Un grupo de políticas de oposición se reunió en Tarija en busca de alianzas políticas con miras a las elecciones generales de 2025.

Se trata del empresario y exministro de Economía Branko Marinkovic; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Jhonny Torres; y el jefe de Somos Pueblo, Rafael “Tata” Quispe.

Antes del encuentro, los cuatro dirigentes se reunieron en el Salón de los Espejos de la Alcaldía de Tarija con el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila para analizar el proceso electoral, según citó Unitel.

El TSE adelantó que las elecciones se desarrollarán el 17 de agosto de 2025. En ese sentido y tomando en cuenta los plazos que se debe cumplir en el calendario electoral, el registro de alianzas ante el Órgano Electoral vence en febrero de 2025.

El registro de alianzas políticas y sus condiciones está previsto en el inciso A del artículo 51 de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas.

Dicha norma establece que las alianzas políticas deben ser registradas ante el TSE al menos 90 días antes de las elecciones primarias.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se declaró “víctima” de violencia política por parte del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Ponciano Santos.

En los hechos, la polémica surgió ante el anuncio de la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre el 17 y 23 de septiembre. Copa advirtió que la columna no pasaría por El Alto y Santos descalificó las declaraciones de la alcaldesa alteña y la llamó “mujerzuela”.

Luego de las declaraciones del campesino, Copa le respondió “que se lave la boca” antes de hablar de ella y le dijo que “no se escapará”.

Por ese motivo, Copa denunció a al campesino por el delito de violencia política hacia la mujer.

“No podemos permitir que a las mujeres que están ocupando cargos políticos sean agredidas de forma tan grosera como lo ha hecho este señor y esperemos que se deje un precedente”, dijo Copa a red Uno.

Eva Copa

La denuncia fue interpuesta por la abogada Paola Barriga, que defiende a la autoridad edil, que critico duramente el accionar de Santos.

“No vivimos en un lugar donde no estemos legislados, (o) no tengamos que actuar bajo derecho, y no puede ser de que un sindicalista, una persona que, a título de estar al lado de Evo Morales, tenga que mellar la dignidad de la alcaldesa”, sostuvo Barriga.

La Fiscalía admitió la denuncia contra Santos y se iniciaron las investigaciones.

“Si tengo que ir yo a notificarlo, lo voy a hacer, yo no me voy a quedar callada”, enfatizó Copa.

Asimismo, la alcaldesa alteña señaló que, si Santos no se presenta a declarar, pedirá al ministerio público que se emita la respectiva orden de aprehensión contra el allegado del expresidente Evo Morales.

La audiencia para la resolución de un amparo constitucional presentada por un expostulante y que pone en vilo a las elecciones judiciales fue postergada para la siguiente semana.

El acto “se suspendió por algunos defectos de forma y alguna falta de notificaciones para la próxima semana”, dijo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas.

El amparo fue presentado contra el TSE y amenaza las elecciones judiciales; fue presentado por el abogado Hugo Vargas, inhabilitado en la preselección, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.

“No tomaron en cuenta que ese proceso estaba encomendado al pleno de la Asamblea Legislativa. Solamente deberían remitir las listas de todos los postulantes que obtuvieron mínimo 130 puntos; tal como establece la norma”, dijo Vargas, citado por ANF.

El accionante postuló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del departamento de Beni.

En criterio de Vargas, las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución incurrieron en “irregularidades” al “incorporar” en las listas finales a postulantes que no lograron los 130 puntos. El total de puntaje en la preselección era de 200 puntos.

Según el profesional inhabilitado, fue “desplazado” por otro con menos puntaje.

“Hay un amparo constitucional que pretende paralizar estas elecciones judiciales”, advirtió el vocal Tahuichi Tahuichi a La Razón Radio el jueves.

Entretanto, ya se cumplieron con varias actividades del calendario electoral para los comicios fijados para el 1 de diciembre. Incluso, se hizo la presentación de las 10 boletas de sufragio que se entregarán a los ciudadanos para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial.

En medio de una serie de advertencias a la Justicia boliviana y al Gobierno por una eventual aprehensión de Evo Morales, el Pacto de Unidad evista anunció un encuentro nacional para “determinar acciones”.

La cita se celebrará en Sacaba, Cochabamba, el 12 de octubre, así lo informó el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Indígenas Originarias de Bolivia (CSCIOB) evista Enrique Mamani.

“Lo que se determinará es la declaratoria del estado de emergencia. (Ante) cualquier movimiento del Gobierno central que intente detener a nuestro presidente del MAS-IPSP, las organizaciones sociales estarán en las carreteras para resguardar la integridad física de nuestro hermano presidente Evo Morales”, dijo a los medios en Cochabamba.

Asimismo, el dirigente campesino adelantó que se realizará una “evaluación” de la coyuntura política, económica y social, aunque no confirmó si estará presente el exmandatario.

Pato de Unidad

También reivindicó el pliego de 16 puntos que presentó la facción evista que marchó desde Caracollo, Oruro, hasta La Paz entre el 17 y el 23 de septiembre.

“Lamentablemente, luego de la marcha que concluyó en siete días, lo único que lograron los dirigentes son procesos armados, persecución política para sus representantes departamentales, provinciales y regionales”, reclamó.

Antes de esas declaraciones, en una conferencia de prensa, los dirigentes del Pacto de Unidad afín a Morales advirtieron con “incendiar el país” si es aprehendido su líder.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) evista Pedro Llanque dijo que, en caso de que ocurra la captura, el movimiento campesino “se levantará” en defensa del expresidente.

Morales debía declarar por el caso de estupro la tarde de este jueves en Tarija, pero sus abogados advirtieron que “no existen condiciones” para su seguridad. En contraparte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que el exmandatario cuenta con “garantías” para declarar en esa ciudad.

Jorge Pérez, abogado defensor del expresidente Evo Morales, presentó un memorial ante la Fiscalía Departamental de Tarija con el que pretende excusar la inasistencia de su defendido a la declaración por un caso de presunto estupro.

Según el jurista, “continúan las vulneraciones de los derechos constitucionales del señor Juan Evo Morales Ayma”.

Citado en una nota de Unitel, Pérez cuestionó que el proceso se lleve adelante en el departamento de Tarija y pidió “que se remitan las actuaciones procesales e investigativas al distrito judicial de Cochabamba”.

Horas antes, el también abogado de Morales Nelson Cox había pedido que los obrados en ese caso sean trasladados a la jurisdicción de Villa Tunari, en Cochabamba.

Pérez explicó que el expresidente debe declarar en Cochabamba debido a que es la región en la que reside.

Evo Morales

Morales debía declarar a las 16.00 de este jueves en Tarija. El primero que informó de la inasistencia del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue Cox.

En una entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, el abogado expuso una serie de justificaciones por las que Morales no asistió a declarar, entre ellas, que “no existe un juez de garantías” que vele por los derechos del exmandatario.

Asimismo, descalificó una eventual orden de aprehensión contra el exmandatario porque, según dijo, en este caso “no existe una víctima” y apuntó al ministro de Justicia, César Siles, por “presionar” al Ministerio Público para emitir la captura de su defendido.

Por su parte, los sectores evistas del MAS cerraron filas por su líder y anunciaron un bloqueo nacional de manos en caso de que sea aprehendido y hasta amenazaron con “incendiar el país”.