Tras la protesta del sector evista en la sede sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi denunció este lunes un “intento de golpe sindical” a la casa matriz de los trabajadores. Además, indicó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

“Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político. Este comité ejecutivo tiene respaldo de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas, porque esta institución matriz no es sectorial, es para todo el pueblo boliviano”, dijo Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.

El ejecutivo también denunció que recibió amenazas que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado, pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.

“Aquí hay un responsable de todas estas amenazas que llega contra mi persona (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia no vamos a permitir ese tipo de situaciones. Estas acciones son de cobardes y de bajeza”.

El líder sindical indicó que el escenario político está en la plaza Murillo, por lo que pidió que este tipo de amenazas y de tratar de tomar la sede de los trabajadores no se genere en este espacio.  

“La COB no es Huarachi, somos todos (los trabajadores) mineros, campesinos, obreros. Lo que tengan con Huarchi muéstrenlo”.

Reiteró que los trabajadores ya decidieron hacer una movilización nacional el martes, pero, aclaró que la intención no es para “confrontar” sino de una manera pacífica.

Lea más: La COB anuncia marcha ‘en defensa de la democracia’ y pide reunión de emergencia a Arce

“Estamos exigiendo y reiteramos a la Asamblea Legislativa trabajen, hagan su trabajo y cumplan su rol de legisladores y no estén defendiendo a personas. En esa medida, esta institución matriz simplemente está pidiendo, traten los proyectos de ley sociales y económicos que están estancados”, demandó Huarachi.

Huarachi indicó que ese es un “pedido justo” y no se está pidiendo “cargos y pegas”. Advirtió que esta reivindicación que tiene el pueblo, algunos sectores “tratan de politizar”.

“No lo vamos a permitir, han visto cómo está nuestra Secretaría, han destrozado todo. Han sigo agredidos nuestros compañeros. Esto es un asalto delincuencial, porque ha venido gente encapuchada. Otra cosa es exigir a la Central Obrera y a su congreso, que no vamos hacer no tenemos miedo, pero que sea en el marco orgánico y ellos son los que tienen que exigirme congreso y eso lo hemos discutido y no venir con gente que no tiene nada que ver”, condenó.

A la cabeza de los ejecutivos Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, de los campesinos e interculturales, afines al expresidente Evo Morales, los movilizados llegaron hasta la COB para protestar y buscar un encuentro con Huarachi, a quien lo denunciaron de generar con la marcha del martes otro ‘golpe de Estado’ junto al Gobierno.

Este sector también advirtió que en “cualquier” momento la casa matriz de los trabajadores será tomada por el movimiento campesino y el de los interculturales.

“Esta es una movilización pacífica. Hemos venido a denunciar públicamente del plan golpista que se ha hecho esta mañana. Hoy día estamos advirtiendo, la siguiente que vengamos, no vamos a venir solamente a protestar. Vamos a venir a sacar a patadas a todos estos dirigentes malandrines que ahora se han autoprorrogado en la Central Obrera Boliviana. La sede sindical no puede ser más escenarios de golpe de Estado”, dijo Claros.  

A cinco días de la apertura de libros para el proceso de inscripción para la selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa informó este lunes que hasta el momento no existe ningún postulante al cargo. El plazo para la presentación de la documentación vence el 18 de septiembres.

Alex Blacutt, miembro del equipo técnico de la comisión, informó este lunes que “muy poca” gente vino a hacer consultas, por lo que a la fecha “no hay un solo postulante registrado”.

“Tenemos experiencia del anterior proceso de que los postulantes no vienen a un principio. En su mayoría creemos que va a venir a partir de media semana o al finalizar la semana. Creemos que los últimos días y los últimos minutos va a ser donde la mayor cantidad de postulantes van a acercarse para registrar su postulación”, dijo el funcionario a radio Kawsachun Coca.

Además, indicó que como comisión mixta se mandó las notas respectivas a las instituciones, como el caso de la Contraloría General del Estado, y otras para que emitan las certificaciones requeridas por los postulantes. “Pese a eso ello, los postulantes tienen el cuidado de revisar la documentación y eso involucra más de tiempo”.

