El comandante de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín, informó este lunes que Erland Ivar García López, alias “El Colla”, ganó una acción de libertad que ordena el retiro de los escoltas policiales de la clínica Foianini, lugar donde se encuentra internado tras sufrir un atentado. 

“Nos extraña que el día de ayer nos notifiquen con una acción de libertad, en la que otro juzgador, al parecer desconoce los antecedentes de este caso y lo que tiene con relación al narcotráfico y el estado procesal, dicta la tutela a favor de esta persona, pretendiendo obligar a la Policía para que retiremos la escolta (policial de la clínica)”, indicó el jefe policial.

El 1 de septiembre, alias El Colla, segundo hombre del narcotraficante Sebastián Marset, y su acompañante fueron interceptados por sicarios en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, quienes pretendían quitarle la vida.

Investigación

Holguín reiteró que se continuará con la escolta policial en la clínica y se garantizará que se someta a un proceso. Dijo que paralelamente a la escolta se realiza un resguardo, debido a que el investigado sufrió un atentado contra su vida. 

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“Estamos realizando el trabajo investigativo y estamos cumpliendo con lo que manda la ley. Este señor está en calidad de aprehendido y segundo, también rige una orden emanada por la autoridad competente donde tendría que tener arresto domiciliario con escolta”.

El jefe policial señaló que “El Colla” aún no declaró, esto debido a que recién despertó y están a la espera que el Ministerio Público fije la fecha de declaración.

“En todo caso, vamos a continuar con la custodia, tenemos la obligación de garantizar un proceso y tenemos la obligación de hacer la petición y realizar los actos investigativos y todo aquello que se refiera a la función policial”.

Silvestre Ibáñez, defensa de García, indicó que “El Colla” tiene un “poco” de mejoría en su cuadro clínico. Mencionó que ya se le quitó el coma inducido y fue desentubado. “No está al cien por ciento neurológicamente”.

Certificado forense

Señaló que la defensa solicitará un certificado médico actualizado, esto ante posibles audiencias que se le realicen en su contra. “Él contaba con 50 días de impedimento y de acuerdo a lo que diga el médico forense se verá si se llevan las audiencias a cabo. Neurológicamente no se encuentra estable” reiteró.

El martes pasado, tras las investigaciones, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reveló que El Colla quería tomar el lugar de Marset y liderar las operaciones en Bolivia.

“Se debe a una disputa por tomar posesión de la organización criminal que en un momento estaba liderada por Marset”, dijo Aguilera.

Tras la irrupción de los evistas en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce condenó este lunes la “violenta” toma a la casa matriz de los trabajadores y exigió una investigación “rigurosa y una sanción” para los responsables.

“¡Así no! La violencia es el refugio de quienes desprecian la democracia. Condenamos enérgicamente la violenta toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz”, escribió el mandatario desde sus redes sociales.

El jefe de Estado indicó que este acto no solo es “un grave atentado contra el ente matriz de los trabajadores… sino que se constituye en un intento de golpe sindical que vulnera los derechos sindicales que deben respetarse en nuestro país”.

“Exigimos una investigación rigurosa y sanciones para los responsables de este repudiable accionar, que no puede quedar impune”, señaló.

La tarde de este lunes, a la cabeza de Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, dirigentes de los campesinos e interculturales, afines al expresidente Evo Morales, llegaron hasta la COB, con el fin de denunciar otro ‘golpe de Estado’ junto al Gobierno en la marcha del martes.

Mamani denunció que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y el Gobierno se han reunido desde el sábado para organizar la toma de la Asamblea Legislativa, tras la marcha del martes.

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“Queremos denunciar a la comunidad internacional que Juan Carlos Huarachi y a la cabeza del Luis Arce Catacora, en estos últimos días se han ido reuniendo para organizar para el día de mañana la toma de la Asamblea. Ellos quieren hacer aprobar créditos que no corresponden, por eso Huarachi no responde al pueblo boliviano”, dijo Mamani

Claros también denunció que la sede de la COB fue un “plan de golpe de Estado”. “Bajo supuestos de reivindicaciones, quieren sitiar la plaza Murillo y hacer otro golpe de Estado a la Asamblea. A Huarachi y a Luis Arce la siguiente que vengamos no vamos solo venir a protestar, vamos a venir a sacar a patadas a todos estos dirigentes que se han autoprorrogado”.

