Líderes de la Resistencia Juvenil Cochala son sentenciados a penas de 2 a 8 años de cárcel
Yassir Molina fue sentenciado a 8 años de cárcel, los hermanos Marco Antonio y Flavio Alejandro Bascopé a 6 años y 6 meses, Luis Antonio Terán a 2 años, al igual que Milena Soto.
Marco Antonio Bascopé (con la bandera boliviana) y Yassir Molina (chamarra negra) salen del juzgado luego de que se leyera la sentencia.
Cinco integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fueron sentenciados este jueves a penas que van desde los 2 hasta los 8 años de cárcel por los hechos sucedidos en noviembre de 2019 y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Yassir Steven Molina Lozada, Mario Antonio Bascopé Revuelta, Favio Alejandro Bascopé Revuelta, Milena Soto López, Jaime Maldonado y Luis Antonio Terán Cadima estaban acusados por ocho delitos cometidos en la crisis poselectoral de 2019.
Molina fue sentenciado a 8 años de cárcel, los hermanos Bascopé a 6 años y 6 meses, Terán a 2 años, al igual que Soto.
Tras la lectura de la sentencia en el Juzgado de Sentencia Penal N° 12 de Cochabamba, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que el Órgano Ejecutivo esperaba una “sanción más drástica” contra los integrantes de la RJC y anunció que el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno evaluará el fallo judicial para tomar “las acciones legales correspondientes”.
«Nosotros esperábamos una sanción más drástica, porque como ustedes saben había un concurso de delitos entre los cuales los que más resaltaban era organización criminal, así como también fabricación ilícita», subrayó el funcionario.
Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia de Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.
Los medios de comunicación reflejaron entonces como la RJC arremetía con puñetes y patadas contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina del Estado.
También agredió físicamente y humilló a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS.
Al primer semestre de este año, las remesas familiares enviadas por los migrantes bolivianos disminuyeron en 9% respecto a similar período de 2023. La caída es la peor registrada desde 2021, según datos oficiales.
La Razón hizo un análisis de los flujos de remesas con base en la información estadística publicada en la página web del Banco Central de Bolivia (BCB), que toma como base para sus informes mensuales al sistema bancario nacional, a las empresas dedicadas a la transferencia electrónica de dinero y otras fuentes.
Los datos estadísticos dan cuenta de que, entre enero y junio de este año, los flujos de dinero enviados al país por los connacionales llegaron a $us 643,33 millones, un 9% menos que los $us 705,93 millones captados en similar periodo de 2023.
El monto es incluso menor a los registrados en los últimos tres años. Entre enero y junio de 2021, las remesas familiares llegaron a $us 683,15 millones, un año despúes se incrementaron a $us 723,77 millones y en 2023 bajaron hasta los $us 705,93 millones. (Ver cuadro).
España, Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina, en ese orden, son los principales países de origen para las remesas que son enviadas al país. Entre los cinco suman, hasta junio de este año, el 84% ($us 538,27 millones) de los flujos de dinero que reciben los hogares bolivianos por parte de sus familiares que trabajan en el exterior.
Los fondos provenientes de Chile, que hasta 2023 era el segundo país de origen para las remesas, se han desplomado un 32% —de $us 168,30 millones a $us 114,78 millones—, lo que indiscutiblemente ha tenido un efecto directo en la caída global de las remesas que recibe Bolivia.
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, publicado el 29 de diciembre de 2023 en su página de internet, la colectividad boliviana creció, entre 2018 y 2022, en 35,1%, de 109.576 a 148.059 personas. Aparejado a este crecimiento de la población migrante boliviana, también había aumentado de manera progresiva el envío de remesas hacia el país.
En cuanto a Estados Unidos, el descenso ha sido del 11%, de $us 144,56 millones a $us 129,38 millones. Los fondos que provienen de Brasil también han sufrido una caída del 18%, de $us 44,26 millones a $us 36,37 millones.
