Cae un cuarto implicado en ‘irregularidades’ en las piscinas de la planta de litio
El Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión contra los implicados en el caso de las “irregularidades” en las piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí.
Referencial
Imagen: Archivo La Razón
La Policía Boliviana ejecutó la orden de aprehensión de un cuarto implicado en el caso de las piscinas de evaporación de la planta de litio en Uyuni, Potosí.
Se trata de Cristian B. A. A., un exfuncionario Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según publicó Erbol, la captura del investigado ocurrió la tarde del martes en el departamento de Santa Cruz.
La mañana del martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que desde el Ministerio Público se emitieron 12 órdenes de aprehensión. El lunes, se ejecutaron tres de esas órdenes: la del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú y otros dos exfuncionarios de la estatal.
Piscinas
Celebrada el martes, la audiencia de medidas cautelares de Echazú terminó con el beneficio de detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000. Sin embargo, los otros dos exfuncionarios aún esperan su audiencia.
La aprehensión de la exautoridad en la gestión de Evo Morales generó el repudio de los miembros del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); cerraron filas en torno a Echazú.
A instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, el Ministerio Público investiga “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de evaporación en esa planta.
Aprehendidos
Según el reclamo, solo cinco de ellas funcionan y atribuyen esa “falla” a problemas desde su construcción; según la parte acusadora, se realizó con materiales no aptos para las condiciones climáticas de esa factoría.
Los 12 acusados están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes; conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado, según explicó el procurador general de estado, César Siles.
Según informó YLB, esas “irregularidades” causó al Estado un daño económico de al menos Bs 425 millones.