Caso Terrorismo: Raúl García recuerda que la proyección era 8.000 muertos y 30.000 heridos
El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.
Raúl García Linera en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco.
Raúl García Linera develó que el grupo de “mercenarios” abatido en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, planificaba un operativo separatista con 8.000 muertos y más de 30.000 heridos.
En 2009, se llevó adelante un operativo policial en dicho hotel, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”. Junto a él cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro).
Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes se sometieron a un juicio abreviado y admitieron su culpa por los delitos.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, García indicó que, según el informe de la investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, el grupo de Rózsa solicitó ametralladoras 7,62; ametralladoras 50, morteros 60, morteros 82, cañones sin retroceso, lanzadores, granadas RPG-7, granadas 40 mm, lanzagases y otras municiones de guerra.
Todo ello —según García— con el fin de generar una guerra civil en el país para consolidar la “independencia de Santa Cruz” y la separación de ese departamento con el resto de Bolivia, Además, forzar una intervención extranjera.
“No era un juego, no era una represión. Era una guerra”, dijo.
Recordó las declaraciones de Carlos Subirana, quien, en una entrevista, acusó a las familias Matkovic, Foianini y otras de la elite cruceña de planificar una guerra civil.
“¿Quieren que empiece cuando sacaron el arsenal de armas en Cotas? ¿Quieren que empiece cuando tenían programada una guerra civil? (…). Esteban Foianini, dueño de la clínica Foianini, tenía previstos siete centros hospitalarios para 30.000 heridos. Había que pedir 8.000 bolsas de cadáveres”, afirmó el abogado.
García recordó que se calcularon bolsas de cadáveres que iban a ser producto de su planificada guerra civil. “Subirana habla de un doctor Foianini que tiene que comprar 8.000 bolsas de cadáveres, eso a mí me espanta”, admitió.
Afirmó que los bolivianos “no tenemos idea” de una guerra con esa cantidad de muertos y heridos en tres o cuatro meses (tiempo previsto según lo planificado). “Solo lo puede calcular con la Guerra del Chaco”.
“No tenemos idea, pero esa era la voluntad dispuesta para hacer una acción separatista era de esta dimensión”, insistió.
En su criterio, en 2009 hubo un intento de separatismo, “latente en un esquema de la dirección política” de Santa Cruz. Explicó que el entonces gobernador Rubén Costas lo confirmó cuando dijo en un cabildo: “Si los indios quieren un presidente indio, que lo tengan; nosotros queremos nuestro propio presidente”.
“Esa afirmación resume la voluntad y una tendencia separatista”, añadió García.
Contó que Rózsa llegó a Bolivia con un grupo de “mercenarios” para lograr una intervención de la Organización de Naciones Unidas para que permitan la separación de Santa Cruz, pero, para ello, había que provocar una guerra civil.
“¿A quién se le ocurre que el separatismo es un tema secundario? Es mucho más que un delito penal”, reclamó.
La Razón recordó este martes en su edición impresa que Rósza apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”. No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.
El extranjero declaró todo ello en una entrevista con el periodista András Kepes, en 2008.
Por ello, García denunció que, en este caso, el intento de separatismo pasaba por un esquema genocida. El grupo planteó zonas de aislamiento, cordones sanitarios (guetos al estilo de la Alemania Nazi) y una estructura para condicionar una intervención extranjera luego de una guerra civil.
Los mercenarios contaban con mapas en sus computadores de cómo iban a ser distribuidas las zonas de aislamiento para las personas. “Son lugares donde aíslas a la gente, donde pueden ser eliminados”.
“Era la documentación que se encontró en la computadora de los abatidos”, dijo.
Contó que buscaban ejecutar el plan bajo el separatismo y el lema de “el colla es tu enemigo, el indio es tu enemigo”.
“Ellos decían: ‘generamos un combate, resistimos y la indiada bajando de la parte alta y logramos que intervenga Naciones Unidas y logramos la independencia’, lo dice Rósza cuando lo entrevistan en el extranjero”, dijo.
Luego del operativo policial, autorizado por el entonces presidente Evo Morales y su gobierno, se abrió una investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tortura y ejecuciones extrajudiciales contra el grupo de extranjeros.
En 2022, la CIDH concluyó que en el operativo en el hotel Las Américas se produjeron ejecuciones extrajudiciales y torturas. El organismo instó al Estado boliviano a investigar a la administración de Morales por las muertes en el operativo para evitar un juicio internacional.
El informe identificó a más de una decena de personas, incluyendo a Evo Morales y a Álvaro García Linera, que deberían ser investigadas por las “graves violaciones” a los derechos humanos en el caso de «terrorismo».
Al respecto, Raúl García admitió que la intervención fue un acto estatal altamente riesgoso, pero aseguró que la situación en el hotel no era nada tranquila. “Yo me pongo en sus zapatos (de la Policía)”.
Dijo que nadie hubiera deseado que haya muertos en el operativo, pero cuestionó: ¿cómo tocas las puertas de una persona que duerme armada?
“Si ellos hubieran entrado disparando, todo hubieran muerto, no hubiera habido ningún sobreviviente como hubo”, añadió.
Asimismo, descartó la figura de tortura en el operativo, debido a que en todo momento estuvo presente la prensa. Desde que los extranjeros salieron del hotel hasta que llegaron a La Paz. Indicó que el único lugar donde estaban sin cámaras fue en el vuelo.
“Tortura es estar cinco o 17 días desparecido, no cuatro horas. Suena ridículo”, cuestionó.
Proceso
García lamentó que en 11 años no se haya establecido una sentencia para los acusados sobrevivientes y que ni siquiera se haya avanzado en el proceso. “Es tan abundante la prueba que uno no entiende como es que no hubo sentencia”.
Reclamó que a Arturo Murillo (ministro de Gobierno durante el gobierno de Jeanine Áñez) se le puede entender que haya desistido en el caso Terrorismo, pero no al fiscal general, Juan Lanchipa.
En 2020, Murillo cerró el caso Terrorismo I y II sobre de la irrupción Rózsa en el país. Lo hizo al desistir del proceso como institución estatal del Ministerio de Gobierno, que en el gobierno de Morales era la parte acusadora.
“Como se dio el lujo Murillo de desistir de la acusación. No puedes esperar mucho de él, pero el fiscal no pudo desistir de la acusación”, reclamó García.
Explicó que más allá de que el Ministerio de Gobierno haya retirado la denuncia, la Fiscalía debió seguir la investigación de oficio. “De 2009 a 2020, son 11 años de juicios donde nunca prosperó el proceso”.
“Hubo un manejo perverso de la justicia”, insistió.
Apuntó a los fiscales, encargados del caso, de trabar e imposibilitar el avance del caso, cuando se tenían casi todos los elementos. “En un año o dos tenía que haber una sentencia y no hubo, ni quiera en primer grado”.
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