En un mensaje a la nación, el presidente Luis Arce anunció este sábado que el Gobierno otorgará “incentivos financieros” a los productores que no quemen y produzcan de manera sostenible con el medio ambiente.

“No todo debe resolverse por la vía punitiva, sino que también debemos incentivar las buenas prácticas para que éstas se multipliquen. Es decir, que no sólo se piense en castigar a los que hacen malas cosas, sino en premiar a los que las hacen bien”, indicó el jefe de Estado.

El mandatario felicitó a los productores pequeños, medianos y grandes que modificaron sus prácticas productivas y “ya no queman”, además, a las instituciones que impulsan este cambio y a los sectores que asumen la responsabilidad con «esta y las próximas generaciones».

“Nada será suficiente aquí, como no lo es en otros países, si es que no se genera una conciencia colectiva respecto a las prácticas nocivas para la humanidad y el medio ambiente vinculadas a las formas de habilitación de tierras para la producción”, advirtió.

Señaló también que las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios serán consideradas tierras fiscales “no disponibles” por un periodo mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración.

Dijo que también se dispuso que los ministerios de Defensa y de Gobierno refuercen el “resguardo de áreas protegidas y reservas forestales”.

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Explicó además que en los más de 100 días de trabajo para afrontar la sofocación de los incendios se movilizó más de 4.000 bomberos forestales en las distintas comunidades, más de 70 guardaparques en áreas protegidas y se desplegaron 80 unidades militares.

“Nuestros bomberos forestales de las Fuerzas Armadas recibieron capacitación internacional, a nivel regional se equipó y capacitó a los bomberos municipales e incorporamos a los bomberos voluntarios al Comando Conjunto para luchar contra los incendios”, resaltó.

Dijo también que se ejecutaron intervenciones por tierra y operaciones aéreas, con helicópteros y dos aviones Hércules, para respaldar las operaciones de descarga de agua con el sistema Guardián, «que son unas cajas de agua, tecnología utilizada por primera vez en el país».

Asimismo, el jefe de Estado anunció que en los siguientes días llegará un avión cisterna desde Canadá con el propósito de coadyuvar en las tareas de sofocación de los incendios.

Finalmente señaló que se trabaja en el plan postincendio que involucra cuatro áreas de intervención, como la reforestación de las áreas que fueron afectadas; la entrega de alimentos y agua para consumo humano y animal; la recuperación de la producción agrícola y la reposición de viviendas quemadas por los incendios.

A cuatro días de cumplirse el plazo para la recepción de las postulaciones para el cargo del nuevo Fiscal General del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural solo registró a cuatro profesionales.

El miércoles 18 cumple la segunda etapa, de las 14 fases, del cronograma establecido por la Asamblea Legislativa para el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado 2024.

El último en inscribirse fue el abogado Julio Huarachi, de Oruro. En días pasados, se inscribieron la abogada Lizzie Mónica Riera Sorich, el abogado Jorge Morón Urquiola y la administradora de empresas María Soledad Torrico Morales.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, aclaró el viernes que los postulantes a Fiscal General del Estado deben ser abogados de profesión y no tener afinidad política. Además, señaló que para la etapa final se necesita un mínimo de cinco y un máximo de 10 postulantes.

“La Ley 1579 es clara. Se necesita de un mínimo de cinco y un máximo de 10 postulantes. Esperamos que en estos días vengan a dejar sus documentos y de esa manera se abra la selección correspondiente para la designación del Fiscal General, sea hombre o mujer”, señaló el legislador.

Reiteró que los postulantes a Fiscal General del Estado deben ser abogados y haber realizado cursos en temas constitucionales, penales o en derechos humanos.

“Viendo la importancia del tema del Fiscal General del Estado, es importante también que la (futura) autoridad no tenga militancia, para así, de esa manera, garantizar la soberanía que necesita el Ministerio Público”, señaló.

A cuatro días del cierre, la autoridad invitó a los profesionales abogados a que puedan postularse al cargo. “Estamos a tiempo. Hay varios profesionales que están haciendo su trámite y entendemos que hasta el miércoles vamos a tener la cantidad suficiente para hacer la selección correspondiente”.

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La recepción de la documentación es de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30.  En tanto, sábados y domingos es desde las 80.30 hasta las 12.00.

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para el Fiscal General del Estado. La Comisión Mixta de la Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

Entre las etapas a este proceso están la publicación de la convocatoria; presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo Fiscal General del Estado, máxima autoridad del Ministerio Público, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

Ante el anuncio de marchas y bloqueos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” responsabilizan a los “falsos dirigentes y políticos radicales” de cualquier hecho de enfrentamiento o violencia que se registre desde el lunes 16.

“Será de estricta responsabilidad de ellos”, señala parte de los pronunciamientos que emitieron las organizaciones sociales. 

También, ambas confederaciones rechazaron cualquier intento de paro general indefinido, bloqueo de carreteras y marchas convocadas por “falsos dirigentes y politiqueros radicales” que buscan desestabilizar la economía del país y que van en perjuicio de los productores y la población.

El pronunciamiento de los campesinos se da en un contexto marcado por el anuncio del bloqueo de caminos por una facción de ponchos rojos de La Paz, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

También, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó la marcha desde el 17 de septiembre “para salvar a Bolivia”. El inicio de la movilización está previsto en Caracollo, Oruro, hacia la ciudad de La Paz.