Por contrapartida, los fondos que se originan en España y Argentina han subido en 6%, en ambos casos, según los datos procesados por La Razón con base en la información del ente emisor.
MIGRANTES
Haciendo un análisis más detallado, sino fuera por los menores envíos desde Chile y Estados Unidos (tercero y segundo entre los países de origen para las remesas), el balance final hubiera sido positivo, con un leve crecimiento de las remesas familiares.
Las remesas, que proceden principalmente de los migrantes bolivianos que residen en España, Chile, Estados Unidos, Brasil y Argentina, representan —junto a las exportaciones, el turismo, las inversiones extranjeras y los créditos externos— una fuente de divisas para la economía boliviana.
La Razón publicó el 20 de agosto una nota en la que señala que, en medio de la crisis por la escasez de dólares en el país, el flujo de remesas familiares al país seguía a la baja y, hasta mayo, ya llegaba al 8,5%. La razón: los envíos de dinero desde Chile y Estados Unidos ya habían sufrido un bajón de 32% y 8%, respectivamente.
Según los últimos datos publicados por Naciones Unidas (ONU), para 2020 se registraron 927.244 bolivianos en distintos países del mundo. Este número representa al registro legal, pero existe otra cantidad no registrada que vive de manera irregular en los países de acogida. Así, los principales países de residencia de los bolivianos son Argentina, con 423.136 personas; España, con 159.936; Chile, con 128.782; Estados Unidos, con 80.028; Brasil, con 49.289; Perú 28.165; e Italia 15.580. (Esto representa el 92,4% de residentes en el exterior).
Entre 2014 y 2023, Bolivia importó combustibles (diésel y gasolina) por un monto de $us 14.347 millones para satisfacer la demanda interna. El incremento de las compras se debe a una menor producción de petróleo y condensado en el país.
Así, los volúmenes importados subieron de 8 millones de barriles en 2014 a 18,2 millones en 2023, lo que representa un incremento de 127,5%, según los datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
En cuanto al valor de las compras durante este período, las mismas pasaron de $us 1.110 millones —cuando el barril se cotizaba en promedio a $us 94,3, uno de los precios más altos registrados hasta la fecha— a $us 2.881 millones —$us 77,6 el barril, cotización promedio anual—.
En total, en una década, las importaciones de diésel y gasolina alcanzaron un monto de $us 14.347 millones. Haciendo un análisis por año, en 2022 se marcó un récord histórico con compras por un valor de $us 2.999 millones.
Este incremento en el ingreso de carburantes fósiles para el mercado interno es consecuencia de una menor producción de petróleo crudo y condensado en el país.
Según datos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la producción empezó a declinar desde 2015. Ese año se produjeron 17,9 millones de barriles de petróleo y condensado. Y para 2023 esos volúmenes habían caído hasta los 8,6 millones de barriles.
Toda esta información fue presentada el domingo pasado por el presidente Luis Arce Catacora en una exposición sobre el origen y causa de la falta de dólares y combustible en Bolivia.
Según el Jefe de Estado, hay ocho factores internos y externos que originaron la falta de dólares y combustible en el país, y trazó la ruta para dar una solución estructural a esta situación con la producción del 90% de diésel al 2026.
El mandatario precisó que el origen y causa de la falta de dólares y combustible en Bolivia es el descuido de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006 con la falta de inversión en exploración, lo que llevó a la caída en la producción de combustibles y la dependencia de las importaciones.
Además se enumeró el incremento del volumen de importación de combustibles; el aumento del precio internacional de los combustibles; el sabotaje y bloqueo en la Asamblea legislativa Plurinacional al no aprobar créditos por más de $us 1.077 millones y la inflación mundial.
Frente a este “problema estructural”, informó que desde que asumió la presidencia en 2020 puso en marcha cuatro soluciones estructurales que pasan por una mayor exploración y explotación de hidrocarburos, la generación de biodiésel, incentivos al sector privado para la producción de biodiésel y la política de sustitución de importaciones con la construcción de más de 170 plantas en todo el país.
