El 44% de los reos está en la cárcel por violación, robo y narcotráfico
El 71% de los privados de libertad se concentra en el eje del país.
Los nuevos proyectos estructurales buscan terminar con el hacinamiento en las cárceles.
Imagen: dgrp
De los 30.659 reos en las 46 cárceles del país, el 44% (13.441) está encerrado por los delitos de violación a menores, narcotráfico y robo. Además, hay una alta tasa de detenidos preventivos y la sobrepoblación sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades.
Según el último reporte de Régimen Penitenciario al que accedió La Razón, hasta abril, el 15,89% (4.872 internos) está en las prisiones por procesos vinculados con violaciones a niños y adolescentes, el 14,89% (4.565) por narcotráfico y el 13,06% (4.004) por robo y robo agravado (ver más datos en el cuadro de la siguiente página).
Santa Cruz registra la mayor cantidad de privados de libertad vinculados con el delito de violación de menores de edad, con 1.986, le siguen La Paz con 853; Cochabamba con 596; Tarija con 424; Beni con 226; Chuquisaca con 277; Potosí con 201; Oruro con 159 y en Pando llegan a 150.
Cárcel
PROCESOS. En el caso de los reos por la Ley 1008, por sustancias controladas, también Santa Cruz concentra la mayor cantidad con 1.206, y luego están Cochabamba, 843; La Paz, 791; Oruro, 696; Tarija, 238; Potosí, 237; Beni, 233; Chuquisaca, 208 y Pando, 113.
En cuanto al tema de robos, nuevamente en el departamento cruceño está la mayoría de internos, con 2.107, le siguen La Paz con 666; Cochabamba, 417; Beni, 334; Tarija, 189; Oruro, 105; Pando, 90; Potosí, 62 y Chuquisaca, 34.
De los 30.659 reclusos en el país, el 62,5% (19.163) tiene detención preventiva y el 37,5% (11.848), sentencia condenatoria.
Asimismo, el informe señala que 21.909 de los privados de libertad se encuentran en el eje del país, es decir en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. De ese guarismo, 14.434 cumplen con la detención preventiva y solo 7.475 cuentan con una sentencia condenatoria.
Privados de libertad
El departamento de Santa Cruz es la región que alberga la mayor cantidad de reos preventivos, con 6.673, frente a 4.568 sentenciados. “Este fenómeno se demuestra en los demás departamentos donde la población preventiva es superior a la población sentenciada en la mayor parte del país”, dice el documento de la Dirección de Régimen Penitenciario.
Tras Santa Cruz, se encuentra La Paz con 4.286 detenidos preventivos y 1.910 sentenciados; mientras que Cochabamba tiene 3.475 y 997, respectivamente (más datos en la infografía de esta página).
En enero, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ya advirtió que el uso de la detención preventiva “está degenerando” esta figura legal, al convertirla en un instrumento de sanción previa, lo que provoca una debilidad que deviene en “posibles” hechos de tortura y de malos tratos en las cárceles.
“El uso desmesurado de la detención preventiva como un mecanismo punitivo previo, está atentando la dignidad del ser humano (…) porque el hacinamiento, la sobrepoblación, provocan debilidad en la atención de los servicios en los centros penitenciario”, afirmó la autoridad.
Delitos
La pasada semana, la Defensoría del Pueblo reiteró que es necesario el tratamiento de una ley de indulto y amnistía como una política pública que pueda resolver el problema del hacinamiento y la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Precisamente con el fin de disminuir la tasa de sobrepoblación en los penales, el mandatario Luis Arce remitió a la Asamblea el decreto presidencial 5173, referido a la “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias”, para su tratamiento y aprobación.
Sin embargo, el jueves 6, en una controvertida sesión dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), se sancionó la norma y pasó a Arce para su promulgación, aunque un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la nulidad de la convocatoria y por ello hay incertidumbre sobre este asunto.
Más todavía, una jornada después, el presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca, solicitó al TCP que emita un pronunciamiento sobre las decisiones que se asumieron en la referida sesión, si son o no válidos, lo que todavía se encuentra pendiente.
Hacinamiento
Los datos de Régimen Penitenciario evidencian que el hacinamiento en las prisiones del territorio nacional alcanza a 191%. En abril de 2023 se registraron 25.940 privados de libertad, pero la cifra en el mismo mes de este año se incrementó a 30.659.
El departamento que tiene mayor porcentaje de hacinamiento es Beni, con 364%, teniendo una capacidad prevista para albergar a 308 reclusos, le siguen Santa Cruz con 291%; Cochabamba con 205%; La Paz con 193%; Chuquisaca con 163%; Oruro con 146%; Tarija con 111%; Potosí con 53% y Pando, con 19% (ver infografías).
Los 20 centros penitenciarios urbanos cuentan con una capacidad para 8.579 internos, empero, hasta abril habían 25.186, lo que representa un 191% de hacinamiento. Similar situación es la que afrontan los otros 26 reclusorios provinciales, en los cuales se tiene una capacidad para acoger a 1.942 reos, sin embargo, hasta abril se registraban 5.473, lo que implica un 182% de hacinamiento.
Propuestas y Cárcel
Sobre esta problemática, la criminóloga Gabriela Reyes remarca que el hacinamiento se puede resolver de dos modos. En un corto plazo, dijo que mediante la construcción o la ampliación de las cárceles que ya existen, pero es algo “paliativo” porque no arregla el verdadero problema de fondo.
“No nos olvidemos que la crisis carcelaria, que incluye el hacinamiento, es un resultado también de la crisis de la Justicia que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo”. Añadió que la reforma judicial que se necesita, tiene que pensar en una reforma en el sistema carcelario, lo que también representa mayores fondos y financiamiento, pero debe ir de la mano del diseño de una política carcelaria y pospenitenciaria.
“En el caso de la reducción del hacinamiento, va a depender mucho de la eficiencia con la que el sistema de justicia pueda actuar. Mientras más eficiente tengamos a una justicia, menos personas van a estar privadas de libertad de manera preventiva, y se van a tener ya casos de personas con condena”, subrayó la especialista.
