadas o no publicadas”; declaraciones y testimonios “para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales; de estos hechos crueles y temerarios”.
Tóásó y Tadic fueron capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra; durante un operativo policial contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.
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Condena a Tadic y Tóásó
En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.
En abril de 2009, la Policía Boliviana intervino en el Hotel Las Américas y abatió a tres extranjeros, a quienes acusó de alzamiento armado.
Tras este hecho, el entonces presidente Evo Morales, a su llegada a Venezuela, dijo que él dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.
El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos cometidos en ese operativo policial.
Sin embargo, el 23 de septiembre de 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo; anunció que el caso Terrorismo fue cerrado “en homenaje” a Santa Cruz, en alusión a la efeméride departamental del 24 de septiembre.
Es que el Ministerio de Gobierno, que en la gestión de Morales se convirtió en la parte acusadora; se retiró del caso. Así, el Ministerio Público cerró el caso y Murillo felicitó la determinación.