Tras la irrupción en la sede de la Central Obrera Bolivia (COB), el lunes, los dirigentes Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, de los sectores campesino e intercultural, y afines al expresidente Evo Morales, se declararon este martes en la clandestinidad y denunciaron persecución política.

“Estamos haciendo esta conferencia de prensa desde el resguardo y desde la clandestinidad. Sabemos que el gobierno de Luis Arce junto (Juan Carlos) Huarachi han activado dispositivos policiales y judiciales para perseguirnos. Están rabiosos, no saben qué hacer”, dijo Claros.

El dirigente reconoció que, “evidentemente”, la COB fue tomada ante los “graves hechos” que se está planificando. Reiteró que se estuvo manteniendo “reuniones secretas” en pasados días. “Nosotros hemos hecho la toma pacífica de la COB y, para verificar, hay transmisiones en vivo desde el momento que hemos ingresado”, justificó.

A los minutos de esa protesta del sector evista, Huarachi denunció un “intento de golpe sindical”, además, de señalar que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

Esa noche, en distintos medios de información, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Édgar Cortez, confirmó que había sendas denuncias contra los dirigentes. Las autoridades del Ministerio Público tendrán que determinar el tipo de delito, adelantó.

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Este martes, en la marcha de la COB y de las organizaciones sociales, Huarachi también reprochó y condenó la toma de la casa matriz de los trabajadores y calificó de “acto vandálico”. “Condenamos todo acto de intervención a nuestras organizaciones sindicales, como así pasó en la COB, acto vandálico, delincuencial porque han agredido, han robado”.

“Lo que ha pasado (también) con nuestros hermanos de la Túpac Katari, lo que pasó en 2019; de igual manera, han tomado las sedes y hoy igual se están dando la tarea de dividir y toma de las instituciones”, denunció el ejecutivo de la COB.

El lunes, el presidente Luis Arce condenó también la “violenta” toma de la sede sindical de los trabajadores y exigió una investigación “rigurosa y una sanción” para los responsables.

“¡Así no! La violencia es el refugio de quienes desprecian la democracia. Condenamos enérgicamente la violenta toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz”, escribió el mandatario desde sus redes sociales.

En otro acto público denunció que lo ocurrió fue un actos fascista.

La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó este martes una “vigilia permanente” en demanda de la aprobación de los proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa.

“A partir de hoy se instala la vigilia permanente hasta que la Asamblea trate los proyectos de ley. Nos declaramos en reunión permanente para organizarnos y hacer un cronograma de vigilia permanente en plaza Murillo”, indicó Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la organización.

El ejecutivo de la COB también mencionó que el miércoles se realizará un ampliado nacional con todas las organizaciones sociales, además de alcaldes y gobernadores que se sumaron a esta demanda, con el objetivo que “una vez la Asamblea trate los proyectos de ley”.

La movilización de los trabajadores demandó la aprobación de más $us 1.000 millones en créditos estancados en su tratamiento legislativo. Además, del reclamo de “leyes sociales”, como la modificación de la Ley de Pensiones.

Desde las 08.00 de este martes, con más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, además de los trabajadores afiliados a la COB, se inició el recorrido desde la ciudad de El Alto hasta la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad de La Paz, con el fin de presionar la aprobación de los créditos “bloqueados”.

Cerca del mediodía, la marcha llegó hasta el Kilómetro Cero, en la plaza Murillo, en medio de un impase entre mujeres afines al expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, quienes llegaron hasta los golpes en puertas del antiguo hemiciclo.

En una testera improvisada, los representantes de las organizaciones sociales coincidieron en su mensaje y pidieron a los legisladores la aprobación de los proyectos de ley pendientes en ese órgano del Estado.

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En su intervención, Huarachi, en reiteradas oportunidades, pidió a los legisladores, principalmente a los representantes de los sectores sociales, que “trabajen y justifiquen” su salario.

“El pueblo los ha elegido, han entrado con el voto soberano, pero hoy se olvidan de quiénes los han llevado y quienes los han hecho senadores y diputados”, dijo.

Pidió a las demás organizaciones sociales conminar a sus representantes a que de una vez traten estos proyectos de ley y recordó también que el sector obrero tiene entre cuatro a cinco representantes.