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Entre las demandas planteadas en el encuentro del ampliado de Villa Tunari, Cochabamba, están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó el viernes la medida de Morales de un “matonaje político” que va en contra de la ciudadanía.  

“Nos dicen que nos van a cercar, nos van a bloquear, como si fuera un tema de interés nacional, cuando es el tema de una persona en particular y su habilitación a una candidatura”, dijo Torrico.

Además, señaló que “nadie” se va a someter al capricho de “alguien” para este tema. “Fuera un tema nacional participamos todos, pero eso no es un tema nacional, sino es absolutamente una tozudez de una persona que insiste en ser candidato cuando no puede”.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, recordó este sábado a Evo Morales que existe una acción popular vigente de una sala constitucional de La Paz que le prohíbe a él y sus organizaciones sociales realizar cualquier bloqueo en las carreteras.

“Esta acción popular le ha dado la razón al pueblo boliviano. Por lo tanto, Evo Morales no puede realizar ningún tipo de bloqueo, no puede incitar, además de eso, a acortar el mandato del presidente Luis Arce”, explicó la autoridad.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, recordó este sábado a Evo Morales que existe una acción popular vigente de una sala constitucional de La Paz que le prohíbe a él y sus organizaciones sociales realizar cualquier bloqueo en las carreteras.

“Esta acción popular le ha dado la razón al pueblo boliviano. Por lo tanto, Evo Morales no puede realizar ningún tipo de bloqueo, no puede incitar, además de eso, a acortar el mandato del presidente Luis Arce”, explicó la autoridad.

Se trata de la Resolución Constitucional 040/2024, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, del pasado 16 de febrero.

Resolución

La resolución responde a una acción popular que se presentó contra Morales, y otros, por el bloqueo de 16 días que perpetuó el ala evista del MAS durante el mes de enero e inicios de febrero, en demanda de la realización de elecciones judiciales.

Montaño indicó que la Justicia dio la razón a “algunos ciudadanos” que interpusieron esa acción popular en la que se exhorta a que “Evo Morales no se atribuya la representación de los derechos civiles y políticos de toda la sociedad”.

Además, dijo que le exhorta de “inhibirse” de afectar los derechos fundamentales que tienen los bolivianos, “lo cual es desplazarse en todo el territorio nacional”, como también de “promover e incitar a realizar bloqueos”.

Ante una eventual intervención a la marcha, el titular de Obras Públicas indicó que la Justicia les obliga a que se deba respetar los derechos “fundamentales” de la sociedad boliviana.

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“Estamos viendo que a través de sus grupos creados por Evo Morales va a querer llevar sangre, tener víctimas y muertos. Por eso es que damos esta información para que (la población) esté preparada y no se acerque a estos señores que van a marchar y estar convulsionando el país”.

Reiteró que el objetivo de Morales es buscar la habilitación de su candidatura y que esta presión va contra el Ejecutivo para que interceda y sea candidato. Sin embargo, aclaró que “los poderes (del Estado) son separados”.

“El Tribunal Supremo Electoral es un ente, vivo, colegiado que toma sus propias decisiones y nosotros tenemos que respetarlo, así dice la Constitución. Por lo tanto, no es contra nosotros el tema de habilitar a Evo Morales. Eso lo tiene que hacer a través de acciones que no ha podido cumplir Morales a la fecha”.

Convocatoria

Morales, a través de un mensaje a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este sábado que el objetivo del Gobierno de Luis Arce es hacer “desaparecer” la sigla de ese frente político; toda estructura política y los liderazgos históricos de este movimiento. “Nos vemos en la marcha, el 17 de septiembre”.

La movilización está prevista desde el municipio de Caracollo, Oruro, hacia la ciudad de La Paz.

Entre sus demandas planteadas en el encuentro del ampliado de Villa Tunari, Cochabamba, están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

En conmemoración por el 214 aniversario de Cochabamba, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) destaca a esta región como el tercer departamento con mayor crecimiento empresarial en Bolivia, detrás de Santa Cruz y La Paz.

Entre enero y agosto de esta gestión, Cochabamba registró 1.623 nuevas empresas en el departamento, que constituyen al total de 9.762 unidades económicas inscritas a nivel nacional, reafirmando su rol como motor del desarrollo económico.

El Seprec destaca que el sector de “Venta por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas” encabeza las nuevas inscripciones con 517 empresas, le sigue el rubro de la “Construcción” con 236 y el “Servicios Profesionales y Técnicos” con 173 nuevas unidades.

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Además, las empresas unipersonales lideran la clasificación con 1.314 registros. Le sigue las sociedades de responsabilidad limitada con 299 y las sociedades anónimas con nueve inscritas.

“Este avance en la creación de nuevas empresas en Cochabamba refleja el compromiso del departamento con la formalización empresarial, demostrando la confianza de los emprendedores en su entorno económico. La formalización no solo permite a los emprendedores acceder a más oportunidades de crecimiento, sino que también contribuye al fortalecimiento del ecosistema empresarial y productivo del país”, señala la entidad.

De igual forma, a agosto de esta gestión, la base empresarial del departamento asciende a 63.895 unidades económicas, representando el 16.7% del total nacional, con 52.834 empresas unipersonales, 10.580 sociedades de responsabilidad limitada y 379 sociedades anónimas.

La institución estatal reafirma su compromiso con este departamento, a través de dos plataformas de Servicio Integral de Atención, una ubicada en la Av. José Ballivián (El Prado) y otra en Quillacollo.