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Thursday 18 Jul 2024 | Actualizado a 21:16 PM

Mesa responde a Choquehuanca y lo vincula con los ‘prorrogados’

El expresidente denunció que el acuerdo con el Órgano Judicial pretende “violentar la institucionalidad, imponer el abuso y la ilegalidad y encubrir su autoritarismo e ineficiencia”

El expresidente Carlos Mesa.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de junio de 2024 / 20:25

Luego de que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, lo acusara de haber firmado un pacto con Evo Morales, del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) y Luis Fernando Camacho (Creemos), el expresidente Carlos Mesa respondió que la única alianza que existe es entre él, el presidente Luis Arce y los ‘prorrogados’.

“La única alianza existente en el tema judicial es la que se ha evidenciado entre Arce, Choquehuanca y los autoprorrogados, para asegurar que Consejeros y Magistrados se mantengan inconstitucionalmente en sus cargos, bloqueen la elección judicial e impidan el funcionamiento de la Asamblea Legislativa”, escribió el líder de Comunidad Ciudadana (CC) en su cuenta de X.

Acusación

La mañana del martes, Choquehuanca denunció la existencia de un pacto que tenía como objetivo, en su criterio, un golpe de Estado, ‘capitaneado’ por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

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Las declaraciones del vicepresidente respondían a los hechos del pasado jueves, cuando Rodríguez, en ejercicio de la presidencia interina de la Asamblea, lideró una sesión que aprobó la ley antiprórroga, proyectos de crédito, y una resolución para continuar con el proceso de preselección para las elecciones judiciales.

El titular del Senado fue victoreado por la oposición y la mayoría de las decisiones se tomaron por unanimidad, lo que dio a entender, para los arcistas, que existía un acuerdo entra el evismo, calificado como la ‘nueva derecha’ y la oposición, la ‘derecha tradicional’.

Para el efecto, también se puede recordar que Rodríguez firmó un acuerdo con CC y Creemos para seguir como presidente del Senado.

Choquehuanca y el arcismo decidieron recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de dejar nulas todas las decisiones de la sesión de la Asamblea.

«Acuerdo espurio»

El evismo y la oposición denunciaron este hecho, pues consideran que el TCP claramente rechazará la ley que cesa sus funciones y deroga sus mandatos.

Advirtieron de una sumisión del Legislativo al Judicial y que este órgano se convierte en un ‘suprapoder’.

“Un acuerdo espurio, cuyo fin es violentar la institucionalidad, imponer el abuso y la ilegalidad y encubrir su autoritarismo e ineficiencia”, criticó Mesa a la presunta alianza de Choquehuanca con el Órgano Judicial.

Durante la sesión, que fue calificada como ‘histórica’ por la oposición y el ala evista, se enfatizó que cuando el interés es la patria, se pueden superar las discrepancias ideológicas entre los partidos.

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Senador Padilla: Cada postulante tendrá 25 minutos para responder a cinco preguntas

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia advirtió que quienes pretenden paralizar las elecciones judiciales buscarán que los postulantes renuncien para que la convocatoria quede desierta, o sea, ya no recurrirán a amparos constitucionales.

Sesión de la Comisión Mixta de Justicia.

Por Daniel Zenteno

/ 18 de julio de 2024 / 19:10

A un día del inicio de las evaluaciones orales y escritas, estancadas desde abril, de los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el presidente de la Comisión Mixta de Justicia detalló la hermenéutica que seguirá el proceso.

“Son cinco preguntas que, según la ley, tienen que sacar de las ánforas, cada una vale 20 puntos; estarán compitiendo por 100 puntos (…). Cada postulante va a tener 25 minutos para responder a las cinco preguntas”, explicó el senador Roberto Padilla (MAS), titular de esta comisión.

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Procedimiento

De acuerdo con el legislador, los postulantes deben obtener un mínimo de 130 puntos para ser incluidos en la lista que se remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los otros 100 puntos provienen del examen de méritos.

Explicó que su comisión se reunirá desde las 08:00 de este viernes, pero se convocó a los postulantes a las 14.00 para las evaluaciones.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, las comisiones mixtas encargadas del proceso deben instalar sesiones permanentes, por tiempo y materia. Por lo tanto, se espera que el proceso pueda concluir el sábado o domingo.

Padilla indicó que su comisión, encargada de la revisión de las postulaciones al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, tiene 124 aspirantes: 84 a la Magistratura y 40 al Agroambiental. Por ello, considera que su trabajo es más sencillo que el de la Comisión Mixta de Constitución, encargada de 274 postulantes al TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estima que podrían terminar con su labor este fin de semana.

