El Ministerio de Trabajo descartó una eventual tolerancia en el horario de ingreso laboral, ante el anunciado paro en Santa Cruz en rechazo de los resultados de población del Censo 2024.

“No existe resolución formal alguna respecto a la excepcionalidad de la jornada laboral que comprende al día viernes 6 de septiembre de 2024, debiendo las unidades laborales productivas públicas y privadas asumir en consecuencia las determinaciones necesarias para asegurar la normalidad de la jornada laboral”, dice parte del comunicado de esa cartera de Estado.

Paro

Determinado por la Asamblea de la Cruceñidad y respaldado por el Comité pro Santa Cruz y actores políticos de esa región, el paro rechaza los resultados del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de este año.

Según el informe de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa Cruz tiene, hasta el día del Censo, 3.115.386 habitantes, pero esa cifra fue cuestionada por varios sectores.

Según un conteo poblacional del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), que basó su trabajo en un registro de medidores y el cálculo por familias, Santa Cruz tiene 4.000.143 habitantes. Ése es, precisamente, el justificativo que encontraron algunos dirigentes para convocar al paro regional.

Censo

Varios medios locales mostraron en redes sociales cómo las calles de la capital cruceña se encuentran vacías, sin tránsito de vehículos y, en algunos sectores, calles y avenidas estaba bloqueadas.

Si bien el transporte decidió sumarse al paro, ciudadanos se trasladan por las vías cruceñas a pie y otras en bicicletas.

Entre las oficinas públicas que trabajan de manera normal están el Servicio General de Identificación Personal (Segip), el aeropuerto de Viru Viru y la Terminal Bimodal.

Sobre los resultados parciales del Censo 2024 en Bolivia, que fueron presentados a la población hace una semana, aún se continúa polemizando bastante. Algunos (pocos) expertos en la temática han salido a levantar su voz señalando que se trata de datos creíbles y que debemos iniciar un periodo de cotejamiento y confirmación de los datos presentados además de una espera de los datos completos. Las autoridades de niveles subnacionales —sobre todo del eje central— casi en su totalidad se han posicionado en la vereda de la negación de los datos hasta ahora conocidos y los más ágiles políticamente, luego de haber sembrado la duda, se acuartelaron a construir los argumentos sobre ella. Y, finalmente, buena parte de las y los políticos restantes así como otra parte importante de la ciudadanía, pareciera haber optado por sumarse a la ola de escepticismo: ese dato no me representa, afirman.

Es evidente que el gobierno atraviesa uno de sus peores momentos de popularidad. También es cierto que estamos en el medio de un incierto proceso de debilitamiento de nuestra democracia que tiene al Estado operando dentro de los mínimos institucionales, lo que incluye la ilegitimidad de casi todas sus instituciones. Y es también verdad que, como sociedad, estamos polarizados y atrincherados, más distantes que lo normal de la realidad de nuestras/os compatriotas. Si además a ello le sumamos que este Censo ha tenido muchos tropiezos para arribar a este incierto puerto y que en la espera de estos resultados la disputa electoral ha sido formalmente inaugurada, pues es más que claro que están sobre la mesa muchas variables que explican la incredulidad generalizada.

La vieja idea de que a fuerza de repetición, se llegan a instalar ideas se posiciona en la actualidad con mucha más fuerza que antes. Desde que los fenómenos (des)informativos han actualizado sus formas y usos gracias al desarrollo tecnológico, saberlo se ha vuelto común. Lo que creemos hoy en día de la realidad que nos rodea, es el campo de batalla sobre el cual se libran las disputas de sentido promovidas por quienes tienen intereses en modificar nuestras percepciones sobre el mundo que nos rodea. Ha sido históricamente así y hoy estamos más conscientes de ello. Lo que sí viene siendo novedoso son los impactos y efectos que en las y los individuos producen estos procesos (des)informativos y cómo modifican las percepciones de nuestras sociedades, llevándonos algunas veces a creer que nuestra idea del mundo (distorsionada por efecto de estas operaciones) es correcta incluso cuando se opone a los datos. De ahí que el también ya conocido “dato mata relato”, (ya) no funciona realmente tan así.

En ese marco, resulta llamativo que así como ocurrió con la narrativa de un supuesto fraude electoral el año 2019, lo que ahora han pasado a denominar “fraude censal”, “robo de personas” o hasta un “genocidio censal” (sic); se trata también de un relato anunciado y construido con mucha anterioridad y eso lo sabemos todos/as. Lo que llega a parecer grave es esta imposibilidad de quienes han demostrado dificultad para separarse de la fácil consigna y optar por cuestionar el dato con la simple sensación/vivencia personal como argumento. Lo que hace que, al final de cuentas, de la manera más conservadora posible, se reclame que nuestro presente se parezca a lo que prometió ser desde la mirada del pasado. O, más bien, que la realidad total se parezca a la parcela que una/o sí puede ver.

El presente del país es dinámico, desemejante, complicado y desafiante. Y, vistas las cosas, distinto a lo que pre concebíamos. Tanto así que, a pesar de todas las razones esgrimidas para una razonable desconfianza que corresponde sea resuelta “en mesa” y con todos los actores, la siguiente bifurcación dividirá a quienes se atreven a ver la realidad de frente y a quienes se queden desconfiando de ella.