“Esta es una tarea que ya la venimos diagnosticando hace mucho tiempo, y desde que estamos en Gobierno la hemos implementado y estamos poniendo en práctica para resolver el problema estructural, que es lo más importante. Nuestros hijos tienen futuro, estamos resolviendo estructuralmente el problema que se ha generado en años pasados, lo estamos haciendo ahora con un plan estratégico claro”, afirmó Arce.
Dato
La primera acción busca revertir la falta de exploración y explotación de hidrocarburos que llevó a que el país reduzca los ingresos por las exportaciones y paralelamente incremente las importaciones de petróleo crudo.
Como dato, refirió que en 2014 el país producía 18,6 millones de barriles de petróleo, pero ahora bajó a 8,6 millones de barriles.
Mientras que las exportaciones de gas natural del país pasaron del pico de 17.608 millones de metros cúbicos (MMmc) al año en 2014 —48,2 millones día— a 8.062 MMmc en 2023 —22,1 millones día—, lo que provocó que también el Estado capte menos ingresos.
“Nosotros estamos viviendo” lo que “no se hizo hace siete años atrás”, graficó el presidente Arce, según un reporte de ABI
No obstante, para revertir este escenario, el 2020 se aprobó la perforación de 26 pozos, de los cuales 16 se ejecutaron, frente a los 7 que se aprobaron y 4 que se ejecutaron entre 2010 y 2019.
A diferencia de los resultados negativos que marcaron los pozos entre 2010 y 2019, de los 16 pozos perforados en los últimos cerca de 4 años 6 fueron positivos, entre ellos el pozo Mayaya X1, que con un potencial de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF), convierte a La Paz en un departamento productor de hidrocarburos.
De acuerdo con el presidente, los proyectos que encara YPFB producirán el 20% del diésel que demanda el país e irá a reforzar la producción de biodiésel de las tres plantas estatales que generarán el 60%. A ello se sumará el sector privado con un aporte del 10%.
“Esto es clave, estructural, vamos a sustituir la importación de combustibles (…) vamos a estar produciendo ya hacia el 2026 el 90 por ciento de toda la demanda del país con diésel, producido por bolivianos, con materia prima boliviana”, aseguró el Presidente.
Plantas
Tanto la planta de biodiésel de Santa Cruz, que inició operaciones en marzo de este año, como la de El Alto, que será entregada a fin de año, tienen una capacidad de producción cada una de 1.500 barriles por día de biodiésel.
Mientras que la planta de HVO (aceite vegetal hidrogenado), que se construirá en el departamento de Santa Cruz, producirá 9.000 barriles al día de biodiésel desde 2026.
“La planta HVO son 9.000 barriles por día y es un diésel 100 por ciento ecológico, es un diésel sintético que es 100 por ciento vegetal, ya no necesita una mezcla con el combustible fósil, es un combustible de altísimo nivel, en Europa es altamente demandado este tipo de combustible y esperamos ya para 2025 estar contando con esta tecnología HVO”, informó semanas atrás el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.
Y para que el sector privado acompañe este proceso de sustitución de la importación de diésel, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5197 que establece el arancel cero para la importación de equipos destinados a implementar plantas de biodiésel.
Además del dinero que se destina para la compra de carburantes, otro problema es la subvención, que en los últimos años representa una sangría para las arcas del Estado boliviano.
Para solucionar esta problemática, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, destacó días atrás la necesidad urgente de reformar las políticas relacionadas con la subvención, que se ha vuelto insostenible tanto para el Estado como para los consumidores. En respuesta a esta situación, el presidente Luis Arce propuso someter el tema de la subvención a una consulta ciudadana.
Cada año se pierde $us 600 MM por el contrabando
Además del dinero que eroga el Estado boliviano para la importación de combustibles, otra cuantiosa suma se destina anualmente para subvencionar los precios en el mercado interno. Y si a eso se añade que buena parte de los carburantes subvencionados salen del país vía contrabando, la situación se torna aún más crítica.
