Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió a la Asamblea Legislativa «declarar inadmisible» la decisión judicial que suspende el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
El martes, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó la suspensión al proceso de preselección hasta el lunes, luego de que la ciudadana Margarita Medrano presentó un amparo con ese fin.
También, en sesión de la Comisión Mixta de Constitución se conoció sobre la notificación de otro recurso interpuesto por el postulante inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Expresidente de la otrora república (2005-2006) y de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé recomendó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, declarar “improcedente e inadmisible” el fallo judicial y continuar con el trabajo legislativo de examen de méritos de los postulantes.
Cuestionó que el amparo interpuesto por un ciudadano haya paralizado el proceso de preselección, a sabiendas de que —según la Constitución— dispone el recurso cuando el recurrente agotó todos los medios de impugnación.
Las autoridades del Órgano Judicial tienen que garantizar que se haya seguido el procedimiento. “Se prevé un recurso para impugnar decisiones camarales o de este género. Ése era el camino”, añadió.
En su criterio, la decisión cautelar de suspender el proceso no se enmarca en el “sentido de oportunidad ni de proporcionalidad”, puesto que la Asamblea Legislativa está desarrollando una tarea que le señala la Constitución, a través de acuerdo multipartidario, para activar un derecho ciudadano, que es elegir.
“No puede ese proceso ser interrumpido por un juez, es ajeno al sentido de oportunidad”, dijo.
Además, consideró que una sola persona, por más razones tenga, no puede violentar el derecho de la mayoría de los ciudadanos a elegir a las autoridades judiciales.
Sin dar mayores datos, Rodríguez advirtió que uno de los jueces que determinó frenar la preselección fue recientemente posesionado por los miembros de un tribunal “autoprorrogado”. “Ese juez debería examinar que sus decisiones pueden entrar en un conflicto de intereses entre los tribunales que revisarán esa decisión”.
“Son tres o cuatro razones, a mí juicio, por las que la Asamblea Legislativa debería simplemente declarar inadmisible esa orden y avanzar como lo están haciendo”, insistió.
Esta es la tercera vez que las elecciones se paralizan por decisión de las salas constitucionales, producto de amparos presentados. El primer freno fue el 12 de abril, cuando el proceso fue suspendido ante la medida cautelar interpuesta por Miguel Ángel Balcázar.
La segunda traba se presentó el 27 de abril, luego que el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de los comicios, al considerar que iba contra la Constitución.
Rodríguez aseguró que se está replicando lo mismo que ocurrió el año pasado. “Lo que califiqué como maquinación orquestada. Se está repitiendo la misma fórmula” para frenar los comicios judiciales.
“Resulta improcedente que esos amparos puedan frenar un proceso y, sobre todo, porque vulnera el derecho ciudadano”, dijo.
Lamentó que los jueces que, a través de la tutela de un amparo paralizan las elecciones judiciales, sobrepasan sus competencias y afectan el derecho de elegir a las autoridades judiciales.
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