Sin garantías

Sin embargo, en criterio de Padilla, no hay garantía plena para que el proceso se realice. En su criterio, todavía está latente la intención de paralizar la preselección.

“Estamos sospechando que han cambiado el plan, ya no va a ser el tema de amparos para paralizar las elecciones judiciales, sino obligar a los postulantes a que renuncien para que se declare desierta la otra comisión”, denunció.

Desde mediados de abril, las comisiones fueron notificadas con amparos constitucionales de los postulantes inhabilitados que impidieron las evaluaciones. Posteriormente, una acción popular dejó prácticamente desahuciado el proceso, hasta que, tras una polémica sesión en la Asamblea, el 6 de junio, se aprobó una resolución para dar continuidad a la preselección.

Sin embargo, nuevamente los amparos y las medidas cautelares impidieron en reiteradas ocasiones que la etapa de evaluación comience. Varios postulantes, especialmente al TCP y al TSJ, decidieron retirar sus postulaciones, denunciando una falta de seriedad en el proceso. Por normativa, las comisiones mixtas deben remitir un mínimo de 36 postulantes al TSJ y TCP, 14 al Agroambiental y 10 a la Magistratura. Caso contrario, la convocatoria puede declararse desierta.

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Lanchipa confirma convocatoria a Arce para declarar como testigo por la asonada militar

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que él y varios ministros ya prestaron sus declaraciones ante el Ministerio Público.

El presidente Luis Arce increpa al general Juan José Zúñiga, el pasado 26 de junio.

Por Daniel Zenteno

/ 18 de julio de 2024 / 18:09

En calidad de testigo, el presidente Luis Arce, al igual que otras autoridades gubernamentales deberán declarar por la asonada militar del miércoles 26 de junio, así lo confirmó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Dentro de esta investigación se ha solicitado la declaración del propio presidente del Estado y de otras autoridades que estuvieron presentes en ese momento. El proceso de investigación lleva adelante a 27 personas que han sido ya denunciadas y están siendo objeto de la investigación”, afirmó el fiscal.

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La pasada semana, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, ya expresó la intención para convocar a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, en calidad de “víctimas”, debido a la proximidad que tuvieron con los hechos.

La investigación que realiza el Ministerio Público busca esclarecer lo sucedido el 26 de junio, cuando el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró lo que el Gobierno denunció como un “intento fallido de golpe de Estado”.

Zúñiga

Ingresó a inmediaciones de la plaza Murillo armado y dentro de una tanqueta, acompañado de una centena de militares. Denunció ante los medios que los militares se encontraban molestos; advirtió de una crisis económica y política. Expresó sus intenciones de formar un nuevo gabinete y de llamar a elecciones.

Posteriormente, cuando derribaron la puerta del Palacio con una tanqueta, se encaró con Arce. El Presidente le pidió que dé la orden de repliegue, la cual Zúñiga rechazó; por lo que el mandatario lo destituyó y posesionó un nuevo Alto Mando Militar.

Durante su aprehensión, Zúñiga afirmó a los medios que el propio Arce le pidió que movilice a “los blindados”, en una presunta medida para subir su popularidad. Posteriormente, en su traslado al penal de El Abra, sonriente y esperanzado, expresó que “algún día se conocerá la verdad”.

La supuesta amistad entre Arce y Zúñiga y las palabras de este último en su aprehensión afianzaron el discurso del “autogolpe”, que sostiene la oposición y el ala evista del MAS.

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo confirmó que él y otros miembros del gabinete ya prestaron sus declaraciones ante el Ministerio Público. Informó que seguirá el turno de los viceministros y expresó su esperanza de que se pueda obtener información que favorezca a la investigación.

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Del Castillo: Los ministros ya declararon por el caso Golpe de Estado III

El ministro de Gobierno rechazó la tesis del “autogolpe”, sostenida por la oposición y el ala evista del MAS, puesto que, en su criterio, nadie arriesgaría 30 años de su vida por montar un teatro.

Por Daniel Zenteno

/ 18 de julio de 2024 / 17:18

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicó este jueves que él y otros miembros del gabinete ya prestaron sus declaraciones ante el Ministerio Público, por el caso denominado Golpe de Estado III, cuando el general Juan José Zúñiga lideró un “fallido golpe de Estado”.

“Las autoridades políticas ya hemos declarado. Ya hemos prestado nuestra declaración informativa. Mi persona ya lo ha hecho, lo han hecho otros ministros y otras autoridades del Órgano Ejecutivo ya han prestado sus declaraciones correspondientes”, dijo a los medios.