El ejecutivo de la COB denunció un “intento de golpe sindical” a la casa matriz de los trabajadores. Además, indicó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

“Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político”, dijo Huarachi. También denunció que recibió amenazas que no son de “ahora” sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado, pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.

Tras la protesta del sector evista en la sede sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi denunció este lunes un “intento de golpe sindical” a la casa matriz de los trabajadores. Además, indicó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

“Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político. Este comité ejecutivo tiene respaldo de las organizaciones sindicales afiliadas y no afiliadas, porque esta institución matriz no es sectorial, es para todo el pueblo boliviano”, dijo Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.

El ejecutivo también denunció que recibió amenazas que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado, pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.

“Aquí hay un responsable de todas estas amenazas que llega contra mi persona (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia no vamos a permitir ese tipo de situaciones. Estas acciones son de cobardes y de bajeza”.

El líder sindical indicó que el escenario político está en la plaza Murillo, por lo que pidió que este tipo de amenazas y de tratar de tomar la sede de los trabajadores no se genere en este espacio.  

“La COB no es Huarachi, somos todos (los trabajadores) mineros, campesinos, obreros. Lo que tengan con Huarchi muéstrenlo”.

Reiteró que los trabajadores ya decidieron hacer una movilización nacional el martes, pero, aclaró que la intención no es para “confrontar” sino de una manera pacífica.

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“Estamos exigiendo y reiteramos a la Asamblea Legislativa trabajen, hagan su trabajo y cumplan su rol de legisladores y no estén defendiendo a personas. En esa medida, esta institución matriz simplemente está pidiendo, traten los proyectos de ley sociales y económicos que están estancados”, demandó Huarachi.

Huarachi indicó que ese es un “pedido justo” y no se está pidiendo “cargos y pegas”. Advirtió que esta reivindicación que tiene el pueblo, algunos sectores “tratan de politizar”.

“No lo vamos a permitir, han visto cómo está nuestra Secretaría, han destrozado todo. Han sigo agredidos nuestros compañeros. Esto es un asalto delincuencial, porque ha venido gente encapuchada. Otra cosa es exigir a la Central Obrera y a su congreso, que no vamos hacer no tenemos miedo, pero que sea en el marco orgánico y ellos son los que tienen que exigirme congreso y eso lo hemos discutido y no venir con gente que no tiene nada que ver”, condenó.

A la cabeza de los ejecutivos Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, de los campesinos e interculturales, afines al expresidente Evo Morales, los movilizados llegaron hasta la COB para protestar y buscar un encuentro con Huarachi, a quien lo denunciaron de generar con la marcha del martes otro ‘golpe de Estado’ junto al Gobierno.

Este sector también advirtió que en “cualquier” momento la casa matriz de los trabajadores será tomada por el movimiento campesino y el de los interculturales.

“Esta es una movilización pacífica. Hemos venido a denunciar públicamente del plan golpista que se ha hecho esta mañana. Hoy día estamos advirtiendo, la siguiente que vengamos, no vamos a venir solamente a protestar. Vamos a venir a sacar a patadas a todos estos dirigentes malandrines que ahora se han autoprorrogado en la Central Obrera Boliviana. La sede sindical no puede ser más escenarios de golpe de Estado”, dijo Claros.  

A cinco días de la apertura de libros para el proceso de inscripción para la selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa informó este lunes que hasta el momento no existe ningún postulante al cargo. El plazo para la presentación de la documentación vence el 18 de septiembres.

Alex Blacutt, miembro del equipo técnico de la comisión, informó este lunes que “muy poca” gente vino a hacer consultas, por lo que a la fecha “no hay un solo postulante registrado”.

