El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari llegaron al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para su audiencia dentro del juicio por el caso Golpe de Estado I.

Ambos acusados en ese caso llegaron al edificio judicial poco después de las 07.30, en medio de un operativo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Marco Antonio Pumari

El fin de semana, Pumari llegó desde la cárcel de Cantumarca, en Potosí, y fue llevado al penal de San Pedro, en la sede de gobierno.

La noche del domingo, los abogados del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho –el principal acusado en ese proceso–, llegaron hasta la sede de gobierno.

El juicio oral por ese caso comenzó el 17 de octubre. Con el nombre de Luis Fernando Camacho y otros, los acusados por este caso son Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, aunque esta última fue excluida por tener una condena en el caso Golde de Estado II. La sentencia fue dictada el 10 de junio de 2022.

Luis Fernando Camacho

El caso Golpe de Estado I investiga los hechos precedentes a la dimisión de Morales a la presidencia, en medio de una fuerte convulsión social y política.

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”. La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

Investigación

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenían la mayoría en la Asamblea Legislativa.

El oficialismo calificó esos hechos como un “golpe de Estado”.

Actualmente, Camacho y Pumari cumplen con detención preventiva por ese caso. El cruceño, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, y el potosino, en el penal de Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí.

El Juicio oral por el caso golpe de Estado I se reiniciará este lunes a las 08.45 en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Para el acto judicial, Marco Antonio Pumari, excívico potosino, fue trasladado desde Potosí al penal de San Pedro, en La Paz

“El 10 de febrero, nosotros, al menos como administración penitenciaria estaremos garantizando la estadía de los dos privados de libertad en su audiencia a las 08.45, como está fijada”, dijo el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

La noche de este domingo, los abogados del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho –el principal acusado en ese proceso–, llegaron hasta la sede de gobierno.

Caso Golpe de Estado I

El juicio oral por ese caso comenzó el 17 de octubre. Con el nombre de Luis Fernando Camacho y otros, estaban acusados Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, aunque fue excluida de este caso por tener una condena en el caso Golde de Estado II, desde el 10 de junio de 2022.

El caso Golpe de Estado I investiga los hechos precedentes a la dimisión de Morales a la presidencia, en medio de una fuerte convulsión social y política.

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”. La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

2019

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa; sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.

El oficialismo calificó esos hechos como un “golpe de Estado”.

Actualmente, Camacho y Pumari cumplen con detención preventiva por ese caso. El cruceño, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, y el potosino, en el penal de Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar anunció que este lunes iniciará gestiones ante la Comisión de Justicia Plural y la Fiscalía Departamental de La Paz para reabrir el caso Akapana.

 Dicho proceso involucró al empresario y ahora precandidato del bloque de oposición para las elecciones generales de agosto Samuel Doria Medina. El caso está referido al escándalo de los Papeles de Panamá.

“Vamos a reabrir este proceso. Este lunes presentaremos el ‘desarchivo’ del informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa porque los delitos de daño económico al Estado y corrupción no prescriben; en estos casos se aplica la ley más severa, es decir, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, declaró el legislador cruceño citado por Erbol.

Samuel Doria Medina

Según la investigación de ese caso, Doria Medina fue señalado por una posible evasión tributaria de Bs 54 millones en la venta de acciones de la fábrica de cemento Soboce a la empresa mexicana Chihuahua a través de la empresa offshore Akapana S.A.

El legislador cruceño aclaró que no se trata de persecución política, sino que existen pruebas que “muestran” que transfirió su fábrica a una compañía mexicana a través de una empresa offshore y así evadir impuestos.

“El señor Samuel Doria Medina, con todos estos elementos probatorios, ya debería estar aprehendido y no haciendo campaña política. Nosotros, como diputados, activaremos inmediatamente todos los mecanismos constitucionales para que el caso Akapana avance y él responda ante la justicia”, añadió.

Investigación

El caso data de 2016, fue abierto a instancias del exvicepresidente Álvaro García Linera, basándose en el informe de una comisión de la Asamblea sobre los Papeles de Panamá.

Sin embargo, la jueza Melina Lima, del Juzgado Cuarto Anticorrupción, cerró el proceso por falta de pruebas, lo que derivó en su aprehensión y posterior acusación por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La expresidenta Jeanine Áñez expresó su preocupación por la unidad en el bloque opositor y negó las supuestas quejas sobre tres precandidatos, como lo había comunicado el exdiputado opositor Amilcar Barral.