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26 de junio

Aquel 26 de junio, el Gobierno tenía prevista una reunión de gabinete, por lo que la mayoría de ministros se encontraba en inmediaciones de la plaza Murillo cuando el entonces comandante Zúñiga, armado y en tanqueta, arribó con la intención, que él mismo reconoció, de “tomar” la Casa Grande del Pueblo.

En ese momento, Del Castillo salió a increpar a Zúñiga y golpear la tanqueta en la que éste se encontraba; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Con la posesión de un nuevo Alto Mando Militar, se dio la orden a los militares de replegarse; horas más tarde Zúñiga fue aprehendido, dando por finalizada la asonada militar.

“Tenemos conocimiento de que se están iniciando ya los procesos sumarísimos, disciplinarios, en contra de los artífices del golpe militar fallido”, afirmó el ministro.

Hasta la fecha, son 25 aprehendidos que estuvieron implicados en el asalto militar a la plaza Murillo, entre militares y civiles. No obstante, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se estima que pueden estar implicadas al menos 70 personas más.

‘Autogolpe’

La manera en la que se realizó el asalto militar, los hechos previos y posteriores, generaron que la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) califiquen a los hechos como un “autogolpe”, un “teatro montado” y un “show mediático”, como el propio expresidente Evo Morales denunció ante la cadena CNN.

“Yo creo que nadie arriesgaría 30 años de una carrera profesional para simular un autogolpe. Nadie arriesgaría una posible sanción, porque no olvidemos que el alzamiento armado está tipificado con una pena de entre 5 y 30 años; nadie va a arriesgar 30 años de su vida para hacer una obra de teatro”, cuestionó Del Castillo, en rechazo a la narrativa del “autogolpe”.

De acuerdo con la autoridad, en las próximas semanas ya se dará de baja a los militares que estuvieron implicados; espera que reciban las máximas sanciones.

Asimismo, el ministro recordó que muchos de los implicados eran parte del equipo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, por lo que la investigación se complica en cierta medida. Sin embargo, expresó su esperanza de que con la colaboración y la nueva información se pueda lograr la aprehensión de todos los responsables.

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A 44 años del golpe de García Meza, Asofamd exige ‘verdad, justicia y garantías de no repetición’

Mediante un comunicado, la organización de Derechos Humanos condena la impunidad de los autores de las desapariciones, asesinatos y torturas de las víctimas de los 13 meses de dictadura de Luis García Meza.

Carteles expuestos en El Prado de La Paz, con información de las personas desaparecidas en durante las dictaduras.

Por Daniel Zenteno

/ 17 de julio de 2024 / 15:34

A 44 años del golpe de Estado perpetrado por Luis García Meza, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) no olvida a todas las víctimas asesinadas, torturadas y desaparecidas durante aquellos 13 meses que duró ese régimen dictatorial.

La organización, nacida en 1983, busca ahora una política de Estado conforme a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. Así lo expresó en un manifiesto público este miércoles.

“Diseñar e implementar una política de Estado integral, coherente de verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición, integrada por organismos que retomen la búsqueda de desaparecidos forzados; sancionar a los culpables de violaciones de derechos humanos en dictaduras; reparación integral para todas las familias de los desaparecidos forzados”, demanda en un comunicado.

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Durante la dictadura militar, de acuerdo a las investigaciones posteriores, más de 500 personas fueron víctimas de delitos de lesa humanidad; tortura física y psicológica, asesinato, desapariciones forzadas, etc.

Pese a que, en 2007, gracias al trabajo de la Asofamd, se logró conformar una comisión de investigación contra los crímenes cometidos durante la dictadura y conocer “el destino” de las personas desaparecidas, hasta la fecha no se conoce dónde están.

Asimismo, la organización denuncia que el “Estado no reparó el daño causado” a los familiares de las víctimas.

Juicio

“Con el juicio de responsabilidades no se juzgó a todos los autores de las violaciones a los derechos humanos, habiendo quedado en la impunidad tantos colaboradores y participes del golpe de estado y la narcodictadura de García Meza y (Luis) Arce Gómez”, fustiga el comunicado.

En 1993 terminó un juicio en contra de García Meza, Luis Arce Gómez, su mano derecha, y 13 paramilitares más, que determinó una sentencia de 30 años de cárcel para los implicados. Los líderes del golpe terminaron en la cárcel y murieron convictos.