 “Les digo, desde aquí, a mi senador minero: ‘De una vez trabaja, compañero Miguel (Pérez); al profesor Freddy Mamani, del magisterio que ha estado en la Presidencia (de Diputados) por dos gestiones: ‘Freddy, te has olvidado de la marcha y de la lucha que hemos hecho’. ‘Compañers Hermo Pérez (senador), Hernán Durán (diputado), trabajen de una vez. Al presidente de Diputados, Israel Huaytari: ‘Hemos luchado juntos, por qué no hacen ese trabajo que corresponde’”, reprochó.

El dirigente advirtió que ante la falta de aprobación de esos proyectos de ley hay “algunos personajes” que se quieren aprovechar políticamente de esta situación con la especulación de los dólares, combustibles, y hoy “andan especulando” con los artículos de la canasta familiar.  “Quieren llevarnos a la confrontación entre compañeros y entre hermanos, y eso no lo vamos a permitir, basta de intereses personales y políticos”.

Según información oficial, son 12 créditos externos bloqueados en la Asamblea Legislativa, por un valor de $us 1.076 millones, dispuestos para distintos proyectos de inversión pública. Además, está pendiente de aprobación el Proyecto de Ley 035, de modificación de la Ley de Pensiones.

Tras la remisión de las preguntas al Órgano Electoral para su análisis técnico, Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que ese órgano tiene plazo hasta el jueves para realizar la evaluación de esta consulta.

“Tenemos tres días, 72 horas de plazo, para hacer la respetiva evaluación técnica. Nuestro equipo está trabajando, tenemos plazo hasta el jueves; pero es probable que lo hagamos entre mañana (miércoles) a más tardar”, dijo. 

Este martes se conoció la carta enviada del presidente Luis Arce al titular del TSE, Óscar Hassenteufel, en la que solicita “se realice la respetiva evaluación técnica de las preguntas, debiendo emitirse el informe a la resolución de aprobación correspondiente… en caso de ser necesario pueda incluir recomendaciones alternativas a las preguntas”. 

Las preguntas que envió Arce buscan definir la continuidad o no de la subvención a la gasolina especial y al diésel, aparte de la reelección “discontinua” del Presidente y Vicepresidente.

Tahuichi confirmó a La Razón la recepción de la solicitud de Arce. “Ayer lunes 9 de septiembre de 2024, el presidente del Estado, Luis Arce, ha decidido continuar con las tres preguntas de referéndum ante el TSE”, dijo vía WhatsApp.

“De hecho la nota del Presidente solicita al TSE la evaluación técnica a las preguntas de referéndum, de tal modo que se garantice imparcialidad, precisión y claridad”, aclaró           

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Las preguntas enviadas al TSE son las mismas que el 26 de agosto envió el Gobierno al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control constitucional.

El 29 de agosto, a través de la Declaración Constitucional 029/2024, el TCP resolvió declarar la “improcedencia” la consulta sobre las preguntas planteadas por el presidente Luis Arce, “debiendo devolverse antecedentes a los fines de cumplimiento”.

Tahuichi también indicó que una de las primeras consecuencias de la reactivación de esta consulta popular es que tendrá un costo de Bs 150 millones, aproximadamente, debido a que no “se realizará” el mismo día de las elecciones judiciales”.

Además, señaló que se sentó un “precedente a futuro” para que cualquier referéndum tenga esa evaluación técnica por el TSE y que esta cumpla los criterios de imparcialidad, precisión y claridad.

“Los bolivianos tenemos que saber esa pregunta integra (y) que se garantice estos tres criterios de imparcialidad, precisión y claridad, conociendo la pregunta íntegra, sin observaciones. Recién el Presidente tiene luz verde para poder continuar el trámite ante el Tribunal Constitucional”.

El 2 de septiembre, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la consulta popular, “no podrá llevarse a cabo en el tiempo que propusimos”, el mismo día de las elecciones judiciales, empero, reiteró que se continuará con el proceso consultivo.

Liderada de los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB), la marcha de los trabajadores llega hasta las instalaciones de la Asamblea Legislativa en demanda de la aprobación de las leyes estancadas en ese órgano del Estado.

El sector minero se concentra en la plaza Murillo, en tanto que los fabriles llegaron hacia la calle Colón, hasta las puertas del nuevo edificio legislativo.

