El presidente Luis Arce inauguró este lunes el Año Internacional de los Camélidos 2024 y presentó un “plan maestro” para su ejecución.

Ese plan es un “instrumento que consolida el plan integral alineado con la planificación del Estado, con el propósito de contribuir de manera significativa al logro de los objetivos establecidos en nuestra agenda patriótica y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”, justificó el mandatario en un acto especial para la ocasión celebrado en la Plaza Mayor, en La Paz.

Entre las “acciones” previstas en ese plan, dijo, está la entrega y puesta en marcha de una planta industrial de carne de camélidos en el municipio de Turco, en Oruro; la implementación del primer festival gastronómico de carne de camélidos y presentación del recetario con comida tradicional y gourmet, junto con Perú, Argentina, Ecuador y Chile.

Año de los Camélidos

Asimismo, anunció que el país será sede de la XXXV Reunión Ordinaria del Convenio Vicuña; se realizará la ruta internacional de la cadena productiva de camélidos; un Consejo Nacional de Camélidos en Bolivia, un encuentro nacional de presentación de resultados de los camélidos rumbo al bicentenario.

“Este año debemos encaminar todos nuestros esfuerzos para lograr el verdadero desarrollo de nuestras comunidades dedicadas al sector camélidos. Debemos trazar políticas con miras a la industrialización con sustitución de importaciones”, pidió Arce.

En el acto celebrado en el atrio de la Plaza Mayor, en San Francisco, destacó la importancia de los camélidos, que habitan, principalmente, en Sudamérica. Recordó que esa familia de rumiantes es una ayuda para el transporte de carga; asimismo, la provisión de fibras para la producción de vestidos, así como una fuente de alimentación.

Luis Arce

“El equipo de nuestras entidades involucradas viene trabajando ya en la construcción de una política estratégica multisectorial de gestión y desarrollo integral (…) mirando hacia 2030, vemos en los camélidos uno de nuestros futuros hacia el Bicentenario”, explicó el mandatario.

Una de las tareas que se deben asumir, según dijo Arce, es la lucha efectiva contra el cambio climático; indicó que eso “amenaza” al ganado camélido en todas las regiones. “Vamos a hacer las acciones correspondientes para lograr su conservación y manejo sostenible.

“Nuestros camélidos garantizan la seguridad alimentaria con soberanía, proporcionan carne, fibra y son un medio de transporte que permiten una calidad de vida sostenible contribuyendo a la lucha contra el hambre”, agregó.

Arce también destaco una serie de proyectos que tienen que ver con la producción e industrialización de camélidos, varios de ellos, con financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otros organismos internacionales.

Proyectos

“Los camélidos fueron representados como símbolos religiosos, mágicos y de poder, manifestando su centralidad en el desarrollo socioeconómico cultural de nuestros pueblos, por ello son parte de nuestra identidad, historia, sistema de vida y de la Madre Tierra”, complementó.

El Gobierno impulsó desde hace tiempo la producción e industrialización de camélidos en las regiones que se dedican a esa actividad. Tiene con el fin de promover su actividad económica y su desarrollo.

A iniciativa del gobierno de Evo Morales, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en diciembre de 2017 el Año Internacional de los Camélidos en 2024. Entonces se conformó un comité directivo liderado por Bolivia y Arabia Saudita.

Al menos 90 países en el mundo son productores de camélidos, entre llamas, alpacas, guanacos, vicuñas y camellos.

Ministros de la gestión del expresidente Evo Morales alertaron sobre una “descomposición” de los cuatro órganos y las instituciones del Estado, y advirtieron que se encuentran “en una profunda crisis” por “operaciones políticas” del Gobierno.

“Estamos, pues, viviendo en momentos de profunda descomposición institucional de nuestro Estado atribuible principalmente a las acciones del gobierno de Luis Arce, David Choquehuanca y los ministros y ministras que, a diario, realizan cínicamente operaciones políticas (sic)”, dice parte de un documento publicado este martes.

Las exautoridades emitieron duras críticas contra las instituciones, de las que consideran que perdieron su legitimidad ante la población.

Apuntaron especialmente a la administración de Justicia y la Policía Boliviana que, según se lee en el pronunciamiento sin firmas, no cumplen su función institucional ni la sana convivencia entre bolivianos y atribuyeron ello a “la corrupción” que hay en ellas.

Ministros de Evo Morales

“El Gobierno no duda en profundizar la crisis institucional buscando sacar provecho particular y lograr proteger sus actos de corrupción y protección al narcotráfico, y entreguismo de nuestros recursos naturales a la voracidad extranjera”, añade el texto.

Incluso, acusaron al Gobierno de “promover y proteger” a actores como los vocales de salas constitucionales que “cometen groseras violaciones de la Constitución Política del Estado y las leyes”.

En su criterio, la administración del presidente Arce busca que las autoridades judiciales y electorales “queden blindadas” por el poder político y “se garantice su impunidad frente a las sanciones que merecen”.

En este caso, hicieron alusión a los magistrados y vocales electos en 2017 cuyo mandato de seis años fue prorrogado por la Sentencia 049/2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyó esa ampliación a “intereses políticos” del Gobierno.