Sin embargo, Asofamd criticó que la condena nunca se dio en los hechos, pues el principal implicado, García Meza, “estuvo cobijado por Cossmil (Corporación del Seguro Social Milita)” y los acusados solo fueron una cantidad reducida de todos los actores que realmente estaban implicados.

Además, durante todos los años que pasaron no se esclareció la situación de las víctimas del régimen garciamecista. El juicio de responsabilidades fue un triunfo para las familias de las víctimas; sin embargo, fue una derrota el no haber logrado saber qué ocurrió con los desaparecidos, como exigía Asofamd.

Desaparecidos

“Hasta el presente, los familiares de los detenidos desparecidos y mártires por la liberación nacional seguimos reclamando justicia que significa establecer la verdad, encontrar a nuestros familiares detenidos desaparecidos y proceder al resarcimiento integral, en tanto no acontezca esto, existe fuerza y razón suficiente para continuar nuestra lucha por la verdad memoria y justicia”, insiste.

Las investigaciones realizadas durante los últimos 44 años y la aparición de algunos testimonios, determinaron que muchos de los desaparecidos fueron asesinados; pero no lograron establecerse las causas, mucho menos hallarse los cuerpos, lo que fue un duro golpe para las familias de las víctimas.

Terror

Durante aquellos 13 meses del terror, la dictadura asesinó Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista-1 (PS-1), Gualberto Vega y Carlos Flores en la toma de la Central Obrera Boliviana (COB), el 17 de julio de 1980. El 15 de enero, propició la masacre de la calle Harrington, cuando ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) fueron acribillados en una reunión política. Además, perpetró decenas de atentados contra otros actores políticos y sociales. 

Previamente al golpe, el sacerdote jesuita Luis Espinal fue una de las primeras víctimas del régimen que terminó con el gobierno transitorio de Lidia Gueiler. Apareció muerto en Achachicala el 21 de marzo.

Cuando se cumplen 44 años del golpe, la Asofamd reconoció que muchos culpables fueron juzgados, pero la mayoría quedó en libertad; sin embargo, sigue siendo un asunto pendiente la aparición de los restos de Quiroga Santa Cruz.

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Fiscalía informa más de 20.000 casos resueltos mediante conciliación desde 2020

El departamento con más acuerdos conciliatorios es Santa Cruz, con 5.653 casos, y el con menos casos de conciliación es Oruro, con apenas 804.

Por Daniel Zenteno

/ 17 de julio de 2024 / 14:25

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que desde el 20 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2024 20.378 casos judiciales fueron resueltos mediante conciliación en todo el territorio nacional.

Así lo informó Cristhian Miranda Dávalos, director de la Fiscalía Especializada en Solución Temprana. Explicó que la conciliación aplica en casos legalmente permitidos como delitos patrimoniales: hurto, robo, estafa, o estelionato.

Asimismo, su alcance puede llegar a los delitos culposos, cuando se trata de accidentes fortuitos sin agravantes, como algunos accidentes de tránsito. En estos casos, el fiscal conciliador acuerda la reparación integral del daño material y la posterior conclusión del proceso penal.

“Las unidades de Conciliación han sido creadas para propiciar dentro del proceso penal la posibilidad de que las partes puedan llegar a un acuerdo voluntario, consensuado, que permita la conclusión del proceso penal de manear pacífica”, explicó Miranda en conferencia de prensa.

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De acuerdo con el fiscal, existe una restricción normativa que señala que no se puede promover la conciliación en delitos de corrupción, violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, delitos inmersos en la Ley 348, narcotráfico o que afecten económicamente al Estado.

“El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, instruyó la implementación de las Unidades de Conciliación a nivel nacional el 20 de enero de 2020”, aclaró Miranda.

Acuerdos

El año con mayores resultados fue la gestión 2023, con 6486 acuerdos conciliatorios. En lo que va de 2024, se registraron 2909 casos cerrados mediante este recurso.

De acuerdo con los datos presentados, el departamento que logró cerrar más casos es Santa Cruz, con 5.653 acuerdos conciliatorios suscritos; seguido de La Paz, con 3.926; Cochabamba con 3.047; 2.251 en Chuquisaca; Potosí con 1.471; Tarija con 1.417; Pando con 931; 874 en Beni, y Oruro con 804 casos conciliados.

Sin embargo, no detalló qué tipo de delitos se conciliaron en estos acuerdos entre partes.

Así, según Miranda, y en base a las proyecciones, la tendencia será de crecimiento para los casos de conciliación, que, en su criterio, permite una solución rápida y armoniosa entre las partes implicadas.

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