Con más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que respalda al gobierno del presidente Luis Arce, la movilización en “defensa de la democracia y la economía” comenzó en la ciudad de El Alto.

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El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, descartó la “toma” de la Asamblea y aclaró que la demanda del sector obrero es “un tema de reivindicación” y simplemente están pidiendo a los legisladores que “trabajen” en los proyectos pendientes.

“Hay que aclarar. No estamos haciendo política, estamos exigiendo estrictamente un tema reivindicativo pidiendo que la Asamblea que trabaje. ¡Eso es delito! ¡Eso es autogolpe! Simple mente estamos pidiendo que trabajen. Por qué quieren politizar el movimiento obrero con las medidas que tomamos”, indicó el ejecutivo de la COB.

La movilización, además de la aprobación de 12 créditos por un valor de $us 1.076 millones, exige el tratamiento de varias “leyes sociales”, entre ellas la modificación de la Ley de Pensiones.

Ante las polémicas declaraciones que emitió el secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Huarachi, de “tomar” la Asamblea Legislativa tras la marcha de los trabajadores, este martes aclaró que la demanda del sector obrero es “un tema de reivindicación” y simplemente pide a los legisladores que “trabajen” en los proyectos pendientes en ese órgano del Estado.

“Hay que aclarar. No estamos haciendo política, estamos exigiendo estrictamente un tema reivindicativo, pidiendo que la Asamblea trabaje. ¡Eso es delito! ¡Eso es autogolpe! Simplemente, estamos pidiendo que trabajen. ¿Por qué quieren politizar el movimiento obrero con las medidas que tomamos?”, cuestionó el dirigente.

Reiteró que “no hay ningún intento de autogolpe” y lo que se está pidiendo es que “no perjudiquen al país y al pueblo”.

Tras la irrupción de dirigentes evistas en la sede de la COB, el lunes, Huarachi denunció que la marcha programada para este martes va a terminar con la “toma” física de la Asamblea.

“No vamos a parar, mañana (hoy) la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea y, si no quieren legislar, que asuman sus suplentes. Y si sus suplentes no quieren, vamos a plantear cierre del parlamento. No provoquen”, advirtió el ejecutivo de la COB. 

Las declaraciones fueron cuestionadas por legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), quienes calificaron las acciones de Huarachi de “delincuenciales y abusivas”, por lo que pidieron la intervención de la Policía y la Fiscalía.  

“Señor Fiscal General, detenga a ese delincuente de Huarachi. Los bolivianos debemos dejar de pagar a ese ganapan que gana un montón sin trabajar. La Central Obrera fue creada para defender los derechos de los trabajadores, no para ser un brazo operativo y mantón del presidente (Luis) Arce”, protestó Ingvar Ellefsen, diputado de CC.

Ese martes, en alusión a la aprobación de los créditos pendientes en la Asamblea, Huarachi indicó que el pueblo “necesita plata” para hacer frente incluso a la quema en la Amazonía. 

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“Estamos pidiendo ayuda internacional, así como le hemos solicitado al Presidente que pida ayuda. Necesitamos plata para todo; no entienden (los legisladores), siguen defendiendo a personas. Hasta cuando, cuiden el bolsillo del pueblo, simplemente exigimos eso”.

Añadió que se han “enviado con notas (a la Asamblea) solicitando el tratamiento de proyectos de ley que están estancados, inclusive sociales. Estamos hablando de la ley de pensiones 035 en su modificación (sic), que va a mejorar en 1.000 bolivianos más a los jubilados. Estamos pidiendo simplemente a la Asamblea de que trabajen y hagan su rol de padres de la patria”.

Con más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, la marcha de la COB recorre las calles de La Paz en “defensa de la democracia y la economía”.

La concentración se inició cerca de las 08.00 en el Coliseo Multifuncional de la Ceja de El Alto y desde ahí se dirigen hasta la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad de La Paz, con el fin de presionar la aprobación de los créditos “bloqueados”.

El domingo, el presidente Luis Arce, en su explicación sobre el origen de la escasez de dólares y combustibles, confirmó que en la Asamblea Legislativa están bloqueados 12 créditos externos, equivalentes a $us 1.076 millones.