“Tenemos experiencia del anterior proceso de que los postulantes no vienen a un principio. En su mayoría creemos que va a venir a partir de media semana o al finalizar la semana. Creemos que los últimos días y los últimos minutos va a ser donde la mayor cantidad de postulantes van a acercarse para registrar su postulación”, dijo el funcionario a radio Kawsachun Coca.

Además, indicó que como comisión mixta se mandó las notas respectivas a las instituciones, como el caso de la Contraloría General del Estado, y otras para que emitan las certificaciones requeridas por los postulantes. “Pese a eso ello, los postulantes tienen el cuidado de revisar la documentación y eso involucra más de tiempo”.

Añadió que una vez estén seguros de tener la documentación completa, recién vendrán a registrarse. Mencionó que los horarios para la recepción de la documentación son de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.30.  En tanto, sábados y domingos es desde las 80.30 hasta las 12.00.

Blacut señaló también que existe la posibilidad que los postulantes puedan enviar vía courier su documentación, el cual también será registrado para su participación de este proceso. 

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para el fiscal general del Estado. La Comisión Mixta de la Justicia Plural tiene 45 días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes.

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Entre las etapas a este proceso están la publicación de la convocatoria; presentación de postulantes (15 días); verificación de requisitos (tres días); publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (un día); impugnaciones (dos días); resolución de impugnaciones (cuatro días); y publicación de la lista de postulantes habilitados (un día).

Habiendo cursado esta fase, la comisión realizará la evaluación de méritos (cuatro días); recursos de revisión de méritos (dos días); resolución del recurso de revisión de méritos (cuatro días); respuesta del recurso de revisión de méritos (un día); exámenes orales y exposición de plan de trabajo (cinco días); y aprobación de los informes finales y remisión a la Asamblea (dos días).

Posteriormente, la Asamblea Legislativa designará por dos tercios de los votos al próximo Fiscal General del Estado, máxima autoridad del Ministerio Público, quien ocupará su cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, como establece la Constitución.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

El Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal Cuarto de Sentencia que paralizó el juicio oral en el caso Masacre de Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para reactivar el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros 17 imputados.

“El Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) ha presentado una acción de libertad, en sentido de que había una retardación indebida del Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto. En ese entendido, el Juzgado Décimo de Sentencia Anticorrupción de El Alto se ha constituido en Tribunal de Garantías, en la que habiendo escuchado a los accionados y accionantes, ha decidido dejar sin efecto la observación a la acusación formal que se había emitido en contra de la acusación del Ministerio Público y Sepdavi”, informó el abogado Jorge Nina a la red DTV.

El jurista también indicó que además se conminó a que, en el término de 24 horas, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto señale inicio a la continuidad del juicio oral por este caso. “También ha ordenado que se remitan obrados al Ministerio Público. En ese entendido se va a conocer hoy cuándo se va a dar inicio al juicio”.

Fallo

El juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, denunció que la acción de libertad que se llevó el domingo no le fue notificada ni a sus colegas copatrocinantes de ninguno de los imputados. Sin embargo, dijo que estaban presentes las carteras de Estado de los ministerios de Justicia, de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

Proceso

“El Ministerio de Justicia ha preferido presenta una acción de libertad ante un juez de turno y también ha remitido antecedente del Tribunal de Sentencia Cuarto para que el fiscal departamental decida qué delitos los va a investigar, ni siquiera señalando que hubieran cometido prevaricado o incumplimiento de deberes o retardación de Justicia; además ante el Consejo de la Magistratura por falta disciplinarias para ordenar su procesamiento”.

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El jurista denunció que el Ministerio de Justicia “hace lo que quiere”; debido a que lleva audiencias “entre gallos de media noche”, sin presencia de los coimputados.

La expresidenta y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio; esto debido a los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares; amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximia de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

En noviembre de 2019, el país vivió un escenario de conflictividad persistente en todo el país. La población realizó manifestaciones y bloqueo de vías que se incrementaron a partir del 10 de noviembre de 2019.

Antecedentes

El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales; que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social; un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.

La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.