Añadió que una vez estén seguros de tener la documentación completa, recién vendrán a registrarse. Mencionó que los horarios para la recepción de la documentación son de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30.  En tanto, sábados y domingos es desde las 80.30 hasta las 12.00.

Blacut señaló también que existe la posibilidad que los postulantes puedan enviar vía courier su documentación, el cual también será registrado para su participación de este proceso. 

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para el fiscal general del Estado. La Comisión Mixta de la Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

Lea más: La Asamblea aprueba la convocatoria para la selección y designación del Fiscal General del Estado

Entre las etapas a este proceso están la publicación de la convocatoria; presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo Fiscal General del Estado, máxima autoridad del Ministerio Público, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

El Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal Cuarto de Sentencia que paralizó el juicio oral en el caso Masacre de Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para reactivar el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros 17 imputados.

“El Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) ha presentado una acción de libertad, en sentido de que había una retardación indebida del Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto. En ese entendido, el Juzgado Décimo de Sentencia Anticorrupción de El Alto se ha constituido en Tribunal de Garantías, en la que habiendo escuchado a los accionados y accionantes, ha decidido dejar sin efecto la observación a la acusación formal que se había emitido en contra de la acusación del Ministerio Público y Sepdavi”, informó el abogado Jorge Nina a la red DTV.

El jurista también indicó que además se conminó a que, en el término de 24 horas, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto señale inicio a la continuidad del juicio oral por este caso. “También ha ordenado que se remitan obrados al Ministerio Público. En ese entendido se va a conocer hoy cuándo se va a dar inicio al juicio”.

Fallo

El juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, denunció que la acción de libertad que se llevó el domingo no le fue notificada ni a sus colegas copatrocinantes de ninguno de los imputados. Sin embargo, dijo que estaban presentes las carteras de Estado de los ministerios de Justicia, de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

Proceso

“El Ministerio de Justicia ha preferido presenta una acción de libertad ante un juez de turno y también ha remitido antecedente del Tribunal de Sentencia Cuarto para que el fiscal departamental decida qué delitos los va a investigar, ni siquiera señalando que hubieran cometido prevaricado o incumplimiento de deberes o retardación de Justicia; además ante el Consejo de la Magistratura por falta disciplinarias para ordenar su procesamiento”.

Lea más: En inicio del juicio por genocidio, Jeanine Áñez desconoce a sus abogados de oficio

El jurista denunció que el Ministerio de Justicia “hace lo que quiere”; debido a que lleva audiencias “entre gallos de media noche”, sin presencia de los coimputados.

La expresidenta y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio; esto debido a los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares; amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximia de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

En noviembre de 2019, el país vivió un escenario de conflictividad persistente en todo el país. La población realizó manifestaciones y bloqueo de vías que se incrementaron a partir del 10 de noviembre de 2019.

Antecedentes

El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales; que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social; un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.

La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Tras la conclusión del paro cívico en Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz señaló este viernes que se buscará unificar las demandas del censo con otros departamentos y municipios.

“A partir de ahora, el Comité pro Santa cruz se dedica a trabajar los puntos establecidos en la Asamblea de la cruceñidad, vale decir, los estudios técnicos (del censo) junto a la comisión conformada, el impulso de leyes que están señaladas en la misma resolución, además de buscar la coordinación con alcaldes y gobernadores de otros departamentos a afectos de lograr sinergia para unificar la demanda”, dijo Fernando Larch, presidente cívico cruceño.

Este viernes Santa Cruz cumplió con un paro cívico en protesta por los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que compartió el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado jueves.

Datos

El jueves 29 de agosto, el Institucional Nacional de Estadísticia (INE) presentó los resultados del Censo, el cual reveló que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, de los cuales 3.115.386 se encuentran en Santa Cruz, siendo éste el departamento más poblado del país.

Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones del propio INE, Santa Cruz tendría una población de aproximadamente 3.500.000 habitantes. Más aún, en base a una encuesta del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), actores cruceños insisten en que superan los 4 millones de habitantes.

Cerca al mediodía, el primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que la medida se cumple en la ciudad y en las provincias.

“El acatamiento que está teniendo la gente es bastante responsable y a conciencia, ya que el que no está en la calle está en su casa”, sostuvo.