El 11 de agosto, el Gobierno reveló que gasta $us 2.000 millones al año para la subvención de la gasolina y el diésel. Y, de este monto, Bolivia pierde aproximadamente $us 600 millones debido al contrabando de combustibles que salen fuera de las fronteras.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, lamentó que, pese al esfuerzo que se realiza para abastecer de los carburantes al mercado interno, hay quienes se dedican al contrabando del diésel y la gasolina.
Según la autoridad, el país enfrentó problemas con el subsidio desde hace más de dos décadas. Hace 15 años, la subvención era de $us 200 millones, pero para 2023 ascendió a alrededor de $us 2.000 millones, y se prevé un monto similar para este año.
Para enfrentar estos desafíos, el Gobierno ha implementado varias medidas, incluyendo la disminución de los costos de importación y el desarrollo de un plan de exploración con un enfoque en el control del contrabando mediante los decretos 4910 y 4911.
Agregó que, pese a estas acciones, los precios de los combustibles en Bolivia siguen siendo los más bajos de la región, lo que ha llevado a que casi el 30% del combustible (equivalente a unos $us 600 millones) sea desviado a países vecinos.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dijo que el decreto que agiliza la importación directa de combustibles solo beneficia “a unas cuantas empresas” mientras que la mayoría no cuenta con los recursos suficientes para importar diésel.
José Luis Farah, presidente de la CAO, indicó que la mayoría de los pequeños productores no cuentan con los recursos y herramientas para acceder a esta disposición que fue alcanzada durante el Diálogo por la Economía y la Producción que llevaron adelante el Gobierno y los empresarios el mes pasado.
Según Farah, la CAO aglutina cerca de 70.000 unidades productivas, pero el 80% de estas son pequeñas y compran diésel para el día a día o para la semana, no teniendo los dólares suficientes para una importación directa y así contar con el carburante de manera permanente para ciertas épocas de las campañas agrícolas.
“Entonces, el decreto favorece a unas cuantas empresas o algunos cuantos productores. Lo que se tiene que tener es el diésel oportuno para todos los productores de Bolivia, los más de 70.000 que hay en Santa Cruz y los que hay en todo el país que necesitan el diésel en los momentos de siembra, en los momentos de cosecha”, remarcó el ejecutivo a Unitel.
Como consecuencia del Decreto Supremo 5218, este trámite, que tomaba hasta un año, fue reducido a entre 5 y 10 días, así como también se simplificaron trámites para los actores interesados en esta política pueda acceder a los combustibles de manera directa y haciendo las diligencias por su cuenta.
SOLICITUDES PARA COMPRA DIRECTA
Por otro lado, se conoce que al menos 50 solicitudes, de igual número de empresas, avanzan en sus trámites para iniciar la importación directa de carburantes, reveló el domingo el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.
“Tenemos más o menos 50 requerimientos de no objeción ante YPFB; los cuales ya pasan a seguir el circuito del procedimiento para ser inscritos y acreditados como empresas importadoras. Luego irían directamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos; y a la Dirección Nacional de Sustancias Controladas (para seguir las gestiones)”, informó el ministro.
Estas pequeñas unidades productivas producen alimentos en superficies no mayores a las 100 hectáreas y son más 50.000 lo que no pueden importar de manera directa, de acuerdo con el reporte del presidente de la CAO.
“Ese productor necesita el diésel en su estación de servicio, en el lugar más cercano para producir alimento. El Gobierno debe dar las garantías, es YPFB el que importa y quien tiene que tener el diésel oportuno para que nosotros sigamos produciendo alimento”, concluyó Farah.
Empresas públicas logran más de Bs 252,8 millones en ingresos por ventas al primer semestre
El Sedem implementa 37 plantas industriales en el país, las cuales se centrarán en la producción farmacéutica, química básica, agroinsumos, de aceites, vidrios y otros.
Cartonbol, una de las empresas públicas del país. (Foto de archivo).