Según el exlegislador, en su visita en el penal femenino de Miraflores, Áñez se quejó por el supuesto “malagradecimiento” de los tres políticos.

A través de sus redes sociales, la exmandataria se refirió a los entredichos que cobraron fuerza entre el expresidente Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina, ambos miembros de la alianza opositora, y a su otrora ministro Branko Marinkovic.

Jeanine Áñez

“Al exdiputado Amilcar Barral, en su visita al penal de Miraflores, le transmití mi preocupación porque se consolide la UNIDAD del bloque opositor con miras a las elecciones generales de agosto en nuestro país (sic)”, escribió la exjefa de Estado.

Las declaraciones de Barral repercutieron en varios medios de comunicación y generaron la aclaración de la otrora senadora.

“Está fortalecida, pero se siente que tiene el malagradecimiento de mucha gente a la que ella ha hecho caso, del ala de Tuto que él ha sido quien le ha ayudado en relaciones internacionales, del ala de Samuel que siempre le ha estado ayudando, pero no ha ingresado a visitarla. Habló de Branko también, que después de ser ministro no lo ha visto nunca más”, dijo Barral a los periodistas al salir del penal de Miraflores.

Bloque opositor

Al respecto, Añez aclaró: “Las publicaciones que circulan en sentido de que me hubiera quejado de alguien o por la visita o no visita de políticos, como lo expresa el exdiputado @amilcarbarral, faltan a la verdad.  En ningún momento, me referí a ese tema ni otro que no fuera mi fe y mi esperanza en la gran UNIDAD que pide Bolivia (sic)”.

Áñez está recluida en el penal de Miraflores y cumple una condena de 10 años en el caso Golpe de Estado I, desde junio de 2022.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) afirmó que Bolivia está en plenas condiciones para recibir nuevas aerolíneas que quieran operar en el país y dedicarse al transporte de pasajeros.

El director ejecutivo de la DGAC, José Iván García, abordó el tema en medio de varios cuestionamientos al servicio de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) respecto no solo de sus servicios, sino de aspectos mecánicos y hasta de logística.

El funcionario dijo que BoA, actualmente, cubre entre el 85% y 90% del transporte de pasajeros en el segmento “doméstico”, es decir, de vuelos con destinos nacionales.

Transporte de pasajeros

“Las condiciones para que cualquier otro operador quisiera ingresar al espacio doméstico, puede hacerlo”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

Dijo que el ingreso de nuevos operadores “no es complicado” y que “no hay restricciones”.

“El sector aeronáutico tiene muchas exigencias, pero el personal entendido (en ese ámbito) sí lo puede resolver”, agregó.

Sin embargo, aseguró que en el segmento internacional “es más complejo” debido a que está asociado a otro tipo de requerimientos.

Operadores

“Bolivia es suscriptor de 17 acuerdos de servicios aéreos comerciales bilaterales y somo parte de dos acuerdos multi laterales, como la Comunidad Andina (CAN), y el acuerdo fortaleza”, indicó.

Afirmó que, con el ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), el país definió una política de “cielos abiertos”. “Esta declaración, en ese bloque comercial, amerita la revisión de varios protocolos”, indicó.

Explicó que en el Mercosur se analiza y aprueba las “libertades del aire”, que es la normativa del bloque, que regula, por ejemplo, el tema tributario, migratorio, arancelario –en el tema de mercaderías–, el tema financiero.

“Cuando se habla de cielos abiertos, se tiene que normar”, dijo.

Cielos abiertos

García explicó que, actualmente, hay 11 operadores internacionales, de los cuales, en el tráfico internacional, el 47% está a cargo de BoA y el restante 53% está con operadores extranjeros.

“Se nota que hay una sana competencia estimulada con estos acuerdos”, destacó. Ante los eventos que sufrió BoA, que generaron perjuicio y molestia en los usuarios y que, incluso, derivó en la posesión de un nuevo gerente general, el empresario boliviano Marcelo Claure pidió al presidente Luis Arce cielos abiertos y seguridad jurídica para ingresar a ese mercado con 20 aviones.