“Las organizaciones sociales y sindicales incluso algunas entidades de la sociedad civil organizada, y nuestro Instrumento MAS IPSP, hoy se plantean la necesidad de cambiar las cosas a objeto de derribar estas instituciones por ser inservibles o reformarlas radicalmente y convertirlas en instituciones más consistentes”, propone ese bloque político.

Una vez más, denunciaron una “persecución política” en contra de los militantes y dirigentes de la facción evista del MAS que cuestionó las políticas del otrora elogiado ministro de Economía de Morales.

“Estamos a las puertas de una rebelión popular que puede devenir en una convulsión social muy grave que pondrá de manifiesto la voluntad de la población de no permitir que se siga en el camino de desinstitucionalización estatal”, advierte el documento.

El documento salió a la luz en medio de fuertes cuestionamientos sobre la “independencia” de los órganos del Estado y la supuesta “intromisión” del Órgano Ejecutivo sobre los otros.

El abogado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Chávez afirmó este lunes que el congreso de ese partido, convocado por las organizaciones que respaldan al presidente Luis Arce para el fin de semana pasado, carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial, particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Asimismo, advirtió que la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del MAS, no quiere decir que ese encuentro haya sido aprobado, porque aún se debe esperar el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

MAS

“Eso no implica que ya hay un reconocimiento al congreso al cumplir una decisión judicial, pero todavía tiene que haber un informe por parte del Sifde, que no podría ser otro que el de no aprobar de ninguna manera ese congreso, porque no ha cumplido ningún parámetro legal”, agregó.

Por su parte, la facción evista del MAS se declaró en emergencia. Anunció un ampliado para el 18 de mayo; en él definirán medidas de presión luego de que el ala arcista eligió a un nuevo jefe de ese partido.

Por su parte, el líder de esa facción, Evo Morales, anunció que agotará una lucha legal para defender a su partido; eso luego de la elección de un nuevo jefe en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció que busca una reunión entre las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa para definir el rumbo de las elecciones judiciales.

“Estamos a la espera (de la confirmación), en estos días de la semana, para una reunión conjunta y tomar una decisión entre las tres fuerzas políticas y ambas cámaras para decidir el rumbo y el destino de las elecciones judiciales”, dijo en una conferencia de prensa en La Paz.

El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Pando dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La preselección se encontraba en la fase de evaluación de méritos de los 404 postulantes que esperaban rendir sus exámenes oral y escrito.

Elecciones Judiciales

Rodríguez, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que también buscará una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues luego de remitida a ese órgano una lista de 192 profesionales habilitados, es el encargado de organizar los comicios.

“Los plazos y el cronograma se han agotado. Si hay todavía alguna posibilidad de coordinación con el TSE, veremos la posibilidad de si se retoma la última fase o se revisa todas las etapas y fases”, enfatizó.

Según los plazos previstos en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el 6 y 7 de mayo debió remitirse al TSE la lista de los habilitados, para que, en un plazo de 180 días, se realice la elección, pero la decisión judicial frenó todo el proceso.

Además de la acción popular de Pando, la preselección enfrentó al menos 12 amparos constitucionales por la supuesta vulneración de los derechos de postulantes que fueron rechazados en el proceso.

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El expresidente Evo Morales anunció este lunes que la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) que preside agotará la lucha legal para defender a su partido, luego de la elección de un nuevo líder en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.

Develó que en el ampliado de emergencia del domingo en Cochabamba, dirigentes y militantes de base pidieron empezar “ya” las movilizaciones en defensa del MAS.

“Vamos a agotar toda la lucha legal, estamos con la verdad y la razón para evitar el bloqueo de caminos, pero finalmente hasta a nosotros nos perjudica”, planteó.

Ratificó también un encuentro nacional del 18 de mayo, en el que se determinarán si las protestas serán vigilias, huelgas de hambre, bloqueo de caminos “u otras formas”.

Calificó de “imposición del Gobierno” la determinación del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) de La Paz, que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) enviar veedores al congreso del MAS arcista.

“Ese congreso es totalmente ilegal (…). Con el equipo jurídico estamos analizando qué (acciones) corresponde (tomar) por estas ilegalidades o inconstitucionalidades que ejercen algunos miembros de las salas constitucionales”, criticó.

Evo Morales

Morales volvió a defender como “única convocatoria” el congreso previsto para el 10 de julio en el Chapare, Cochabamba

“El Gobierno gobierna con fallos judiciales y con sentencias constitucionales que son inconstitucionales”, agregó en la conferencia que se realizó en Cochabamba.

Así, Morales se refirió nuevamente al Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, de cuyo mandato dijo que “no es la presidencia del MAS-IPSP”.

“No es política del MAS proteger la corrupción, (ni) robar en familia”, aseguró y volvió a abordar “negociados” entre el hijo del presidente Arce y empresarios respecto de la industrialización del litio.

“Estamos aguantando, aguantando y aguantando. Cuidado que el pueblo reviente”, advirtió el exmandatario y se refirió al “respaldo” de organizaciones que lo apoyan.

Respecto de la supervisión de una comisión técnica del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) al congreso arcista, el informe será remitido a la Sala Plena del TSE para que emita si la organización cumplió o no los requisitos para el cónclave. El plazo es de 10 días, según informó el vocal electoral Gustavo Ávila.