En la búsqueda de la continuidad del proceso de elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

“Nosotros, desde el principio, indicamos que tiene que proseguir las elecciones judiciales. Hay un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional y las comisiones mixtas deben analizar y proceder, eso dejamos a las comisiones mixtas”, dijo el diputado arcista a los periodistas en La Paz.

El lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, instó a las dos comisiones, que llevan adelante el proceso de preselección, a que sigan con su trabajo.

Judiciales

Pasaron 43 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz puso el primer freno y ordenó paralizar el proceso. El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Luego, el 30 de abril, la acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró que la Sala Constitucional Primera de Cobija apruebe la acción popular que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Pero la luz verde para la continuidad se vio el jueves de la semana pasado, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo dictado en Pando.

Por su parte, consultado por los periodistas en La Paz, el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

Comisiones mixtas

En criterio del senador evista, la Asamblea debe resolver una ampliación de plazos para que se pueda retomar el proceso que debe concluir con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 postulante.

Ese plazo, según la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, es de 80 días y se cumplió el pasado 5 de mayo.

En criterio de Rejas, con el plazo vencido, se necesita de una norma que amplíe ese tiempo.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, insistió Rejas.

Por su parte, en una entrevista con La Razón Radio, la senadora chuquisaqueña Silvia Salame advirtió de la “urgencia” de resolver los escollos y continuar con la preselección, pero criticó que a sus colegas legisladores “no quieren entender” aquello.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui denunció este martes que el 44% de los amparos constitucionales fue presentado por exfuncionarios y allegados a la gestión de Evo Morales.

El legislador dijo que en total se presentaron 39 amparos constitucionales contra el proceso de preselección de postulantes. “El 26% son de ciudadanos, 44% de los amparos fueron presentados por postulantes allegados a Evo Morales; el 2% de aliados del evismo y, el resto, otros ciudadanos profesionales postulantes”.

Jáuregui atribuyó ello a un “contubernio” entre la facción evista del MAS y el bloque de oposición y descartó que la paralización de las elecciones judiciales sea impulsada por el ala arcista de ese partido, como se denunció anteriormente.

Elecciones Judiciales

El legislador expuso unos cuadros en los que mostró, con nombre y apellido, los cargos que, supuestamente, ocuparon en la gestión de Morales.

Entre los principales amparos que perjudicaron el desarrollo de la preselección, mencionó el recurso planteado por Julio Rocha, de quien dijo que ocupó un cargo “jerárquico” en el Ministerio de Justicia, cuando Morales era presidente.

También apuntó a Jhonny Cordero, al que atribuyó la dirección nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, además, viceministro de Tierras. “En un otrosí, solicitó que se dicten medidas cautelares (a la preselección)”.

Dijo que Juan José Ibáñez, otro accionante, tuvo un cargo jerárquico en el Fondo Nacional de Inversión y Producción Social en esa gestión.

Amparos Constitucionales

Jauregui nombró a las 17 personas que interpusieron amparos constitucionales, entre ellas, citó a Vanesa Miramendi, esposa del exprocurador general del Estado y ahora abogado del MAS evista Wilfredo Chávez. 

Sobre ese amparo constitucional, dijo que incluyó una medida cautelar que frenó la preselección.

“Este (grupo de exfuncionarios) es el verdadero rostro de la paralización de las elecciones judiciales”, dijo Jáuregui.

Jáuregui explicó que, del total de amparos, la Justicia concedió tutela a 12, “es decir que se atiende y se remedia su situación jurídica”; a ocho se la denegó; seis fueron retiradas y 12 “de la que no tenemos el dato y una aún está pendiente”.

Juan José Jáuregui

La denuncia de Jáuregui ahonda el debate sobre la preselección de candidatos. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia su reencauce.

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta del Constitución, senador Miguel Rejas, insistió que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, “debe convocar (a una sesión) de la Asamblea Legislativa”.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos (…). Nosotros vamos a pedir al presidente nato (de la Asamblea) que convoque”, reclamó. El legislador evista del MAS.

A sus 82 años, la política y politóloga cruceña Susana Seleme falleció este martes, según confirmaron sus familiares a medios locales.