Verónica Rocha Fuentes
es comunicadora.

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó este jueves la acusación formal contra el exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz y otras personas implicadas en un escándalo por el supuesto cobro de coimas millonarias.

El caso data de 2023 e investiga el supuesto cobro de sobornos a empresas por la adjudicación de obras. Fue activado a instancias del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, que investigó supuestas irregularidades desde enero de ese año.

‘Coimas’

«Entre las personas acusadas además del exministro están Jhonny Alexander S. (sobrino del exministro), Rosa Viviana B., Álvaro Ch. A., Carmelo V., y otros», dice una parte del documento publicado por Bolivia Tv, y que lleva la firma del fiscal Franklin Alborta.

La exautoridad fue imputada por enriquecimiento ilícito, luego de que las autoridades determinaran, al concluir la primera fase de la investigación, que el acusado realizó depósitos a su sobrino Jhonny S. por un monto de Bs 297.435 y éste, a su vez, traspasó al menos 98.577 esos recursos a Viviana B.

Ahora, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 15, de la ciudad de La Paz debe programar la audiencia de apertura del juicio oral en contra de los acusados.

Exministro

Según la acusación, los montos de las “coimas” alcanzan a Bs 19 millones y se presume que fueron recaudados en siete u ocho adjudicaciones realizadas de manera “irregular” en esa cartera del Estado.

También la investigación alcanzó a Carmelo Valda, exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, quien en primera instancia fue enviado a la cárcel de San Pedro. Tras su apelación, la medida fue revocada y se benefició con detención domiciliaria.

Según informó la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, investigación alcanzó a 15 personas, entre ellas el exministro Santos.

El responsable del Sistema de Información y Comunicación (SIC Santa Cruz),de la Gobernación, Julio César Claure, informó que, en los próximos días, la capital y los municipios de la Chiquitania alcanzarán hasta los 45°C de temperatura.

Por esa razón, la Gobernación declaró una alerta roja en esa región.

“De acuerdo al pronóstico que se prevé y de las temperaturas altas, la Gobernación, con las instancias correspondientes, está emitiendo una alerta roja por altas temperaturas, la cual vendrá acompañada de todas las recomendaciones y consideraciones respectivas”, dijo el funcionario.

Detalló que se espera temperaturas mínimas de 20°C y máximas de 35ºC en los valles cruceños, mínimas de 25°C y máximas de 35°C para la zona de la Chiquitania y para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el resto de las provincias mínimas de 25°C y máximas de 45°C.

Santa Cruz

Asimismo, informó que, desde el viernes hasta la siguiente semana, habrá vientos en dirección norte; cielos poco nublados y “sin probabilidad de lluvias”.

Esa alerta coincide con el crecimiento de los focos de calor e incendios en el país, que afectan, principalmente, a los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz.

Según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, hay 14 municipios afectados en Santa Cruz, seis en Beni y dos en Pando.

Además, dijo que un total de 63 comunidades, estancias y predios privados, donde existe fuego activo, fue afectado.

Por ello, un total de 616 bomberos del Comando Conjunto de Respuesta Ante Eventos Adversos (CCREA) fue desplazado a esos 22 municipios.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, defendió la tarea de la Asamblea Legislativa de la elección y designación del nuevo Fiscal General del Estado y le pidió al ministro de Justicia, Iván Lima, “no meterse” son el trabajo de los legisladores.

Así reaccionó el legislador chapareño del Movimiento Al Socialismo (MAS) a las declaraciones de Lima, que abrió la posibilidad de que ese cargo sea designado por el presidente Luis Arce a través de un decreto supremo.

Fiscal Genera

“La elección y designación del nuevo Fiscal General del Estado es una atribución constitucional de la ALP, y no del Órgano Ejecutivo. Por lo tanto, le pedimos al ministro Lima no entrometerse y que se abstenga de cualquier intento de manipulación o injerencia en el proceso de selección, para garantizar su transparencia e independencia (sic)”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Lima, en su justificación, consideró “remota” la posibilidad de una elección y designación de ese cargo en la Asamblea Legislativa. Señaló que la división del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos dificulta esa tarea.

“Si no hay dos tercios en la Asamblea, la Asamblea tiene que tener la claridad de que el Estado tiene que seguir funcionando y una de las vías posibles es que el presidente (Luis) Arce nombre al próximo Fiscal General por vía decreto supremo”, dijo el ministro en entrevista con radio Fides.

Iván Lima

En los hechos más recientes, la Asamblea y las diferencias entre sus bancadas dilató el trabajo legislativo en la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, que están fijadas para el 1 de diciembre, luego de un accidentado camino y hasta acuerdos políticos que, según sus impulsores “no se cumplieron como se firmaron”.

La Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa se encuentra en proceso de recepción de postulaciones al cargo. La nueva autoridad deberá estar designada hasta antes del 23 de octubre, cuando termine la gestión constitucional del fiscal general Juan Lanchipa.