La medida se inició a la medianoche con la entonación del himno a Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor, en el segundo anillo de la capital. 

Lea más: Montaño informa pérdidas de Bs 488.000 en Vías Bolivia por paro cívico en Santa Cruz

Larach agradeció el compromiso de la población y sus diferentes sectores por acatar la determinación de la Asamblea de la Cruceñidad.

El cívico calificó el paro de «contundente», esto en razón de que la gente se quedó en su casa y los que salieron a bloquear, “llevaron adelante (su medida) sin conflicto y confrontación”.

“El pueblo cruceño ha mostrado su voluntad y dedicación, en protestar cuando sus derechos (y) sus libertades se ven vulneradas, y hoy ante el robo a mano armada que el INE está pretendiendo realizar a la ciudadanía boliviana no fue la excepción y los cruceños hemos levantado la voz con el paro cívico”.

Positiva

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, calificó de positiva la jornada del paro e indicó que el reclamo por el Censo no es solo de una región, sino que debe ser de todo el país.

“Acatamos esta jornada de paro, reclamando un derecho que tenemos, porque mañana va a faltar los recursos económicos (porque) siguen creciendo los habientes y vamos a necesitar más hospitales, escuelas y servicios, de aquí a 10 años recién nos van a contar otra vez”, dijo el burgomaestre.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que aún no se notificó a la institución sobre la sentencia a 11 años de cárcel que recibió el expolicía y exboxeador Franklin “Matador” Mamani dentro el caso Pedregal.

“Esta es una sentencia en primera instancia, hay pasos que hay que seguir, y la Justicia va a determinar, respecto a si vuelve a la privación de libertad. Todavía no hemos sido notificados ni con la sentencia en primera instancia ni con ninguna revocatoria”, dijo Limpias.

El 31 de julio, la Justicia determinó la detención domiciliaria para Mamani, luego de permanecer con detención preventiva en la cárcel de San Pedro por un año y medio. Entonces, el expolicía fue trasladado a su domicilio para continuar con su arresto.

Detención domiciliaria

Limpias indicó que el privado de libertad se benefició con detención domiciliaria, pero que “seguramente” por temas del Órgano Judicial se revocará esta determinación.

Edwin Tapia, abogado del expolicía, calificó de “aberrante” la sentencia contra Mamani. Sin embargo, señaló que el voto no fue de forma unánime, sino que hubo un voto disidente.

“El voto en disidencia es de la juez presidenta de este tribunal, y los otros dos votos son de los otros dos jueces. No sabemos qué es lo que han visto a lo largo del juicio, porque hacíamos cálculos de que merecía una sentencia absolutoria”, dijo Tapia.

Indicó que presentarán una apelación por esta determinación e indicó que se espera que el caso vaya a una sala judicial donde se lleve adelante “una valoración de las pruebas que no fueron valoradas correctamente”.

Lea más: Caso Pedregal: Justicia sentencia a 11 años de cárcel a ‘Matador’ Mamani

En febrero de 2023, el exteniente fue envidado a prisión por los hechos que ocurrieron el 11 de noviembre de 2019, en medio de la crisis que derivó en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta transitoria, cuando fallecieron tres personas. El delito por el cual se acusa a Mamani es homicidio.

El Pedregal y Los Rosales, en la zona Sur paceña, fueron los escenarios de la muerte de civiles por impactos de bala, hubo heridos e incluso detenciones indebidas, tras el derrocamiento del entonces mandatario Evo Morales.

En esas zonas resultaron asesinados Percy Rómer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori Aruni, Juan Marín Félix Taco y Silverio Condori Tapia, según una publicación de ATB.

Renuncia

El exboxeador reveló el año pasado que tenía la orden de proteger a los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari cuando llegaron a La Paz.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció agobiado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho (hoy gobernador de Santa Cruz y detenido en el penal de Chonchocoro de La Paz) y Pumari; igualmente detenido preventivo en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.

Además, se desencadenó un motín policial y los militares presionaron para la dimisión. Un día después ocurrieron los hechos de El Pedregal y Los Rosales. El 12 de noviembre asumía el poder la entonces senadora Jeanine Áñez.