Nacida el 30 de enero de 1942, Seleme fue en el pasado activa militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y en el último tiempo panelista de televisión y columnista.

En el ámbito académico, fue licenciada en Periodismo y máster en Ciencias Políticas, además de consultora para organismos internacionales y nacionales y docente en varias universidades. Fue una de las fundadoras del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).

El deceso causó aflicción en varios actores de la arena política. Por ejemplo, la expresidenta Jeanine Áñez agradeció su “preocupación y apoyo incondicional”.

“Con gran pesar, la ex Presidente Constitucional de Bolivia y presa política #JeanineAñez agradece la permanente preocupación y el apoyo incondicional a toda prueba de Susana Seleme Antelo y la despide profundamente conmovida por su deceso (sic)”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Susana Seleme

Por su parte, también exmandatario Carlos Mesa lamentó el hecho y calificó a Seleme como “una mujer valiente y de sólidos principios democráticos”. Fue “una mujer valiente y de sólidos principios democráticos que aportó de manera importante a la defensa de los derechos y las libertades ciudadanas en nuestro país.  Mi solidaridad con su familia y con el pueblo cruceño”, escribió en la misma red social.

Jorge Quiroga, también expresidente, escribió: “QEPD (que en paz descanse) Susana Seleme. Una cruceña excepcional, una boliviana extraordinaria, una pensadora y analista como pocos. #Bolivia te despide y agradece”.

Asimismo, el Comité pro Santa Cruz expresó su condolencia por el deceso de Seleme.

“Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de la Sra. Susana Seleme Antelo, destacada analista política, periodista, y defensora férrea de los DDHH y la Autonomía en Santa Cruz. Amiga de nuestra Casa Cívica”.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpia, culpó a un juez por no responder a las observaciones sobre la orden de traslado del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al inicio de su juicio oral por el caso Decretazo.

Este lunes, la autoridad departamental debía asistir al acto judicial por el caso decretazo, en la capital cruceña.

“Se ha mandado el viernes, tengo entendido, por parte del director del centro penitenciario, un nuevo memorial estableciendo puntos que no han cambiado en las condiciones de trasladarlo del privado de libertad y hasta ahora no se pronuncia”, dijo el titular de Penitenciarías en una rueda de prensa.

El acto judicial estaba programado para 08.30 de este lunes, pero fue suspendida, precisamente, por la inasistencia del gobernador cruceño que actualmente está con detención preventiva, acusado en el caso Golpe de Estado I.

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Camacho está imputado en el caso Decretazo, pro la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

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El presidente Luis Arce pidió al mando militar de las Fuerzas Armadas “reflexionar” respecto del marco normativo del Servicio Militar, con una adecuación de algunos contenidos.

“Exhorto al mando militar de nuestras Fuerzas Armadas a reflexionar sobre el marco normativo que regula nuestro servicio militar, que debe promover la cultura de defensa del pueblo boliviano, en el marco de la doctrina de patriotas, el respeto a los derechos humanos”, dijo el Mandatario en el acto de conmemoración por los 215 años del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia.

Arce dijo que deberán diversificarse los programas de formación técnica ya instituidos en las unidades militares, “estimulando el desarrollo de la historia y las ramas técnicas y la instrucción”.

Incluso, pidió al mando del Ejército que se otorgue incentivos profesionales, con valor curricular, como la asignación de puntaje extra al personal militar de esa unidad por “la excelente y exigente labor que realizan como escolta presidencial”.

“El servicio militar, en nuestro Estado, es la más sublime expresión de amor a la patria, en el que nuestros soldados y marineros están depuestos a ofrecer la vida misma para defender los intereses vitales y estratégicos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, el Jefe de Estado recordó al personal de esa unidad y de las FFAA su tarea constitucional de defender el territorio nacional y otros ámbitos.

“Aunque vivimos en tiempos de paz, los desafíos no son menos significativos. La defensa de nuestra soberanía ya no se libra en los campos de batalla, sino en la arena del desarrollo económico, la innovación tecnológica, la justicia social y la protección de nuestros recursos naturales”, complementó.