Seis firmas a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, obtuvieron más de Bs 252,8 millones en ingresos por ventas al primer semestre de este año.
Mediante sus redes sociales, el presidente Luis Arce felicitó al Sedem por su 14 aniversario, “en momentos en los que su trabajo al frente de las empresas públicas estratégicas es fundamental para garantizar la estabilidad económica de Bolivia”.
“Al primer semestre de este año, nuestras empresas como Envibol, Cartonbol, Eepaf, EEPS, Papelbol y Ecebol lograron ingresos de más de Bs 252,8 millones por las ventas de productos con el sello ‘Hecho en Bolivia’. ¡Felicidades Sedem!”, publicó el mandatario.
Según un reporte institucional, el gerente general del Sedem, Pablo Soria, afirmó que esta institución se encuentra fortalecida y enfocada en el trabajo que realiza a diario, construyendo modernas plantas industriales en diferentes regiones del territorio nacional.
El Sedem implementa 37 plantas industriales en el país, las cuales se centrarán en la producción farmacéutica, química básica, agroinsumos, de aceites, vidrios y otros, que ayudarán a diversificar la economía del país.
Las empresas estatales “hoy se encuentran en operación con el reto de continuar industrializando las materias primas respetando a la Madre Tierra. Logramos que nuestras empresas sean operativas, generen utilidades y produzcan con el sello ‘Hecho en Bolivia’”, ponderó Soria, según ABI.
INDUSTRIALIZACIÓN
En tanto, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, destacó la importancia de las empresas públicas en el proceso de industrialización y su papel en la economía nacional
“Las empresas públicas del país no solamente tienen un componente de rentabilidad, porque a diferencia de la empresa privada, tienen que enfocarse en el tema social y ser más eficientes”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), Rodolfo Quispe, remarcó la importancia del Sedem en el fortalecimiento de las organizaciones productoras del país, subrayando su papel en la sostenibilidad económica y social.
“El Sedem no solo impulsa la industrialización, sino que también juega un rol importante en el apoyo a los pequeños productores, particularmente en la promoción de la agricultura familiar sostenible, que es el pilar de la economía boliviana”, relievó.
El 91,2% de los municipios del país ya tiene cobertura del sistema financiero
La Asfi señala que este logro evidencia el esfuerzo continuo para promover la inclusión financiera y mejorar el acceso a los servicios financieros en todo el país.
A julio de 2024, la cobertura del sistema financiero alcanzó a 309 de los 339 municipios en Bolivia.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informó que, a julio de 2024, la cobertura del sistema financiero alcanzó a 309 de los 339 municipios en Bolivia, lo que representa el 91,2% del total a nivel nacional.
La Asfi señala que este logro evidencia el esfuerzo continuo para promover la inclusión financiera y mejorar el acceso a los servicios financieros en todo el país.
Según la información de julio de 2024, se registraron un total de 8.945 Puntos de Atención Financiera (PAF) en todo el país. De éstos, 7.884 se encuentran en áreas urbanas, distribuidos entre 4.490 sucursales, agencias y otros puntos de atención y 3.394 cajeros automáticos.
En el área rural, se cuenta con 1.061 PAF, de los cuales, 837 corresponden a agencias, sucursales y otros, mientras que 224 son cajeros automáticos.
En cuanto a la distribución de los PAF por tipo de entidad, los Bancos Múltiples lideran con un total de 6.967 puntos de atención; le sigue el Banco Público con 969, y los Bancos PYME con 149, entre otros. A nivel nacional, se contabilizan 160 sucursales, 1.494 agencias fijas, 2.960 puntos corresponsales no financieros y 3.618 cajeros automáticos, entre los más destacados.
La Asfi dice que es importante resaltar que, en el año 2007, sólo 81 municipios de los 339 a nivel nacional contaban con cobertura del sistema financiero; a julio de 2024, este número se ha incrementado a 228 municipios, alcanzando un total de 309 municipios con acceso a servicios financieros.
