La Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.
La norma responde a la serie de amparos constitucionales que, de manera recurrente, suspendieron el proceso desde abril de 2023. El último fue interpuesto por Margarita Medrano, postulante inhabilitada, que dejó en pausa el proceso de calificación méritos.
La resolución camaral se aprobó el miércoles en sesión ordinaria 107.
La calificación de méritos de los postulantes está paralizada desde el martes 16 de abril debido a la resolución de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, a instancias de Medrano.
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Amparos
Desde entonces, las comisiones revisoras entraron en un cuarto intermedio indefinido hasta que este viernes se resuelva el amparo en una audiencia. En ese periodo, se fue conociendo que otros postulantes habían presentado más recursos para detener el proceso.
Los amparos responden al derecho legítimo de los postulantes a presentar este recurso en caso de considerar que se ha vulnerado sus derechos y que el proceso es arbitrario.
Cuando se conoció la paralización del proceso, tanto oficialistas como opositores denunciaron la existencia de una “mano negra” que pretende inviabilizar las judiciales.
Entonces, con el fin de continuar con el proceso, senadores de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron la propuesta que se aprobó el miércoles.
Comisiones
Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural celebraron este hecho y anunciaron medidas legales en contra de los jueces que acepten los amparos.
“Hemos tomado la decisión de presentar cuestiones penales contra los vocales y los jueces que están cometiendo el tema de prevaricato y también resoluciones contrarias a la Constitución”, informó en conferencia de prensa Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.
Además, según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el plazo de preselección de postulantes de 180 días calendario vence en 10 días. Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo.
Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.