César Navarro aseguró que el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rósza, líder de la célula terrorista que entre 2008 y 2009 irrumpió en el país no llegó solo, sino que políticos cruceños lo trajeron y financiaron su estadía en Bolivia.
El 16 de abril de 2009, un operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Rózsa. Junto a él cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro).
Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron los dos ciudadanos que sobrevivieron al operativo policial en dicho hotel. Se sometieron a un juicio abreviado y, actualmente, están libres en busca de enjuiciar a quienes ordenaron el plan, entre ellos, el expresidente Evo Morales.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Navarro, entonces miembro de la otrora Comisión Especial Multipartidaria de Ia Cámara de Diputados que investigó el caso, recordó los hechos.
Dijo que cuando ocurrió la intervención del hotel Las Américas, el país salía de un proceso político en el que la oposición cuestionaba la nueva Constitución y desconocía el gobierno del expresidente Evo Morales.
“El país estaba saliendo de una situación altamente critica”, explicó.
Recordó, en 2008, que la “media luna” (un bloque integrado por los entonces prefectos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija) se articuló con fuerza contra el gobierno de Morales e intentó impedir la aprobación de la nueva Constitución.
“(Los prefectos) convocaron al desacato civil, al bloqueo de caminos y voladura de ductos”, relató.
Indicó que el grupo estaba planteando bloquear los caminos, anular la reforma constitucional y desconocer al presidente y al entonces vicepresidente Álvaro García Linera. “Había un alto nivel de violencia y peligrosidad”.
Contó que, en septiembre de 2008, se desbloquearon los caminos y el gobierno de Morales volvió a tomar el control. Sin embargo, la Federación de Campesino de Pando se dirigió a la población de Porvenir.
“Leopoldo Fernández (otrora prefecto de Pando), con grupos armados, deciden intervenir y reprimir a los campesinos. Murieron 16 personas”, detalló.
Navarro recordó que el país atravesó una situación muy dura y dramática en septiembre, octubre y noviembre de 2008. “En octubre de ese año llega Eduardo Rósza, porque lo traen”, dijo.
Indicó que Rósza organizó la Brigada Internacional, un grupo irregular de soldados que participaron en la Guerra de los Balcanes en el sureste de Europa. Ingresó a Bolivia con distintos nombres, entre ellos Germán Roca, Jorge Hurtado y Luis Tamandua.
Cuando llegó a Bolivia, él y sus compañeros fueron alojados en distintos hoteles, hospedaje pagado por empresarios y dirigentes, entre ellos Luis Hurtado o Carlos Guillén.
Afirmó que «personas vinculadas» a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (Cotas) fueron quienes pagaron la estadía del extranjero en el hotel Buganvillas y, posteriormente, del hotel Las Américas. La comisión multipartidaria tuvo acceso a las copias de las facturas originales otorgadas por los dueños y gerentes administrativos de los hoteles.
Develó que el abogado Alejandro Melgar, extitular del Centro de Conciliación y Arbitraje en Asuntos y Procesos de la Cámara de Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), compró los pasajes y armamento para el grupo de extranjeros.
“Compró los pasajes de la sucursal de (la aerolínea) AeroSur de la avenida Irala, en Santa Cruz”, añadió.
Asimismo, contó que Rósza pidió a miembros de Cotas que instalen internet en el stand de la telefónica en la Feria de Santa Cruz (Fexpocruz). “Fuimos al stand de COTAS y logramos obtener una pequeña boleta”.
Esa boleta estaba firmada por Rósza y era el comprobante de que el técnico instaló el internet en el stand. “Fue el técnico instaló internet y Eduardo Rósza le firmó el comprobante. A partir de esta firma en el talonario, se logra establecer que estaba Rósza”.
Denunció que hubo “tráfico de influencias” en Cotas, debido a que “alguien” autorizó la habilitación de internet. “En ningún momento la cooperativa autorizó la utilización de la infraestructura”.
“Lo que existió fue el tráfico de influencias de un miembro del directorio de Cotas”, sentenció Navarro.
Recordó que miembros de la comisión entrevistaron a Tóásó y a Tadic mientras estaban en la cárcel. Tadic les dijo no él andaba armado por “problemas psicológicos” posguerra, pero confesó que Rósza y Dwayer siempre estaban armados.
Tadic les dijo que no escapó de Bolivia porque no tenía pasaporte. Cuando los legisladores le preguntaron quién lo tenía, indicó que Eduardo Rósza, quien le dijo que «era más barato gastar en una bala que en un pasaje de avión».
Navarro lamentó que la Justicia no haya hecho nada, pese a haber entregado tres cajas de información respaldada y más de 50 CD con las grabaciones de los testimonios de los acusados.
La información también fue presentada ante la Cámara de Diputados, entonces presidida por Edmundo Novillo, para que sea considerada por la totalidad de los legisladores. “El presidente Novillo derivó a Marcelo Sosa (fiscal), quien llevaba el caso”.
Al ser consultado sobre la inacción de la Justicia, indicó que, “con tanta documentación respaldada”, el caso podía terminar a mediados de 2010. “Ninguno de los respaldos podía ser descalificado porque eran copias originales de la documentación”.
Asimismo, indicó que la comisión nunca logró entrevistar a las personas que pagaron los pasajes. “Ellos abandonaron el país” en su momento, dijo.
La comisión estaba conformada por Navarro, René Martínez, Gustavo Torrico, Pablo Pérez y Heriberto Lázaro, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Pablo Banegas y Bernardo Montenegro, de Poder Democrático y Social (Podemos); Marisol Aban, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y Peter Maldonado, de Unidad Nacional (UN).
Aunque todos los miebro0s no firmaron el documento final, Navarro aseguró que el trabajo fue en equipo y la oposición fue testigo de la documentación recolectada en el trabajo.
Si bien algunos estaban acusados y otros declarados en juicio abreviado, como Tóásó y Tadic, el caso fue cerrado en 2020 a instancias del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, cuyo despacho era en el gobierno de Morales la parte acusadora.
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